Registro Oficial. 20 de ABRIL del 2000

Jueves, 20 de abril de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

\n \n \n \n
   MES DE ABRIL DEL 2000
\n \n \n \n
\n

\n
 
\n

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Jueves 20 de Abril del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 62

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

EDMUNDO ARIZALA ANDRADE
DIRECTOR ENCARGADO

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDOS:

\n\n

MINISTERIO\n DE GOBIERNO:

\n\n

1238\n Expídese\n el Reglamento para el manejo del fondo fijo de caja chica

\n\n

MINISTERIOS\n DE TURISMO Y GOBIERNO

\n\n

1225 Ratifícase\n en su totalidad el contenido del Acuerdo Ministerial No. 309,\n publicado en el Registro Oficial No. 161 de primero de abril\n de 1999

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

DIRECCION\n DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL:

\n\n

017/2000 Establécense las tarifas de fletes\n para el transporte de mercaderías entre buque muelle o\n viceversa en la rada de los puertos de la provincia de Galápagos,\n las mismas que también pueden ser canceladas en el equivalente\n en U. S. dólares

\n\n

CONSEJO\n NACIONAL DE AVIACION CIVIL:

\n\n

023/2000\n Establécense\n en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, el derecho\n aeropuertario de cincuenta dólares de los Estados Unidos\n de América (USD$ 50.00) por cada requerimiento del vehículo
\n de servicio contra incendios para el abastecimiento de combustible\n a las compañías de aviación nacionales o\n internacionales

\n\n

CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA:

\n\n

Delégase\n atribuciones\n al Jefe de Departamento de Regímenes Especiales

\n\n

Delégase\n atribuciones\n al Subgerente de la Zona de Carga Aérea

\n\n

FUNCION\n JUDICIAL

\n\n

CORTE\n SUPREMA DE JUSTICIA

\n\n

PRIMERA\n SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

\n\n

Recursos de casación\n en los juicios seguido por las siguientes personas:

\n\n

37\n María\n Isabel Pacheco Uriarte en contra Jorge Otón Fernández\n Pacheco

\n\n

38 Sonia\n Quezada Ramón en contra de Elsa Carranza Aguilar

\n\n

40 Antonio\n Ignacio Dávila Baquerizo en contra de Cinthya Muñoz\n Sierra y otro

\n\n

42 Jorge\n Cevallos Puente y otro en contra d María Clorinda Tibanta\n Fernández y otros

\n\n

46 Dr.\n Raúl Cevallos Fajardo en contra de Aida Fernanda Ortega

\n\n

60\n Mariela de\n Jesús Montero Cueva Remigio Nestorio Cedillo Astudillo\n en contra de

\n\n

62\n Miguel Angel\n Aucapiña Pulla y otra e contra de Julia Teresa Aucapiña\n y otro

\n\n

63 Precooperativa\n de Vivienda Primero de Diciembre del cantón Manta en contra\n de Jaime Enrique Delgado Alava

\n\n

68\n Laura Sara\n Bucheli Hinostroza en contra de Segundo Pedro Cando Curipallo

\n\n

72 Ana\n Magdalena Vega en contra de Angel Aragundi

\n\n

73\n Clara Estefanía\n Carrillo Guevara en contra de Francisca Doraliza Carrillo Guevara

\n\n

79\n Patricia Rovello\n de la Torre en contra de Enrique José Baquerizo Aguirre

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Gonzanamá:\n Que regula el manejo de desechos sólidos\n

\n \n
\n

 

\n\n

N° 1238
\n Francisco Huerta Montalvo
\n MINISTRO DE GOBIERNO Y POLICIA
\n Considerando:

\n\n

Que, el artículo 201 de la Ley\n Orgánica de Administración Financiera y Control\n faculta a las entidades y organismos del sector público\n para establecer fondos fijos de caja chica, en dinero en efectivo,\n para la atención de pagos urgentes de valor reducido;

\n\n

Que, mediante Acuerdo No. 145 de octubre\n 15 de 1999, publicado en el Registro Oficial No. 338 de diciembre\n 14 del mismo año, el Ministro de Finanzas expidió\n el Reglamento Sustitutivo del Fondo Fijo de Caja Chica;

\n\n

Que, en conformidad con el artículo\n 12 del acuerdo citado en el considerando anterior, es necesario\n adecuar las normas relativas al empleo del fondo fijo de caja\n chica en las unidades administrativas del Ministerio de Gobierno,\n a fin de contar con un ordenamiento que permita el control eficiente\n sobre la administración de estos recursos; y,

\n\n

En ejercicio, de la facultad que le\n confiere el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución\n Política del Estado,

\n\n

Acuerda:

\n\n

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA\n EL MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO\n Y POLICIA.

\n\n

Art. 1.- Objetivo.- El fondo fijo de\n caja chica tiene como finalidad pagar obligaciones no previsibles,\n urgentes y de valor reducido.

\n\n

Art. 2.- Ambito de Aplicación.-\n El presente reglamento rige para las diferentes unidades administrativas\n del Ministerio de Gobierno, excepto para las entidades adscritas\n o que mantienen independencia administrativa y financiera.

\n\n

Art. 3.- Establecimiento, Incremento\n y Supresión.- El establecimiento, incremento y supresión\n del fondo fijo de caja chica será autorizado por el Director\n Financiero, previo informe del Contador General.

\n\n

Art. 4.- Monto.- El monto que se asigne\n para este concepto responderá al flujo de actividades\n que debe cumplir cada unidad administrativa, pero en ningún\n caso excederá del valor equivalente a veinte salarios\n mínimos vitales generales vigentes.

\n\n

Por la naturaleza de las funciones,\n en caso del Despacho Ministerial, subsecretarías y Dirección\n Administrativa, el monto máximo será de cincuenta\n salarios mínimos vitales generales vigentes, respectivamente.

\n\n

Art. 5.- Tope.- El tope máximo\n por cada una de las operaciones que deba pagarse con aplicación\n a este fondo será de hasta tres salarios mínimos\n vitales generales, exceptuándose de esta disposición\n el Despacho del Ministro, las subsecretarías y la Dirección\n Administrativa, que tendrán un límite de cinco\n salarios mínimos vitales generales.

\n\n

Art. 6.- Utilización del Fondo.-\n Se podrá realizar pagos con cargo a estos fondos en los\n siguientes casos:

\n\n

a) Adquisición de suministros\n y materiales necesarios para el desenvolvimiento de las actividades\n de las unidades administrativas, siempre que éstos no\n sean atendidos por la Dirección Administrativa.

\n\n

b) Adquisición de útiles\n de aseo, fotocopias y otros pagos de bienes y/o servicios que\n tengan el carácter de imprevistos y/o urgentes y que no\n pueden pagarse regularmente con cheque.

\n\n

c) Los fondos asignados a la Dirección\n Administrativa, cuando se trate de requerimientos relativos a\n transportes y mantenimiento, se destinarán fundamentalmente\n para la adquisición de partes, piezas, insumos y repuestos\n y a la compra de suministros y materiales, para una mejor conservación\n y mantenimiento de los vehículos y bienes muebles en general\n de la institución.

\n\n

En el caso del Despacho del Ministro,\n solo en tratándose, de actividades de carácter\n oficial, podrá emplearse el fondo de caja chica para pagos\n de refrigerios, decoraciones y/o arreglos florales y otros gastos\n que demanden la atención de tales actividades.

\n\n

Para justificar estos últimos\n gastos, además de las facturas o recibos debe presentarse\n información sobre, los asistentes y/o los actos que ameriten\n estas erogaciones, con el visto bueno del Secretario particular\n o un funcionario subalterno del Ministro que tenga similar jerarquía.

\n\n

Cuando se realicen las adquisiciones\n o el pago de obligaciones con el fondo fijo de caja chica, se\n observará como norma general, efectuar las transacciones\n con las firmas o casas comerciales que ofrezcan los bienes y/o\n servicios al menor costo y la mejor calidad, dando preferencia\n a las empresas que consten como proveedores calificados por este\n portafolio.

\n\n

Art. 7. - Prohibición. - No podrá\n utilizarse el fondo fijo de caja chica, para el pago de:

\n\n

a) Servicios o gastos personales de\n los servidores de las unidades administrativas,

\n\n

b) Anticipos de viáticos y subsistencias;\n y,

\n\n

c) Gastos que no tienen el carácter\n de previsibles o urgentes.

\n\n

Art. 8.- Responsables del manejo del\n Fondo Fijo de Caja Chica.- Son responsables, administrativa,\n civil y penalmente el titular de cada unidad administrativa a\n la que se asigne el fondo, como ordenador y autorizador del gasto\n de acuerdo a este reglamento; y, el servidor encargado del manejo\n de estos recursos.

\n\n

En los despachos del Ministro y subsecretarios,\n los titulares de las unidades podrán delegar la facultad\n de autorizar los gastos y reposiciones de este fondo.

\n\n

Art. 9.- De las Facturas, Comprobantes\n y Recibos.- Las facturas y/o comprobantes de venta, emitidos\n por los proveedores de los bienes o servicios deben contener:

\n\n

a) El registro único de contribuyentes\n de la casa o empresa comercial o en su defecto el nombre, el\n número de cédula de ciudadanía del proveedor,\n la firma y rúbrica de éste; y,

\n\n

b) La firma de recepción a satisfacción\n de los servicios o bien adquirido por parte del servidor que\n solicitó.

\n\n

Los recibos y/o comprobantes de venta\n no serán aceptados cuando estuvieron mutilados o alterados,\n con enmendaduras, tachaduras o borrones.

\n\n

Complementariamente a los recibos emitidos\n por los proveedores deberá agregarse el correspondiente\n "Vale de Caja Chica", en el que se detallará\n el concepto de la adquisición o del servicio. Este formulario\n debe contener todos los datos requeridos en él y ser legalizado\n con las firmas del servidor encargado del manejo del fondo y\n del interesado del servicio o bien.

\n\n

Art. 10.- De la Reposición.-\n La reposición del fondo se efectuará cuando éste\n se haya consumido al menos el 60% del monto establecido, previo\n el requerimiento mediante el formulario "Solicitud de Reembolso",\n y todos los documentos justificativos (recibos o comprobantes\n de venta originales de los egresos realizados). La solicitud\n deberá ser suscrita por el servidor encargado del manejo\n del fondo y autorizada por el titular de la unidad administrativa\n a la cual se le haya asignado el fondo.

\n\n

La solicitud y los documentos de respaldo\n deberán entregarse en el Departamento de Contabilidad,\n unidad que verificará el cumplimiento de los requisitos\n establecidos en este reglamento, luego de lo cual, la Dirección\n Financiera tramitará la reposición y consignará\n el monto respectivo a favor del responsable del fondo.

\n\n

Art. 11.- Del Control.- La Dirección\n Financiera será la encargada de velar por el fiel cumplimiento\n de las normas y del uso correcto del fondo, para cuyo efecto\n realizará arqueos periódicos y sorpresivos de los\n valores entregados.

\n\n

Art. 12.- Vigencia.- El presente acuerdo\n entrará en vigencia desde su expedición, sin perjuicio\n de la publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Art. 13.- Derogatoria.- Derógase\n el Reglamento para el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica del\n Ministerio de Gobierno y Policía, expedido mediante Acuerdo\n Ministerial No. 182 de 7 de diciembre de 1998.

\n\n

Comuníquese.- Dado en el Distrito\n Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 7 de\n abril del 2000.

\n\n

f ) Francisco Huerta Montalvo, Ministro\n de Gobierno y Policía.

\n\n

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA.

\n\n

Certifico que el presente documento\n es fiel copia del original que reposa en el archivo de este Ministerio,\n al cual me remito en caso necesario.- Quito, 11 de abril del\n 2000.

\n\n

f ) Director Administrativo.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 1225

\n\n

Rocío Vázquez Alcázar
\n MINISTRA DE TURISMO Y AMBIENTE

\n\n

Francisco Huerta Montalvo
\n MINISTRO DE GOBIERNO, POLICIA Y MUNICIPALIDADES

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, de conformidad con lo previsto\n en el artículo 57 de la Ley Especial de Desarrollo Turístico,\n corresponde al Ministerio de Turismo en coordinación con\n el Ministerio de Gobierno, Policía y Municipalidades regular\n los límites de horarios, vigilancia y responsabilidad\n de los administradores o propietarios de los establecimientos\n nocturnos de diversión;

\n\n

Que, mediante Acuerdo Interministerial\n No. 0309, publicado en el Registro Oficial No. 161 de primero\n de abril de 1999, se regularon los horarios de funcionamiento\n y atención al público en los establecimientos turísticos;

\n\n

Que, muchos municipios han hecho caso\n omiso de esta norma, imponiendo otros horarios a los establecimientos,\n sin respetar esta norma;

\n\n

Que, es atribución de ambas carteras\n de Estado, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales\n emanadas y que debe existir uniformidad de criterios a nivel\n nacional; y,

\n\n

En ejercicio de sus facultades legales,

\n\n

Acuerdan:

\n\n

Art. 1.- Ratificar en su totalidad el\n contenido del Acuerdo Ministerial No. 309, publicado en el Registro\n Oficial No. 161 de primero de abril de 1999.

\n\n

Art. 2.- Las municipalidades, gobernaciones\n e intendencias de policía del país, cumplirán\n lo expresado en esta norma, por así mandarlo la ley.

\n\n

Art. 3.- Este instrumento entrará\n en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio\n de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución\n encárguese a los señores alcaldes y gobernadores\n del país.
\n Comuníquese y publíquese.
\n Dado en Quito, 4 de abril del 2000.
\n f) Rocío Vázquez Alcázar, Ministra de Turismo\n y Ambiente.

\n\n

f) Francisco Huerta Montalvo, Ministro\n de Gobierno, Policía y Municipalidades.

\n\n

MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA.

\n\n

Certifico que el presente documento\n es fiel copia del original que reposa en el archivo de este Ministerio,\n al cual me remito en caso necesario.- Quito, 11 de abril del\n 2000.

\n\n

f ) Director Administrativo.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 017/2000

\n\n

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE\n Y DEL LITORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es necesario actualizar las tarifas\n de fletes para el transporte de carga en barcazas o pangas entre\n buque - muelle o viceversa en la rada de los puertos de la provincia\n de Galápagos, aprobada mediante Resolución N°\n 682/99 del 29 de abril le 1999, publicada en el Registro Oficial\n No 208 del 9 de junio del mismo año, debido a las variaciones\n en la economía nacional como consecuencias de las nuevas\n disposiciones contenidas en la Ley de Transformación Económica\n del país; y,

\n\n

En uso de las facultades que le concede\n el Art. 7°, literales k) y l) de la Ley General del Transporte\n Marítimo y Fluvial,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Art. 1°.- Establecer las siguientes\n tarifas de fletes para el transporte de mercaderías entre\n Buque Muelle o viceversa en la rada de los puertos de la provincia\n de Galápagos, las mismas que también pueden ser\n canceladas en el equivalente en U. S. dólares.

\n\n

(Anexo 20ABT1;3)

\n\n

Art. 2° .- El armador de la embarcación\n deberá transportar las mercaderías observando las\n seguridades del caso a fin de evitar que ésta sufra alteraciones\n o pérdidas en su contenido.

\n\n

Art. 3° .- De observarse que el\n armador no cumple con lo establecido en el Art. 2°, éste\n deberá pagar el valor equivalentes la mercadería\n perdida o deteriorada.

\n\n

Art. 4° .- Se prohibe cualquier\n tipo de discriminación por parte del armador en el transporte\n de mercaderías.

\n\n

Art. 5° .- Los armadores o transportistas\n deberán colocar obligatoriamente en un lugar visible de\n la embarcación una copia completa de la presente resolución.

\n\n

Art. 6° .- Los armadores de la embarcación\n una vez finalizado el embarque o desembarque de mercaderías\n entregarán a la Capitanía de Puerto correspondiente\n una lista completa de la carga con el valor del flete aplicado.

\n\n

Art. 7° .- Los capitanes de puerto\n de Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Seymour (Baltra) y\n Pto. Villamil, serán los encargados de hacer cumplir la\n presente resolución.

\n\n

Art. 8° .- La presente resolución\n entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Art. 9° .- Derógase la Resolución\n No 682/99 del 29 de abril de 1999.

\n\n

Dada en Guayaquil, en la Dirección\n General de la Marina Mercante y del Litoral a los cinco días\n del mes de abril del año dos mil.

\n\n

f ) Galo Padilla Terán, Contralmirante,\n Director General.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 023/2000

\n\n

EL CONSEJO NACIONAL DE AVIACION CIVIL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, en los aeropuertos internacionales\n de Quito y Guayaquil, la Dirección General de Aviación\n Civil ofrece los servicios del vehículo contra incendios\n a aquellas compañías de aviación que solicitan\n su presencia para el reabastecimiento de combustible,

\n\n

Que, mediante informe No. 004-AK-i-0-00-0441\n de 15 de febrero del 2000, la Dirección General de Aviación\n Civil puso en conocimiento del Consejo Nacional de Aviación\n Civil el estudio económico para el establecimiento del\n derecho aeroportuario por utilización del vehículo\n contra incendios;

\n\n

Que, de conformidad con el artículo\n 5, literal j de la Ley de Aviación Civil, es atribución\n del Consejo Nacional de Aviación Civil aprobar, a pedido\n de la Dirección General de Aviación Civil, la creación\n y regulación de tasas o derechos por servicios aeroportuarios,\n facilidades aeronáuticas y utilización de la infraestructura\n aeronáutica en general; y,

\n\n

En uso de sus facultades,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo Primero.- Establecer,\n en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil, el derecho\n aeroportuario de cincuenta dólares de los Estados Unidos\n de América (USD$ 50.00) por cada requerimiento del vehículo\n de servicio contra incendios para el reabastecimiento de combustible\n a las compañías de aviación nacionales o\n internacionales.

\n\n

Artículo Segundo.- Las compañías\n de aviación realizarán los pagos del derecho aeroportuario\n establecido en esta resolución de conformidad con lo dispuesto\n en el Art. 31 de la Ley de Aviación Civil y, en caso de\n mora, la Dirección General de Aviación Civil procederá\n de acuerdo a lo establecido en el Art. 32 de la citada ley.

\n\n

Artículo Tercero.- Quedan exentos\n del pago del derecho aeroportuario fijado en esta resolución,\n las aeronaves señaladas en el Art. 15 de la Ley de Aviación\n Civil.

\n\n

Artículo Cuarto.- La presente\n resolución constituye un alcance a lo dispuesto en las\n resoluciones Nos. 019/94 y 023/94, publicadas en los Registros\n Oficiales Nos. 433 y 550 de 4 de mayo de 1994 y 18 de octubre\n del mismo año, respectivamente.

\n\n

Artículo Quinto.- Del cumplimiento\n y observancia de esta resolución encargase a la Dirección\n General del Aviación Civil, a través de sus respectivas\n dependencias.

\n\n

Artículo Sexto.- Esta resolución\n entrará en vigencia a partir del 1 de mayo del 2000, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

\n\n

Notifíquese.- Dado en Quito,\n en la sala de sesiones del Consejo Nacional de Aviación\n Civil, a los quince días del mes de marzo del dos mil.

\n\n

CERTIFICO.- Que la copia que antecede\n es fiel de su original que reposa en los archivos de esta Secretaría.-\n Quito, a 11 de abril del 2000.

\n\n

f) Dr. Agustín Vaca Ruiz, Secretario\n del Consejo Nacional de Aviación Civil.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

LA GERENCIA\n DEL PRIMER DISTRITO DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

\n\n

Considerando:

\n\n

1.- Que, de acuerdo a lo que establece\n el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado se dispone\n que " ... las entidades del sector público establecidas\n en el Art. 128 de la Constitución Política de la\n República y los organismos a que se refieren los artículos\n 116, 117 y 118 de la misma, en virtud de lo dispuesto en su artículo\n 121 y en esta Ley, y sin perjuicio de lo que dispongan sus leyes\n constitutivas o las que rijan sus actividades, deberán\n a través de sus máximos personemos y cuando la\n importancia económica y/o geográfica de la zona\n así lo amerite, dictar los acuerdos o resoluciones que\n sean necesarias para delegar sus atribuciones. En estos acuerdos\n o resoluciones se establecerá el ámbito geográfico\n donde los funcionarios delegados ejerzan sus atribuciones ".

\n\n

Con la nueva codificación de\n la Constitución Política de la República,\n las entidades del sector público anteriormente mencionadas\n en el Art. 128, están detalladas en el actual Art. 118,\n el mismo que en su numeral 5 dispone: "Los organismos y\n entidades creados por la Constitución o por la Ley para\n el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación\n de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas\n asumidas por el Estado ".

\n\n

2.- Que, de acuerdo a lo que establece\n el Art. 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana es una persona jurídica de derecho,\n público, creada por Ley de la República, para llevar\n a cabo la planificación y ejecución de la política\n aduanera del país, actividad económica de gran\n importancia para el Estado; por lo cual está clasificada\n dentro de las entidades señaladas en el numeral 5 del\n Art. 118 de la Constitución Política del Ecuador.

\n\n

3.- El Art. 58 del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, señala\n la responsabilidad del delegado respecto de los actos que celebre\n amparado en esta delegación, tema de gran importancia\n para la resolución que se adopta.

\n\n

Art. 58.- "Cuando las resoluciones\n administrativas se adopten por delegación, se hará\n constar expresamente esta circunstancia y se considerarán\n dictadas por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad\n del delegado que actúa 0'.

\n\n

4.- Por último, cabe indicar\n que pese a que el Art. 253 del Reglamento a la Ley Orgánica\n de Aduanas dispone "... la competencia administrativa aduanera\n es previsto, irrenunciable e indelegable... "; esto no impide\n que se realice la delegación de atribuciones operativas\n y administrativas entre los órganos de superior a inferior\n jerarquía dentro de la misma Corporación Aduanera\n Ecuatoriana.

\n\n

Con estos antecedentes, y por no existir\n disposición legal expresa que prohiba la delegación\n de atribuciones en materia aduanera, la Gerencia del Primer Distrito\n de Aduanas resuelve delegar al Jefe del Departamento de Regímenes\n Especiales, lo siguiente:

\n\n

a) El cobro por la depreciación\n en los casos de nuevo beneficiario del Régimen de Importación\n Temporal con reexportación en el mismo Estado, así\n como en los casos de destrucción o pérdida de las\n mercancías de conformidad con lo que establece el artículo\n 58 de la Ley Orgánica de Aduanas, concordante con los\n artículos 63, 64 y 65 del reglamento de la citada norma,\n y el literal g) del numeral 6) del artículo 17 del Reglamento\n de la Ley de Régimen Tributario Interno;

\n\n

b) El tratamiento de los desperdicios\n dentro del Régimen de Maquila depósitos industriales\n e importación temporal para Fraccionamiento activo, de\n conformidad con los artículos 67, 60 y 59 de la Ley Orgánica\n de Aduanas en relación con los artículos 100 y\n 74 de su reglamento y artículos 26 de la Ley del Régimen\n de Maquila; y,

\n\n

c) Las atribuciones conferidas en el\n artículo 114 literal e) de la Ley Orgánica de Aduanas,\n concordante con los artículos 88, 89, 90 y 91 del mismo\n cuerpo legal.

\n\n

Sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Guayaquil, 28 de marzo del 2000.- Comuníquese\n y publíquese.

\n\n

f) Alfredo Jurado Von Buchwald, Gerente\n Distrito de Aduanas.

\n\n

 

\n\n

GERENCIA\n DEL PRIMER DISTRITO DE LA CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

\n\n

Considerando:

\n\n

1.- Que, de acuerdo a lo que establece\n el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado se dispone\n que " ... las entidades del sector público establecidas\n en el Art. 128 de la Constitución Política de la\n República y los organismos a que se refieren los artículos\n 116, 117 y 118 de la misma, en virtud de lo dispuesto en su artículo\n 121 y en esta Ley, y sin perjuicio de lo que dispongan sus leyes\n constitutivas o las que rijan sus actividades, deberán\n a través de sus máximos personemos y cuando la\n importancia económica y/o geográfica de la zona\n así lo amerite, dictar los acuerdos o resoluciones que\n sean necesarias para delegar sus atribuciones. En estos acuerdos\n o resoluciones se establecerá el ámbito geográfico\n donde los funcionarios delegados ejerzan sus atribuciones ".

\n\n

Con la nueva codificación de\n la Constitución Política de la República,\n las entidades del sector público anteriormente mencionadas\n en el Art. 128, están detalladas en el actual Art. 118,\n el mismo que en su numeral 5 dispone: "Los organismos y\n entidades creados por la Constitución o por la Ley para\n el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación\n de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas\n asumidas por el Estado ".

\n\n

2.- Que, de acuerdo a lo que establece\n el Art. 104 de la Ley Orgánica de Aduanas, la Corporación\n Aduanera Ecuatoriana es una persona jurídica de derecho,\n público, creada por Ley de la República, para llevar\n a cabo la planificación y ejecución de la política\n aduanera del país, actividad económica de gran\n importancia para el Estado; por lo cual está clasificada\n dentro de las entidades señaladas en el numeral 5 del\n Art. 118 de la Constitución Política del Ecuador.

\n\n

3.- El Art. 58 del Estatuto Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, señala\n la responsabilidad del delegado respecto de los actos que celebre\n amparado en esta delegación, tema de gran importancia\n para la resolución que se adopta.

\n\n

Art. 58.- "Cuando las resoluciones\n administrativas se adopten por delegación, se hará\n constar expresamente esta circunstancia y se considerarán\n dictadas por la autoridad delegante, siendo la responsabilidad\n del delegado que actúa 0'.

\n\n

4.- Por último, cabe indicar\n que pese a que el Art. 253 del Reglamento a la Ley Orgánica\n de Aduanas dispone "... la competencia administrativa aduanera\n es previsto, irrenunciable e indelegable... "; esto no impide\n que se realice la delegación de atribuciones operativas\n y administrativas entre los órganos de superior a inferior\n jerarquía dentro de la misma Corporación Aduanera\n Ecuatoriana.

\n\n

Con estos antecedentes, y por no existir\n disposición legal expresa que prohiba la delegación\n de atribuciones en materia aduanera, la Gerencia del Primer Distrito\n de Aduanas resuelve delegar al Jefe del Departamento de Regímenes\n Especiales, lo siguiente:

\n\n

a) El cobro por la depreciación\n en los casos de nuevo beneficiario del Régimen de Importación\n Temporal con reexportación en el mismo Estado, así\n como en los casos de destrucción o pérdida de las\n mercancías de conformidad con lo que establece el artículo\n 58 de la Ley Orgánica de Aduanas, concordante con los\n artículos 63, 64 y 65 del reglamento de la citada norma,\n y el literal g) del numeral 6) del artículo 17 del Reglamento\n de la Ley de Régimen Tributario Interno;

\n\n

b) El tratamiento de los desperdicios\n dentro del Régimen de Maquila depósitos industriales\n e importación temporal para Fraccionamiento activo, de\n conformidad con los artículos 67, 60 y 59 de la Ley Orgánica\n de Aduanas en relación con los artículos 100 y\n 74 de su reglamento y artículos 26 de la Ley del Régimen\n de Maquila; y,

\n\n

c) Las atribuciones conferidas en el\n artículo 114 literal e) de la Ley Orgánica de Aduanas,\n concordante con los artículos 88, 89, 90 y 91 del mismo\n cuerpo legal.

\n\n

Sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Guayaquil, 28 de marzo del 2000.

\n\n

Comuníquese y publíquese.

\n\n

f) Alfredo Jurado Von Buchwald, Gerente\n Distrito de Aduanas.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. 37

\n\n

En el juicio ordinario (Recurso de Casación)\n No. 20-95 que, por reivindicación, sigue María\n Isabel Pacheco Uriarte en contra de Jorge Otón Fernández\n Pacheco, se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 9 de febrero del 2000; las 11H00.

\n\n

VISTOS: Jorge Otón Fernández\n Pacheco interpone recurso de casación de la sentencia\n dictada por la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia\n de Babahoyo, que confirma la del inferior que acepta la demanda,\n dentro del juicio ordinario que, por reivindicación, sigue\n en su contra María Isabel Pacheco Uriarte. Dicho recurso\n es concedido, por lo que el proceso sube a conocimiento de la\n Corte Suprema de Justicia; habiéndose radicado la competencia\n en esta Primera S a de lo Civil y Mercantil en virtud del sorteo\n de ley y terminado la etapa de sustanciación de este proceso\n de casación, para resolver se realizan las siguientes\n consideraciones: PRIMERO: El recurso de casación fue interpuesto\n el 30 de septiembre de 1994, es decir, con anterioridad a las\n reformas a la Ley de Casación de 8 de abril de 1997, por\n lo que respecto de los plazos para interponerlo y las formalidades\n exigidas es aplicable la ley vigente a la época de presentación\n del recurso.- SEGUNDO: El artículo 6 de la Ley de Casación,\n en su redacción original que regía al 24 de noviembre\n de 1994, decía: "Requisitos formales.- En el escrito\n de interposición del recurso de casación deberá\n constar en forma obligatoria lo siguiente: 1. Indicación\n de la sentencia o auto recurridos con individualización\n del proceso en que se dictó y las partes procesales; 2.\n Las normas que se estiman infringidas o las solemnidades del\n procedimiento que se estiman infringidas o las solemnidades del\n procedimiento que se hayan omitido; 3. La determinación\n de las causales en que se funda; 4. Los fundamentos en los que\n se apoya el recurso, expuestos en forma clara y sucinta. El recurrente\n deberá explicar de qué manera ha influido en la\n parte dispositivo de la sentencia o decisión cada una\n de las causales en que fundamenta su recurso".- TERCERO:\n Examinado el escrito de interposición y fundamentación\n del recurso, se anota que si bien el recurso se ha propuesto\n contra una sentencia final y definitiva que se dicta dentro de\n un proceso de conocimiento, por quien se halla legitimado para\n ello y dentro del término concedido por la ley vigente\n a la época de su presentación, sin embargo el mismo\n no reúne los requisitos de forma que imperativamente exige\n el artículo 6 de la ley de la materia, en su texto vigente\n a la época en que se dedujo el recurso, porque incumple\n con los requisitos contenidos en los numerales segundo, tercero\n y cuarto de la norma legal antes invocada.- CUARTO: En el caso\n subjudice, si bien el recurrente cita las normas de derecho que\n estima han sido infringidas (artículos 622, 2416, 734,\n 2429, 2434 y 2435 del Código Civil), sin embargo no explica\n la forma en la cual dichas disposiciones han sido transgredidas,\n por lo que mal puede este Tribunal de Casación determinar\n si efectivamente se han cometido los vicios acusados. Respecto\n al numeral tercero, el recurrente ha fundamentado su recurso\n en las causales primera, segunda y tercera del artículo\n 3 de la Ley de Casación, por "falta de aplicación\n de normas de derecho, aplicación indebida y la aplicación\n errónea de los preceptos jurídicos establecidos\n para el presente caso". Se hace el presente análisis:\n 1) Cuando el recurrente invoca la causal segunda como uno de\n los fundamentos de su recurso, debe analizarse ésta en\n primer lugar a fin de establecer si procede o no, si se la rechaza,\n procederá el que se entre a analizar las causales restantes;\n pero si prospera, le está vedado al juzgador de casación\n el seguir adelante con su análisis y entrar a resolver\n sobre el fondo de la controversia, sino que, declarando la nulidad\n procesal a partir del instante en que el vicio se produjo, ha\n de reenviar el proceso en cumplimiento de lo que dispone el artículo\n 15 de la Ley de Casación. Sin embargo, ninguna de las\n normas citadas por el recurrente como infringidas tienen carácter\n procesal, por lo que el cargo de que el fallo del Tribunal ad\n quem incurre en la causal segunda del artículo 3 de la\n Ley de Casación, carece de sustento. 2) En lo relativo\n a la causal, primera, el recurrente se limita a decir que ha\n habido "falta de aplicación de normas de derecho,\n aplicación indebida y la aplicación errónea\n de los preceptos jurídicos"; sin embargo, no especifica\n la forma en la cual se han producido los vicios que acusa, advirtiéndose\n que no basta con mencionarlos in génere, sino que debe\n especificarse las razones por las cuales se afirma, por ejemplo,\n que ha habido aplicación indebida de una norma de derecho\n y cuál era la disposición que debió aplicarse,\n o en qué consiste la errónea interpretación\n de una norma determinada y cuál era la correcta interpretación\n de la misma, o en qué consistió la falta de aplicación\n de las normas de derecho que se acusa, y cómo esa falta\n de aplicación influyó en la parte dispositivo de\n la sentencia, por lo que la Sala desestima esta acusación\n por carecer de fundamento. 3) En lo relativo a la causal tercera,\n el recurrente tampoco ha especificado qué vicio se ha\n producido (limitándose a alegar también que ha\n habido "falta de aplicación de normas de derecho,\n aplicación indebida y aplicación errónea\n de los preceptos jurídicos") en la sentencia dictada\n por el Tribunal de última instancia; pero el recurrente\n alega que el Tribunal ad quem no ha valorado debidamente las\n pruebas aportadas al proceso de carácter testimonial,\n documental y material que según el recurrente acreditan\n que está en posesión permanente e ininterrumpida,\n en forma pública y notoria y con ánimo de dueño\n y señor por más de veinte años del solar\n No. 9 de la manzana No. 6 ubicado en las calles X y C dentro\n de la lotización Velásquez en la jurisdicción\n de la parroquia urbana Clemente Baquerizo de la ciudad de Babahoyo.\n La Sala le recuerda al recurrente que el recurso de casación\n no es una tercera instancia, y que no está en la esfera\n de los poderes del Tribunal de Casación el revalorar la\n prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción\n del Tribunal de última instancia. Por ello, el recurso\n de casación es improcedente cuando se discuten las conclusiones\n de hecho del Tribunal ad quem, y se formula una distinta valoración\n de las pruebas que sirven de base a la sentencia, o se discute\n la simple eficacia probatoria de los elementos de convicción\n utilizados por el Tribunal de última instancia, o se intenta\n una consideración crítica relativa a la falta de\n correspondencia entre los elementos probatorios utilizados por\n la sentencia y la conclusión que ellos motivan o un disentimiento\n con la valoración de la prueba efectuada en el mérito\n o discutiendo su valor, o incidiendo de otro modo en el criterio\n de apreciación sobre su eficacia, o discrepando con los\n motivos de hecho expresados por la sentencia dictada por el Tribunal\n ad quem. Por lo tanto, carece de base jurídica esta causal.\n QUINTO: El recurrente, en vez de señalar los fundamentos\n en los que se apoya el recurso exponiéndolos en forma\n clara y sucinta, como era su deber de conformidad con lo que\n disponía el numeral cuarto del articulo 6 de la Ley de\n Casación en la redacción vigente a la época\n en que se interpuso el recurso, y de explicar de qué manera\n ha influido en la parte dispositivo de la sentencia la causal\n en que fundamenta su recurso, elabora un alegato respecto de\n su inconformidad con el fallo de última instancia, sin\n explicar en forma "matemática", como lo precisa\n el recurso supremo y extraordinario de casación, la forma\n en la cual han influido en la parte dispositivo de la sentencia\n cada una de las causales en las cuales fundamenta su recurso.-\n En consecuencia, esta Sala rechaza el recurso de casación\n propuesto por Jorge Otón Fernández Pacheco, por\n carecer de los requisitos formales esenciales del mismo, y ordena\n devolver el proceso al Tribunal de origen para su ejecución.\n En cumplimiento de lo que dispone el artículo 17, reformado,\n de la Ley de Casación, entréguese en su totalidad\n la canción constituida por el recurrente a la parte perjudicada\n por la demora en la ejecución del fallo.- Notifíquese\n y publíquese.

\n\n

Fdo.) Dres. Santiago Andrade Ubidia,\n Galo Galarza Paz y Tito Cabezas Castillo, Ministros Jueces

\n\n

Certifico.

\n\n

Doctora, Isabel Garrido Cisneros, Secretaria\n Relatora.

\n\n

RAZON: Las copias que anteceden son\n iguales a sus originales.

\n\n

Certifico.- Quito, 10 de febrero del\n 2000.

\n\n

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria\n Relatora de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte\n Suprema de Justicia.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° 38

\n\n

Dentro del juicio especial N° 93-95\n (Recurso de Hecho) de pago por consignación que sigue\n Sonia Quezada Ramón en contra de Elsa Carranza Aguilera,\n se ha dictado lo siguiente:

\n\n

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA\n DE LO CIVIL Y MERCANTIL

\n\n

Quito, 9 de febrero del 2000, las 16h30.

\n\n

VISTOS: La actora Sonia Quezada Ramón,\n al haber el Tribunal de Alzada negado el recurso de casación,\n interpone recurso de hecho respecto de la sentencia dictada el\n 27 de junio de 1994 por la Primera Sala de la Corte Superior\n de Justicia de Machala dentro del juicio especial de pago por\n consignación que sigue en contra de Elsa Carranza Aguilar,\n resolución que confirma la sentencia dictada por el Juzgado\n Tercero de lo Civil de El Oro que declara sin lugar la demanda\n Y la reconvención. Mediante providencia de 14 de mayo\n de 1996, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil acepta el\n recurso de hecho interpuesto por la actora, que para resolver\n considera: PRIMERO: Esta Sala debe resolver el presente recurso\n dentro de los estrictos límites fijados por la recurrente\n en su escrito de interposición del mismo, y que obra a\n fojas 47 a 51 del cuaderno de segundo nivel. SEGUNDO: La recurrente,\n amparada en las cáusales primera, segunda, tercera y cuarta\n del artículo 3 de la Ley de Casación fundamenta\n su recurso en los siguientes términos: a) "en mi\n demanda de consignación que se tramitó en el Juzgado\n Tercero de lo Civil de El Oro... acepté, por mi propia\n voluntad, con sujeción a la verdad, que yo era deudora\n de la suma de noventa mil sucres; reconocimiento expreso y válido,\n sin necesidad de exigir a la acreedora documento escrito de la\n existencia de la obligación. A confesión de par\n te, relevo de prueba. En este caso no cabe ni cabía que\n existiera (sic) título alguno, sea pagaré, letra\n de cambio, cheque o cualquier otro documento privado que acreditara\n la obligación indicada". Continúa diciendo\n la recurrente: "el Juez de primera instancia, dicta el fallo\n que motivó mi apelación. Dicho fallo en la parte\n resolutiva se concreta a expresar lo siguiente: Segundo.- De\n acuerdo a lo que dispone el art. 1753, establece: Deberán\n constar por escrito todos los actos o contratos que contienen\n la entrega o promesa de una cosa por mas de dos mil sucres; y\n el art. 1754 establece: "al que demanda una cosa por mas\n de dos mil sucres de valor no se le admitirá prueba de\n testigos, aunque limite a este valor la demanda". Además\n el art. 1755 dice: exceptuánse (sic) también en\n los casos en que haya sido imposible obtener una prueba por escrito\n y en los demás expresamente excepcionados en este Código\n y en los Códigos especiales. Las citas anteriores vienen\n al caso porque en este proceso no se ha presentado prueba por\n escrito no obstante de tratarse de un préstamo, habiendo\n consignado una prenda por este préstamo. El indicado fallo\n de primera instancia concluye expresando lo siguiente: "Tanto\n la actora como la demandada han presentado la declaración\n de testigos tratando de probar la primera que fue a casa de Elsa\n Carranza Aguilar a devolver el préstamos que esta (sic)\n le había (sic) hecho con las prendas de oro, por el valor\n de noventa mil sucres y los intereses, por lo que sumaban cien\n mil sucres y esta (sic) no los recibió. La segunda con\n relación a que el préstamo con las prendas de joyas\n de oro era de trescientos cincuenta mil sucres. Estos hechos\n no se pueden probar con la declaración de testigos, de\n acuerdo a lo que dispone el art. 1754 del Código Civil\n (... ) por lo expuesto, administrando justicia..., se declara\n sin lugar la demanda propuesta por Sonia Quezada Ramón\n en contra de Elsa Carranza Aguilar, rechazándose además\n la reconvención planteada por ésta. Esta sentencia\n de primera instancia fue apelada por mí. El conocimiento\n del juicio correspondió por sorteo a la Primera Sala de\n la Corte, Superior de Justicia de Machala ... todos de la primera\n sala, sin mayor análisis jurídico, dictan la sentencia\n correspondiente y deniega el recurso interpuesto por la actora;\n y confirma la sentencia pronunciada por el Juez de primer nivel";\n finalmente alega la recurrente lo siguiente: b) "es de señalar\n en forma expresa, que los Ministros Jueces de esta Primera sala,\n pasan por alto el contenido exacto de la disposición legal\n del Código de Procedimiento Civil, en lo referente al\n juramento decisorio, contemplado en el art. 167... Los Magistrados\n de la primera instancia, en numeral QUINTO del fallo de segunda\n y definitiva instancia, sobre el indicado juramento deferido\n solamente expresan lo siguiente: "ambas partes han tratado\n de probar sus argumentos con la presentación de testigos.\n En la segunda instancia han reproducido las pruebas aportadas\n en la primera y agregado los testimonios de Franklin Humberto\n Chávez Dávila, Aura Vicentina Piedra Guzmán\n (por parte de la actora), el juramento decisorio de la accionante\n para justificar los intereses que le cobró la accionada......\n Los señores ministros, solamente hacen referencia a la\n tasa de interés, pasaron por alto - lo olvidaron- que\n con el juramento decisorio se prueba el monto efectivo del capital\n prestado. Nada dijeron, violentaron así la valorización\n que debía darse a la norma adjetiva. Y al olvidarla y\n pasarla por alto dieron un fallo contra ley, que fatal y desgraciadamente\n en detrimento de la justicia". TERCERO: El artículo\n 167 del Código de Procedimiento Civil, al que los recurrentes\n se refieren como norma inaplicada en la sentencia del Tribunal\n ad quem, se refiere a uno de los casos de juramento deferido\n por mandato legal, en que, establecida la existencia del préstamo,\n la honradez y buena fama del prestatario, a falta de otras pruebas,\n se admitirá el juramento de éste para probar- "la\n tasa de intereses que cobra el prestamista y el monto efectivo\n del capital prestado"; esta es una prueba que el juez debe\n apreciar a la luz de los principios de la sana crítica,\n los cuales no han sido controvertidos por la recurrente. Debe\n recordarse también el mandato del artículo 119\n del Código de Procedimiento Civil, cuyo inciso segundo\n dice: "El juez no tendrá obligación de expresar\n en su resolución la valoración de todas las pruebas\n producidas, sino únicamente de las que fueren decisivas\n para el fallo de la causa". Y al efecto, este Tribunal de\n Casación observa que el objeto del juramento rendido por\n Sonia Quezada Ramón no forma parte del presupuesto fáctico\n que debe probarse para la aplicación de las normas jurídicas\n invocadas en su demanda y en su contestación a la reconvención;\n en efecto, en ninguno de estos actos procesales, Sonia Quezada\n Ramón alegó a su favor ser prestataria de un préstamo\n usurario. Por lo expuesto, el contenido del juramento deferido\n de la actora, ahora recurrente, no constituía tema de\n prueba en este proceso. Por lo expuesto, no existe en el fallo\n violación del artículo 167 del Código de\n Procedimiento Civil. CUARTO: Fundamentada en la causal tercera,\n la recurrente alega violación de los preceptos aplicables\n a la valoración de la prueba y cita como normas infringidas\n las contenidas en los artículos 1752, 1753, 1754 y 1755\n del Código Civil. Estos artículos deben ser comprendidos\n a la luz del principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia\n de la prueba, que, como indica el autor colombiano Hernando Devis\n Echandía en su obra Teoría General de la Prueba\n Judicial: "representa una limitación al principio\n de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues\n significa que el tiempo y el trabajó de los funcionarios\n judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe\n perderse en la práctica de medios que por s&iacut

 

Change password



Loading..