Registro Oficial. 8 de MARZO del 2000

Miércoles, 08 de marzo de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Miércoles 8 de Marzo del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 31

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

DECRETOS:

\n\n

161\n Modificase\n el Estatuto del Régimen JurÌdico Administrativo\n de la Función Ejecutiva
\n
162 Créase la Subsecretaría\n General de la Administración Pblica
\n
163\n Modificase el Decreto Ejecutivo No 2, publicado en el Registro\n Oficial N 3 de 13 de agosto de 1998

\n\n

ACUERDOS:
\n SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:

\n\n

10 Expídese la estructura orgánica\n de la Presidencia de la República
\n
11 Deléganse atribuciones al Subsecretario\n General de la Administración Pública

\n\n

RESOLUCIONES:
\n SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

\n\n

020\n - A Dispónese que a partir\n del 1 de febrero del presente año, las sociedades y contribuyentes\n especiales y a partir del 1 de marzo, las personas naturales,\n deberán solicitar autorización para imprimir comprobantes\n de venta y guías de remisión a través de\n las imprentas autorizadas

\n\n

TRIBUNAL\n SUPREMO ELECTORAL:

\n\n

-\n Dictase el Reglamento para la entrega\n de los formularlos de solicitud de inscripción de candidaturas.

\n\n

CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA:

\n\n

CAE - SR - CT -\n 0004 Ampliase\n el artÌculo primero del Acuerdo Ministerial N 0003 de\n noviembre 19 de 1997, en relación a la empresa Grupo Corp\n - Acet Cía. Ltda

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA
\n PROCESOS:

\n\n

8\n - AI - 98\n Acción\n de Incumplimiento interpuesta por la Secretaria General de la\n Comunidad Andina en contra de la República de Bolivia
\n 3 - AI - 96 Sumario por incumplimiento\n de sentencia.
\n
\n
39\n - IP - 99
\n Interpretación Prejudicial de los artículos 13\n literal b), 15 literal e), 17 y 31 de la Decisión 351\n de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por\n el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala\n de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente\n Interno N 5083 Derechos de Autor

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

317 Dictamen 48 - 99 de Incumplimiento por\n parte del Gobierno de Bolivia de la Decisión 297 (modificada\n parcialmente por la Decisión 360) y de la Decisión\n 320 (modificada parcialmente por la DecisiÛn 361), al negar\n la renovación del permiso de operación de transporte\n aéreo no regular de carga internacional a la empresa CIELOS\n DEL PERU S.A
\n
318 Dictamen 49 - 99 de Incumplimiento por\n parte del Gobierno de Ecuador de la Decisión 399 (Transporte\n Internacional de Mercancías por Carretera)
\n
319 Dictamen 50 - 99 de Incumplimiento por\n parte de la República de Bolivia por no suministrar información\n sobre la existencia en su territorio del nematodo del ajo Ditylenchus\n dipsaci
\n
320 Precios de Referencia del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para la primera quincena de diciembre de\n 1999, correspondientes a la Circular N 113 del 17 de noviembre\n de 1999

\n\n

ORDENANZA\n MUNICIPAL:

\n\n

-\n Cantón\n Nangaritza: Reforma\n a la Ordenanza que regula el cobro de la tasa por concepto de\n aferición de pesas y medidas

\n\n

NOTA\n DE LA DIRECCION

\n\n

- Procedemos nuevamente a la\n publicación de la Fe de Erratas\n que fuera efectuada en el Registro Oficial N 20 de 18 de febrero\n del 2000, por contener un error
\n \n

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\n


\n
No\n 161

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que es fundamental dar a la FunciÛn\n Ejecutiva una organizaciÛn que asegure la mejor y pronta\n atenciÛn de las necesidades pblicas; y,

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que\n le confieren los nmeros 9 y 10 del artÌculo 171 de la\n ConstituciÛn PolÌtica de la Repblica, y el Art.\n 17 de la Ley de ModernizaciÛn del Estado, Privatizaciones\n y PrestaciÛn de Servicios Pblicos por parte de la Iniciativa\n Privada,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Sustityense los artÌculos\n 14 y 15 del Estatuto del RÈgimen JurÌdico Administrativo\n de la FunciÛn Ejecutiva, por los siguientes:

\n\n

"Art. 14. - SECRETARIA GENERAL\n DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. - El Presidente de la Repblica\n estar· asistido por el Secretario General de la AdministraciÛn\n Pblica, quien tendr· el rango de Ministro de Estado y\n es la m·xima autoridad de la SecretarÌa General\n de la AdministraciÛn Pblica. El Secretario General de la\n AdministraciÛn Pblica ser· de libre nombramiento\n y remociÛn del Presidente de la Repblica.

\n\n

Compete al Secretario General de la\n AdministraciÛn asesorar y asistir al Presidente de la Repblica\n en la adopciÛn y ejecuciÛn de las polÌticas\n generales del Estado, para lo cual coordinar· y realizar·\n las gestiones que se requiera con los ministros de Estado y m·s\n funcionarios del sector pblico.

\n\n

Corresponde a la SecretarÌa General\n de la AdministraciÛn .Pblica el despacho de los asuntos\n administrativos de la Presidencia de la Repblica".

\n\n

"Art. 15. - EL SECRETARIO GENERAL\n DE ADMINISTRACION PUBLICA tendr· las siguientes atribuciones:

\n\n

a) Conducir la AdministraciÛn\n General y la AdministraciÛn Financiera de la SecretarÌa\n General de la AdministraciÛn y de la Presidencia de la\n Repblica;

\n\n

b) Dirigir y orientar las actividades\n de la SecretarÌa General de la AdministraciÛn Pblica\n y dictar los acuerdos y resoluciones que sean del caso;

\n\n

c) Nombrar y remover libremente al personal\n que presta sus servicios en la Presidencia de la Repblica y en\n la SecretarÌa General de la AdministraciÛn Pblica,\n asÌ como en las dependencias adscritas a ella, con excepciÛn\n de los funcionarios que deben ser, nombrados por el Presidente\n de la Repblica, de acuerdo a disposiciones legales especÌficas.\n El Director y los asesores de la DirecciÛn General de AsesorÌa\n ser·n designados y removidos por el Presidente de la Repblica\n a peticiÛn del Secretario General de la AdministraciÛn;

\n\n

d) Elaborar el Reglamento de la SecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica y someterlo a la aprobaciÛn\n del Presidente de la Repblica, asÌ como los reglamentos\n internos de la SecretarÌa y la Presidencia, que deber·n\n ser expedidos por Decreto Ejecutivo;

\n\n

e) Celebrar los contratos de la Presidencia\n de la Repblica;

\n\n

f) Delegar en el Subsecretario General\n de la AdministraciÛn Pblica, segn la cuantÌa y la\n materia, la suscripciÛn de contratos, las Ûrdenes\n de gasto, las decisiones administrativas y cualquiera otra de\n sus atribuciones;

\n\n

g) Certificar los decretos ejecutivos\n del Presidente de la Repblica;

\n\n

h) Disponer que el Director Administrativo\n de la SecretarÌa General de la AdministraciÛn Pblica,\n certifiquÈ los documentos de actuaciones de la SecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica;

\n\n

i) Elaborar el presupuesto de la Presidencia\n de la Repblica que ser· sometido a la aprobaciÛn\n del Jefe de Estado; una vez aprobado ser· remitido al\n Ministerio de Finanzas y CrÈdito Pblico, para que las\n sumas en Èl previstas se incluyan dentro del Presupuesto\n General del Estado;

\n\n

j) Determinar el organigrama de la Presidencia\n de la Repblica, y,

\n\n

k) Los dem·s determinados en\n la Leyî.

\n\n

Art. 2. - En todas las normas jurÌdicas\n en las que se haga referencia a, la SecretarÌa General\n de la Presidencia de la Repblica o al Secretario General de la\n Presidencia de la Repblica, pÛngase SecretarÌa General\n de la AdministraciÛn Pblica o Secretario General de la\n AdministraciÛn Pblica.

\n\n

Art. 3. - DerÛgase el artÌculo\n 2 del Decreto Ejecutivo No 3 publicado en el Registro Oficial\n N 3 de 13 de agosto de 1998.

\n\n

Art. 4. - El presente decreto entrar·\n en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su\n publicaciÛn en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito,\n a 25 de febrero del aÒo 2000.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la Repblica.

\n\n

Es fiel copia del original.

\n\n

Lo certifico. - f) Macelo Santos Vera,\n Secretario General de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

 

\n\n

No. 162

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que\n le confieren los nmeros 9 y 10 del artÌculo 171 de la\n ConstituciÛn PolÌtica de la Repblica,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - CrÈase la SubsecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica, que estar·\n a cargo de un funcionario con rango de Subsecretario de Estado.\n El Secretario General de la AdministraciÛn Pblica ser·\n de e nombramiento y remociÛn del Secretario General de\n la administraciÛn Pblica.

\n\n

Art. 2. - Las atribuciones del Subsecretario\n General de la administraciÛn Pblica, las establecer·\n el Secretario General la AdministraciÛn Pblica, mediante\n acuerdo.

\n\n

Art. 3. - DerÛganse todas las\n disposiciones legales que se opongan a este decreto.

\n\n

Art. 4. - De la ejecuciÛn del\n presente decreto, que entrar· en vigencia a partir de\n la presente fecha, sin perjuicios de su publicaciÛn en\n el Registro Oficial, enc·rguese el Secretario General\n de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito,\n a 25 de febrero del 2000.

\n\n

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la Repblica.

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la AdministraciÛn Publica.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

 

\n\n

No. 163

\n\n

Gustavo Noboa Bejarano
\n PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

\n\n

Considerando:

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que\n le confieren los nmeros 9 y 10 del artÌculo 171 de la\n ConstituciÛn PolÌtica de la Repblica, y el Art.\n 17 de la Ley de ModernizaciÛn del Estado, Privatizaciones\n y PrestaciÛn de Servicios Pblicos por parte de la Iniciativa\n Privada,

\n\n

Decreta:

\n\n

Art. 1. - Sustityese el Art. 2 del Decreto\n Ejecutivo N 2, publicado en el Registro Oficial N 3 de 13 de\n agosto de 1998, por el siguiente:

\n\n

"Art. 2. - El Secretario General\n de la Presidencia de la Repblica, tendr· las siguientes\n atribuciones:

\n\n

a) Coordinar las gestiones de la Presidencia\n de la Repblica con los ministerios de Estado y dem·s entidades\n de derecho pblico;

\n\n

b) Conferir las delegaciones que se\n consideren adecuadas para el buen funcionamiento de la SecretarÌa\n General de la Presidencia, y,

\n\n

c) Las dem·s que le asigne el\n seÒor Presidente de la Repblica".

\n\n

Art. 2. - El Secretario General de la\n Presidencia de la Repblica tendr· bajo su dependencia\n a la SecretarÌa de Prensa.

\n\n

Art. 3. - DerÛganse los artÌculos\n 3, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo N 2, publicado en el Registro\n Oficial N 3 de 13 de agosto de 1998.

\n\n

Art. 4. - El presente decreto entrar·\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicaciÛn en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito,\n a 25 de febrero del 2000.

\n\n

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente\n Constitucional de la Repblica.

\n\n

Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General\n de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

 

\n\n

No. 10

\n\n

Marcelo Santos Vera
\n SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

\n\n

En ejercicio de la facultad que le confiere\n la letra j, del Art. 15 del Estatuto del RÈgimen JurÌdico\n Administrativo de la FunciÛn Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - La estructura org·nica\n de la Presidencia de la Repblica ser· la siguiente:

\n\n

1 . La Presidencia de la Repblica estar·\n integrada por el Despacho del Presidente, la SecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica y la SecretarÌa\n General de la Presidencia de la Repblica, que depender·n\n del Presidente de la Repblica.

\n\n

2. Depender·n de la SecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica: la SubsecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica, la Casa Militar, la\n Oficina de CoordinaciÛn de Asuntos Diplom·ticos,\n la DirecciÛn de AsesorÌa JurÌdica, la Oficina\n de Servicio Civil y Desarrollo Institucional y los organismos\n pblicos dependientes y adscritos a la Presidencia de la Repblica.

\n\n

3. Depender· de la SecretarÌa\n General de la Presidencia de la Repblica, la SecretarÌa\n de Prensa.

\n\n

4. Depender·n de la SubsecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica: la AuditorÌa\n Interna, la DirecciÛn Administrativa, la DirecciÛn\n Financiera, la Oficina de Control de la FunciÛn Ejecutiva,\n la Unidad de Inform·tica y la Oficina de Decretos y Tr·mites\n Administrativos.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - DerÛgase el\n Acuerdo N 11, publicado en el Registro Oficial N 27 del 16 de\n septiembre de 1998, asÌ como todas las normas sobre la\n materia de igual o inferior jerarquÌa, expedidas con anterioridad.

\n\n

ARTICULO TERCERO. - Este acuerdo entrar·\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicaciÛn en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito,\n a 25 de febrero del 2000.

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera.
\n Es fiel copia del original. - Lo certifico.

\n\n

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General\n de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

 

\n\n

No. 11

\n\n

Marcelo Santos Vera
\n SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

\n\n

En ejercicio de las atribuciones que\n le confiere el literal f del artÌculo 15 del Estatuto\n del RÈgimen JurÌdico Administrativo de la FunciÛn\n Ejecutiva,

\n\n

Acuerda:

\n\n

ARTICULO PRIMERO. - El Subsecretario\n General de la AdministraciÛn Pblica, tendr· las\n siguientes atribuciones:

\n\n

1. Mantener el control de la gestiÛn\n administrativa de las dependencias a cargo de la SecretarÌa\n General de la AdministraciÛn Pblica y disponer lo que fuere\n del caso, para su buena marcha.

\n\n

2. Autorizar los gastos y dem·s\n tr·mites econÛmicos y administrativos; el uso, asignaciÛn\n y disposiciÛn de bienes muebles y enseres; adquisiciones\n de vehÌculos, comisiones de servicio; y, expedir acuerdos\n y resoluciones necesarios para la buena marcha administrativa\n de la Presidencia de la Repblica.

\n\n

3. Celebrar los contratos que otorgue\n la Presidencia de la Repblica, previa aprobaciÛn del Secretario\n General de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

4. Las dem·s que le sean delegadas\n por el Secretario General de la AdministraciÛn Pblica,\n dentro del ·mbito de sus atribuciones.

\n\n

ARTICULO SEGUNDO. - Este acuerdo entrar·\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicaciÛn en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en el Palacio Nacional, en Quito,\n a 25 de febrero del 2000.
\n f ) Marcelo Santos Vera.
\n Es fiel copia del original. - Lo certifico

\n\n

f ) Marcelo Santos Vera, Secretario\n General de la AdministraciÛn Pblica.

\n\n

 

\n\n

N 00020 - A

\n\n

Econ. Elsa de Mena
\n DIRECTORA GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

\n\n

Considerando:

\n\n

1. - Que de conformidad con el Art.\n 8 de la Ley de CreaciÛn del Servicio de Rentas Internas,\n publicada en el Registro Oficial N 206 de 2 de diciembre de 1977,\n el Director General del Servicio de Rentas Internas, expedir·\n mediante resoluciÛn, circulares o disposiciones de car·cter\n general y obligatorio, necesarias para la aplicaciÛn de\n normas legales y reglamentarias,

\n\n

2. - Que de conformidad con la disposiciÛn\n transitoria segunda del Decreto Ejecutivo N 1011 publicado en\n el Registro Oficial N 222 de 29 de junio de 1999, que establece\n que a partir del 1 de noviembre de 1999, el Servicio de Rentas\n Internas autorizar· la impresiÛn de los comprobantes\n de venta y guÌas de remisiÛn;

\n\n

Y en uso de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ArtÌculo 1. - A partir del 1\n de febrero del presente aÒo, las sociedades y contribuyentes\n especiales y a partir del 1 de marzo, las personas naturales,\n deber·n solicitar autorizaciÛn para imprimir comprobantes\n de venta y guÌas de remisiÛn a travÈs de\n las imprentas autorizadas, las cuales deber·n tramitar\n las solicitudes a travÈs del sistema de autorizaciones\n de comprobantes de venta, ubicado en la p·gina web del\n SRI, con direcciÛn electrÛnica http://www.sri.gov.ec/.

\n\n

ArtÌculo 2. - A partir del 1\n de febrero del 2000, el Servicio de Rentas Internas autorizar·\n la impresiÛn de comprobantes de venta y guÌas de\n remisiÛn con una vigencia de doce meses, a partir de la\n fecha de autorizaciÛn, para los contribuyentes que se encuentren\n al dÌa en sus obligaciones tributarias.

\n\n

Los comprobantes de venta y guÌas\n de remisiÛn autorizados a contribuyentes que mantengan\n obligaciones pendientes, tendr·n un plazo de vigencia\n menor. El SRI tambiÈn podr· negar la autorizaciÛn\n de impresiÛn de comprobantes de venta y guÌas de\n remisiÛn a los contribuyentes que mantengan obligaciones\n tributarÌas pendientes.

\n\n

Los comprobantes de venta y guÌas\n de remisiÛn que se impriman a personas naturales, conforme\n lo establecido en el artÌculo 4 de la ResoluciÛn\n 176 del 3 de noviembre de 1999, mantendr·n una vigencia\n de seis meses, contados a partir de la fecha de impresiÛn.

\n\n

ArtÌculo 3. - Los contribuyentes\n podr·n actualizar a travÈs de las imprentas autorizadas,\n mediante el sistema de autorizaciÛn de impresiÛn\n de comprobantes de venta, los datos del Registro Unico de Contribuyentes,\n RUC, relativos a nombre comercial direcciÛn de sus establecimientos.

\n\n

ArtÌculo 4. - La imprentas deber·n\n incluir obligatoriamente en los comprobantes de venta y guÌas\n de remisiÛn que impriman, los datos consignados en la autorizaciÛn\n de impresiÛn otorgada por el SRI.

\n\n

ArtÌculo 5. - La impresiÛn\n de comprobantes de venta y guÌas de remisiÛn, sÛlo\n podr· ser realizada por la imprenta que tramitÛ\n la solicitud de autorizaciÛn de impresiÛn. Si por\n algn motivo, las imprentas no pudieran realizar la impresiÛn\n de los comprobantes de venta y guÌas de remisiÛn\n autorizados, deber·n reportarlo inmediatamente al SRI,\n a travÈs del sitio en internet http://www.sri.gov.ec/.\n consignando ceros como nmero inicial y nmero final, en el informe\n de trabajos realizados. En este caso, el contribuyente no podr·\n utilizar la numeraciÛn de los comprobantes de venta y guÌas\n de remisiÛn incluidas en la autorizaciÛn.

\n\n

ArtÌculo 6. - Las imprentas deber·n\n verificar la identidad de los contribuyentes que solicitan autorizaciÛn\n de impresiÛn de comprobantes de venta. En el caso de personas\n naturales, el tr·mite ante las imprentas deber·\n ser realizado personalmente. En el caso de sociedades o personas\n jurÌdicas, el tr·mite deber· ser realizado\n por el representante legal o por persona autorizada por Èste\n por escrito.

\n\n

Asimismo, deber·n conservar,\n en orden cronolÛgico el pedido de impresiÛn de comprobantes\n de venta, firmado por el contribuyente, como respaldo de las\n solicitudes de autorizaciÛn que tramitaron.

\n\n

ArtÌculo 7. - Las imprentas autorizadas\n por el SRI para imprimir comprobantes de venta, deber·n\n reportar los trabajos de impresiÛn realizados, de conformidad\n con las siguientes disposiciones:

\n\n

1 . Los reportes ser·n elaborados\n y enviados por las imprentas a travÈs del sitio en internet\n http://www.sri.gov.ec/. dentro de los treinta dÌas posteriores\n a la fecha en que el SRI les otorgue el nmero de autorizaciÛn\n de impresiÛn de comprobantes de venta, correspondiente.

\n\n

2. Los comprobantes de venta y guÌas\n de remisiÛn impresos a contribuyentes especiales que gestionaron\n directamente su nmero de autorizaciÛn con el SRI a travÈs\n de internet, entre el 22 de noviembre de 1999 y el 31 de enero\n del 2000, deber·n reportarlos hasta el 29 de febrero del\n 2000.

\n\n

3. Los comprobantes de venta y guÌas\n de remisiÛn impresos a contribuyentes no especiales, de\n conformidad con lo dispuesto en el artÌculo 2 de la ResoluciÛn\n N 176, deber·n reportarlos de acuerdo con el siguiente\n cronograma:

\n\n

3.1 Las impresiones realizadas hasta\n el 31 de enero del 2000 deber·n reportarlas hasta el dÌa\n 29 de febrero del 2000.

\n\n

3.2 Las impresiones realizadas desde\n el 1 al 29 de febrero del 2000 deber·n reportarlas hasta\n el dÌa 31 de marzo del mismo aÒo.

\n\n

4. En cualquiera de los casos indicados\n en los numerales 2 y 3, las imprentas deber·n reportar\n los trabajos realizados antes de solicitar nueva autorizaciÛn\n de impresiÛn para dichos contribuyentes.

\n\n

La presente resoluciÛn constituye\n una circular de aplicaciÛn general y obligatoria, y tendr·\n vigencia sin perjuicios de su publicaciÛn en el Registro\n Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, D. M. a,\n 31 de enero del 2000.

\n\n

f.) Econ. Elsa de Mena, Directora General,\n Servicio de Rentas Internas.

\n\n

 

\n\n

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

\n\n

Considerando:

\n\n

Que el artÌculo 209 de la ConstituciÛn\n PolÌtica de la Repblica1dispone al Tribunal Supremo Electoral\n organizar, dirigir, vigilar y garantizar los procesos electorales;

\n\n

Que el primero y segundo artÌculos\n innumerados aÒadidos por el artÌculo 17 de la Ley\n 71 (R.O. - S. 283 del 25 - III - 98), dispone que el Tribunal\n Supremo Electoral entregue los formularios de inscripciÛn\n de candidaturas y expida los reglamentos necesarios para la correcta\n ejecuciÛn de la ley; y,

\n\n

Que es necesario normar los procedimientos\n para la entrega de los formularios de solicitud de inscripciÛn\n de candidaturas,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Dictar el siguiente reglamento para\n la entrega de los formularios de solicitud de inscripciÛn\n de candidaturas:

\n\n

Art. 1. - DespuÈs de la convocatoria\n a elecciones, los tribunales provinciales electorales entregar·n,\n en el ·mbito de su jurisdicciÛn, a las organizaciones\n polÌticas y a los ciudadanos que lo soliciten por escrito,\n los formularios de solicitud de inscripciÛn de candidaturas,\n acompaÒados de un diskette que contendr· el "Software\n para inscripciÛn de candidaturas" y la correspondiente\n guÌa tÈcnica de uso.

\n\n

Art. 2. - Al momento de la proclamaciÛn\n e inscripciÛn de las candidaturas, el representante legal\n o apoderado de los candidatos, entregar· al Tribunal Electoral\n correspondiente, lo siguiente:

\n\n

a. Original y dos copias de la solicitud\n de inscripciÛn de candidaturas, llenados a m·quina\n o con letra de imprenta y con fotografÌas a color tamaÒo\n carnet,

\n\n

b. Dos fotografÌas a color tamaÒo\n carnet, adicionales, en cuyo reverso conste con claridad nombres,\n apellidos y partido o movimiento que auspicia al candidato;

\n\n

c. Un diskette con el "Software\n para inscripciÛn de candidaturas", que contendr·\n la siguiente informaciÛn: dignidad a la que se postulen\n los candidatos, provincia, cantÛn y parroquia (segn el\n caso), nombres y apellidos completos, y nmeros de cÈdula\n de ciudadanÌa;

\n\n

d. Original y copia legible de la cÈdula\n de ciudadanÌa de cada candidato;

\n\n

e. Para el caso de las candidaturas\n a prefectos provinciales y alcaldes municipales, deber·\n presentarse el respectivo plan de trabajo debidamente, notarizado,\n conforme el articulo 5 de la Ley 2000 - 1 (R.O. 20 del 18 - II\n - 2000). Estos planes de trabajo se mantendr·n en los\n archivos del organismo correspondientes; y,

\n\n

f. En el caso de alianzas entre los\n diferentes actores polÌticos, en la solicitud de inscripciÛn\n de candidaturas deber· constar claramente los nombres\n y firmas de responsabilidad de los representantes o apoderados\n de las candidaturas coaligadas, seÒalando el orden y nmeros\n de listas, con el que aparecer· la alianza en la papeleta\n electoral.

\n\n

Art. 3. - Una vez recibida la documentaciÛn\n en SecretarÌa del Tribunal, Èsta la pasar·\n a la ComisiÛn JurÌdica y los diskettes al ·rea\n de computo. Los informes respectivos pasar·n al Pleno\n del Tribunal Provincial Electoral, el cual con esos elementos\n de juicio, tomar· la resoluciÛn pertinente.

\n\n

Art. 4. - El Area de CÛmputo con\n toda la informaciÛn recibida de las organizaciones polÌticas,\n generar· una base de datos de los candidatos inscritos\n en cada provincia.

\n\n

Art., 5. - Los originales de las solicitudes\n de inscripciÛn de candidaturas, fotocopias de las cÈdulas\n de ciudadanÌa, dos fotografÌas a color tamaÒo\n carnet de cada candidato y el diskette conteniendo la base de\n datos de las candidaturas de la provincia, generada por el Area\n de CÛmputo, ser·n entregados personalmente en la\n SecretarÌa General del Tribunal Supremo Electoral, por\n un vocal o funcionario delegado por el organismo provincial.

\n\n

El presente reglamento entrar·\n en vigencia a partir de la aprobaciÛn, sin perjuicio de\n su publicaciÛn en el Registro Oficial.

\n\n

Dado en la ciudad de Quito, Distrito\n Metropolitano, en la sala de sesiones del Tribunal Supremo Electoral,\n a, los 21 dÌas del mes de febrero del aÒo 2000.

\n\n

RAZON: Siento por tal que el Reglamento\n para la entrega y procesamiento de los formularios de recepciÛn\n de firmas de respaldo o adhesiÛn a candidaturas de independientes,\n que consta en tres fojas tiles, fue aprobado por el Pleno del\n Tribunal Supremo Electoral, en sesiÛn del dÌa lunes\n 21 de febrero del 2000. Lo certifico.

\n\n

Quito, febrero 21 del 2000.

\n\n

f) Dr. Vinicio GarcÌa Land·zuri,\n Secretario General del Tribunal Supremo Electoral.

\n\n

 

\n\n

N CAE - SR - CT - 0004

\n\n

EL SUBGERENTE REGIONAL DE LA CORPORACION\n ADUANERA ECUATORIANA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Acuerdo Ministerial N\n 0003 de noviembre 19/97, este Ministerio autoriza el funcionamiento\n de las bodegas de almacenamiento temporal de la empresa GRUPO\n CORP - ACET CIA. LIDA., hasta el 19 de noviembre del 2002; destinado\n al almacenamiento de mercancÌas bajo el rÈgimen\n suspensivo del pago de tributos aduaneros;

\n\n

Que, la Gerente General del GRUPO CORP\n - ACET CIA. LTDA., mediante oficio N AC - OF - BA ñ 091/99\n de enero 3 del 2000, solicita se incluyan a la concesiÛn\n otras instalaciones ubicadas una en la Av. de La Prensa N 2900\n y RÌo Arajuno de la ciudad de Quito y otra en la Av. de\n La Unidad Nacional de la ciudad de Latacunga, que ser·n\n destinadas para el almacenamiento de mercancÌas que ingresen\n al paÌs al amparo de este rÈgimen; y,
\n En uso de las atribuciones que le confiere la ley,
\n Resuelve:

\n\n

Art. 1. - Ampliar el artÌculo\n primero del Acuerdo Ministerial N 0003 de noviembre 19 de 1997,\n vigente hasta noviembre 19 del 2002, en el sentido de que se\n incorporan las bodegas ubicadas en la Av. La Prensa N 2900 y\n RÌo Arajuno, con una aÈrea de 84 mts.,, sector\n Aeropuerto de esta ciudad y las ubicadas en la Av. de la Unidad\n Nacional s/n de la ciudad de Latacunga con una aÈrea de\n 363,60 mts. de bodega cerrada y 303 mts. de patio, destinados\n al almacenamiento de mercancÌas internadas al paÌs\n bajo el rÈgimen de almacenamiento temporal con suspensiÛn\n del pago de derechos arancelarios e impuestos, conforme lo establecen\n los artÌculos 49 al 51 de la Ley Org·nica de Aduanas,\n 201 al, 208 de su Reglamento.

\n\n

Art. 2. - En todo lo dem·s el\n Acuerdo de ConcesiÛn N 0003 de noviembre 19 de 1997, se\n mantiene en los mismos tÈrminos.

\n\n

Art. 3. - La presente resoluciÛn\n entrar· en vigencia a partir de su suscripciÛn.

\n\n

ComunÌquese. - Quito, a 31 de\n enero del 2000.

\n\n

f) Ing. Byron Valdiviezo P·stor,\n Subgerente Regional, (E). de la CorporaciÛn Aduanera Ecuatoriana.

\n\n

Lo certifico:

\n\n

f) Alcides R. ParreÒo Cantos,\n Jefe del Departamento Administrativo de la Subgerencia Regional\n de la CorporaciÛn Aduanera Ecuatoriana.
\n

\n\n

 

\n\n

PROCESO 8 - AI - 98

\n\n

AcciÛn de incumplimiento interpuesta\n por la SecretarÌa General de la Comunidad Andina en contra\n de la Repblica de Bolivia

\n\n

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD\n ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte dÌas del\n mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la acciÛn\n de incumplimiento interpuesta por la SecretarÌa General\n de la Comunidad Andina en contra de la Repblica de Bolivia.

\n\n

VISTOS:

\n\n

El escrito SG/AJ/C - 161 - 98 de 13\n de noviembre de 1998, mediante el cual la SecretarÌa General\n de la Comunidad Andina presenta demanda en acciÛn de incumplimiento\n contra la Repblica de Bolivia, por supuesta contravenciÛn\n a los artÌculos 3 y 5 del Tratado de CreaciÛn del\n Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (hoy artÌculos\n 4 y 3 del Tratado que da origen al Tribunal de Justicia de la\n Comunidad Andina), como consecuencia de la falta de aplicaciÛn\n de las decisiones Nos. 378 y 379 de la ComisiÛn, sobre\n el RÈgimen de ValoraciÛn Aduanera y la DeclaraciÛn\n Andina de Valor, respectivamente, y de la ResoluciÛn No.\n 123 de la SecretarÌa General, contentivo del dictamen\n de incumplimiento, solicitando al Tribunal que ordene a la demandada\n cumplir con la obligaciÛn que tiene de aplicar dichas disposiciones\n y la condene en costas;

\n\n

El acto de audiencia pblica celebrada\n el dÌa 26 de agosto de 1999; las conclusiones de las partes,\n las pruebas por ellas aportadas y dem·s documentos obrantes\n en el expediente; y,

\n\n

Que todo lo anterior se efectuÛ\n de conformidad con las disposiciones procedimentales establecidas\n por el Tratado de CreaciÛn del Tribunal, su Estatuto y\n su Reglamento Interno, y teniendo en cuenta:

\n\n

1.ANTECEDENTES

\n\n

1.1. La demanda.

\n\n

El Secretario General de la Comunidad\n Andina deduce acciÛn de incumplimiento por la falta de\n aplicaciÛn de las decisiones 378 y 379 por parte del Gobierno\n de Bolivia, solicitando al Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina, ordene a la Repblica de Bolivia cumplir con las decisiones\n citadas, a fin de que ponga en vigencia el rÈgimen de\n valoraciÛn aduanera y la declaraciÛn andina del valor.

\n\n

1.1.1. Hechos de la demanda.

\n\n

Entre los hechos de la demanda se menciona\n que el 19 de .junio de 1995 la ComisiÛn del Acuerdo de\n Cartagena aprobÛ la DecisiÛn 378 cuyo artÌculo\n 1 establece que ìpara los efectos de ValoraciÛn\n Aduanera los PaÌses Miembros se regir·n por la\n presente DecisiÛn, y por lo dispuesto en el texto del "Acuerdo\n relativo a la aplicaciÛn del artÌculo VII del Acuerdo\n General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994" (Acuerdo\n del GATT de 1994) que figura como anexo a la presente DecisiÛn\n ".

\n\n

Que en la misma fecha, se aprobÛ\n la DecisiÛn 379 sobre determinaciÛn del valor de\n las mercaderÌas importadas, seÒalando en su disposiciÛn\n final que la misma "entrar· en vigencia a m·s\n tardar el 31 de diciembre de 1995 para Bolivia, Colombia, Per\n y Venezuela y, a m·s tardar el 30 de junio de 1996, para\n Ecuador".

\n\n

Se dice igualmente que en fecha 13 de\n diciembre de 1996, el Gobierno de Bolivia expidiÛ el Decreto\n Supremo 24440 tendiente a "aplicar y reglamentar las normas\n del valor establecida en el CÛdigo de Valor del GATT (OMC),\n asÌ como la declaraciÛn jurada del Valor".\n Que el 20 de septiembre por Decreto Supremo N 24851, Bolivia\n encomienda a su Ministro de Hacienda "conformar una comisiÛn\n para la elaboraciÛn de una norma sobre valorizaciÛnî.

\n\n

Que el 2 de junio de 1998, la SecretarÌa\n General de la Comunidad Andina remitiÛ al Gobierno de Bolivia\n la nota de observaciones SG/DI/O - 812/98, debido a su incumplimiento\n en la aplicaciÛn de las decisiones 378 y 379 concediÈndole\n un plazo de 30 dÌas calendario para responder vencidos\n los cuales no lo hizo. Que por tal razÛn, el 3 de septiembre\n de 1998, la SecretarÌa General emitiÛ la ResoluciÛn\n 123 que contiene el dictamen N 31 - 98, por el que se determina\n que al no aplicar las decisiones citadas, la Repblica de Bolivia\n ìestaba incumplimiento con normas del ordenamiento jurÌdico\n de la Comunidad Andina, especÌficamente, del Art. 5 del\n Tratado de CreaciÛn del Tribunal de Justicia, del Art.\n 1 de la DecisiÛn 378 y de la disposiciÛn final de\n la DecisiÛn 379î.

\n\n

Que hasta la fecha de interponerse la\n presente demanda, no se ha dado cumplimiento a las referidas\n decisiones, asÌ como tampoco a la ResoluciÛn 123\n de la SecretarÌa General, contentivo del dictamen de incumplimiento.

\n\n

1.1.2. Fundamentos de derecho de la\n demanda.

\n\n

En los aspectos adjetivos cita y transcribe\n el Art. 5 del Tratado de CreaciÛn del Tribunal seÒalando\n las obligaciones de "HACER" y de "NO HACER"\n que tienen los PaÌses Miembros en ' relaciÛn con\n el Ordenamiento JurÌdico Comunitario haciendo menciÛn\n de la jurisprudencia correspondiente, especialmente la contenida\n en las sentencias en los procesos Nros. 06 - IP - 94, 1 - Al\n - 96 y 1 - Al - 97.

\n\n

En los aspectos sustantivos se menciona\n la DecisiÛn 378, transcribiendo su artÌculo 1 y\n comentando acerca de sus propÛsitos y finalidades y la\n DecisiÛn 379, en su parte final, en concordancia con el\n Art. 3 del Tratado de CreaciÛn del Tribunal.

\n\n

AsÌ mismo se refiere a la ResoluciÛn\n 123, que dictaminÛ el incumplimiento del Gobierno de Bolivia,\n al no aplicar las decisiones 378 y 379 en contravenciÛn\n del Art. 5 ahora 4, del Tratado de CreaciÛn del Tribunal.

\n\n

Sobre las pruebas se solicita tener\n como tales copias de las decisiones cuyo incumplimiento se denuncia;\n copias de los decretos supremos de Bolivia relativos a la materia,\n copias de la nota de observaciones de la SecretarÌa General\n y el dictamen de incumplimiento asÌ como la resoluciÛn\n sobre delegaciÛn del Secretario General en favor del Director\n General para ejercer la representaciÛn jurÌdica\n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con las\n facultades especificadas.

\n\n

1.2. La contestaciÛn de la demanda.

\n\n

La Repblica de Bolivia, no obstante\n haber sido debida y oportunamente notificada de la interposiciÛn\n de la demanda en su contra por parte de la SecretarÌa\n General, guardÛ silencio en esta etapa procesal, razÛn\n por la cual el Tribunal, conforme lo dispone el artÌculo\n 44 de su Estatuto, dio por contradicha la demanda en todas sus\n partes y ordenÛ continuar con la etapa subsiguiente del\n proceso.

\n\n

1.3. La audiencia pblica y los alegatos\n de conclusiÛn de las partes.

\n\n

El Tribunal convocÛ la audiencia\n pblica estatutaria con el fin de oÌr a las partes. cumpliÈndose\n Èsta el 26 de agosto de 1999 con la asistencia de la SecretarÌa\n General, en calidad de demandante y la Repblica de Bolivia, como\n parte demandada.

\n\n

1.3.1. Alegatos de conclusiones de la\n parte actora.

\n\n

La SecretarÌa General inicia\n su alegato con un resumen de los hechos que sirven de fundamento\n a la demanda, ratificando el objeto de la acciÛn como falta\n de aplicaciÛn de las Decisiones 378 y 379 por parte del\n Gobierno de Bolivia".

\n\n

Asimismo se refiere al Art. 51 del Tratado\n de CreaciÛn del Tribunal, a las decisiones 378 y 379 de\n la comisiÛn y a la ResoluciÛn 123 de la SecretarÌa\n General, explicando su fundamentaciÛn y apoy·ndose\n en la jurisprudencia del Tribunal, para concluir que "el\n Gobierno de Bolivia ha incurrido en incumplimiento de las Decisiones\n 378 y 379 al no adoptar las medidas que permitan su aplicaciÛn";\n asÌ como de la ResoluciÛn 123 relativa al Dictamen\n 31 - 98.

\n\n

En cuanto a las supuestas dificultades\n para implementar las mencionadas decisiones, las cuales a su\n juicio, permiten facilitar las negociaciones con otros paÌses\n o acuerdos de integraciÛn, manifiesta que su aplicaciÛn\n es necesaria por principio de transparencia en el comercio internacional,\n aconsejando "capacitar a los funcionarios de aduanas de\n los PaÌses Miembros, lo cual se viene haciendo desde al\n aÒo 1994"; aspecto que, se destaca, tambiÈn\n obedece al interÈs de la SecretarÌa General de\n prestar apoyo tÈcnico para que se cumpla con el ordenamiento\n jurÌdico andino.

\n\n

Luego de referirse a otros comentarios\n efectuados en la audiencia, censura el procedimiento asumido\n por Bolivia al no contestar la demanda y la falta de aplicaciÛn\n de las decisiones 378 y 379, las cuales fueron adoptadas "voluntaria\n y soberanamente por los PaÌses Miembros", para finalizar\n solicitando el pronunciamiento del Tribunal sobre el incumplimiento\n de las decisiones citadas y la ResoluciÛn 123, por parte\n del Gobierno de Bolivia, por contravenir dicha conducta el artÌculo\n 5 del Tratado de CreaciÛn del Tribunal, y ratificando que\n tal pronunciamiento sea con expresa condena en costas para la\n parte demandada.

\n\n

1.3.2. Alegatos de conclusiones de la\n demandada.

\n\n

El representante del Gobierno de Bolivia\n inicia la presentaciÛn de sus conclusiones con una descripciÛn\n de los antecedentes de la demanda interpuesta por la SecretarÌa\n General aduciendo presunto incumplimiento de las decisiones 378\n y 379, su admisiÛn por el Tribunal, la no contestaciÛn\n a la demanda y la presunciÛn del Art. 44 del Estatuto sobre\n consecuencias legales atribuidas por la no contestaciÛn.

\n\n

En sus consideraciones sobre fundamentos\n de hecho y de derecho expresa que la demandante en sus pretensiones\n adolece de insuficiencias, por falla de interpretaciÛn\n armÛnica y sistem·tica de los artÌculos 23\n y 54 del Decreto Supremo 24440 que adopta las "Disposiciones\n Generales para los RegÌmenes Aduaneros de ImportaciÛn\n e InternaciÛn Temporal "; advirtiendo que tienen estrecha\n relaciÛn con la aplicaciÛn de normas relativas a\n valoraciÛn aduanera, que sintetiza en dos puntos.

\n\n

Seguidamente se refiere al Decreto Supremo\n 24851 de 20 de septiembre de 1997, citado tambiÈn por\n el demandante, abrogatorio del Decreto Supremo 24600 y que encomienda\n al Ministro de Hacienda "conformar una comisiÛn para\n la elaboraciÛn de una norma sobre valoraciÛn aduanera\n "; comentando sobre dicho decreto supremo derogado, que\n pretendiÛ poner en aplicaciÛn nuevas medidas sobre\n valoraciÛn aduanera y mediante el Decreto Supremo 24851\n se hace manifiesta la "intenciÛn de persistir en el\n empeÒo de aplicar" las normas del CÛdigo del\n Valor del GATT (OMC), lo cual implica "acogerse a lo dispuesto\n por el numeral 1) del artÌculo 20 de este instrumento\n y diferir, en consecuencia la aplicaciÛn del mismo hasta\n el 13 de septiembre del aÒo 2000 ".

\n\n

Comenta sobre medidas posteriores adoptadas\n por el Gobierno de Bolivia, luego de estar en vigencia la ResoluciÛn\n 123 que aprueba el Dictamen 31 - 98, y que son directamente vinculadas\n con la aplicaciÛn de las decisiones 378 y 379, diciendo\n que se dictÛ el Decreto Supremo 25279 de 28 de enero de\n 1999 que es relativo al Programa de Reforma y ModernizaciÛn\n de la AdministraciÛn de Aduanas y sustituye al Decreto\n Supremo del 29 de abril de 1929. Afirma que la nueva legislaciÛn\n "introduce importantes cambios en todo el sistema de administraciÛn\n de aduanas, los cuales responden ,en esencia, a las necesidades\n derivadas de la nueva polÌtica econÛmica aplicadas\n por el paÌs en los ltimos aÒos, asÌ como\n a los compromisos y reglas del derecho, acordados tanto en el\n marco de la OMC, como en el marco de los diversos sistemas jurÌdicos\n de integraciÛn econÛmica", Pertinentes a la\n Comunidad Andina, mencionando al efecto los artÌculos\n 143, 145 y 146, los cuales transcribe, concluyendo en el sentido\n de que dicho rÈgimen jurÌdico es claro en cuanto\n a la aplicaciÛn en materia de valoraciÛn aduanera\n de las disposiciones contenidas en las decisiones 378 y 379.\n Asimismo se refiere al Art. 144 de la Ley 1990 que regula aspectos\n sobre valor de diferentes transacciones, cuyo texto se hizo conocer\n a la parte demandante; peto que por razones obvias, segn afirma,\n ni el Decreto Supremo 25279 ni la Ley 1990 que se adoptaron con\n posterioridad a la demanda y a la ResoluciÛn 123 de la\n SecretarÌa General, fueron consideradas.

\n\n

Se refiere al Art. 3 del Tratado de\n CreaciÛn del Tribunal, manifestando que sus disposiciones\n "por imperio del ordenamiento jurÌdico del Acuerdo\n de Cartagena, son plenamente v·lidas en el ordenamiento\n jurÌdico boliviano ". Y reitera que la norma legal\n contenida en la Ley 1990, ìcontiene, precisas e inequÌvocas\n disposiciones relativas a la plena aplicaciÛn de las decisiones\n 378 y 379 y, como corolario del Acuedo del Valor del GATT 1994";

\n\n

Sobre lo estipulado por el Art. 263\n de la citada ley, en el sentido de que se halla sujeta a la reglamentaciÛn\n pertinente a ser emitida por el Poder Ejecutivo, seÒala\n que debe cumplirse "en un plazo no mayor a noventa dÌas\n de su promulgaciÛn "; o sea que el demandante basa\n su apreciaciÛn en un acontecimiento futuro de dudosa pertinencia\n que da a entender un "presunto incumplimiento" que\n se basarÌa en ìuna simple presunciÛn sobre\n la ocurrencia o no de acontecimientos en el futuro ".

\n\n

Con referencia a las circunstancias\n de efectiva y plena aplicaciÛn de las decisiones 378 y\n 379, afirma que la demandante ha pasado por alto las medidas\n o dispositivos de Ìndole administrativa que son requeridos\n y que Bolivia, por tratarse de una transformaciÛn sustantivo\n en materia de valoraciÛn en aduana, al igual que los dem·s\n PaÌses Miembros, venÌan aplicando hasta la DecisiÛn\n 378, toda vez que difÌcilmente pudo haber tenido una ejecuciÛn\n inmediata". En este aspecto trae a colaciÛn la propuesta\n del Programa de Trabajos y el Presupuesto, en el que la SecretarÌa\n General incluye en el punto 4.6. "Programa de Desarrollo\n Aduaneroî; admitiendo implÌcitamente que esta aplicaciÛn\n ser· el resultado de un proceso interno, "sobre todo\n de Ìndole administrativa ".

\n\n

Como punto final anota que el Gobierno\n de Bolivia. despuÈs de las decisiones 378 y 379, dictÛ\n normas de derecho vinculadas con su aplicaciÛn formando\n parte de un proceso que lleva adelante con el fin de impulsar\n un cambio sustantivo en el rÈgimen jurÌdico que\n regula el sistema de administraciÛn aduanera y dar cumplimiento\n a los compromisos asumidos por el paÌs, tanto dentro del\n ordenamiento jurÌdico de la OMC como dentro de la Comunidad\n Andina, relevando la promulgaciÛn de la Ley 1990.

\n\n

Luego de referirse a la pretensiÛn\n de la demandante para solicitar pronunciamiento sobre las disposiciones\n cuyo incumplimiento se demanda, hace una relaciÛn pormenorizado\n de las disposiciones legales dictadas por el Gobierno de Bolivia,\n con directa relaciÛn al cumplimiento de las decisiones\n 378 y 379, invocando que el fallo sea dictado con arreglo a derecho\n y que el Tribunal definir· con precisiÛn, el alcance\n de la pretensiÛn expuesta por la parte demandante

\n\n

En base a las consideraciones, expuestas,\n solicita al Tribunal que, "luego de sopesar y apreciar,\n todos los elementos referidos, se digne declarar infundada la\n demanda presentada por la SecretarÌa General de la Comunidad\n Andina y emitir en consecuencia, pronuncia

 

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