Registro Oficial. 14 de MARZO del 2000

Martes, 14 de marzo de 2000

Última modificación: Miércoles, 17 de julio de 2013 | 11:00

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   MES DE MARZO DEL 2000
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 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
\n

Martes 14 de Marzo del 2000

\n

REGISTRO OFICIAL No. 35

\n

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

\n

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

\n

\n\n

FUNCION\n EJECUTIVA

\n\n

ACUERDO:

\n\n

MINISTERIO\n DE COMERCIO EXTERIOR:

\n\n

2000265 Designase a varios funcionarios para\n que integren el Directorio y participen en las sesiones del Parque\n Industrial Ambato C.E.M

\n\n

RESOLUCIONES:

\n\n

AGENCIA\n DE GARANTIA DE DEPOSITOS:

\n\n

AGD-00-008\n Sométese\n a la Sociedad Financiera VALORFINSA S.A., al procedimiento de\n saneamiento previsto en el artículo 24 de la Ley de Reordenamiento\n en Materia Económica, en el Area Tributario Financiera

\n\n

AGD-00-009 Modificase la Resolución\n No. AGD-99- 039 de 1 de octubre de 1999

\n\n

ACUERDO\n DE CARTAGENA:

\n\n

334\n Precios\n de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la\n segunda quincena de enero del 2000, correspondientes a la Circular\n No. 116 del 4 de enero del 2000

\n\n

335 Recurso de Reconsideración presentado\n por la Federación Ecuatoriana de Industrias Procesadoras\n del Metal y Productoras de Acero, Maquinaria y Equipo (FEDIMETAL),\n en contra de la Resolución 301 de la Secretaría\n General

\n\n

336 Publicación de acuerdos\n suscritos en desarrollo del Convenio de Complementación\n en el Sector Automotor

\n\n

337 Pronunciamiento sobre medidas\n para solucionar un caso de dudas sobre el cumplimiento de normas\n de origen

\n\n

338 Limitación de los Derechos Variables\n Adicionales del Sistema Andino de Franjas de Precios aplicables\n al maíz amarillo para el período 1 de febrero al\n 31 de julio del 2000

\n\n

339 Reclamación presentado por el\n Gobierno de Ecuador contra el Gobierno de Venezuela, por restricción\n al comercio de azúcar blanco

\n\n

340 Precios de Referencia del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para la primera quincena de febrero del\n 2000, correspondientes a la Circular No. 117 del 17 de enero\n del 2000

\n\n

ORDENANZA MUNICIPAL:

\n\n

Cantón\n Guaranda: Que\n regula la administración del personal de servidores de\n la Municipalidad sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera\n Administrativa\n

\n \n
\n

 

\n\n

No. 2000265

\n\n

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION\n Y PESCA

\n\n

Considerando:

\n\n

Que esta Secretaría de Estado es accionista del Parque\n Industrial Ambato Compañía de Economía Mixta;

\n\n

Que es conveniente designar a los delegados para que conformen\n el Directorio e intervengan en las sesiones de la indicada compañía;\n y,

\n\n

En ejercicio de la facultad establecida en el Art. 35 de la\n Ley de Modernización del Estado, promulgada en el Registro\n Oficial No. 349 de 31 de diciembre de 1993,

\n\n

Acuerda:

\n\n

Artículo Unico. - Designar a los siguientes funcionarios\n para que, en representación de esta Secretaría\n de Estado, integren el Directorio y participen en las sesiones\n del Parque Industrial Ambato C.E.M.:

\n\n

PRINCIPALES SUPLENTES

\n\n

Ing. Augusto Tosi Ing. Zoila Miranda
\n Eco. Jaime Cueva Ing. Alfonso Urrutia

\n\n

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito\n Metropolitano, 1 de marzo del 2000.
\n f) Ing. Roberto Peña Durini.
\n Comparada esta copia con el original es igual. - Lo certifico.
\n f ) Patricio Paredes C., Director Administrativo, MICIP.

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

No. AGD -\n 00 - 008

\n\n

Gustavo Muñoz González
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS, SUBROGANTE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, la Junta Bancaria mediante Resolución N° JB\n - 2000 - 193 de 10 de febrero del 2000, ha resuelto declarar\n a Sociedad Financiera VALORFINSA S.A., incursa en el numeral\n 1 del artículo 150 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, particular que ha sido comunicado al\n Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos\n (AGD), mediante oficio N° JB - 2000 - 065, de la misma fecha;

\n\n

Que, de conformidad con el literal a) del artículo\n 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en\n el Area Tributario - Financiera, al encontrarse la referida institución\n incursa en el numeral 1 del artículo 150 de la Ley General\n de Instituciones del Sistema Financiero, da lugar a que el Directorio\n de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) inicie\n el Procedimiento de saneamiento;

\n\n

Que el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos\n (AGD) en sesión celebrada el día 16 de febrero\n del 2000, en conocimiento de la Resolución N° JB -\n 2000 - 193 de la Junta Bancaria y de los documentos que sirvieron\n de fundamento para su expedición, autorizó al Superintendente\n de Bancos, Presidente del Directorio la expedición de\n la presente resolución; y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve.

\n\n

ARTICULO 1. - Someter a la Sociedad Financiera VALORFINSA\n S.A., al procedimiento de saneamiento previsto en el artículo\n 24 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en\n el Area Tributario - Financiera, y en tal virtud garantizar el\n pago de los saldos de depósitos y otras captaciones efectuadas\n en esa entidad, con los correspondientes intereses calculados\n hasta el día 15 de febrero del 2000, en los términos\n establecidos por dicha ley.

\n\n

ARTICULO 2. - Declarar que por haberse dado inicio al procedimiento\n de saneamiento quedan suspendidos los derechos de los accionistas\n de Sociedad Financiera VALORFINSA S.A., removidos los directores,\n administradores y apoderados; y, que la Agencia de Garantía\n de Depósitos asume todas las atribuciones de la Junta\n General de Accionistas y el Gerente General de la AGD la representación\n legal, judicial y extrajudicial de dicha sociedad financiera.

\n\n

ARTICULO 3. - Designar al señor Antonio González\n Guevara, Administrador temporal de la Sociedad Financiera VALORFINSA\n S.A., quien deberá cumplir con las obligaciones previstas\n en la ley, y las disposiciones que emanen del Directorio de la\n Agencia de Garantía de Depósitos o de su Gerente\n General.

\n\n

ARTICULO 4. - Disponer que los anteriores administradores\n de la Sociedad Financiera VALORFINSA S.A. presenten en un plazo\n de 8 días los estados financieros fidedignos de su representada,\n cortados al 15 de febrero del 2000, a fin de garantizar los niveles\n de solvencia que aseguren los intereses del Estado.

\n\n

ARTICULO 5. - Comunicar al público que de conformidad\n con el artículo 30 de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica, en el Area Tributario - Financiera, en concordancia\n con el artículo 15 de la Ley General de Instituciones\n del Sistema Financiero, no podrán iniciarse procedimientos\n judiciales ni administrativos contra Sociedad Financiera VALORFINSA\n S.A. en saneamiento, no podrán decretarse embargos ni\n gravámenes, ni dictarse otras medidas precautelatorias\n sobre sus bienes, ni seguirse procedimientos de ejecución\n de sentencias en razón de fallos judiciales y/o administrativos,\n a causa de obligaciones contraídas con anterioridad a\n la fecha en que se resolvió iniciar el procedimiento de\n saneamiento y mientras tal situación continúe en\n vigor, con las excepciones previstas en dicho artículo.

\n\n

ARTICULO 6. - Disponer que el Registrador Mercantil del cantón\n Quito, inscriba la presente resolución y ponga las notas\n previstas en la Ley de Registro.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

\n\n

Dada en Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis\n días del mes de febrero del dos mil.

\n\n

f ) Ing. Gustavo Muñoz González, Superintendente\n de Bancos, Subrogante, Presidente del Directorio.

\n\n

Proveyó y firmó la resolución que antecede\n el señor ingeniero Gustavo Muñoz González,\n Superintendente de Bancos, Subrogante, Presidente del Directorio\n de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), en\n Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días\n del mes de febrero del 2000.
\n Lo certifico:
\n f ) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario del Directorio.
\n Es fiel copia. - Lo certifico.

\n\n

f) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Agencia de Garantía\n de Depósitos.

\n\n

Quito, 21 de febrero del 2000

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

N° AGD\n - 00 - 009

\n\n

Gustavo Muñoz González
\n SUPERINTENDENTE DE BANCOS, SUBROGANTE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

\n\n

Considerando:

\n\n

Que, mediante Resolución No AGD - 99 - 039 de 1 de\n octubre de 1999, el Directorio de la Agencia de Garantía\n de Depósitos, expidió el Procedimiento Codificado\n y Reformado para la cobertura de depósitos y pago de la\n aportación que las IFIs deben efectuar a la AGD,

\n\n

Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del\n artículo 2 de la citada resolución establece las\n tasas de interés aplicables para determinar los 1 depósitos\n y captaciones que, en atención al inciso segundo del artículo\n 21 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en\n el Area Tributario - Financiera, se encuentran excluidos de la\n garantía de depósitos;

\n\n

Que, el esquema de dolarización anunciado por el señor\n Presidente Constitucional de la República determina la\n necesidad de introducir reformas a la norma procedimental citada\n en el considerando anterior,

\n\n

Que, el Directorio de la Agencia de Garantía de Depósitos,\n en sesión celebrada el 16 de febrero del 2000, conoció\n el texto de la presente resolución, autorizando su expedición;\n y,

\n\n

En ejercicio de sus atribuciones legales,

\n\n

Resuelve:

\n\n

ARTICULO UNICO. - Sustituir el numeral 4 del artículo\n 2 de la Resolución N° AGD - 99 - 039 de 1 de octubre\n de 1999, por el siguiente:

\n\n

"4. - En sucres y en dólares, cuya tasa se hubiera\n pactado en tres puntos porcentuales o más por encima del\n promedio de la tasa para operaciones pasivas de libre contratación,\n considerando para el efecto las tasas de interés promedio\n ponderadas para operaciones pasivas de libre contratación\n por plazo de captación en dólares de los bancos,\n calculadas por el Banco Central del Ecuador para la semana anterior\n a la que se realice la captación. Si alguna semana el\n BCE no pudiere calcular y publicar la tasa promedio ponderada\n para determinados plazos, se considerará la última\n tasa semanal calculada y reportada por ésta para dichos\n plazos".

\n\n

La presente resolución entrará en vigencia a\n partir de ésta fecha, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.

\n\n

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.\n - Dada en Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciséis\n días del mes de febrero del dos mil.

\n\n

f ) Ing. Gustavo Muñoz González, Superintendente\n de Bancos, Subrogante, Presidente Directorio.

\n\n

Proveyó y firmó la resolución que antecede\n el ingeniero Gustavo Muñoz González, Superintendente\n de Bancos, Subrogante, Presidente del Directorio de la Agencia\n de Garantía de Depósitos, en Quito, Distrito Metropolitano,\n a los dieciséis días del mes de febrero del dos\n mil.
\n Lo certifico:
\n f ) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario del Directorio.
\n Es fiel copia. - Lo certifico.

\n\n

f.) Lic. Pablo Cobo Luna, Secretario General, Agencia de Garantía\n de Depósitos.

\n\n

Quito, 21 de febrero del 2000.

\n\n

 

\n\n

 

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RESOLUCION\n 334

\n\n

Precios de Referencia del Sistema Andino\n de Franjas de Precios para la segunda quincena de enero del 2000,\n correspondientes a la Circular N° 116 del 4 de enero del\n 2000

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia\n 'de la Comunidad Andina, la Decisión 371 de la Comisión\n sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios y la Resolución\n 169 de la Secretaría General,

\n\n

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de lo establecido en el\n artículo 22 de la Decisión 371, y para efectos\n de la aplicación de las tablas aduaneras publicadas en\n la Resolución 169 o de efectuar los cálculos establecidos\n en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión\n 371, la Secretaría General debe comunicar quincenalmente\n a los Países Miembros los precios de referencia del Sistema\n Andino de Franjas de Precios,

\n\n

Que, es necesario facilitar a las autoridades aduaneras nacionales\n la aplicación oportuna de los precios de referencia, evitando\n la necesidad de someter dichos precios a ratificación\n mediante disposiciones internas y publicación en diarios\n oficiales,

\n\n

Que, en virtud del artículo 1 del Tratado de Creación\n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las resoluciones\n de la Secretaría General hacen parte del ordenamiento\n jurídico andino, y,

\n\n

Que, de acuerdo al artículo 4 del tratado citado, los\n Países Miembros están obligados a adoptar las medidas\n que sean

\n\n

necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que\n conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,\n y se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna\n que sea contraria a dichas normas o que de algún modo\n obstaculice su aplicación,

\n\n

Resuelve:

\n\n

Artículo 1. - Se fijan los siguientes precios de referencia\n del Sistema Andino de Franjas de Precios correspondientes a la\n segunda quincena de enero del 2000:

\n\n

NANDINA PRODUCTO MARCADOR PRECIO DE REFERENCIA (USD/t)

\n\n

0203.29.00 Carne de cerdo 1327 (Un mil trescientos veinte\n y siete)
\n 0207.14.00 Trozos de pollo 638 (Seiscientos treinta y ocho)
\n 0402.21.19 Leche entera 1759 (Un mil setecientos cincuenta y\n nueve)
\n 1001.10.90 Trigo 125 (Ciento veinte y cinco)
\n 1003.00.90 Cebada 123 (Ciento veintitrés)
\n 1005.90.11 Maíz amarillo 110 (Ciento diez)
\n 1005.90.12 Maíz blanco 100 (Cien)
\n 1006.30.00 Arroz blanco 276 (Doscientos setenta y seis)
\n 1201.00.90 Soya en grano 202 (Doscientos dos)
\n 1507.10.00 Aceite crudo de soya 395 (Trescientos noventa y cinco)
\n 1511.10.00 Aceite crudo de palma 391 (Trescientos noventa y uno)
\n 1701.11.90 Azúcar crudo 157 (Ciento cincuenta y siete)
\n 1701.99.00 Azúcar blanco 197 (Ciento noventa y siete)

\n\n

Artículo 2. - Los precios de referencia indicados en\n el artículo anterior, se aplicarán a las importaciones\n que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el dieciséis\n y el treinta v uno de enero del dos mil.

\n\n

Artículo 3. - Para la determinación de los derechos\n variables adicionales o las rebajas arancelarias que correspondan\n a los precios de referencia indicados en el artículo 1,\n se podrán utilizar las tablas aduaneras publicadas en\n la Resolución 169 de la Secretaría General, o se\n efectuarán los cálculos que se establecen en los\n artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 371.

\n\n

Artículo 4. - En cumplimiento del artículo 17\n de la Decisión 425, comuníquese a los Países\n Miembros la presente resolución.

\n\n

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los cuatro días\n del mes de enero del dos mil.

\n\n

VICTOR MANUEL RICO FRONTAURA,
\n Director General
\n Encargado de la Secretaría General

\n\n

 

\n\n

 

\n\n

RESOLUCION\n 335

\n\n

Recurso de Reconsideración presentado\n por la Federación Ecuatoriana de Industrias Procesadoras\n del Metal y Productoras de Acero, Maquinaria y Equipo (FEDIMETAL),\n en contra de la Resolución 301 de la Secretaría\n General

\n\n

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

\n\n

VISTOS: Los artículos 105 y 106 del Acuerdo de Cartagena,\n las decisiones 283 de la Comisión y 425 del Consejo Andino\n de Ministros de Relaciones Exteriores, las resoluciones 221,\n 231, 266 y 301 de la Secretaría General, y el recurso\n de reconsideración presentado por la Federación\n Ecuatoriana de Industrias Procesadoras del Metal y Productoras\n de Acero, Maquinaria y Equipo (FEDIMETAL) en contra de la Resolución\n 301 de la Secretaría General; y,

\n\n

CONSIDERANDO: Que la Secretaría General, a solicitud\n de la empresa Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) C.A. de\n Venezuela, resolvió iniciar, mediante Resolución\n 221 del 28 de abril de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del\n Acuerdo de Cartagena 433 del 30 de abril de 1999, la investigación\n sobre supuestas prácticas de dumping, respecto de las\n importaciones de Ecuador, de productos planos de acero, de anchura\n superior o igual a 600 mm., laminados en caliente (LAC) o laminados\n en frío (LAF), comprendidos en las partidas NANDINA 72.08\n y 72.09, originarios o provenientes de Rusia, Ucrania y Kazakhstán;

\n\n

Que mediante Resolución 231 del 28 de mayo de 1999,\n publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro.\n 446 del 4 de junio de 1999. la Secretaría General determinó,\n entre otros, que el Gobierno de Ecuador imponga una medida correctivo\n inmediata, en la forma de constitución de garantía\n o mediante una fianza, de US$ 23 por tonelada, a las importaciones\n originarias o provenientes de la Federación de Rusia,\n de productos planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior\n o igual a 600 mm., LAC, sin chapar ni revestir, comprendidos\n en la partida NANDINA 72.08; y, de US$ 75 por tonelada, a las\n importaciones de similares productos, LAF, comprendidos en la\n partida NANDINA 72.08, originarias o provenientes de la Federación\n de Rusia, que tuvieran producción a nivel subregional;

\n\n

Que mediante Resolución 301 del 11 de octubre de 1999,\n publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nro.\n 495 del 14 de octubre de 1999, la Secretaría General determinó,\n en su artículo 1, que el Gobierno de Ecuador imponga,\n por un año calendario contado a partir de la fecha de\n entrada en vigencia de dicha resolución, los siguientes\n derechos antidumping definitivos:

\n\n

(Anexo 14MZT1)

\n\n

Que asimismo, mediante los artículos 3 y 4 de la referida\n resolución, la Secretaría General determinó\n que el Gobierno del Ecuador haga efectiva la garantía\n o fianza de US$ 23 tonelada, a que se refiere la Resolución\n 231, a las importaciones originarias o provenientes de la Federación\n de Rusia, de los productos comprendidos en las subpartidas 7208.37.00,\n 7208.38.00, 7208.39.00, 7208.52.00 y 7208.53.00 identificados\n en el párrafo anterior; y, de US$ 8,88 tonelada, de los\n productos comprendidos en las subpartidas 7209.16.00 y 7209.17.00,\n identificados asimismo en el párrafo anterior;

\n\n

Que mediante la referida resolución, la Secretaría\n General denegó la solicitud de la empresa SIDOR para la\n aplicación de derechos antidumping a las importaciones\n ecuatorianas de productos LAC o LAF, no comprendidos en las subpartidas\n NANDINA a que hace referencia su artículo 1, originarios\n o provenientes de la Federación de Rusia; y a los productos\n comprendidos en las partidas NANDINA 72.08 y 72.09, provenientes\n de las Repúblicas de Ucrania y Kazakhstán;

\n\n

Que con fecha 23 de noviembre de 1999, la Secretaría\n General recibió la comunicación de fecha 18 de\n noviembre de 1999, suscrita por el Presidente y el representante\n legal de FEDIMETAL, mediante la cual presenta recurso de reconsideración\n contra la Resolución 301, solicitando se deje sin efecto\n lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 4 de dicha resolución;\n y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Decisión\n 425, se disponga la suspensión de los efectos de la Resolución\n 301 por causar daño irreparable a las industrias asociadas\n a FEDIMETAL;

\n\n

Que adicionalmente, la Secretaría General recibió,\n el 25 de noviembre de 1999, la comunicación de la misma\n fecha, suscrita por el representante legal de FEDIMETAL, que\n complementa la comunicación de la federación ecuatoriana\n de fecha 23 de noviembre de 1999;

\n\n

Que FEDIMETAL ha manifestado impugnar la Resolución\n 301 por la inaplicabilidad de la Decisión 283, por contravenir\n la legislación ecuatoriana vigente y por estar viciados\n sus requisitos de fondo;

\n\n

Que el Director de Planeamiento de la empresa SIDOR, mediante\n comunicación de fecha 16 de diciembre de 1999, que recibiera\n la Secretaría General en la misma fecha, presentó\n sus alegatos al recurso de reconsideración interpuesto\n por FEDIMETAL y solicitó se desestime y declare sin lugar\n el mismo;

\n\n

Que el artículo 37 de la Decisión 425 establece\n que los interesados podrán solicitar a la Secretaría\n General la reconsideración de cualquier resolución\n de ésta. FEDIMETAL se declaró parte del proceso,\n presentándose como una federación gremial legalmente\n constituida que representa los intereses gremiales de las industrias\n ecuatorianas dedicadas al proceso del metal y a la producción\n de acero, maquinaria y equipo, e identificando a las siguientes\n empresas como socias y miembros activos de su institución:\n Aceropaxi - Novacero, Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC),\n Fundiciones Nacionales (FUNASA), CONDUIT, DIPAC, Ecuatoriana\n de Transformadores (ECUATRAN), Ideal Alambrec S.A., IAA, IPAC,\n METALTRONIC S.A., PERFILAM, PERFILEC - KUBIEC, Talleres Metalúrgicos\n S.A. (TALME), Tubería Galvanizada Ecuatoriana S.A. (TUGALT)\n y VIMSA, las que son, en su mayoría, importadoras de productos\n planos del acero, LAC o LAF;

\n\n

Que en el artículo 39 de la Decisión 425 se\n establece que al solicitar la reconsideración de actos\n de la Secretaría General, los interesados podrán\n impugnarlos, entre otros, por estar viciados en sus requisitos\n de fondo o de forma, e incluso por desviación de poder;

\n\n

Que asimismo, el artículo 44 de la referida decisión\n señala que el recurso de reconsideración podrá\n ser interpuesto dentro de los 45 días siguientes a la\n notificación del acto impugnado. En el caso de recursos\n interpuestos contra actos que hubieran sido publicados en la\n Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, el plazo se contará\n a partir de la fecha de su publicación. Siendo que la\n Resolución 301 fue publicada en la Gaceta Oficial del\n Acuerdo de Cartagena 456 del 14 de octubre de 1999, el plazo\n para la presentación de recursos de reconsideración\n venció el 29 de noviembre de 1999. Habiendo recibido la\n Secretaría General el recurso de reconsideración\n de FEDIMETAL y su comunicación complementaria, los días\n 23 y 25 de noviembre de 1999, respectivamente, dicho recurso\n de reconsideración es admisible,

\n\n

Que en virtud de lo expuesto, corresponde a la Secretaría\n General evaluar los argumentos esgrimidos por FEDIMETAL;

\n\n

Supuesta inaplicabilidad de la Decisión 283.

\n\n

Que el recurso de reconsideración señala la\n falta de competencia de la Secretaría General para determinar\n que el Gobierno del Ecuador imponga derechos antidumping contra\n importaciones originarias de terceros países, derivada\n de la inaplicabilidad de la Decisión 283 al haber sido\n superada por obligaciones multilaterales adquiridas por los Países\n Miembros de la Comunidad Andina ante la Organización Mundial\n del Comercio (OMC), que son de obligatorio cumplimiento. Se señala,\n asimismo, que ello fue reconocido por la Secretaría General\n en la exposición de motivos de la Propuesta Nro. 20 del\n 22 de febrero de 1999,

\n\n

Que adicionalmente, señala FEDIMETAL que, en el caso\n del Ecuador, la obligación de observar las normas del\n Acuerdo Antidumping de la OMC viene dispuesta en los artículos\n 6, 8, y 11 literales i) y j) de la Ley de Comercio Exterior e\n Inversiones (LEXI), así como por la Resolución\n 0003 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI),\n normas de las cuales se desprende que la autoridad competente\n para imponer derechos antidumping a importaciones originarias\n de terceros países es única y exclusivamente el\n COMEXI. De ahí, concluye que, pretender resolver el evidente\n conflicto de competencia con el argumento de que debió\n impugnarse la Resolución 221 que abrió la investigación,\n es simplista e insuficiente por cuanto más allá\n de la falta de competencia de la Secretaría General para\n conducir la investigación, está la incompetencia\n de la Secretaría General para determinar que el Gobierno\n del Ecuador imponga derechos antidumping contra las importaciones\n originarias de terceros países;

\n\n

Que el representante de la empresa SIDOR ha señalado\n que "la Decisión 283 no ha sido derogada por los\n Países Miembros de la Comunidad Andina a pesar de que\n fue modificada por la Comisión el pasado mes de mayo de\n 1999 sólo en lo que respecta a la aplicación de\n medidas antidumping y compensatorias en el comercio intracomunitario",\n y que "tampoco ha sido implícitamente derogada por\n los compromisos que los Países Miembros adoptaron en la\n OMC porque los acuerdos de esa organización, y particularmente\n el párrafo 4.3 del Acuerdo Antidumping, reconocen expresamente\n la facultad de los países que formen parte de acuerdos\n de integración para poder adoptar a nivel regional medidas\n correctivas contra las prácticas que estén causando\n un perjuicio a una producción comunitaria",

\n\n

Que complementa la empresa SIDOR señalando que el recurrente\n omite señalar que el país al cual se aplican las\n medidas antidumping que fueron impuestas mediante la Resolución\n 301, Rusia, no es parte de los acuerdos de la OMC. En tal sentido,\n es sabido que los tratados internacionales no crean derechos\n ni obligaciones para terceros países que no sean partes\n de los mismos;

\n\n

Que finalmente, la empresa SIDOR manifiesta que el literal\n c) del artículo 2 de la Decisión 283 establece\n que la misma es aplicable cuando prácticas de dumping\n originadas en un país de fuera de la Subregión\n Andina amenacen causar o causen un perjuicio importante a la\n producción nacional de un País Miembro destinada\n a la exportación a otro País Miembro, en tanto\n que la competencia de las autoridades nacionales del Ecuador\n y de los demás Países Miembros de la Comunidad\n Andina para investigar importaciones extracomunitarias que se\n realicen en condiciones de dumping, e imponer medidas correctivas\n frente a importaciones subsiste, bajo las disposiciones de la\n Decisión, 283, sólo en lo que se refiere al daño\n que tales importaciones causen, circunscrito a la producción\n nacional del País Miembro importador,

\n\n

Que en dicho sentido, el artículo 47 del Acuerdo de\n Cartagena señala que la solución de controversias\n que surjan con motivo de la aplicación del ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina, se sujetará a\n las normas del tratado que crea el Tribunal de Justicia. Asimismo,\n el artículo 33 del tratado que crea el Tribunal de Justicia\n de la Comunidad Andina señala que los Países Miembros\n no someterán ninguna controversia que surja con motivo\n de la aplicación de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina a ningún tribunal,\n sistema de arbitraje o procedimiento alguno distinto de los contemplados\n en el referido tratado;

\n\n

Que el literal e) del artículo 1 de la Decisión\n 425 señala que el Reglamento de Procedimientos Administrativos\n de la Secretaría General se aplica a los procedimientos\n que se sigan ante la Secretaría General en las investigaciones\n que tengan por objeto determinar la posible existencia de prácticas\n que puedan distorsionar la competencia en la subregión,\n tales como dumping, subsidios o prácticas restrictivas\n de la libre competencia. Del mismo modo, el precitado artículo\n 1 de la Decisión 425 establece que las normas sobre procedimientos\n administrativos contenidas en el Acuerdo de Cartagena,. en el\n Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina, y en decisiones sobre temas especiales, se aplicarán\n con preferencia a las contenidas en el presente reglamento;

\n\n

Que habiendo invocado la empresa SIDOR la Decisión\n 283 y siendo ésta una norma del ordenamiento jurídico\n comunitario, no cabe la posibilidad de someter el presente caso\n a otro mecanismo de solución de controversias distinto\n al previsto en la normativa comunitaria. En tal virtud, la Secretaría\n General, conforme. a lo previsto tanto en la Decisión\n 283 como en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo\n de Cartagena, que dispone que es obligación de este órgano\n comunitario, velar por la aplicación de este acuerdo y\n por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico de la Comunidad Andina, es la autoridad competente\n para llevar a cabo la presente investigación,

\n\n

Que en dicho sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina señala en la sentencia del Proceso 2 - AI - 97\n que:

\n\n

«Los sistemas de integración difieren de los\n sistemas de simple cooperación, porque aquellos persiguen\n fines y políticas comunes como es lograr la unión\n económica, la liberación del intercambio de bienes\n y servicios, la supresión de barreras aduaneras, la libre\n circulación de personas, etc., todo ello mediante la creación\n de un ordenamiento jurídico propio y superior a los ordenamientos\n internos y con preeminencia sobre ellos, con la salvaguarda de\n un organismo jurisdiccional encargado de velar por el respeto\n del orden jurídico.

\n\n

Este ordenamiento jurídico, al decir del connotado\n integracionista Felipe Salazar, "constituye la columna vertebral\n de la organización y de su respeto depende que la organización\n alcance sus fines" (Derecho de la Integración N°\n 28 - 29, "Solución de Conflictos en Organizaciones\n Interestatales para la Integración Económica y\n otras formas de cooperación económica", INTAL,\n noviembre de 1978, página 17).

\n\n

Si la aplicación del derecho comunitario estuviera\n sujeta a la sola voluntad de un País Miembro, en primer\n término se estaría muy lejos de alcanzar los fines\n de una integración económica y de la aplicación\n de políticas comunes, y en un segundo lugar, el respeto\n a las normas comunitarias por parte dé los socios sería\n un hecho condicionado a esas voluntades y no regido por el principio\n de la buena fe que prevalece en el cumplimiento de los tratados.

\n\n

En ese sentido, puede tomarse como referencia lo expresado\n por Jean - Víctor Louis, profesor del Instituto de Estudios\n Europeos de la Universidad Libre de Bruselas: "El Derecho\n Comunitario no puede, en efecto, ver que se subordine su eficacia\n a condiciones que variarían según los Estados Miembros,\n con lo cual fracasaría su necesaria aplicación\n uniforme". [Como lo ha dicho la Corte Europea de Justicia]\n "La realización de objetivos de la Comunidad exige\n que las reglas del Derecho Comunitario, establecidas por el Tratado\n mismo o en virtud de procedimientos instituidos por él,\n se apliquen de pleno derecho en el mismo momento y con idénticos\n efectos sobre toda la extensión del territorio de la Comunidad,\n sin que los estados miembros puedan poner obstáculos de\n cualquier naturaleza" ("Las relaciones entre el Derecho\n comunitario y el derecho nacional en las Comunidades Europeas",\n Derecho de la Integración 14, 1973, Pág. 126).

\n\n

La misma Corte Europea de Justicia decía en 1964: "La\n transferencia operada por los estados de su orden jurídico\n interno en beneficio del orden jurídico voluntario de\n los derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones\n del tratado, acarrea, pues, una limitación definitiva\n de sus derechos soberanos contra la cual no podría prevalecer\n un acto unilateral incompatible con la noción de comunidad"\n (Cita del Profesor Louis).

\n\n

En la actualidad, la solución de conflictos y controversias\n prevista tanto en el acuerdo como en el Tratado del Tribunal,\n tiene un fundamento legal y concreto, pues se origina en la aplicación\n del ordenamiento jurídico propio, el cual se encuentra\n concretado en el artículo 1 del Tratado del Tribunal.\n Elaborado el acuerdo los países suscriptores no pueden\n apartarse de las reglas comunes sin destruir la esencia misma\n del sistema de derecho.

\n\n

En todo ordenamiento jurídico - nacional o comunitario\n - el conflicto puede presentarse pero lo medular es establecer\n los mecanismos de solución y que los países se\n sujeten obligatoriamente a ellos. Transgredir esos procedimientos\n y optar por soluciones propias y unilaterales no previstas en\n los respectivos ordenamientos, constituiría una clara\n violación a los principios jurídicos, pues, debe\n entenderse que las normas procedimentales son establecidas en\n los diferentes países - así también en el\n derecho comunitario; precisamente, para seguir un camino legal\n para que el derecho violado o infringido por una persona pueda\n tener el reparo por medio de la autoridad judicial respectiva.\n La reparación del derecho no puede ser ejercida por mano\n propia y aplicando criterios individuales apartados de un ordenamiento\n jurídico. Muy lejos está del Derecho Andino el\n haber consagrado mecanismos de solución propios de cada\n país o que signifiquen una actitud unilateral desconocida\n dentro del régimen establecido en ese ordenamiento comunitario\n como el camino exclusivo y excluyente para la solución\n de conflictos, cuando lo que precisamente prima en su concepción\n jurídica e integracionista, es el acatamiento de los Países\n Miembros y de sus ciudadanos a ese derecho del ordenamiento jurídico.

\n\n

Así el artículo 33 del tratado y el artículo\n 47 del acuerdo, configuran las bases o principios sobre los que\n descansan la solución de controversias en la Subregión\n Andina. Más aún, el último de los citados,\n en su tenor dice: "La solución de controversias que\n surjan con motivo de la aplicación del ordenamiento jurídico\n de la Comunidad Andina, se sujetará a las normas que crea\n el Tribunal de Justicia", normas que prevén que para\n el caso de incumplimiento de un país éste debe\n recurrir directamente a la Junta ahora Secretaría General;\n para iniciar el reparo de la infracción por el incumplimiento\n de un país al ordenamiento jurídico comunitario.\n La causa de un hecho provocado por un País Miembro o por\n intermedio de uno de sus órganos internos - bien se refieran\n a la función ejecutiva, legislativa o judicial - tiene\n un efecto inmediato en ese ordenamiento, cual es el presumiese\n el incumplimiento.

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En consecuencia, los litigios que nacen de la aplicación\n o de la interpretación del tratado y de las normas constitutivas\n comunitarias o del Derecho derivado - Decisiones y Resoluciones\n - son de competencia exclusiva del Tribunal. Como consecuencia\n de esa obligatoriedad los Países Miembros no pueden acudir\n a medidas unilaterales como solución de controversias\n o a otros tribunales o mecanismos diferentes que los preestablecidos\n y fijados para la solución de conflictos dentro del ordenamiento\n comunitario».

\n\n

Que de igual manera., el Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina en la sentencia del Proceso 07 - AI - 98 señala\n que resulta inaceptable "suponer la coexistencia de dos\n ordenamientos jurídicos diferentes de carácter\n internacional que permitirían que los Países Miembros\n justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose\n al que encontrarais más conveniente y dejando de cumplir\n el que les resultara desfavorable",' En tal sentido, "la\n circunstancia de que los Países Miembros de la Comunidad\n Andina pertenezcan a la OMC no los exime de obedecer las normas\n comunitarias so pretexto de que se está cumpliendo con\n las normas de dicha organización o que se pretende cumplir\n con los compromisos adquiridos con ella". Lo anterior, señala\n el Tribunal, "sería ni más ni menos que negar\n la supremacía del ordenamiento comunitario andino que\n como se ha dicho es preponderante no sólo respecto de\n los ordenamientos jurídicos internos de los Países\n Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales\n a que éstos pertenezcan"

\n\n

Que en consecuencia, queda claro que en el presente caso es\n de aplicación la normativa del ordenamiento jurídico\n comunitario, siendo la Secretaría General la autoridad\n competente para resolver el mismo,

\n\n

Que de otra parte, la Federación de Rusia no es miembro\n de la OMC, por lo que, de ser el caso, no le serían aplicables\n las normas previstas en los acuerdos suscritos por, los Países\n Miembros de la Comunidad Andina en el marco de la OMC,

\n\n

 

\n\n

Que asimismo, el artículo 5 de la Resolución\n 305 de la Secretaría General de fecha 15 de octubre de\n 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena\n Nro. 496 del 18 de octubre de 1999, resuelve dictaminar que el\n Gobierno del Ecuador incurrió en un incumplimiento de\n las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento\n jurídico andino, en particular del artículo 4 del\n Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad\n Andina, al adoptar normas jurídicas nacionales a través\n de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones y la Resolución\n 0003 del COMEXI, contrarias a la Decisión 283 de la comisión,

\n\n

Que el presente caso versa sobre la aplicación de la\n Resolución 301 y no sobre un incumplimiento de la normativa\n comunitaria, por lo cual el argumento expresado por FEDIMETAL\n relativo a la falta de competencia de la Secretaría General\n por la inaplicabilidad de la Decisión 283 en el Ecuador,\n es improcedente,

\n\n

Supuestos vicios en los requisitos de fondo de la Resolución\n 301.

\n\n

Calificación de Rusia como economía centralmente\n planificada.

\n\n

Que FEDIMETAL manifiesta que la Secretaría General\n ha calificado a la Federación de Rusia como economía\n centralmente planificada, con el fin de facilitar la investigación\n y establecer el valor normal de los productos objeto de la investigación\n en base a consideraciones de orden subjetivo. Para tal efecto,\n la Secretaría General desconoce la documentación\n que la empresa Severstal le presentara, de la que se desprende\n que dicha empresa opera en condiciones de economía de\n mercado, y el hecho de que el Fondo Monetario Internacional (FMI)\n reconoce a Rusia como economía en transición;

\n\n

Que adicionalmente, FEDIMETAL agrega que la Secretaría\n General justifica su calificación de la Federación\n de Rusia como economía centralmente planificada utilizando\n como argumentos que distintas autoridades competentes en materia\n de dumping han coincidido en calificar a Rusia como tal, a pesar\n de que dichas investigaciones se iniciaron antes de julio de\n 1998, cuando entra en vigor el Reglamento 905/98 del Consejo\n de la Unión Europea; y, que el Gobierno de Rusia tiene\n participación accionaría en la empresa Severstal,\n a pesar que el Gobierno de Venezuela tiene participación\n en el capital de SIDOR. Adicionalmente, señala la recurrente\n que la Secretaría General no agota, en el curso de la\n investigación, el procedimiento establecido en el artículo\n 6 de la Decisión 283 para determinar el valor normal del\n producto similar en el país de origen;

\n\n

Que adicionalmente, en su comunicación del 25 de noviembre\n de 1999, FEDIMETAL señala que muchas legislaciones, específicamente\n la legislación canadiense, establecen que para otorgar\n el tratamiento de economía centralmente planificada, el\n Gobierno del país exportador debe tener un monopolio o\n un monopolio sustancial de sus exportaciones y que los precios\n domésticos sean sustancialmente determinados por el Gobierno\n de ese país. Con base en ello, el Gobierno de Canadá\n habría resuelto otorgar el tratamiento de economía\n de mercado a la Federación de Rusia, por no aplicar las\n disposiciones para economías centralmente planificadas\n previstas en su legislación a dicho país. Por lo\n cual, en el curso de la investigación, los valores normales\n fueron estimados con base en los precios de venta y costos en\n el mercado doméstico ruso;

\n\n

Que el representante de la empresa SIDOR ha señalado\n que los recurrentes no aportaron ninguna evidencia distinta a\n las presentados durante el procedimiento para apoyar su alegato,\n respecto de las condiciones de mercado en la economía\n rusa,

\n\n

Que asimismo, el representante de SIDOR señala que\n el artículo 6 de la Decisión 283 dispone que los\n precios de las transacciones en el país de origen sólo\n serán tenidos en cuenta a los efectos de la determinación\n del valor normal, cuando tales transacciones ocurran en "operaciones\n comerciales normales", siendo que las transacciones en el\n mercado ruso no ocurren dentro de "operaciones comerciales\n normales", como lo determinará la Secretaría\n General, y las distorsiones existentes en el mercado de la Federación\n de Rusia son tantas y tan importantes que los precios a los cuales\n se transan las mercancías no resultan relevantes para\n una determinación del valor normal de un producto. Según\n la empresa SIDOR, resulta obvio que, a pesar de que el Gobierno\n ruso ha puesto en práctica ciertas reformas, la economía\n de ese país no opera aún en condiciones de mercado.\n Los indicadores de la economía rusa demuestran que la\n transición hacia el mercado es un proceso que no ha sido\n completado;

\n\n

Que al respecto, cabe señalar que el Reglamento 905/98\n del Consejo de la Unión Europea, así como la normativa\n canadiense a que hace referencia FEDIMETAL en su comunicación\n del 25 de noviembre de 1999, no forman parte de la normativa\n comunitaria andina sino son referencias del tratamiento otorgado\n a la Federación de Rusia y a sus empresas, por algunas\n autoridades competentes en materia de investigaciones antidumping,\n como lo son también las normativas y decisiones adoptadas\n por otras autoridades nacionales competentes en la materia que\n calificaron a la Federación de Rusia como economía\n centralmente planificada, incluso en dictámenes posteriores\n a la emisión del Reglamento 905/98 del Consejo de la Unión\n Europea;

\n\n

Que de otra parte, si bien la empresa Severstal presentó\n en el curso de la investigación, información que,\n en su criterio, demostraba que operaba en condiciones de economía\n de mercado, mas no la información solicitada por la Secretaría\n General, a efectos de la determinación del valor normal\n con base en un producto similar en el país de origen,\n ni información relativa a sus costos, gastos administrativos\n y de ventas, y márgenes de utilidad,

\n\n

Que cabe tener en cuenta que el valor normal, tal y como lo\n establece la Decisión 283, es el precio realmente pagado\n o por pagar en el curso de operaciones comerciales normales,\n por lo cual, en materia de dumping, el valor normal debe responder\n a un precio libre de cualquier factor que pueda distorsionar\n su resultado;

\n\n

Que efectivamente, como lo señala FEDIMETAL y como\n consta en los considerandos de la Resolución 301, la Secretaría\n General, a efectos de su pronunciamiento, evaluó lo manifestado\n por el FMI, en el sentido de que Rusia y demás estados\n de la ex Unión Soviética tienen economías\n en transición, señalando a tal efecto que una característica\n común de dichos países es que sus economías\n se basaban en la planificación centralizada y actualmente\n se encuentran en una etapa de transición hacia un sistema\n basado en principios de mercado, Dada la rigurosidad que dispone\n la Decisión 283 respecto a la calificación de determinadas\n ventas como operaciones comerciales normales, no sería\n posible aceptar que las ventas efectuadas por un productor de\n un, país con economía centralmente planificada\n o en transición, puedan ser utilizadas como base para\n el cálculo del valor normal, dado que en una u otra medida\n se encontrarían aún influenciadas por la intervención\n que ejerce el Estado en la actividad económica del país\n correspondiente;

\n\n

Que asimismo, y como consta en los considerandos de la Resolución\n 301, la - Secretaría General analizó otras fuentes\n de información y concluyó que: los precios de los\n Productos siderúrgicos en el mercado ruso no eran representativos\n por estar, principalmente, distorsionados por la predominancia\n del mecanismo del trueque en las operaciones comerciales. El\n uso del trueque en una economía atenta contra el mecanismo\n de formación de precios, y cuando un porcentaje elevado\n de transacciones se efectúa por dicho mecanismo, la convertibilidad\n del rublo que mantiene el Gobierno de la Federación de\n Rusia se vuelve irrelevante;

\n\n

Que por lo anteriormente señalado, la Secretaria General\n consideró que los precios de venta en su mercado interno\n no eran representativos principalmente por la predominancia del\n trueque en las operaciones comerciales; que los precios de exportación\n no eran contables por estar siendo investigados por diversas\n autoridades competentes en materia de dumping o estar sujetos\n a derechos antidumping, en varios países, y, que los precios\n de los insumos y materia prima en el mercado de la Federación\n de Rusia, no eran, asimismo, representativos, por la predominancia\n del, trueque, entre otros motivos. Por lo cual, se concluyó\n que a efectos de la investigación que realizaba la Secretaría\n General, correspondía considerar a la Federación\n de Rusia como una economía centralmente planificada y\n recurrir a la estimación del valor normal con base en\n un tercer país, tal como lo establece la Decisión\n 283,

\n\n

Que por lo tanto, la Secretaría General analizó,\n con base en la mejor información disponible para la determinación\n del valor normal, las diferentes alternativas establecidas en\n el artículo 6 de la Decisión 283, actuando de conformidad\n a lo establecido en la norma comunitaria en lo que respecta a\n los procedimientos en investigaciones para prevenir o corregir\n las distorsiones en la competencia generadas por prácticas\n de dumping,

\n\n

Derechos antidumping o derechos compensatorios.

\n\n

Que FEDIMETAL señala que la Secretaría General\n sostiene que el Gobierno de la Federación de Rusia mantiene\n subsidios a servicios básicos e insumos que afectan los\n precios de los productos objeto de la investigación, por\n lo que corresponde dejar sin efecto la denuncia por dumping e\n iniciar los procedimientos necesarios para adoptar derechos compensatorios\n y no derechos antidumping que permitan contrarrestar los efectos\n distorsionadores a la competencia originados por tales subsidios,

\n\n

Que el representante de la empresa SIDOR ha manifestado que\n 'se desprende del propio texto de la Resolución impugnada,\n el señalamiento que hizo la Secretaría General\n respecto de la existencia de subsidios en la economía\n rusa, fue tan solo uno de los aspectos que consideró a\n los fines de determinar que dicha economía no mantiene\n condiciones normales de mercado. La existencia de importantes\n subsidios en dicha economía representan apenas, una de\n las distorsiones que la califican como centralmente planificada\n y excluyen la posibilidad de que los precios en el mercado interno\n puedan ser considerados relevantes a los efectos de la determinación\n del valor normal. Por lo demás, es conocido que pueden\n existir simultáneamente prácticas de dumping y\n de subsidios en una misma importación". La única\n limitación que al respecto establece la Decisión\n 283 consiste en que, en tal caso, no podrán aplicarse\n simultáneamente a un mismo producto importado medidas\n antidumping y compensatorias,

\n\n

Que la empresa SIDOR solicitó la aplicación\n de derechos antidumping a las importaciones ecuatorianas de productos\n siderúrgicos planos, de hierro o acero, LAC o LAF, al\n amparo de lo dispuesto en la Decisión 283. En ese sentido\n la Secretaría General cumplió con aplicar los derechos\n antidumping de que trata la Resolución 301,

\n\n

Derechos antidumping o medidas para corregir distorsiones\n en el comercio intrasubregional v medidas de Protección\n a un monopolio.

\n\n

Que según FEDIMETAL, la Secretaría General utiliza\n el argumento presentado por la empresa SIDOR, en el sentido de\n que "...Ecuador, a diferencia de los países productores\n andinos de productos planos de hierro o acero sin alear como\n Venezuela, Colombia y Perú, no tiene restricciones de\n acceso para los productos provenientes u originarios de Rusia\n ... situación que se agrava por la libre circulación\n de dichos productos en el resto del territorio comunitario, en\n forma de productos transformados....". para justificar la\n imposición de derechos antidumping, siendo que la Secretaría\n General conoce que la libre circulación de productos en\n el territorio comunitario elaborados con materia prima originaria\n de terceros países que afecta a la producción de\n algún País Miembro y produce distorsiones en el\n comercio intrasubregional debe ser controlada mediante otro tipo\n de medidas que tengan como efecto equilibrar las condiciones\n de competencia,

\n\n

Que FEDIMETAL señala que de la información proporcionada\n por la denunciante y de los considerandos de la Resolución\n 301, se desprende que la empresa SIDOR tiene las características\n de un monopolio en la producción y comercialización\n de productos laminados planos de acero, y solicita la atención\n de la Secretaría General sobre las conclusiones alcanzadas\n por los Grupos Especiales de la OMC que, al considerar la imposición\n de medidas antidumping pare proteger a una sola empresa o a un\n monopolio, han sido determinantes en sugerir más bien\n la adopción de otras medidas, puesto que los derechos\n antidumping en estos casos revestirían un carácter\n proteccionista,

\n\n

Que asimismo, FEDIMETAL señala que es posible que la\n Secretaría General tenga otros elementos de juicio que\n le conduzcan a la conclusión de que conviene adoptar derechos\n antidumping para proteger a un monopolio, contrario a los criterios\n vertidos por los Grupos Especiales de la OMC, y solicita que\n se pronuncie sobre este punto planteado por FEDIMETAL en el curso\n de la investigación;

\n\n

Que según SIDOR, los recurrentes no han podid

 

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