Recurso de Casación en los Juicios Ejecutivos

Miércoles, 23 de mayo de 2012

Criterio de la Corte Nacional de Justicia, respecto de la procedencia del recurso de casación en los juicios ejecutivos

Dra. Carmen Romero Ramírez

 Área Civil y Mercantil

 Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia

 

En las reformas a la Constitución Política del Estado, publicadas en el R.O., S. 93 de 23 de diciembre de 1992, en su artículo 15, señala: ?A continuación del artículo 99 añádase el si­guiente: art. ?la Corte Suprema de Justicia actuará como tribunal de casación en todas las materias. Ejercerá además todas las atribucio­nes que le señalaren la Constitución y la ley??, reforma que fue introducida en el artículo 102 de la codi?cación de la Constitución de 1993, publicada en el R.O. 183 de 5 de mayo de 1993, dando así nacimiento a la Corte de Casación. Posteriormente se dicta la ley No. 27, publica­da en el R.O. 192 de 18 de mayo de 1993, con­tentiva de la novísima Ley de Casación, que en su artículo 21 derogó expresamente el recurso de tercera instancia, por lo tanto se cristaliza el cambio al transformarse en Corte de tercera instancia a Corte de Casación en todas las ma­terias especializadas. Si bien era cierto que en las materias de lo Penal y Tributaria ya existía este recurso, aún así en esta ley se dispone ex­presamente que regirá para todas las materias, excepto para la materia penal que se regirá por lo establecido en el Código de Procedimiento Penal. Este cambio signi?caría que la Corte Su­prema se transforme en un ente controlador de la legalidad de las resoluciones emanadas de los jueces de instancia, pero no de todas las resolu­ciones sino de las determinadas en el artículo 2 de dicha ley que disponía: ?Art. 2. Proceden­cia.- El recurso de casación procede contra:

 a) Las sentencias y los autos que pongan ?n a los procesos dictados por las cortes superiores, los tribunales distritales u otros tribunales de ape­lación.

b) Las sentencias y los autos que pongan ?n a los procesos que no son susceptibles de impugnación por medio del recurso de apela­ción; y

c) Las providencias que, dictadas para ejecutar sentencias, resuelvan puntos esencia­les no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o que contradigan lo ejecutoriado?. Con esta disposición estaba claro que procedía el recurso extraordinario de:

a) los autos y sen­tencias que pongan ?n a los procesos; y

b) que estos sean dictados por las cortes superiores, los tribunales distritales u otros tribunales de apelación;

c) las resoluciones que pongan ?n a los procesos que no son susceptibles de im­pugnación por medio del recurso de apelación;

d) las providencias que, dictadas para ejecutar sentencias, resuelvan puntos esenciales no con­trovertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o que contradigan lo ejecutoriado. Posteriormen­te, se hizo reformas a la Ley de Casación que fueron publicadas en el Registro O?cial No. 39 de 8 de abril de 1997, reformándose básica­mente el artículo que se re?ere a la proceden­cia del recurso, y se limitó el mismo solo para los juicios de conocimiento. La reforma decía: ?Art. 2.- El artículo 2 de la Ley de Casación dirá: Procedencia.- El recurso de casación procede contra las sentencias y autos que pongan ?n a los procesos de conocimiento, dictados por las cortes superiores, por los tribunales distritales de lo ?scal y de lo contencioso administrativo. Igualmente procede respecto de las providen­cias expedidas por dichas cortes o tribunales en la fase de ejecución de las sentencias dictadas en procesos de conocimiento, si tales providencias resuelven puntos esenciales no controvertidos en el juicio ni decididos en el fallo, o contradi­cen lo ejecutoriado. No procede el recurso de casación de las sentencias o autos dictados por la Corte Nacional de Menores, las Cortes Espe­ciales de las Fuerzas Armadas y la Policía y las resoluciones de los funcionarios administrativos mientras sean dependientes de la Función Eje­cutiva?. De acuerdo con esta reforma, el recurso extraordinario procede únicamente en caso de que se dictara una providencia que ponga ?n al proceso, produciendo efecto de cosa juzga­da, es decir ?nal y de?nitiva, dictada por cortes superiores, por los tribunales distritales de los ?scal y de lo contencioso administrativo y que tal providencia se dictara dentro de un proceso de conocimiento. Esta es la limitación que no permite conocer, mediante recurso de casación, a los juicios ejecutivos. Para entender mejor las reformas veremos lo que se entiende por pro­cesos de conocimiento y procesos de ejecución. Hernando Devis Echandía, dice que ?los proce­sos de condena, declarativo puro y de declara­ción constitutiva que tienen como ?nalidad la declaración de un derecho o responsabilidad o de la constitución de una relación jurídica, e in­cluyen, por lo tanto, al grupo general de decla­rativos y a los dispositivos. En todos ellos el juez regula un con?icto singular de intereses y de­termina quien tiene el derecho, es decir el juez es quien ius dicit. Son procesos de juzgamiento o conocimiento o declarativos genéricos. Cuan­do no se trate de una pretensión discutida que implique la necesidad de declarar quién tiene la razón, sino de una pretensión cuya existencia aparece clara y determinada en el título que se aduce pero que está insatisfecha, porque el obli­gado no ha cumplido su obligación correlativa, estamos en presencia del proceso ejecutivo. En aquel, el mandato debe formarse por el juez mediante la decisión o sentencia; en cambio, en este el mandato ya existe y se trata simplemen­te de su ejecución. La diferencia entre ambos procesos resulta de la antítesis entre la razón y la fuerza; aquella es el instrumento del proceso de conocimiento o declarativo genérico, y esta el del proceso ejecutivo?32. Lino Enrique Pala­cio, por su parte, en su obra Derecho Procesal Civil, distingue el proceso de conocimiento, de declaración o cognición, como ?aquel que tiene por objeto una pretensión tendiente a lo­grar que el órgano judicial (o arbitral) dilucide y declare, mediante la aplicación de las normas pertinentes a los hechos alegados y (eventual­mente) discutidos, el contenido y alcance de la situación jurídica existente entre las partes. El efecto invariable y primario de los pronuncia­mientos que recaen en esta clase de procesos está representado, pues, por una declaración de certeza acerca de la existencia o inexisten­cia del derecho pretendido por el actor?. ?...Ese efecto puede acompañarse de la integración o complementación de una relación jurídica o de la imposición al demandado, del cumplimiento de una determinada prestación (de dar, de ha­cer o de no hacer), con?gurándose sentencias que se denominan, respectivamente, determi­nativas y de condena?. El proceso de ejecución, por el contrario, tiene por objeto hacer efectivo ?un derecho cierto o presumiblemente cierto, cuya satisfacción se tiende a asegurar mediante el empleo de la coacción? y, concretamente, el juicio ejecutivo, el que consiste en una ?preten­sión tendiente a hacer efectivo el cumplimien­to de una obligación documentada en alguno de los títulos llamados ejecutivos previstos en la ley?33.

José de Vicente y Caravantes, por su parte, ma­ni?esta: ?Por oposición y a diferencia de los procesos de conocimiento, el proceso ejecutivo no se dirige a declarar derechos dudosos o con­trovertidos, sino a llevar a efecto los que estén reconocidos por actos o en títulos de tal fuerza que determine que el derecho del actor es legí­timo y está su?cientemente probado para que sea atendido?34 .

En algunas resoluciones dictadas por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia se explica la razón que tuvo el presi­dente de la República, mediante el veto parcial, que hiciera a las reformas a la Ley de Casación para limitar el recurso extraordinario solo para los procesos de conocimiento. Por ejemplo, dentro del juicio ejecutivo No. 240-96, Res. Nro. 524-98 que, por dinero sigue Vicente Bermeo en contra de Luis Tenesaca y José Ayala, en el considerando Primero dice: ?b) Para determi­nar aún con la mayor certeza el alcance de la frase , es necesario acudir a la historia ?dedigna del establecimien­to de esta norma, de conformidad con lo que dispone el inciso segundo del ordinal primero del artículo 18 del Código Civil: ella tiene su ori­gen en el veto parcial del señor presidente de la República a la Ley Reformatoria a la Ley de Casación, contenido en el o?cio de 13 de mar­zo de 1995 que lo dirigió al señor presidente del Congreso Nacional, en cuya exposición de motivos se dice , es decir en los que el recurso de casación se convirtió en un mecanismo para postergar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones. Por lo que es necesario limitar el recurso en ese sentido. Se sugiere principalmente aumentar en el art. 2 de la reforma después de la palabra ; el plenario de las comisiones legislativas se allanó al veto parcial y de esta manera admitió la propuesta del señor presidente de la República por las razones por él expuestas. Por lo tanto, en el sistema procesal ecuatoriano el recurso de casación está limitado única y exclusivamente a las sentencias y autos que pongan ?n a los procesos sustanciados por las vías ordinaria y verbal sumaria, de donde se concluye que no procede el recurso extraordi­nario contra las sentencias dictadas en los jui­cios ejecutivos??.

Respecto de este punto de derecho las salas es­pecializadas de casación en materia civil, que antes de la promulgación de la Constitución vigente eran tres, han guardado criterios diferentes, que en algún momento generaron fallos contradictorios. Así la Primera y Tercera salas de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia consideraban que no era proceden­te el recurso de casación en los juicios ejecutivos y  consecuentemente no los aceptaban a trámite sin hacer excepción alguna, conforme constan en varias resoluciones, la Segunda Sala de lo Ci­vil y Mercantil de la ex Corte Suprema tenía un criterio disímil.

La Primera Sala de lo Civil y Mercantil, a partir de las reformas a la Ley de Casación, que mo­di?có la procedencia del recurso en el artículo 2, expuso el criterio de que conforme con esta disposición únicamente procede el recurso ex­traordinario en caso de que se dictara una pro­videncia que ponga ?n al proceso, produciendo efecto de cosa juzgada sustancial, es decir ?nal y de?nitiva, de manera que no pueda renovarse la contienda entre las mismas partes, en que se demande la misma cosa, cantidad o hecho fun­dándose en la misma causa, razón o derecho, y que tal providencia se dictara dentro de un pro­ceso de conocimiento. Por lo tanto, en el siste­ma procesal ecuatoriano, no procede el recurso extraordinario de casación contra las sentencias dictadas en los juicios ejecutivos, criterio que lo ha plasmado en fallos de triple reiteración, publicados en la Gaceta Judicial, serie XVI, No. 13, de septiembre-diciembre de 1998, que co­rresponden a las resoluciones 524-98, 525-98, y 526-98; el mismo criterio se advierte en los juicios ejecutivos No. 332-97, resolución 711­97, propuesto por Campo Elías Guerra contra Ofelia Espinal; No. 347-97, resolución 757-97, propuesto por Filanbanco S.A. contra Eduardo Vanegas y otra; y No. 341-97, resolución 758-97, propuesto por Francisco Hernández contra Víc­tor García y otra, resoluciones que están publi­cadas en el Registro O?cial, suplemento, No. 265 de 27 de febrero de 1998.

Por su parte, la Tercera Sala de lo Civil y Mer­cantil tampoco aceptaba en ningún caso a trá­mite los juicios ejecutivos, pues consideraba que el recurso de casación únicamente procede en caso que se dictara una providencia que ponga ?n al proceso, produciendo el efecto de cosa juzgada formal y sustancial y que tal providencia se dictara dentro de un proceso de conocimien­to, esto es sustanciado por las vías ordinaria y verbal sumaria, no así la ejecutiva, criterio que generó fallos de triple reiteración, publicados en la Gaceta Judicial, serie XVI, No. 13, de sep­tiembre-diciembre de 1998, y que corresponden a las resoluciones Nos. 520-98; 515-98 y 516-98. En el caso de las resoluciones dictadas por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, tienen otra óptica jurídica: por regla general no aceptaba el recurso de casación en los juicios ejecutivos, sin embargo hacía las siguientes excepciones:

Por una parte consideraba la sala que hay dife­rentes títulos de carácter ejecutivo, sin que ne­cesariamente todos ellos puedan dar origen al juicio ejecutivo; así, hay títulos que contienen obligaciones ejecutivas, caracterizadas por ser determinadas, líquidas, puras y de plazo venci­do, al tenor de lo dispuesto en el art. 415 del Código de Procedimiento Civil, y que son las que pueden demandarse en juicio ejecutivo, pues contienen obligaciones de dar cuanti?­cablemente determinadas, como pagarés, che­ques, etc?, pero hay otros títulos ejecutivos que no son de ejecución inmediata, que contienen obligaciones de hacer como la confesión, las escrituras públicas, el documento privado reco­nocido judicialmente, etc... y que necesitan una declaración judicial para que se conviertan en títulos ejecutivos y consecuentemente reclamar su ejecución por la vía ejecutiva. Si el título no tiene esta característica no puede considerarse de ejecución inmediata y por ende tiene que abrirse el paso al juicio de conocimiento. Este es el argumento jurídico que motivó a la sala a aceptar a trámite los juicios ejecutivos que nacían -por ejemplo- de una escritura pública, pues consideraban que no es una cambial que contiene una obligación de carácter autónomo de ejecución inmediata, sino que requiere reconocimiento mediante decisión judicial, lo que le constituye en un proceso de conocimiento. Así: 1.1) Se aceptó a trámite el juicio ejecutivo derivado de una escritura de promesa de com­praventa, No. 346-97, resolución No. 284-2002, Hernández vs. Escalante, cuya providencia dic­tada el 1 de septiembre de 1998, en su parte pertinente dice: ?Que no ha variado los funda­mentos en que se apoyó la sala para admitir a trámite el correspondiente recurso de casación, pues considera que el título base de la deman­da requiere reconocimiento mediante decisión judicial, por tanto no es de ejecución inmedia­ta, puesto que como se inició en el auto cuya revocatoria se solicita no tiene el carácter de au­tónoma la obligación de hacer exigida por los accionantes en base de dicho documento?; 1.2) Se aceptó a trámite el juicio ejecutivo derivado de una escritura pública de dación de pago, No. 43-98, resolución No. 502-99, propuesto por Mi­nuche contra los herederos de Víctor De Saint James Montjoy, que en su parte pertinente dice: ?CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL. Quito, 23 de junio de 1998. Las 09:00. (?) SEGUNDO.-Cierto es que este ministerio en varios juicios ha expuesto el criterio jurídico, que luego ha sentado precedente jurisprudencial obligatorio por esta sala, en el sentido que no constituyen ?juicios de conocimiento? los juicios ejecutivos, careciendo estos de la posibilidad de cumplir el requisito de procedencia, que viabilizaban sos­tenido también en que no declaran, ni recono­cen o establecen derechos, sino que se basan en títulos o documentos en que estos se encuen­tran, preexistentes e indubitablemente seña­lados, tales los casos: de las cambiales, los pa­garés, los cheques y las escrituras públicas con contratos de mutuo, hipotecas, prendas, que eluden a ellos, con obligaciones de dar, cuanti­?cablemente determinadas. Por último, se hace indispensable tener presente: 2.1.- Que el art. 423 del Código de Procedimiento Civil mencio­na 2.2.- Que esos títulos ejecutivos tienen que contener obligaciones ejecutivas, caracteriza­das por ser determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido, al tenor del reformado art. 425 del mismo cuerpo legal, en el art. 429 de la ley No: 52 (R.O. No: 439: 12.5.94), para que pue­dan ser base para una demanda ejecutiva. 2.3. Que la letra de cambio, el pagaré a la orden, el cheque y la escritura pública que se apoya y se re?ere especí?camente a estos son documentos formales, que tienen protección especial de la ley, que hace que las obligaciones de dar consig­nadas sean derechos preestablecidos; cuyo titu­lar puede exigir inmediatamente su ejecución o cumplimiento. Basta reparar en los arts: 487 y 411 del Código de Comercio y el art. 2 de la Ley de Cheques, para descubrir ese elemento distintivo que les ha consagrado el legislador, a diferencia de los otros títulos ejecutivos, así la confesión (art. 128 y 129 del Código de Proce­dimiento Civil); la sentencia que goza del efecto de cosa juzgada y la secuencia ?rme extranjera (art. 424 del Código de Procedimiento Civil); las escrituras públicas (arts: 170, 185 y 186 Có­digo de Procedimiento Civil); el documento privado reconocido judicialmente (arts: 198 y 202 del Código de Procedimiento Civil); el tes­timonio; el auto de adjudicación de remate de bienes muebles e inmuebles; las actas judiciales de remate; las actas transaccionales en instru­mentos públicos o reconocidas judicialmente; y los demás documentos a los que leyes especiales conceden tal carácter, deben ser de forma pre­via apreciados por el juez, llegando aún a efectuarse mani?estamente la declaratoria judicial, para que recién puedan las obligaciones conte­nidas reclamarse ejecutivamente; distinto a las tres órdenes de pago y los otros documentos comerciales establecidos de manera taxativa en la ley, en que la presunción de autenticidad que revisen solo es destruida por la falsedad o ilega­lidad probadas. En la especie, el título ejecutivo de la escritura pública de dación en pago no es cambial, pagaré, cheque u otro título (SIC) mercantil que tenga ejecución inmediata, sino que el derecho que estipula requiere reconoci­miento mediante decisión judicial, puesto que no está intrínsicamente (SIC) manifestada, y con el carácter de autónoma la obligación de hacer, exigido por la accionante, en base de di­cho documento, constituyendo un proceso de conocimiento, que prevé el art. 2 de la Ley Re­formatoria a la Ley de Casación?.

 

La Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia también aceptó a trámite los juicios ejecutivos basados en cual­quier título ejecutivo en que el demandado se excepcionó en cualquiera de las circunstancias enunciadas en la parte ?nal del inciso primero del artículo 229 (hoy 233) de la Ley de Merca­do de Valores, que dice: ?Art. 233.- De las ca­racterísticas de los valores. Los valores a que se re?ere el artículo 2 de esta ley tienen el carácter de títulos valor, en consecuencia incorporan un derecho literal y autónomo que se ejercita por su portador legitimado según la ley, constituyen títulos ejecutivos para los efectos previstos en el artículo 413 del Código de Procedimiento Ci­vil. Se presume, salvo prueba en contrario, su autenticidad, así como la licitud de su causa y la provisión de fondos?. A su vez el artículo 2 a que se re?ere dice: ?Art. 2.- Concepto de va­lor. Para efectos de esta ley, se considera valor al derecho o conjunto de derechos de conteni­do esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, permutas ?­nancieras, opciones de compra o venta, valores de contenido crediticio de participación y mix-to que provengan de procesos de titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores. Cualquier limitación a la libre negocia­ción y circulación de valores no establecida por ley no surtirá efectos jurídicos y se tendrá por no escrita?, por tanto, en consideración con los artículos anotados, la sala mencionada tenía el criterio de que si se alegaba falta de licitud, de autenticidad o de provisión de fondos, el proce­so era considerado como de conocimiento; así los juicios en los que se propusiera como excep­ción la falsedad del título se aceptan a trámite, pues a criterio de la sala no se trataba solo de una simple ejecución de un título valor, sino al excepcionarse su falsedad debía decidirse sobre la autenticidad de tal título, y así lo resolvieron los jueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mer­cantil de la ex Corte Suprema de Justicia dentro del juicio ejecutivo por dinero No. 309-2003, resolución 140-2008, propuesto por José Vicu­ña contra Carlos Bucheli, cuya parte pertinente dice: ?CORTE SUPREMA. SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito, a 24 de agosto de 2004; las 09:10.- VISTOS: Ha venido a cono­cimiento de esta sala el recurso de hecho inter­puesto por el demandado: CARLOS BUCHELI MOREJÓN (fs. 14 de segunda instancia.), den­tro del juicio ejecutivo que, por cobro de dinero que en base a una cambial, sigue en su contra el DR. JOSÉ OLINDO VICUÑA CARPIO, vista la negativa del Tribunal ad-quem de conceder el recurso de casación interpuesto, según se des­prende del auto dictado el 28 de julio de 2003? Examinado el escrito contentivo del recurso de casación (fs. 12 del cuaderno de segundo nivel) se establece que reúne los requisitos de oportu­nidad, legitimación y formalidades previstos en el artículo 6 de la codi?cación de la Ley de Ca­sación, ya que el recurrente indica la sentencia con individualización del proceso en que se dic­tó y las partes procesales; constan también las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades del procedimiento que se omi­tieran; la determinación de las causales en que se funda y los fundamentos en los que se apoya el recurso; además, el recurrente se excepcionó con la ilicitud de causa (fs. 9 de de primer grado ), atacando la presunción legal, que trata el art. 229 de la Ley de Mercado de Valores, que dice: . Al haber trabado la litis para discutir la licitud de causa del título valor, se torna a este juicio no en una simple ejecución de crédito, sino que debe decidirse el derecho que el título valor exi­gido exhibe y que se objeta, lo que implica un proceso de conocimiento?.?.

La actual Sala Única de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia acoge los crite­rios que tenía la ex Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, y acepta a trámite los juicios ejecutivos que ten­gan características como las que a continuación se explican:

1) Tener como origen una escritura públi­ca que contenga una obligación de hacer, así se resolvió en el auto de aceptación a trámite dictado dentro del juicio 237-2011, que en su parte pertinente dice: ?En la especie, el título ejecutivo de la escritura pública de promesa de compra venta no es cambial, pagaré, cheque u otro título mercantil que tenga ejecución inmediata, sino que el derecho que estipulan requiere (sic) reconocimiento mediante de­cisión judicial, puesto que no está intrínsica­mente (sic) manifestada y con el carácter de autónoma la obligación de hacer, exigida por la accionante, en base de dicho documento, cons­tituyendo un proceso de conocimiento, que prevé el art. 2 de la Ley de Casación?.

2) Los juicios ejecutivos basados en cualquier título ejecutivo en los que se propusiera como excepción cualquiera de las tres circunstancias enunciadas en el artículo 233 de la Ley de Mer­cado de Valores, esto es atacar en ellos su auten­ticidad, la licitud de su causa y la provisión de fondos, y así lo ha resuelto dentro de los siguien­tes juicios: 1.- Juicio ejecutivo con letra de cam­bio No. 346-2010, propuesto por Jorge Argüello Lombeida contra Richard Paz Zambrano, cuya parte pertinente dice: ?TERCERO.- En la espe­cie, la parte demandada se excepcionó con ?7. Falsedad del documento materia de la presente acción...?, como constan de la contestación de la demanda a fojas 19 vuelta de los autos de pri­mera instancia, atacando la presunción legal, que trata el inciso primero del art. 229 de la Ley de Mercado de Valores (hoy art. 233), que dice:

Posteriormente la misma sala dicta sentencia dentro del juicio ejecutivo Nro. 816-2010, en el cual establece que para que proceda o no el recurso de casación en los juicios ejecutivos de­pende de la excepción que se presentara. Así resuelve lo siguiente:

 Que No son susceptibles del recurso extraordi­nario los juicios en cuya sentencia se resolviera las excepciones de inejecutividad del título y de la obligación porque no producen efecto de cosa juzgada sustancial, ya que pueden volverse a litigarse en juicio ordinario.

Por el contrario, sí son susceptibles del recurso extraordinario los fallos que resuelvan sobre las excepciones que traten sobre el derecho material, que contradigan las presunciones de autenticidad del título, la licitud de la causa o la provisión de fondos, excepciones que constan en el artículo 233 de la Ley de Mercado de Va­lores, pues al resolverse estas excepciones dan paso a un proceso de conocimiento, cuya reso­lución tiene efecto de cosa juzgada sustancial, que pone ?n al litigio, extinguen la obligación y no puede volverse a discutir en juicio ordinario.

El extracto pertinente de esta resolución dice: ?(?) CONCLUSIONES. El juicio ejecutivo esta­blecido en los artículos 419 y siguientes del CPC no es de ejecución pura, sino que puede trans­formarse, en ciertas ocasiones, en un proceso de conocimiento, dependiendo de las excepcio­nes que presente el demandado. El fallo que re­suelva el litigio causa efecto de cosa juzgada for­mal cuando las excepciones resueltas re?eran a la inejecutividad del título y de la obligación (arts. 413 y 415 del Código de Procedimiento Civil) y dará lugar a juicio ordinario (art. 448 C.P.C.), en cuyo caso no procede el recurso de casación. El fallo causa efecto de cosa juzgada sustancial cuando las excepciones resueltas se

re?eran al derecho material o a contradicción de las presunciones ?iuris tantum? de autentici­dad de los títulos, así como la licitud de su causa y la provisión de fondos (art 233 ley de Mercado de Valores), en cuyo caso sí procede el recurso de casación. Existen antecedentes en los cuales la ex Corte Suprema de Justicia si ha aceptado recursos de casación en juicios ejecutivos, cuan­do el fallo impugnado no se limitó a la simple ejecución de un derecho preexistente, sino que toma decisión de fondo sobre el derecho mate­rial, criterios con los que esta sala está comple­tamente de acuerdo (?)?.

Por lo tanto, el criterio que mantiene actualmen­te la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia es que los juicios eje­cutivos no son susceptibles del recurso extraor­dinario de casación, excepto que tengan como origen una escritura pública cuyo derecho u obligación necesite reconocimiento judicial, o los juicios ejecutivos basados en cualquier título ejecutivo en los que se propusiera como excep­ción cualquiera de las tres circunstancias enun­ciadas en el artículo 233 de la Ley de Mercado de Valores, esto es atacar en ellos su autenticidad, la licitud de su causa y la provisión de fondos.

 

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