Proscripción de Responsabilidad Objetiva y Principio de Culpabilidad

Martes, 11 de noviembre de 2014

Proscripción de Responsabilidad Objetiva

y Principio de Culpabilidad

Autor: Aleyda Ulloa Ulloa[i]

1.      PROSCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA

 

El legislador colombiano del 2000  estableció que ?sólo se podrá imponer penas por conductas realizadas con culpabilidad. Queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva?[ii], postulado que trae consigo las siguientes consecuencias:

C-1. El legislador al consagrar el tipo penal no puede asumir que el sólo hecho de haber incurrido un individuo en la conducta tipificada necesariamente deriva en su responsabilidad y sanción penal. El legislador, no puede suponer responsabilidad por el simple resultado.

C-2. La responsabilidad y sanción penal únicamente puede derivar de la declaración judicial de ?culpable? al individuo. No basta la verificación de que la conducta del sujeto encaje materialmente en los presupuestos normativos.

C-3. La responsabilidad y sanción penal se construye sobre la base de la responsabilidad subjetiva del individuo, la cual no admite su presunción[iii].

 

Presunción, que en las primeras legislaciones penales colombianas estuvo presente, debido a la existencia de idea generalizada de que todo el mundo conoce las leyes, que a nadie le es permitido ignorarlas; y que la ignorancia de las leyes no sirve de excusa (IGNORANTIA IURIS NON EXCUSAT), por lo que, los Códigos penales de 1837 art. 93, de 1890 art. 20 y de 1936 art. 23 contemplaron que ?serán castigados  conforme a este Código, sin que sirva de disculpa la ignorancia de lo que en él se prescribe?. Regla general que se repitió en el Código Penal de 1980 moderada por la admisión de ?excepciones legales?[iv].

 

2.     DERECHO PENAL DE ACTO Y PRESUCIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA LEY PENAL

 

Presunción de conocimiento de la ley que resultó insostenible al encontrarse en conflicto con fundamentos esenciales del «derecho penal de acto» que estableció la Constitución de 1991, art. 29: ?nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa". Mandato constitucional que  implica:

(i)              Al legislador sólo le es dado tipificar conductas sociales externas, es decir, lo que el individuo hace y no hechos internos de la persona, ni su carácter, temperamento, lo que piensa, siente o desea.

(ii)           La exigencia de que la voluntad del individuo controle y domine ese comportamiento externo. Debe existir una relación causal entre la decisión del individuo, su acción y el resultado, ?teniendo en cuenta su capacidad sicofísica para entender y querer el hecho, considerada en abstracto, y la intención, en concreto, de realizar el comportamiento que la norma penal describe?[v].

 

Mandato constitucional que encuentra desarrollo en dos instituciones pilares del derecho penal colombiano: la imputabilidad y la culpabilidad. Instituciones que exigen, la primera, que para poder considerar a una persona capaz de obrar con culpabilidad pueda comprender la ilicitud de su acto y así, poder determinar su comportamiento de acuerdo con esa comprensión; y la segunda, que el autor tiene que haber obrado con conciencia de la antijuridicidad de su acto.

 

De lo que se colige que, si se exige que la conducta punible sea fruto de una decisión del sujeto, y su castigo se impone por haber obrado con conciencia y voluntad (siendo capaz de comprender y de querer), no habrá responsabilidad cuando el actuar del sujeto esté condicionado por un error, al demostrar en el proceso penal que no sabía lo que hacía (error de tipo)  o no sabía que lo que hacía estaba prohibido (error de prohibición). En tal sentido, el error de tipo se distingue del de prohibición, en que hace referencia al desconocimiento (ignorancia)  o conocimiento defectuoso (error) de las circunstancias objetivas del hecho que pertenecen al tipo legal, con independencia de su carácter fáctico; bien sea de naturaleza descriptiva (por ejemplo: cosa, cuerpo, causalidad), o normativa, de esencia comprensiva (verbigracia: ajenidad, documento, funcionario)[vi], mientras que en el de prohibición, el agente conoce la ilicitud de su comportamiento pero erradamente asume que el mismo le está permitido y que, por lo tanto, lo excluye de responsabilidad penal, por lo que la falla en el conocimiento del agente reside en la asunción que tiene acerca de su permisibilidad[vii].

 

3.     DIFERENCIA DE TRATAMIENTO DEL ERROR DE TIPO Y DE PROHIBICIÓN EN EL CODIGO PENAL COLOMBIANO DE 1980 Y 2000.

 

En vigencia del Código Penal de 1980 se admitió el error como excepción legal a la presunción de conocimiento de la ley. Admisión bajo la cual, resultaba irrelevante distinguir entre error de tipo y de prohibición, debido al concepto psicológico normativo de culpabilidad que manejaba, conforme al cual, el dolo, la culpa y la preterintención fueron entendidas como formas de Culpabilidad[viii] y la concepción de la conducta dolosa como aquella en la que el agente conoce el hecho punible y quiere su realización, de manera que el Dolo estaba conformado por dos elementos: CONOCIMIENTO (de los hechos y de la antijuridicidad) y VOLUNTAD.

 

 

Así, en concordancia con estos conceptos el legislador adoptó una postura que concuerda con la teoría del dolo en materia de error, afín a los  esquemas clásico y neoclásico del delito, para la cual resultaba irrelevante distinguir entre error de tipo y de prohibición puesto que, el error siempre recaería sobre alguno de los dos elementos cognitivos  del dolo y, por ende, sobre la culpabilidad, siendo sólo relevante la distinción en la modalidad del error en vencible e invencible, que acarrearía un trato diverso en su consecuencia al comprender como consecuencia de su inevitabilidad la impunidad de la conducta y de su evitabilidad la sanción de la modalidad culposa, si estaba prevista como tal, y en caso de no existir modalidad culposa, su impunidad.

 


 

 

 Sin embargo, el legislador contempló solamente el error invencible como causal de Inculpabilidad, y no señaló la consecuencia en caso de que fuera vencible y no fue claro en la regulación del error de prohibición directo al señalar la norma: ?Causales de inculpabilidad. No es culpable: ? 3. Quien realice el hecho con la convicción errada e invencible de que está amparado por una causal de justificación.  4. Quien obre con la convicción errada e invencible de que no concurre en su acción u omisión alguna de las exigencias necesarias para que el hecho corresponda a su descripción legal. Si el error proviene de culpa, el hecho será punible cuando la ley lo hubiere previsto como culposo? [ix].

 

Mientras que, el Código Penal de 2000, suprimió la presunción de conocimiento de la ley, y acorde con las teorías estricta y limitada de la culpabilidad, afines a la escuela finalista, trajo consigo un cambio en la concepción dogmática del delito, al establecer que el dolo, la culpa y la preterintención son modalidades de la conducta punible, lo que dispone que su análisis se realice en sede de tipicidad. Y al entender que el Dolo comprende el CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS constitutivos de la infracción penal y la VOLUNTAD; el conocimiento de la antijuridicidad, acorde con un concepto normativo de culpabilidad, queda resignado como elemento de la Culpabilidad, la cual corresponde a un juicio de reproche personal para el autor de la conducta típica y antijurídica, que pudiendo obrar conforme a derecho decide libremente obrar en contra de derecho; y su contenido consta de tres elementos: (i) imputabilidad, (ii) conciencia de antijuridicidad y (iii) exigibilidad de otra conducta.

 

  

 

Cambios acorde con los cuales, el legislador del 2000 previó tanto el error de tipo como el de prohibición como ?causales de ausencia de responsabilidad?, y en consonancia con la diferenciación de categoría dogmática del delito que excluyen (el error de tipo, la tipicidad; y error de prohibición, la culpabilidad),  estableció un régimen diferenciado de consecuencias para cada uno, en sus dos modalidades: vencible e invencible.

?No habrá lugar a responsabilidad penal cuando:

10. Se obre con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Si el error fuere vencible la conducta será punible cuando la ley la hubiere previsto como culposa. Cuando el agente obre en un error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno, responderá por la realización del supuesto de hecho privilegiado.

11. Se obre con error invencible de la licitud de su conducta. Si el error fuere vencible la pena se rebajará en la mitad. Para estimar cumplida la conciencia de la antijuridicidad basta que la persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables, de actualizar el conocimiento de lo injusto de su conducta.

12. El error invencible sobre una circunstancia que diere lugar a la atenuación de la punibilidad dará lugar a la aplicación de la diminuente?[x].

Distinción en las consecuencias jurídicas que torna imprescindible en el proceso penal, demostrar no sólo en qué tipo de error  se incurrió, sino también su modalidad, acorde con el carácter de su vencibilidad y la exigencia de  un conocimiento «potencial» de lo antijurídico de la conducta y no «actual»,  como lo señala el inciso segundo del numeral 11º del artículo 40, siendo suficiente, que el sujeto ?haya tenido la oportunidad de actualizar de manera razonable, esto es, conforme a la situación fáctica concreta y las condiciones personales del autor, lo injusto de su actuar?[xi].

 

CONCLUSIÓN

Un derecho penal de acto construido sobre el pilar fundamental del principio de culpabilidad proscribe la responsabilidad objetiva y se erige en abierto rechazo a la presunción de conocimiento de la ley penal y la carga en cabeza del Estado de dos importantes obligaciones: (i) la promulgación o publicación de la ley penal y (ii) su promoción a través de una eficiente política criminal en materia de educación, derecho fundamental de los ciudadano en un Estado social de derecho, a fin de que el desconocimiento del derecho no se utilice como mecanismo para evadirlo en medio de la impunidad.



[i] Abogada especialista en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y doctorando en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Email de contacto: aleydaulloa@yahoo.com

[ii] Ley 599 de 2000 artículo 12.

[iii] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-626/96. Magistrado Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

[iv] Decreto ley 100 de 1980. Art. 10 ?Conocimiento de la ley. La ignorancia de la ley penal no sirve de excusa, salvo las excepciones consignadas en ella?.

[v]CORTE CONSTITUCIONAL.  Sentencia C-239/97 Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de mil novecientos noventa y siete (1997).

[vi] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: José Luis Barceló Camacho. Radicación 40707. Bogotá, D. C., cuatro (04) de junio de dos mil catorce (2014).

[vii] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca. Proceso No 28984. Bogotá, D. C., diecinueve (19)  de mayo de dos mil ocho (2008).

[viii] Decreto ley 100 de 1980. Artículo 35.

[ix] Ibíd. artículo 40.

[x] Negrilla fuera de texto.

[xi] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Magistrado Ponente: Fernando Alberto Castro Caballero. Radicado. No. 42537. Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil trece (2013).

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