PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (Segunda Parte )

Lunes, 15 de mayo de 2017

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES (Segunda  Parte )

 

Autor: Dra. Mariana Yépez Andrade

 

Este  principio se encuentra   consagrado en algunos instrumentos internacionales:

-          El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

-          La Convención Americana sobre Derechos Humanos,

-          La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

-          El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos,

-          El Protocolo No. 7 al Convenio Europeo,

-          El Estatuto de Roma.

 

Sobre este tema: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14 numeral 7  establece que ?Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país .?

 

En esta definición encontramos dos palabras que implican dos contenidos diferentes: juzgar y sancionar. La norma  no los considera iguales al separarlas con la conjunción ?ni?, de manera que podríamos decir que juzgar es igual al procesamiento, mientras que sancionar es imponer una sentencia.

 

Desde luego que sancionar no solamente puede referirse a una sentencia penal, sino también a otras materias, como a lo administrativo.

 

El Comité de Derechos Humanos, en el  período de sesiones que tuvo lugar en Ginebra en julio del 2007 al referirse al principio ne bis in ídem lo equipara a la Cosa Juzgada  e interpreta que  según el citado artículo 14, párrafo 7, ese principio prohíbe ?hacer comparecer a una persona una vez declarada culpable o absuelta por un determinado delito ante el mismo tribunal o ante otro por ese mismo delito? y que no se aplica si un tribunal superior anula una condena y ordena la repetición del juicio?.

 

La Convención Americana de Derechos Humanos: El artículo 8.4  señala como una  garantía judicial que ?El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos?, lo que significa que  hay condiciones para que se de el principio non bis in ídem:

 

a)      que la sentencia debe estar en firme,

b)      que la sentencia sea de absolución,

c)      que el nuevo juicio  sea  contra la misma persona y por los mismos hechos

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el principio non bis in ídem en el sentido de que busca proteger los derechos de los procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos, siendo importante destacar que dice ?procesados? y no ?sentenciados?, lo que implica una gran diferencia con la concepción de este principio que tiene nuestra legislación interna.

 

Además, si tomamos como referencia el Pacto de Derechos Humanos, encontramos  como condición para la procedencia del non bis in ídem, la existencia de un mismo delito, en tanto que la CADH utiliza la expresión ?mismos hechos? lo que obviamente beneficia al procesado o sentenciado.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que en virtud de ese principio, una persona tiene derecho a no ser sometida luego de ser absuelta por una sentencia firme, a un nuevo juicio por los mismos hechos.

 

Con este criterio habría dos posiciones: a)Que únicamente procede cuando ha habido absolución; b) Que no se limita a la existencia de una sentencia por los mismo hechos, sino que también es aplicable al proceso, al indicar  ?no ser sometido a un nuevo juicio??

 

Al respecto, en el informe 1/95, sobre el caso 11.006, precisa que ?La expresión ?sentencia firme? en el marco del artículo 8 inciso 4 no debe interpretarse restrictivamente, es decir limitada al significado que se le atribuya en el derecho interno de los Estados. En este contexto, ?sentencia? debe interpretarse como todo acto procesal de contenido típicamente jurisdiccional  ?sentencia firme? como aquella expresión del ejercicio de la jurisdicción que adquiera las cualidades de inmutabilidad e inimpugnabilidad propias de la cosa juzgada?.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene  jurisprudencia sobre el principio non bis in idem,  que aclara que su aplicabilidad depende de la naturaleza y los fundamentos de la decisión adoptada en el primer proceso.

 

Entre las sentencias que se refieren a dicho principio se destacan:

- La  de fecha 18 de agosto del año 2000, en el caso  Cantoral Benavides vs. Perú,  en la que Corte afirma que  el efecto del artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos es ?erga omnes ya que impide el enjuiciamiento por los mismos hechos independientemente de la calificación de la figura abstracta que defina la ley?.

 

- La dictada el 23 de noviembre del 2012, en el caso Mohamed vs. Argentina,  que tiene como antecedente las alegaciones de violación del principio  ne bis in ídem argumentando que permitir la apelación de la sentencia de absolución a una parte distinta al imputado, es permitir una doble persecución que vulnera  el indicado principio; la Corte  consideró que el señor Mohamed no fue sometido a dos juicios o procesos judiciales distintos sustentados en los mismos hechos; que  la sentencia condenatoria  ?no se produjo en un nuevo juicio posterior a una sentencia firme que hubiera adquirido la autoridad de la cosa juzgada, sino que fue emitida en una etapa de un mismo proceso judicial penal?, y concluyó que el Estado no violó el artículo 8.4 de la Convención en perjuicio del señor Oscar Alberto Mohamed.

 

Tal resolución aclara el contenido y alcance del principio non in bis ídem: que es necesario un nuevo juicio y no un recurso, porque en ese caso se estaría en el marco del derecho al ?doble conforme? que  puede ser alegado dentro del mismo proceso.

 

- La sentencia de 17 de septiembre de 1997 en el caso Loayza Tamayo vs. Perú, que fue  introducido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tiene como antecedentes la detención de la señora María Elena Loayza Tamayo, peruana, profesora de la Universidad San Martín de Porres, el 6 de febrero de 1993 por miembros de la División Nacional contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú, por ser presunta colaboradora del grupo subversivo Sendero Luminoso; que fue procesada en el fuero militar por delito de traición a la patria y  que jueces militares sin rostro,  la absolvieron el  5 de marzo del año 1993; que posteriormente, el Consejo de Guerra Especial de Marina, el 2 de abril, la condenó. Con posterioridad el  Tribunal Especial del Consejo Supremo de Justicia Militar en sentencia de 11 de agosto del año 1993 declaró sin lugar un recurso de nulidad que interpuso, absolviéndole por ese delito y ordenando remitir lo actuado al fuero común para el estudio del delito de terrorismo, por lo que se la procesó en la jurisdicción ordinaria pese a que alegó la excepción de cosa juzgada de acuerdo con el principio non bis in ídem, alegación que fue desestimada por el Tribunal Especial sin rostro  condenándole  a la pena privativa de libertad de 20 años.

 

La Corte advierte que ?Ninguna disposición de la Convención Americana ha de interpretarse en el sentido de permitir sea a los Estados Partes, sea a cualquier grupo o persona, suprimir el goce o ejercicio de los derechos consagrados, o limitarlos??  Agrega  que el principio non bis in ídem busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos. 

 

Considera en que la señora María Elena Loayza Tamayo fue absuelta por el delito de traición a la patria por el fuero militar, que conoció de los hechos, circunstancias y elementos probatorios, los valoró y resolvió, por cuya razón al ser juzgada en la jurisdicción ordinaria por los mismos hechos por los que había sido absuelta en la jurisdicción militar, el Estado peruano violó en su perjuicio las garantías  establecidas en el artículo 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma? y ordenó que se le ponga en libertad  dentro de un plazo razonable, que el Estado se halla obligado a pagar una justa indemnización a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hayan incurrido en sus gestiones ante las autoridades peruanas con ocasión de este proceso.

 

El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional:

El artículo 20 del Estatuto del  Estatuto de Roma dispone que ?nadie será procesado por la Corte en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte?.

 

Prohíbe que una persona sea procesada por otro tribunal en razón de uno de los crímenes mencionados en el artículo 5  (de lesa humanidad) por el cual la Corte ya le hubiere condenado o absuelto,  y que tampoco procesará a nadie que haya sido procesado por otro tribunal en razón de hechos determinados en los artículos 6,7 u 8 del Estatuto a menos que el proceso en otro tribunal obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte.

 

El eje rector en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es el principio de complementariedad, por lo que podrá conocer un caso cuando el Estado con jurisdicción sobre el mismo, no tenga voluntad o capacidad para hacerlo.

 

El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos (CEDH) y el artículo 4 del Protocolo número 7:

Sobre  el principio non bis in ídem,  establecen el derecho de las personas a no ser juzgadas o castigadas dos veces; es decir que prohibe  sancionar doblemente los mismos hechos:

 

?Nadie podrá ser perseguido o condenado penalmente por los tribunales de un mismo Estado por una infracción por la que haya sido absuelto o condenado mediante sentencia firme conforme a la ley y al procedimiento de ese Estado.?; sin embargo, no se impide la reapertura del proceso, ?conforme a la ley y al procedimiento del Estado interesado, si hay evidencia de hechos nuevos o revelados ulteriormente o un vicio fundamental en el procedimiento precedente de tal naturaleza que pudiera afectar a la sentencia adoptada.?

 

 ?Nadie podrá ser inculpado o sancionado penalmente por un órgano jurisdiccional del mismo Estado, por una infracción de la que ya hubiere sido anteriormente absuelto o condenado en virtud de sentencia definitiva conforme a la Ley y al procedimiento penal de ese Estado.?

 

De lo transcrito se desprende que este principio se aplica también en caso de dos procedimientos y no solamente  cuando existe sentencia en firme absolutoria o condenatoria,  frente a una nueva persecución de los mismos hechos. Pero si aparecen nuevos hechos o nuevas revelaciones o algún vicio de nulidad  en el proceso anterior que pudiera afectar a la sentencia ya dictada, si podrá abrirse otro proceso porque dados esos precedentes  no habrá  violación al principio non bis in ídem.

 

En la legislación ecuatoriana, tal situación, se acercaría al recurso de revisión que es una excepción de la institución de la cosa juzgada y  también la declaratoria de nulidad constitucional que obliga a dictar una nueva sentencia en caso de falta de motivación, o de violación de otras garantías del debido proceso.

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea:

El artículo 50 recoge el principio como un derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. Según este Instrumento el principio es más amplio pues no se limita a la sentencia condenatoria.

 

En el derecho jurisprudencial de Estrasburgo no se prohíbe únicamente la doble sanción, sino que también incluye el doble enjuiciamiento.

 

POSIBLES  CONFLICTOS:

- El juzgamiento realizado por un juez incompetente:  es un juicio fraudulento  como concibe  la doctrina internacional, porque la sentencia simula la intención de hacer justicia, y produce cosa juzgada fraudulenta, en consecuencia, un nuevo proceso no es contrario al principio ne bis in ídem y la cosa juzgada no se configura.

 

- La existencia de mediación o conciliación previa  a un nuevo enjuiciamiento: En este caso se trataría de una nueva situación que no está contemplada ni en la ley ni en la Constitución, pues en el Ecuador solo se concibe dos sentencias, y no procedimientos o enjuiciamientos.

 

- La existencia de dos sentencias extranjeras.

 

- La existencia de dos sanciones administrativas en contra de la misma persona, por los mismos hechos y los mismos fundamentos: El principio se limita a la doble sanción penal. Ecuador excluye las sanciones administrativas frente al derecho penal, sin embargo puede darse frente a dos sanciones administrativas en contra de las mismas personas y por los mismos hechos y fundamentos.

 

- La extradición:  En este caso, podría ser un impedimento para la cooperación internacional en general y a la entrega de sospechoso, si es que se alegaría la aplicación del non bis in ídem como  un derecho humano.

 

 

CONCLUSIONES:

La Constitución de la República en el art. 76, numeral 7, letra i) contiene el principio non bis in ídem, como garantía básica del debido proceso,  que  protege a las personas del doble enjuiciamiento por la misma causa y materia.  Por la misma causa podemos entender el mismo motivo, fundamentos, etc., y cuando se refiere a la misma materia no indica que únicamente será penal, por lo que bien puede ser civil, administrativa, laboral  o de otro tipo.

 

No obstante, el Código Orgánico Integral Penal al desarrollar la norma constitucional  excepciona las sanciones administrativas o civiles derivadas del mismo hecho (Art. 5 numeral 9).

 

Este principio no solamente garantiza a la persona para no ser juzgada dos veces por los mismos hechos, sino que también evita que se imponga una doble pena por la misma conducta.

 

En Ecuador el principio ne  bis in ídem tiene como objetivo evitar la doble sanción, no el  doble proceso  o investigación.

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional se resume en que el principio non bis in ídem se concreta en que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia;  se fundamenta principalmente en la institución de la cosa juzgada;   y  para ser invocado debe existir una resolución en una causa iniciada con anterioridad,  que tenga identidad de sujeto, de motivo y de materia con el nuevo proceso.

 

En general, el principio se aplica únicamente al ámbito del derecho penal y a   sentencias firmes de materia penal.

 

Es importante que se aclare si este principio puede ser aplicado cuando existe un procedimiento administrativo por el mismo asunto,  se fijen  sanciones, y luego se inicie un juicio penal, porque si se sigue el texto constitucional debería aplicarse a todos los procesos y sanciones punitivas sean de naturaleza administrativa o penal, sean nacionales o no, y no solamente en caso de sentencias condenatorias. Además debe ampliarse su alcance prohibiéndose el doble procesamiento.

 

Quito, abril del 2017

 

 

Mariana Yépez Andrade

marianayepezandrade@gmail.com

 

 

 

 

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