PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN EN UNA SENTENCIA CONDENATORIA

Lunes, 13 de junio de 2016

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN EN UNA SENTENCIA CONDENATORIA

El Art. 76.6 de la Constitución de la República, señala entre las reglas del debido proceso: ?En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (?) 6. La ley establecerá la debida proporcional entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza (?) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: (?) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados?.

Concordancias: Arts. 51, 66.5, 132.2, 195, 392 Constitución de la República; 130.4 COFJ; y 621 COIP.

 

TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE ESTE PRINCIPIO

Tenemos los siguientes:

1.       Art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos;

2.       Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Individuales del año 1950;

3.       Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, del año 1955;

4.       Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del año de 1975;

5.       Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, del año 1979;

6.       Principios de Ética Médica, aplicables a la función del personal de salud en la protección de las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1982; y,

7.       La Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.

 

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE ESTE PRINCIPIO

El COIP trata sobre la motivación en el Art. 5, al tratar sobre los principios procesales, manifestando que el derecho al debido proceso penal, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas, se regirá por los siguientes principios: legalidad; favorabilidad; duda a favor del reo; inocencia; igualdad; impugnación procesal; prohibición de empeorar la situación del procesado; prohibición de autoincriminación; prohibición de doble juzgamiento; intimidad; oralidad; concentración; contradicción; dirección judicial del proceso; impulso procesal; publicidad; inmediación; motivación; imparcialidad; privacidad y confidencialidad; y, objetividad.

Tratándose de la motivación el No. 18 del Art. 5, señala la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso?.

El Art. 621 inciso primero ibídem, al tratar de la sentencia, señala: ?Luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima (las negritas son mías) o la desestimación de estos aspectos?.

Sobre el principio de proporcionalidad, que ya he comentado en otros artículo y que se encuentra regulado en el Art. 76.6 de la CRE, existe una sentencia de la Corte Constitucional en la que explica la forma como debe entenderse este principio, en el caso 0015-11-CN. Sentencia No. 006-12-SCN-CC del 19 de enero de 2012; esto es la facultad del juzgador de fijar la pena señalada por la ley entre un piso y un techo.

Mientras que sobre la motivación existen varias sentencias de la Corte Constitucional, al analizar las acciones extraordinarias de protección, especialmente la sentencia No. 149-SEP-CC en el caso 1981-12, publicado en el RO NO. 121 del 02 de febrero de 2010, en la que se señalan los tres parámetros mínimos que debe cumplir una resolución para justificar que la misma se encuentra debidamente motivada; y cuyo análisis jurídico en detalle lo hago en el anexo del primer tomo de mi trabajo titulado ANALISIS JURÍDICO TEÓRICO-PRÁCTICO DEL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS, que consta de 720 páginas y en el que analizo los principios constitucionales y legales en los que se fundamenta el proceso; además de los recursos horizontales, verticales, ordinarios y extraordinarios que contempla el COGEP, dedicado con todo mi agradecimiento a la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, y en el artículo que consta en el anexo hago un análisis jurídico sobre la clase de jueces; lo que es la sentencia y lo que constituye la argumentación, fundamentación y motivación de la misma, que tiene que cumplir tres parámetros, que son de: razonabilidad, lógica y comprensibilidad.

COMENTARIOS AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PROPORCIONALIDAD

El principio de proporcionalidad, presupone la ponderación de bienes jurídicos constitucionales y este sopesamiento asume la forma de un juicio de proporcionalidad de los medios, como principio para la delimitación y concretización de los derechos constitucionales, en la proporcionalidad exhibe una naturaleza diferenciada, o sea, que admite una diversa libertad de configuración legislativa dependiendo de la materia. Así, por ejemplo en el ejercicio de la reserva legal establecida para la reglamentación de los derechos constitucionales, y que está señalado en el Art. 132.2 de nuestra Constitución, solo la restricción excesiva e imprevisible de los mismos implica la ilegitimidad del medio escogido para la realización de los fines constitucionales; así en términos generales, entre mayor sea la intensidad de la restricción a la libertad, mayor será la urgencia y la necesidad exigidas como condición para el ejercicio legítimo de la facultad legal.

Hay que señalar, que mediante el principio de proporcionalidad, se introducen las categorías de la antijuridicidad y la culpabilidad en el derecho constitucional; de tal modo, que la responsabilidad de las personas, para su existencia requiere de un daño efectivo a los bienes jurídicos protegidos y no meramente una intensión que se juzga lesiva; o sea que solo la protección de bienes jurídicos realmente amenazados justifican la restricción de otros derechos y libertades, cuya protección igualmente ordena la Constitución.

Por otra parte la aplicación de la pena consagrada en la ley debe hacerse de acuerdo con el grado de culpabilidad del sujeto; por lo tanto el principio de proporcionalidad, es necesariamente individual y el castigo impuesto debe causar simetría con el comportamiento y la culpabilidad del procesado al que se imputa el cometimiento de un delito.

La jurisprudencia extranjera, ha manifestado que el principio de proporcionalidad es el equilibrio entre el daño real o potencial generado por la conducta típica, la intensidad de la pena a imponer por la comisión de dicha conducta; en resumen el principio de proporcionalidad, es la prohibición del exceso en la fijación de la pena, esto es, el reconocimiento de los derechos inalienables de la persona, de la prohibición de la pena de muerte, de la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del principio de igualdad; pues como he manifestado reiteradamente, en el Estado constitucional de derechos y justicia social, como lo es el Ecuador, la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden y por esta razón el Asambleísta Constituyente de ciudad Alfaro, cantón Montecristi  provincia de Manabí, erigió los  derechos fundamentales, como límites sustantivos de poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio, pues consideró, que solo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, consigue proteger los derechos y libertades y de este modo se consagra el derecho constitucional de derechos y justicia social, dando cumplimiento esencialmente a lo señalado en los Arts. 10 y 11 de la Constitución de la República que establece y regula la aplicación de los derechos, aclarando que de los 444 artículos que tiene la Constitución, 74 se refieren a derechos.

De tal modo, que el principio de proporcionalidad, es la herramienta de ponderación entre las facultades de investigación y persecución de los órganos del sistema penal y los derechos constitucionales atinentes a las personas objeto de la acción de este sistema; o sea, que el principio de proporcionalidad, es el equilibrio que debe mantenerse entre el derecho a castigar que tiene el Estado y los derechos de las personas, de tal manera que ambas partes queden en igualdad de condiciones, para mantener un balance equitativo entre el poder punitivo del Estado y los derechos de las personas; porque toda persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible, tiene derecho a ser tratada, con el respeto debido a la dignidad inherente del ser humano, que es la principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia social.

El profesor Rubén Sánchez Gil, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala: ?El principio de proporcionalidad o razonabilidad, como se sabe, es una de las herramientas metodológicas más importantes del constitucionalismo de nuestro tiempo; permite superar la aplicación de métodos tradicionales, literalistas y estrechos en la interpretación de la ley fundamental, apoyando la solidez de las conclusiones jurisdiccionales  y al menos idealmente también la argumentación de otros operadores jurídicos: legislador, Administración Pública y postulantes?; agrega el mismo autor ?Pero este principio no constituye una fórmula absoluta para la aplicación jurídica?,  da criterios para ella y tiene un procedimiento bien establecido, pero no son fines en sí mismos sino buscan, tendiendo naturalmente a ello, lograr la igualdad proporcional entre bienes jurídicos tutelados o tutelables  -para el caso de su empleo legislativo-  en la cual precisamente consiste la justicia?.

¿QUÉ ES LA DOSIMETRÍA PENAL?

La Corte Constitucional de Colombia, ha señalado que la dosimetría de penas y sanciones, es un asunto librado a la definición legal y cuya relevancia constitucional es manifiesta únicamente cuando el legislador incurre en un exceso punitivo del tipo proscrito por la Constitución; pero aclara que el carácter social del Estado de Derecho, el respeto a la persona humana, a su realidad y autonomía, principios medulares del ordenamiento constitucional, se sirven mejor con leyes que encarnen una visión no disociada del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que ésta solo se consagre cuando sea estrictamente necesario; de tal manera que la dosimetría de las penas es un asunto librado a la definición legal, pero corresponde a los jueces velar para que en el uso de la discrecionalidad legislativa, se respeten los principios de razonabilidad y proporcionalidad; así el principio de igualdad está consagrado en el Art. 11.2 de la Constitución de la República, y de este principio, se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato, pero atendiendo a las circunstancias concretas al caso, o sea que el juicio exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos, recordemos que el Art. 11.2 señala que no se puede discriminar a ninguna persona por su pasado judicial, pero esto conforme manifiesto en líneas posteriores, hay que entenderlo debidamente al momento de fijar la pena en una sentencia condenatoria.

EL PRINCIPIO DE LESIVIDAD

El principio de lesividad o de antijuridicidad material, se deduce de las normas constitucionales; de tal manera, que entre la conducta típica y la respuesta punitiva debe darse una relación de proporcionalidad, así la gravedad de la pena, depende de la gravedad o levedad  de la infracción. La igualación de las conductas de poca significación social con aquellas de mayor gravedad, viola el principio de igualdad, porque no puede haber una pena excesiva, injusta, inequitativa y desproporcionada en relación con la ofensa cometida.

El principio de lesividad, que es una de las bases en las que se fundamenta el COIP, justifica el trato diferenciado en materia punitiva; de tal manera, que si no existe objetivamente una mayor lesión al patrimonio económico, carece de fundamento jurídico imponer una misma sanción por la comisión de un delito sobre bienes de pequeña entidad que sobre bienes que representa una lesión más grave al bien jurídico tutelado.

El Art. 66.5 de la Constitución de la República dispone ?El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás?. Este artículo, constituye la base de la constitución del injusto penal teniendo como limitación la ley y el derecho de terceros.

¿CÓMO FIJAR LAS PENAS?

Para efectos de establecer si una pena impuesta resulta proporcional a la entidad del injusto cometido y a la culpabilidad por el hecho típico perpetrado, como dice la Corte Suprema de Justicia de Perú, previamente resulta conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos:

a)       La imposición de la pena privativa de la libertad tiene que ver no solo con cuestiones de legalidad ordinaria, sino con el respeto de garantías y principios constitucionales de la administración de justicia como es el deber de motivar las resoluciones judiciales, en nuestro ordenamiento jurídico, en atención a las disposiciones mencionadas en líneas anteriores;

b)       En un Estado constitucional de derechos y justicia social, respetuoso de la vigencia de los derechos fundamentales, en especial de la libertad personal, tan importante como la misma declaración de culpabilidad es la precisión del tantum motivado de la pena concreta, especialmente cuando se trata de una pena privativa de la libertad;

c)       El imputado (procesado) como la sociedad tienen derecho a conocer porque se impone una clase de pena y no otra y, sobre todo, tratándose de una pena privativa de libertad, las razones por las que se escoge una concreta dosis de pena dentro del marco penal abstracto fijado por el legislador (asambleísta nacional);

d)       El primer paso de la determinación e individualización de la pena implica tomar partido acerca del fundamento y sentido de la pena estatal; así, la teoría de la pena, permite establecer la razón y la finalidad de la sanción jurídico-penal y su aplicación al caso concreto, al imprimir a la legislación, y a la aplicación y ejecución de la pena, una determinada orientación, esto es, que debe ponderar la defensa de la sociedad y la protección de la persona humana;

e)       La pena debe cumplir un fin eminentemente preventivo dentro de la sociedad, facilitando la reconciliación normativa del autor con el orden jurídico, afianzando el respeto de las normas por parte de los ciudadanos; es decir, que junto a los fines preventivos generales positivos la pena estatal debe buscar un efecto preventivo especial positivo con el fin de incidir favorablemente en la personalidad del infractor y cuando esto no fuera posible debe evitar que la pena desocialice o empeore la situación del culpable (Art. 5.7 COIP); que, todo ello supone entender que la pena estatal genera efectos sociales positivos en la medida que respeta y se mantiene dentro de los límites del principio de proporcionalidad; y,

f)         La pena no puede actuar según las demandas sociales o mediáticas de punibilidad, al margen de la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor, pues dentro de un Estado de derecho la reacción estatal contra el delito  -y en especial la determinación judicial de la pena-   se funda sobre la base del hecho cometido, su circunstancias y la culpabilidad del agente; que, por consiguiente, estos son los criterios que se deben valorar para medir e individualizar la pena en el caso concreto.

Sin duda alguna le corresponde a la Asamblea Nacional, establecer, el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, regímenes estructurados a partir de criterios diferenciales en el tratamiento penal de las conductas que lesionan o ponen en peligro bienes jurídicamente protegidos, basados por ejemplo, en la insistencia objetiva de distintas categorías delictivas que presentan variaciones importantes en cuanto a la gravedad que comparta su comisión, en la trascendencia de los bienes jurídicos que se buscan proteger mediante su incriminación y en otros criterios de política criminal, cuestión que tengo entendido lo hizo el legislador al dictar el COIP.

Así, el Art. 130.2 de la Constitución de la República, señala en su parte pertinente que las atribuciones de la Asamblea Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán través de acuerdos o resoluciones, pero se requerirá de ley en los siguientes casos ?2. Tipificar infracciones y establecer las sanciones correspondientes (las negrillas son mías)?.

PODER PUNITIVO DEL ESTADO

Una vez acreditada la comisión del delito, la consecuencia lógica-jurídica es la imposición de una pena para el responsable del mismo, la cual deberá graduarse en función de la gravedad de los hechos, la responsabilidad de cada uno de los agentes y sus carencias sociales y económicas, teniéndose en cuenta que mientras las primeras condiciones citadas se encuentran al principio de proporcionalidad de las penas, la última se encuentra sujeta al principio de humanidad, conforme al cual el Estado debe asumir su corresponsabilidad en la comisión de los delitos por parte de los ciudadanos, así lo señala la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú en la R.N No. 1192-2012, en un caso muy interesante en el que también se analiza lo que es la autoría mediata, refiriéndose al caso Fujimorí; lo que es la prueba indiciaría para justificar una sentencia, etc.

En el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, el Asambleísta Nacional debe actuar dentro de los límites constitucionales; tales límites pueden ser implícitos como explícitos; de tal manera, que el Asambleísta Nacional le está vedado, por voluntad expresa del Asambleísta Constituyente,  fijar la pena de muerte como sanción penal, porque en la Constitución de la República, en el Art. 66.1, dispone ?Se reconoce y garantizará a las personas:

1.       El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte?; o sea este derecho es absoluto

 

De igual manera, tampoco se pueden establecer penas de: destierro, prisión perpetua o confiscación, peor aún someter a cualquier persona a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pues así lo señala el Art. 66.3 letra c) de la Carta Magna.

De tal manera, que en el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el Asambleísta Nacional debe propender a la realización de los fines sociales del Estado, entre ellos, los de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y de asegurar la vigencia de un orden justo, de una paz social y la garantía de la ética social pública.

Recalco, que el Asambleísta Constituyente de ciudad Alfaro, Cantón Montecristi, provincia de Manabí, erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio, de tal modo que solo la utilización medida, justa y moderada de la coerción estatal destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento, pues solo así se lo puede entender a un Estado constitucional de derechos y justicia social, cuyos fines esenciales son, entre otros, el servicio a la comunidad, la garantía de efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales y la protección de los derechos y libertades, lo cual presupone la renuncia a teorías absolutas de la autonomía legislativa en materia de política criminal; o sea  que la estricta protección de los bienes jurídicos y los derechos inalienables de la persona, torna la dignidad e integridad del infractor penal en límite del auto de defensa social.

CONCLUSIÓN

En resumen, la Corte Suprema de Justicia del Perú, en la sentencia mencionada, para efectos de determinar e individualizar la pena a imponer, considera que debe tenerse en cuenta lo siguiente:

a)       Las carencias sociales que hubiera sufrido el agente, su cultura y costumbres;

b)       Los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de ella dependen; y,

c)       Los factores para la medición o graduación de la pena a los que se recurre atendiendo a la responsabilidad y gravedad del hecho punible cometido, en cuanto no sean específicamente constitutivos del mismo o modificatorios de la responsabilidad.

Concluye señalando, que para graduar la pena a imponer, el juez debe tener en cuenta lo siguiente:

a)       El tipo el ilícito como la culpabilidad, pues el análisis de los factores que lo agravan o atenúan debe ser realizado en forma amplia;

b)       Que en efecto el ilícito culpable es la base de la determinación de la pena, pues la sanción penal debe ser proporcional al ilícito cometido, de lo que se infiere que la medida de la pena se gradúa, fundamentalmente, de acuerdo a la gravedad de la culpabilidad;

c)       En este sentido los factores generales y los individuales son decisivos para la determinación del grado de culpabilidad y la gravedad de la pena.

Dr. José García Falconí

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA,

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

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