Los videos de seguridad serán prueba de delitos con el COIP

Jueves, 21 de agosto de 2014

Los videos de seguridad serán prueba de delitos con el COIP

 

Las imágenes de video capturadas de forma espontánea por cámaras de vigilancia públicas, privadas o de medios de comunicación podrán ser incluidas como prueba de los diferentes delitos que están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

De acuerdo con el artículo 471 de la normativa, que entra hoy en vigencia, no será necesaria la autorización judicial si dichas grabaciones se las obtiene en lugares públicos y de libre circulación donde se hayan instalado los dispositivos.

Antes de la aprobación del COIP en la Asamblea, en diciembre del 2013, era necesario un pedido de la Fiscalía a la justicia para que esta ordene el acceso a imágenes, por ejemplo, de los Ojos de Águila interconectados con el ECU-911, lo que podía tomar semanas.

Sin embargo, en mayo pasado, se firmó un convenio entre la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura (CJ), la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio Coordinador de Seguridad, con el que se modificó el procedimiento.

Con el acuerdo, el Sistema ECU-911 tiene 72 horas para entregar los videos a la Fiscalía, cuando exista la sospecha de que un acto delictivo fue registrado por las cámaras.

El fiscal general Galo Chiriboga resaltó que si antes el fiscal tenía que buscar si existía evidencia respecto a un caso en que trabajaba, ahora sucede lo contrario porque el ECU-911 proporcionará las imágenes, bajo parámetros de seguridad y custodia, sobre los hechos.

La norma incluye, además de los videos, fotografías, datos informáticos, discos y otros medios análogos o digitales obtenidos de forma espontánea. Estas pruebas serán conocidas por el juez de la causa en audiencia privada, la que contará con dos peritos, el fiscal y las partes involucradas. Todos deberán realizar un juramento para mantener la reserva de la información.

Gerardo Morales, exjuez nacional, recordó que cuando una grabación no es pública, espontánea o no cuenta con la autorización del juez o de la persona que está siendo grabada, carece de valor probatorio.

Al penalista Patricio Armijos le preocupa el hecho de que ya no sea necesaria la orden del juez para acceder a los videos, como sí se estipulaba en el anterior Código de Procedimiento Penal, porque un mal uso de las imágenes podría dejar en la indefensión al sospechoso.

?He defendido a policías del caso 30S y este recurso ha sido usado por la Fiscalía de forma inadecuada con videos que eran simples copias, que no cumplieron la cadena de custodia y si eso se vuelve a repetir se seguirá condenando a inocentes?, dijo Armijos.

También espera que los peritos que se designen para analizar este tipo de pruebas, tanto de reconocimiento de voz como de la fisonomía de las personas, estén capacitados y garanticen independencia.

Sistema
ECU-91

Cámaras

De acuerdo con información publicada en la página web del Sistema ECU-911, hasta finales de junio se habían instalado 2.317 Ojos de Águila a nivel nacional; 38 mil cámaras del programa Taxi Seguro y 1.100 dispositivos de video en buses.

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario El Universo en la edición del 10 de agosto de 2014

 

 

 

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