LAS REFORMAS PENALES EN EL ECUADOR

Viernes, 03 de febrero de 2017

 

LAS REFORMAS PENALES EN EL ECUADOR

 

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Para poder explicar este tema es oportuno que partamos de lo dicho por Aníbal Quijano cuando se refiere a que ?la globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial.?[2]

Es decir de alguna manera toda nuestra vida nos hemos encontrado en búsqueda de procesos continuos de evolución de globalización tanto así que para José María Tortosa, ?la globalización se ha convertido en un término que lo abraza todo, pero también en una fuente de controversias y movilizaciones.?[3]

Concepto que si lo cotejemos con lo enunciado por Julián Ramiro, quien manifiesta que: ?la globalización es un fenómeno reciente, que marcará profundamente el futuro económico del mundo, y que afectará a los países en desarrollo de una manera decisiva.?[4]

Nos denotan la idea de que la globalización, se ha convertido en un concepto que marca la trayectoria del sistema mundial, reflejando los intereses de los países, y los grupos sociales, que habitan en ellos, y que da como resultado que el acceso a la información determine el desarrollo de las naciones ya que el conocimiento será el mayor recurso de las naciones.

Esta idea, es el eje transversal de la globalización, que permitirá, establecer una clasificación mundial sobre la idea de una construcción mental, que expresa las dimensiones más importantes del poder mundial y que como menciona Alberto Romero, ?existen múltiples interpretaciones del concepto "globalización", todas ellas enmarcadas dentro de parámetros ideológicos y políticos, unos más o menos rígidos, otros más o menos eclécticos. En términos generales, la globalización es analizada desde posiciones tecno económicas, socioeconómicas, políticas, geopolíticas, partidistas, religiosas, etc.?[5]

Es decir, la globalización, nos permite tener una visión internacional del desarrollo, no solo de los procesos económicos, sino también sociales, políticos, ambientales, geográficos y culturales, que involucran relaciones entre Estados, regiones, pueblos, empresas, partidos, etc.

En dicho sentido se infiere que está sin lugar a dudas es un elemento definidor que permita contextualizar la necesidad del avance normativo en los distintos ordenamientos jurídicos, debido a que la injerencia de la globalización en los procesos de evolución normativa es necesaria, es por ello que el Ecuador no ha sido la excepción tal es así que en el ámbito penal ha sufrido varias reformas en el campo normativo como veremos a continuación.

1.- NECESIDAD DE LAS REFORMAS PENALES:

 

Cabe mencionar, que una vez producida la independencia, de lo que actualmente, es el Ecuador, después de las gestas libertarias, el país pasa a formar, parte de la Gran Colombia, y desde 1822, se mantuvieron vigentes las normas que formaban parte de la legislación española en las colonias, no solo hasta que el Ecuador se separó de la Gran Colombia, sino hasta algunos años después.

Lo que nos da a entender que el Ecuador, desde su época republicana ha promulgado cinco Códigos Penales (1837, 1872, 1889, 1906 y 1938), evidenciando así que la legislación penal que estaba vigente es una codificación más que tenía una fuerte influencia del Código italiano de 1930, conocido como "Código Rocco"[6], argentino de 1922, belga de 1867 y este a su vez del francés de 1810.[7]

En suma, teníamos un Código de hace dos siglos con la influencia trágica del siglo XX, que es la Ley penal del fascismo italiano[8], es entonces que el Código Penal, antiguo, incompleto, disperso y retocado, ha sido permanentemente modificado. [9]

Concepto similar al sufrido en otros ordenamientos jurídicos, en donde en aras de buscar un cambio del sistema inquisitivo a uno acusatorio o adversarial, basándose en que la introducción de juicios orales y públicos, generaran mayor transparencia en el sistema penal.

            Donde los códigos inquisitivos latinoamericanos, debían sumarse a las reformas procesales penales europeas del siglo XIX, creando procesos penales, divididos por fases llamadas sumario o instrucción y la fase de juzgamiento y determinación de la pena.[10]

Tanto es así que en 1939, surgió el Código de Córdoba, presentado por Vélez Mariconde y Soler, como un proyecto innovador de los viejos códigos inquisitivos, pero posteriormente, en 1983 se introdujeron un sin número de reformas legales, en donde los funcionarios solicitaron consejos sobre la administración de justicia a Julio B.J. Maier, el mismo que determino que el problema de la administración de justicia es la naturaleza inquisitiva, ya que el imputado carecía de derechos, es por eso que, Maier propuso redactar un código procesal penal más acusatorio, criticando de esta manera los siguientes aspectos del código inquisitivo:

a)      Fase de Juzgamiento del Código de 1888, en donde el juez decidía el caso basado en los elementos de prueba reunidos en el expediente, determinando, que esto no era transparente.

b)      Existían insuficientes derechos al imputado durante la investigación preliminar.

c)      Era improcedente la prisión preventiva automática del imputado para todos los delitos que no admitían una pena de ejecución condicional.

d)     La instrucción realiza una tarea psicológicamente imposible de investigar con celo el caso y permanecer imparcial el momento de decidirlo.

e)      No existe flexibilidad para tener un sistema de justicia penal eficiente.[11]

 

2.- CÓDIGO PROCESAL PENAL MODELO PARA IBEROAMÉRICA:

Vista la necesidad imperante de generar un desarrollo normativo, se optó por generar un Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, mismo que trae consigo la posibilidad, de que la víctima pueda ser querellante en el proceso penal, así como también la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales actúen como querellantes.

Generando de esta manera una difusión desde la periferia, de las reformas procesales penales, mismas, que se fueron dando en Brasil, Cuba, Uruguay y México, generando soluciones sobre prisión preventiva y fortaleciendo derechos de los imputados.[12]

Tanto así, que Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela, tuvieron grandes periodos antes de abandonar el sistema inquisitivo, hasta que entendieron, que la idea de la difusión desde la periferia consistía en reemplazar los códigos inquisitivos con acusatorios denotando, que todo este cambio estructural, nace del desarrollo de las políticas criminológicas, que tienen concatenación con el delito, delincuente y pena.

3.- EVOLUCIÓN DE LA REFORMA PENAL EN EL ECUADOR

a)      En el año de 1837, el Ecuador tiene un Código Penal, elaborado en la Presidencia de Vicente Rocafuerte,[13]y no es sino hasta 1839, que se dicta la primera Ley de Procedimiento Criminal, que la pone en vigencia el General Juan José Flores; en 1848, y durante la presidencia de Vicente Ramón Roca  se expide la Ley de Jurados, la cual rige simultáneamente con la anterior.

b)      En el año de 1853, el Congreso Nacional, dicta una nueva ley de Procedimiento Criminal, en la que se regulan, las formas de presentación de la acusación, personalmente o por apoderado, pero con poder especial, e igualmente se dan algunas reglas, a las que deben sujetarse los jueces, al dictar el auto de cabeza de proceso.[14]

c)      Entre 1853 y 1863, se producen algunas reformas, para casos y situaciones aislados en materia penal, pero no es sino hasta 1871, que se promulga un nuevo Código de Enjuiciamiento en materia Criminal, el cual entra en vigencia, el 01 de noviembre de 1872, que divide a su vez, la acción penal en pública y privada, permitiendo la presentación de denuncias reservadas, clasificando a las pruebas en materiales, instrumentales, reales y conjeturales; y dividiéndolas en perfectas, plenas o completas, e imperfectas o semiplenas, de acuerdo al sistema de valoración legal existente.[15]

d)     En 1887, se expide una ley que introduce reformas, al Código de 1871, en lo relativo, al abandono de la querella, la presentación y aceptación de la fianza de calumnia, la prueba conjetural y el sobreseimiento definitivo.[16]

e)      En 1892, se pone en vigencia un nuevo Código de Enjuiciamiento en materia Criminal, el cual puntualiza a las personas que no pueden presentarse como acusadores particulares, conservando además el sistema legal de valoración de prueba y mantiene también la división de la acción penal.

f)       En 1906, se pone en vigencia un nuevo Código de Enjuiciamiento en materia Criminal, muy parecido a los anteriores, con la salvedad que dispone que las infracciones que no pueden perseguirse de oficio, pueden terminar por desestimiento de los acusadores, si no hay contradicción de los acusados.

g)      En 1930, se dan las primeras reformas, al Código de Enjuiciamiento en materia Criminal, y se refieren a la competencia, en materia de contrabandos, apreciación del mérito de las declaraciones de los testigos, apelación y consulta de autos, así como la fundamentación, de sentencias y autos.[17]

h)      En 1938, se dicta el primer Código de Procedimiento Penal, que posteriormente en 1906, a pretexto de errores tipográficos, se modificó, en su articulado.

i)        En 1946, se promulga un nuevo Código de Procedimiento Penal, el mismo que recoge, reformas para el juzgamiento de funcionarios públicos, acusados de haber abusado de dineros del Estado.

j)        En 1955, se forma una Comisión, para compilar, la legislación procesal, en un solo Código de Procedimiento Penal, y ya en 1960, la Comisión legislativa, modifica el Código de Procedimiento Penal.

k)      En 1971, se forma una comisión jurídica, para que codifique y prepare un proyecto de nuevo Código de Procedimiento Penal, en la que ya no se clasifica a las pruebas en plenas o semiplenas, solo se dice que la prueba plena es aquella que demuestra de un modo positivo la responsabilidad y la culpabilidad del sindicado, se establece el derecho al silencio.[18]

l)        En 1979, se dispone conformar una comisión, para que proceda a elaborar un proyecto, de ley que luego es sometido a consideración, por lo que además ya en 1981 se pretende adecuar normas de convivencia social, al Código de Procedimiento Penal.[19]

m)    En 1983,en el Código de Procedimiento Penal, se introducen reformas relativas a la organización de la Policía Judicial, se determina el valor jurídico de las presunciones, se establece la oralidad para el juicio plenario, se establecen los recursos de nulidad y casación, se señalan las reglas para el juzgamiento de los delitos cometidos por medios de Comunicación Social.

n)      En 1994, en el Código de Procedimiento Penal, se da la derogatoria, que disponía que los jueces de policía fueron privados de jurisdicción, e instructoria, en lo relativo a los delitos pesquisables de oficio, en virtud de que ya no pueden iniciar y organizar los sumarios en los procesos para sancionar estos delitos.[20]

o)      En el año 2000, se establece en el Código de Procedimiento Penal, que este sistema procesal, fue diseñado con miras, de obtener agilidad y eficiencia, que no es enteramente contradictorio, como tampoco es absolutamente acusatorio u oral.[21]

            Es necesario mencionar además, que previo a la expedición del Código Orgánico Integral Penal, se presentó un Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales del Ecuador, realizado por el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, el mismo que nos hace referencia a los hitos del neo constitucionalismo social latinoamericano.

En donde el principio pro homine, parte del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, la reafirmación de la plurinacionalidad, el derecho a la resistencia, que nos han llevado a plantear nuevos parámetros, para lo cual es necesario diseñar un Código Orgánico de Garantías Penales, que responda al poder punitivo y a la maximalización de las garantías personales.[22]

Por lo que tomando en consideración, estos aportes y tras varios debates, finalmente se dio la implementación del Código Orgánico Integral Penal, el cuál podríamos decir que su importancia subyace, del hecho de haberse aprobado la Constitución, elaborada en Montecristi, por la Asamblea Constituyente, y la exigencia de su armonización con todos los órdenes normativos.

Debido a que este mandato constitucional, ha sido indispensable, para, la emisión de un nuevo cuerpo normativo, que integre los tres ordenamientos del sistema penal ecuatoriano, es decir, el Código Penal de 1938, el Código de Ejecución de Penas de 1982, y el Código de Procedimiento Penal del 2000.

Por lo tanto el Código Orgánico Integral Penal, lo que busca principalmente es adecuar y unificar, los anteriores cuerpos normativos antes citados, en uno solo, a fin de que se adecuen al siglo XXI.

En este mismo sentido también se buscó incorporar, en este cuerpo legal los tipos penales dispersos en varias leyes especiales, como los tributarios, aduaneros, relativos a drogas, lavado de activos, entre otros así como fortalecer la oralidad en los procedimientos y humanizar la ejecución penal.

Buscando garantizar el desarrollo social, y las demandas de la burocracia, que también han sido consideradas, al momento de introducir nuevas figuras y efectivizar el desempeño de los operadores de justicia.

Es oportuno además recordar que la expedición del Código Orgánico Integral Penal, se enmarca en la reforma y restructuración del sistema judicial del país, incluyendo conductas típicas, que responden a una época como esta, en la que la delincuencia, se comporta de una manera más técnica, siendo por ello los objetivos más importantes de este Código Orgánico Integral Penal los siguientes:

§  Cumplir con las obligaciones normativas, que surgen de la misma Constitución.

§  Derogar leyes obsoletas, que han caído en el desuso, por la entrada, de la vigencia de normativa más actual, con la cual se contraponen.

§  Incorporar procedimientos ágiles y expeditos, para lograr, la descongestión en las causas pendientes.

§  Regular el manejo y administración de los centros de privación de libertad, a cargo del Sistema de Rehabilitación.

§  Controlar la ejecución de las sentencias que están bajo la responsabilidad de las y los jueces de Garantías Penitenciarias.

Lo cual nos conlleva  a dejar abierta la interrogante de si verdaderamente se está o no cumpliendo con los objetivos antes enunciados, respuesta que sabrán dilucidar cada uno de los lectores.



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista (c) en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] Aníbal Quijano, «Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina», s. f., http://www.decolonialtranslation.com/espanol/quijano-colonialidad-del-poder.pdf.

[3] José M. Tortosa, ed., Estado y globalización, Serie de estudios sobre globalización (Quito, Ecuador?: Bonn: Ildis?: Tramasocial?; Friedrich-Ebert-Stiftung, 1998).

[4] Julián Ramiro, «La globalización: sus efectos y bondades», s. f., http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf.

[5] Alberto Romero, Globalización y pobreza. (Pasto: Universidad de Nariño, 2002).

[6] Este código básicamente plantea la actuación frente al delito desde categorías del contenido más técnico, analizando por ejemplo la imputabilidad psíquica como requisito de la responsabilidad, la pena con contenido aflictivo y el dualismo de penas y medidas de seguridad.

[7] Ricardo Vaca Andrade, Manual de derecho procesal penal, 4. ed. actualizada, Cátedra, no. 11-1, 11-2 (Quito, Ecuador: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011).

[8] Se adopta un sistema penal realmente totalitario, que adhiriese a los principios y a la ideología del partido en el poder.

[9] José Sebastián Cornejo Aguiar, «La Actualización Doctrinaria de la Legislación Penal», Derecho Ecuador, noviembre de 2015, http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/10/22/la-actualizacion-doctrinaria-de-la-legislaci-n-penal.

[10] Ibíd.

[11] Ibíd.

[12] Ibíd.

[13] Vaca Andrade, Manual de derecho procesal penal.

[14] Juan J. Paz Y Miño Cepeda, «La Asamblea Constituyente De 2007: Un Nuevo Ciclo Histórico Del Ecuador».

[15] Registro Oficial Suplemento No. 180, Código Orgánico Integral Penal (2014).

[16] Vaca Andrade, Manual de derecho procesal penal.

[17] Ibíd.

[18] Ibíd.

[19] Ibíd.

[20] Ibíd.

[21] Ibíd.

[22] Eugenio Raúl Zaffaroni, Ramiro Ávila Santamaría, y María Fernanda Álvarez Alcívar, eds., Anteproyecto de código orgánico de garantías penales: la constitucionalización del derecho penal, 1. ed, Serie justicia y derechos humanos?: neoconstitucionalismo y sociedad 17 (Quito: Ministerio de justicia y derechos humanos, 2009).