LAS MUJERES Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Jueves, 21 de septiembre de 2017

 

LAS MUJERES Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN

DE JUSTICIA

 


Autor: Ab. Jonathan Geovanny Rodríguez


                                       

 




El presente artículo está orientado a plantear varios problemas en torno a la igualdad de las mujeres y su participación en la administración de justicia ecuatoriana, abordando esta temática desde el campo del Derecho Constitucional.

 






Las mujeres y el acceso a la administración de justicia ecuatoriana.

 

La temática escogida busca abordar el acceso a la justicia, por parte de las mujeres, pero a su vez, en éste mismo enfoque, vamos hacer referencia en dos sentidos, que a mi parecer son relevantes, en un inicio estará la mujer como ente que recibe la justicia, y por otra parte, haremos referencia a la mujer como integradora de la administración de justicia, ya que pese a las grandes desventajas que ha tenido, tenemos que de a poco va ganando espacio, y un sitial bien reconocido dentro de las instituciones del Estado. Si bien es cierto he traído al escenario un tema sobre el cual se ha debatido bastante, por la participación pro-activa de las mujeres, pero no deja de ser menos importante, ya que a pesar de la lucha permanente de éstas, vemos que en nuestra sociedad, aún siguen padeciendo de este mal, por denominarlo de algún modo.

 

La justicia para las mujeres sigue siendo un objetivo a lograr, y es improbable que se consiga a través de la igualdad formal, porque la forma en la que la sociedad está estructurada es el resultado de una historia en la que las mujeres estaban legalmente subordinadas y en la cual se daba por supuesto que su papel natural era prestar servicios sexuales y domésticos (incluyendo la importante tarea social de cuidar a los hijos/as) a cambio de una seguridad económica que implica depender de los hombres.1

 

Esta realidad que nos presenta Susan Okin, a pesar de haber sido exteriorizada hace más de dos décadas, sigue siendo aún una realidad vigente al menos en los países en vías de desarrollo, en donde la mujer se encuentra relegada en sus derechos, debido a una sociedad machista y pese a que constantemente el derecho como tal, ha ido evolucionando de una manera garantista, para asegurar que no se sigan vulnerando sus derechos.

 

Es indispensable que los Estados y la sociedad en general perciban que el acceso a la justicia pasa por reconocer que la violencia y la discriminación contra las mujeres no son un fenómeno aislado, sino producto de una violencia estructural que impregna todo el tejido social, sea en tiempo de paz, de guerra o en situaciones irregulares, por ende está en la idiosincrasia de nuestra gente, y a través de estos espacios, queremos hacer notar que este tipo de situaciones no pueden ser comunes y formar parte de nuestra vida cotidiana, por el contrario es necesario elevar nuestra voz de protesta, para que la violencia y la discriminación en el acceso a la justicia, por parte de la mujer deje de estar vigente en nuestras sociedades.

 

Si no se toma en cuenta esta constatación el resultado será la invisibilización y/o naturalización de las graves consecuencias que la negación de la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia acarrea para las mujeres. En este sentido, la discriminación y la violencia que sufren nos revelan que el punto de partida para mujeres y hombres no es el mismo, y que nos enfrentamos a sociedades altamente jerarquizadas por razones de género.

 

El desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos responde a un proceso inacabado de expansión de los derechos humanos que permite nuevas miradas ?fundamentado en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará)?, así como la comprensión del vínculo entre la discriminación y la violencia, que rompe el principio de igualdad sustantiva, negando la dignidad y la humanidad de las mujeres. Recordemos que en otros momentos históricos, la mujer era considerada como personas de segunda clase, y que sus derechos se encontraban relegados, a las decisiones de los hombres.

 

Frente a estas realidades, los estudios existentes en los sistemas de protección

Universal y regionales señalan las grandes dificultades para que se dé un efectivo acceso a la justicia de las mujeres. Es así como al investigar un caso donde se dan violaciones a los derechos humanos de las mujeres no se puede hacer en el vacío, sin analizar los rasgos sexistas que se dan en el abordaje de las pruebas y testimonios, es decir, en la línea de investigación; como aconteció con el caso de las algodoneras en México, el mismo que ameritó una resolución de la CIDH, y en la que se dispuso acciones al Estado mexicano, para contrarrestar la falta de acceso a la justicia por parte de las mujeres.

 

La Mujer dentro de la administración de Justicia

 

Como se había anunciado, este análisis va hacer referencia a dos enfoques, entorno a la mujer, dentro de esta perspectiva pasaremos a tratar el segundo escenario propuesto, y es la mujer dentro de la administración de justicia.

 

Es necesario citar ciertos hechos, porque de estos están compuestos las páginas de nuestra historia; y no podemos dejar de mencionar como un preámbulo a Matilde Hidalgo de Procel, una excelente mujer lojana, conocida por ser la mujer ecuatoriana en obtener un doctorado en Medicina, la primera mujer en votar en una elección democrática en América del Sur y la primera mujer en ocupar cargos de elección popular en nuestro país.4

 

Los ideales de libertad e igualdad, que siempre estuvieron presentes en Matilde, constituyeron el antecedente histórico, para que la mujer se habrá paso en una sociedad llena de prejuicios y desigualdades, en donde la mujer era considerada un ser inferior. Probablemente, a pesar de los avances del constitucionalismo contemporáneo, tenemos que la participación de la mujer en instituciones como la administración de justicia, también ha sido un área en la que literalmente se ha visto restringida, y es que los modelos pragmáticos no permitían su ingreso, sin embargo hoy en base a una nueva configuración constitucional, que incide en el aparato normativo, se abre la puerta para que la mujer tome este rol, permitiéndole participar en igualdad de condiciones y no sólo eso, asignándole ventajas en concursos, en razón de su género. Es decir se aplica el principio de la diferencia, entendido como, la igualdad se justifica siempre y cuando se han ventajosas para aquellos peor situados en la sociedad.

 

Igualdad de oportunidades

 

Al respecto John Rawls en su tesis habla de la justa igualdad de oportunidades, y que él mismo propone llamarlo ?igualdad democrática?, pensamiento que tiene trascendencia en los procesos de participación de las mujeres, en la administración de justicia, toda vez que se busca canalizar de que exista una igualdad, pero no cualquier igualdad, sino una igualdad real, que establezca oportunidades de manera amplia para las mujeres, que como tales no se les ha permitido.

 

El problema de la falta de acceso de la mujer, a la administración de justicia; ya sea como usuaria de este servicio, o como funcionaria, constituye un espejismo moral, porque de manera conservadora se le ha otorgado un sitial a la mujer, pero sin embargo se le ha puesto trabas, para que acceda a éste, manejándose hasta cierto punto como una doble moral. Hoy por hoy el Ecuador, siendo un ejemplo en la Región, tiene una Asamblea Nacional presidida por tres brillantes mujeres por primera vez, en lo que va de su historia política, constituyéndose un nuevo camino5 para el respeto a los derechos de las mujeres, y su protagonismo, en los espacios de poder.

 

El principio de igualdad, como base de la justicia

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 1 el principio de igualdad y el principio de no discriminación. En el artículo 2, incisos 1 y 2, proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. Esta definición proporciona los elementos necesarios que permiten a todas y todos los sujetos identificarse y ser parte de la construcción y la comprensión del paradigma de lo que es ser humano. Como consecuencia, uno de los parámetros de la igualdad es la diversidad.

 

Todas las personas deben tener igualdad de condiciones en el acceso, goce y

Ejercicio de los derechos tanto de jure como de facto, sin discriminación alguna ya sea por sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole o condición, reconociendo la diversidad de las condiciones como parte inherente de las y los sujetos en la sociedad para ser tomados en cuenta y no como un obstáculo para la inclusión.

Así, la igualdad se constituye como un principio jurídico universal reconocido en

diversos textos internacionales subsiguientes sobre derechos humanos, entre los que destaca la CEDAW ?aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979?, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre6 Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(Protocolo de San Salvador) y la Convención de Belém do Pará (1994).

 

La igualdad no es un principio estático, sus concepciones se han resignificado y su contenido se amplía históricamente. Existe por lo tanto una vinculación entre la realidad y las normas, por lo que el principio de igualdad trata precisamente de fijar cuándo está justificado establecer las diferencias en las consecuencias normativas y cuándo no.2

 

En realidad, la búsqueda de la igualdad de las mujeres pasa porque tengan la

oportunidad de estar en un mundo no vertido en su contra. Para erradicar la discriminación se requiere que las normas androcéntricas sean remplazadas por otras que reflejen los cuerpos y experiencias de vida de las mujeres y de los hombres. Aparentemente esta sería una de las alternativas para lograr la igualdad sin discriminación.

Se trata de reconceptualizar la igualdad como principio que refleja una aspiración humana enunciada de diferentes maneras según las épocas. Ya Aristóteles planteaba que este principio ?exige tratar a las cosas iguales de igual manera, pero también a las diferentes de manera diferente?. Los modelos de derechos fundamentales francés y norteamericano hacen referencia a este principio.3

 

Se establece así la adopción de acciones afirmativas ?o las que sean necesarias para nivelar las desigualdades históricas o emergentes?, convirtiéndose estas medidas especiales de carácter temporal (art. 4 de la Convención CEDAW), en muchos casos, en la única manera de crear las condiciones para lograr la necesaria igualdad de oportunidades, con miras a alcanzar la democratización de la sociedad y poner límites a los abusos de poder.

 

Es así como se torna un imperativo que el principio de igualdad material impacte en todos los ámbitos de la sociedad, tanto el cultural, económico, social, político, familiar y cualquier otro ámbito, convirtiéndose en obligación del Estado velar por la erradicación de la discriminación en todos los espacios. Esto reviste especial importancia en lo que se refiere a la administración de la justicia: el acceso a la justicia, la tutela de los derechos de las víctimas y la jurisprudencia se miden por el resultado que produzcan en la sociedad, procurando así el logro de la igualdad para las mujeres.

 

Las respuestas que ofrece el Estado para asegurar la igualdad y participación de las mujeres

 

La Constitución del Ecuador del 2008, en su numeral 2 del artículo 11, establece el principio de igualdad, y manifiesta: ?Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad?. En este marco garantista de derechos por principios, se pretende que todas las personas alcancen una igualdad real, y que no sea un simple saludo a la bandera, con una declaratoria bonita, que no trascienda del papel, sino que debe de realizarse, y por eso el Estado adopta mecanismos de acciones afirmativas, para asegurar se cumplan.8

 

Es indudable que el Estado debe cumplir con la debida diligencia asumiendo, no en abstracto sino tomando las medidas que sean necesarias, la modificación de las  condiciones discriminatorias que son atentatorias contra los derechos de las mujeres y que obstaculizan su acceso a la justicia, y partiendo, a la vez, de las diversas condiciones que se encuentren ellas.4

 

Principios del Derecho Internacional

 

En esta materia, el Derecho Internacional se rige por algunos principios, tales como que el Estado no puede delegar su obligación de proceder con la debida diligencia ni siquiera en situaciones en que algunas funciones son asumidas por otro Estado o por un agente no estatal; el principio de no discriminación, que implica que los Estados asumen la obligación de prevenir, investigar, castigar y proporcionar remedios contra la violencia; la buena fe, que consiste en que los Estados adopten medidas positivas para asegurar que los derechos humanos de la mujer se protegen, respetan, promueven y ejercen; la obligación de garantizar que las intervenciones concebidas para prevenir y responder a la violencia contra la mujer se basen en datos empíricos exactos.

 

La debida diligencia del Estado en el tema de la violencia requiere de su actuación para evitar las discriminaciones directas que resultan de normas o actos

Jurídicos/públicos que dispensen un trato diferente y perjudicial para las mujeres, o indirectas, de aquellos tratamientos formalmente neutros o no discriminatorios, pero de los cuales se derivan consecuencias desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tienen sobre las mujeres5. Esta situación lleva al Estado a asumir la responsabilidad por las acciones u omisiones que cometan en el incumplimiento de la erradicación de estas discriminaciones y/o violencias.

 

En este punto es importante recordar que no todo trato diferente es discriminatorio, si se basa en criterios razonables y objetivos. Si las actuaciones del Estado son necesarias para que se garantice el acceso a la justicia y se dé una efectiva protección de los derechos de las mujeres, estos pueden adoptar medidas especiales. ?No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia?6. Además que el trato preferente no implica un trato discriminatorio, sino más bien constituyen medidas afirmativas, para contrarrestar la desigualdad.

 

Conclusiones

 

A manera de conclusiones, podemos señalar que el acceso a la administración de justicia, es una barrera que de a poco se está derribando, en éste y todos los ámbitos de convivencia y desarrollo; en donde los estereotipos de género deben quedar para la historia, y tanto el hombre como la mujer, deben ser enfocados en la sociedad de una manera humanista y como seres capaces e iguales a pesar de sus diferencias; ya que todos debemos sintonizarnos con este cambio, que de manera holística no solo abarca a éstos, sino a toda la naturaleza en su conjunto.

 

(C. Picado T. "Pasteur y Metchnikoff").

?La lluvia que refresca y humedece la tierra y el sol que la calienta y seca, contribuyen por igual al mantenimiento de la vida. Los grandes espíritus, ya sean optimistas o atormentados, por más que sean opuestos, forman un complejo cuyo conocimiento es tan útil al desarrollo intelectual de los que los suceden, como son   útiles a la vida el agua y el fuego?.

 

Autor: Jonathan Geovanny Rodríguez Córdova

rodriguezlegal.gr@gmail.com

 No. ISBN

 

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