La Argumentación Jurídica

Viernes, 03 de enero de 2014

La Argumentación Jurídica

 

Autor: Dra. Pamela Aguirre Castro

Las distintas corrientes jurídico- filosóficas, con las distinciones del caso, reconocen un ámbito de discrecionalidad judicial, positivistas como Hart destacan la existencia de casos difíciles, en los cuales la zona de penumbra abre el camino para que el juez pueda fallar con criterio extra jurídicos. En esta misma línea, iusnaturalistas como Dworkin enfatizan la valoración moral que el juez debe realizar en la aplicación de normas. Estas corrientes antagónicas reconocen un ámbito de discrecionalidad ineludible en la labor judicial, que da lugar a la necesidad de elaborar técnicas que permitan la corrección y racionalidad de las decisiones judiciales, así como el control de las valoraciones que realiza el juez a momento de tomar sus resoluciones con el objeto de impedir que a estas le correspondan una mera subjetividad.

La necesidad de técnicas que permitan al corrección y racionalidad de las decisiones jurídicas se presenta, además, por la eficacia en el sistema jurisdiccional de principios tales como igualdad, seguridad jurídica, unidad del ordenamiento jurídico, confianza legítima, acceso a la administración de justicia en condiciones de igualdad, es decir, resulta evidente la necesidad de la existencia de criterios uniformes ante circunstancias fácticas similares que permitan determinar una previsibilidad ante la actividad jurisdiccional.

Mecanismo de control de la discrecionalidad judicial

Surge entonces la interrogante: ¿Cuáles son los mecanismos que permiten controlar que discrecionalidad judicial? Para responder esta interrogante es necesario, en primer lugar, tener presente que los jueces al momento de resolver un caso no están creando con sus decisiones todo el orden jurídico, o el orden jurídico relativo a esa cuestión, pues, su actividad se encuentra siempre limitada por dos circunstancias: por una parte el derecho objetivo vigente y, por otra, las circunstancias fácticas del caso concreto. En efecto, la interpretación judicial se la realiza en un camino que permite continuar con la labor hermeneútica de lo que otros jueces han decidido en el pasado sobre la misma cuestión o sus análogos, para continuar con una actividad hermeneútica permanente; entonces, la actividad judicial es eminentemente justificativa y las técnicas de argumentación son una de las herramientas que permiten determinar al previsibilidad de las decisiones jurisdiccionales.

La indeterminación estructural en la conformación de preceptos normativos, sean estos principios o reglas, convierte a la argumentación jurídica en una cuestión forzosa. La carencia de ?autonomía semántica? de los preceptos normativos coloca al juez ante la valoración, es decir, la posibilidad de escoger dentro de un marco más o menos amplio la solución adecuada para el caso. Bajo este contexto, se convierte en indispensable la necesidad expresa de justificar el porqué de la decisión adoptada, para lo cual la argumentación jurídica nos ofrece las técnicas para obtener una resolución judicial racionalmente justificada.

Partimos entonces en reconocer la evolución que registra el razonamiento jurídico, el cual nos permite afirmar que en las instancias judiciales se utilizan modelos de aplicación legal y racional del derecho, conforme a los cuales se acude a preceptos normativos válidos en la resolución de un conflicto que van acompañados de una justificación racional. Y es en esta línea que la argumentación jurídica establece las herramientas que son utilizadas por el juez en el desarrollo  de su actividad. Efectivamente, la argumentación jurídica ha supuesto una renovada óptica del quehacer jurídico; este nuevo enfoque jurídico recuerda la importancia de la argumentación en los procesos de creación, interpretación, aplicación y decisión. Así la visión argumentativa del derecho tiene sentido, con el modelo del Estado constitucional, pues, es éste el sistema que exige fundamentalmente que las decisiones de los órganos públicos sean argumentadas, es decir, el sometimiento del poder a la razón en el que el constitucionalismo es argumentación.

Para determinar en qué medida una argumentación satisface los requisitos de racionalidad del sistema, Alexy, por ejemplo, elabora una teoría de la argumentación que permita asegurar una racional objetividad en la aplicación del derecho, mediante la determinación de un proceso, propugnándose que, si y solo si la decisión judicial se filtra por un procedimiento está racionalmente justificada. En este orden de ideas, el discurso jurídico es un discurso práctico que tiene lugar bajo condiciones limitadoras como los preceptos normativos vigentes, el precedente y la doctrina.

El reconocimiento a un modelo de vinculación al precedente, expuesto en las teorías estándar de la argumentación jurídica, depende de la dimensión normativa y de la praxis judicial de cada ordenamiento jurídico. Y es este planteamiento, el que nos induce a reflexionar en torno a la importancia del precedente, teniendo en cuenta que frente a cada precepto normativo, concurren diversas interpretaciones, de lo cual surge la necesidad de establecer qué interpretaciones encajan mejor en la pretensión de corrección, es decir, establecer los criterios por los cuales la norma ?interpretación escogida del precepto normativo-  es la opción ?más? racional y justa para el caso resuelto. Aquello a nuestro sentir, se puede lograr únicamente cuando la actividad judicial se sujeta a unos parámetros objetivos, de los cuales el juez solo puede apartarse presentando razones válidas y legítimas; dimensiones que estarían dadas por la jurisprudencia emanada de las altas Cortes, en razón de constituirse estos en máximos intérpretes del derecho.

Reconociendo, como se dejó señalado con antelación, que la discrecionalidad judicial no es ajena a la actividad jurisdiccional y que la vinculación al precedente es una de las estrategias que permiten la corrección y racionalidad de la decisión judicial al momento de aplicar el derecho frente a cada caso concreto, el derecho constitucional latinoamericano desde sus dimensiones objetiva y valorativa ha dado especial énfasis en el análisis del precedente. Así los estudios de los profesores Leonor Moral, Diego López, Bernal Pulido, César Landa, entre otros, denotan los modelos explicativos en torno a la importancia del uso del precedente ye l manejo del mismo en sus distintos ordenamientos jurídicos, tarea que nos proponemos introducirla en lo atinente al sistema constitucional ecuatoriano.

Importancia de la Jurisprudencia

El valor de la jurisprudencia se justifica por el rol que se ha asignado a los órganos judiciales dentro del Estado constitucional, pues, es al juzgador a quien le toca trasladarla generalidad y abstracción de los principios y reglas que conforman el ordenamiento jurídico hacia la concreción del caso,, puesto que representa una dinamización del derecho a las cambiantes necesidades del momento. En este sentido, la Constitución ecuatoriana ha previsto que el desarrollo progresivo de los derechos se lo realizará, entre otras fuentes, por la jurisprudencia (art. 11, núm. 8).

La  imposibilidad que el legislador prevea y regule todos los supuestos que pueden entrar bajo la esfera legislada de una determinada materia, los principios de supremacía constitucional y aplicación directa de la Constitución obligan a que sea la jurisprudencia la que vaya desarrollando, de manera paralela a la ley, los mandatos constitucionales y legales otorgando coherencia al ordenamiento jurídico. La jurisprudencia, al realizar esta función, ayuda al perfeccionamiento del sistema jurídico, al delinear los derechos e instituciones jurídicas, así ?los jueces tienen influencia sobre los cambios sociales, conteniéndolos o estimulándolos, no solo a través de la reformulación de las normas jurídicas generales, sino también mediante el control de los procedimientos judiciales.

Sin lugar a duda, la jurisprudencia asegura una efectiva seguridad jurídica al hacer predecible el contenido de la resolución judicial. La aplicación del juez a la regla de justicia persigue precisamente esa finalidad propia del Estado constitucional, hacer previsible ex ante la actuación de la administración de justicia mediante la predeterminación de sus contenidos. En efecto se proscribe la arbitrariedad judicial y restringe la discrecionalidad judicial, en la medida en que impide que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez o por varios jueces, con lo que evita directamente una vulneración de derecho a la igualdad.

De esa forma, el precedente incrementa además la eficiencia de la administración de justicia al evitar la duplicación de los esfuerzos, pues la justificación ante casos iguales tiene, necesariamente, que ser la misma, a menos de que existan razones justificadas de un cambio de criterio. Al exigir igual trato para casos iguales, la teoría justifica que el juez del caso actual omita reflexionar nuevamente acerca del trato correspondiente al tipo de caso sometido con anterioridad a su decisión o de las altas Cortes.

Finalmente, una de las principales razones acerca de la importancia de la jurisprudencia viene dada por la idea de justicia anclada al derecho de la igualdad. En efecto, la idea de justicia exige una distribución igualitaria.  Sin embargo, la exigencia de igualdad, desde luego, desde luego, no puede ser tomada en términos absolutos, ene l sentido de imponer exactamente el mismo trato a todos, cualesquiera sean las circunstancias. Tal uniformidad absoluta no es lo que exige el ideal de justicia, pues, la falta de reconocimiento de las diferencias relevantes significaría ubicar a todos en idéntica posición, cosa que no puede pretenderse. Por el contrario, no puede considerarse injusto que se hagan distinciones, de manera que los beneficios y las cargas, los derechos y los deberes sean distribuidos teniendo en cuenta circunstancias condicionantes. La exigencia de igualdad encierra únicamente la pretensión que nadie, en forma arbitraria, sea sometido a un trato que difiera del que se acuerda a otros.

Jurisprudencia en el ámbito constitucional ecuatoriano

El denominado precedente constitucional hasta antes de la publicación de la Constitución de 2008, no se encontraba previsto en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, pues, ni la Constitución Política de la República de 1998, ni la Ley de Control Constitucional determinó como facultad del Tribunal Constitucional la de expedir resoluciones que no constituyan precedente. Es decir, no existía en los cuerpos normativos antes enunciados, precepto normativo alguno que dote de fuerza vinculante, más allá del caso concreto, a las decisiones de los jueces constitucionales en materia de garantías de derechos, así como tampoco el Tribunal Constitucional asumió dicha responsabilidad.

Esta situación con acierto cambia en la Constitución de 2008, lo que denota que el Ecuador asumió un antiformalismo en la concepción tradicional de las fuentes del derecho, y reconoce que el concepto de fuente no es exclusivo de la ley en sentido formal, puesto que, existen otras tantas manifestaciones que no provienen necesariamente del Parlamento, pero que reúnen las condiciones para la generación de derecho objetivo, entre ellos, la jurisprudencia constitucional.

Una lectura aislada y literal del artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador, parecería conducirnos a sostener el ínfimo valor de la jurisprudencia, en tanto que esta se ubicaría dentro de ?otras decisiones de los poderes públicos?, fuente colocada al final de aplicación jerárquica ene l ordenamiento jurídico ecuatoriano, como característica clásica en los sistemas continentales o de civil law como el nuestro.

Sin embargo, un análisis sistemático de la Norma Suprema nos conduce a otra conclusión, toda vez, que al ser la Constitución norma jurídicamente aplicable, existiendo en su regulación centralidad de los derechos constitucionales y humanos y con el reconocimiento del pluralismo jurídico, podemos asimilar que la concepción clásica ha sido modificada. Y es en este contexto, que el artículo 11, numeral 8 coloca expresamente a la jurisprudencia como la fuente generadora de derecho objetivo, pues, ?el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas?. Es decir, nos replanteamos a nivel de la familia romano- germánica el rol que cumple el juez en el establecimiento del derecho vigente, bajo el entendido de  que este deja de ser un mero aplicador de preceptos normativos, para tornarse en creador de reglas jurisprudenciales que concretan el contenido y alcance de los derechos.

Continuando en el análisis contextual del sistema de fuentes ecuatoriano con relación a la jurisprudencia, la Constitución expresamente en los artículos 185, 221 y 436, numeral 6, reconoce que los fallos de las altas Cortes ecuatorianas vinculan ya no solo a las partes, sino que generan efectos a todos los operadores jurídicos. En tal virtud, existe una revalorización contundente de la jurisprudencia en nuestro sistema jurídico, en efecto, la Constitución otorga tanto a la Corte Constitucional, Tribunal Contencioso Electoral y Corte Nacional un rol importante en la generación de derecho objetivo, con el fin justamente de hacer efectiva la vigencia la derecho de igualdad, en una doble dimensión, por una parte igualdad ante la ley, y por otra, igualdad de trato de los tribunales, evitando la vulneración de estos derechos en aquellas situaciones en las que se desconozca por parte del juzgador la línea jurisprudencial trazada por un alto tribunal, respecto de un tema determinado.

En este aspecto resulta un punto central de reflexión le valor jerárquico de los preceptos normativos y las normas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 425 de la Constitución enmarcado siempre en un análisis sistemático. Es así que si un órgano con legítimas facultades reconocidas por la Constitución interpreta en abstracto los preceptos normativos, el resultado de la interpretación, el valor de la norma (resultado de la interpretación y la argumentación correspondiente por parte del juez, por ejemplo, relación signo y significante) no puede ser otro, que el mismo nivel jerárquico que el del precepto interpretado, en virtud del principio de paralelismo de las formas jurídicas. Es decir, el nivel jerárquico, dentro del Estado constitucional de derechos y justicia, no puede ser distinto entre los preceptos normativos constitucionales y las normas constitucionales (interpretaciones), y ahí es donde opera la transformación en el sistema de fuentes jurídico ecuatoriano y la manera de entenderlo e interpretarlo.

La Corte Constitucional, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 436, numerales 1 y 6, tiene la atribución de ?1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones tendrán carácter vinculante?, y ?6. Expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión?. Para cumplir con esta labor se dispone a todos los jueces que conocen de garantías jurisdiccionales, tanto de primera instancia y de apelación, que remitan las sentencias a la Corte Constitucional para el desarrollo de su jurisprudencia. Vale destacar que la remisión por parte de los jueces constitucionales de los fallos de garantías jurisdiccionales a la Corte Constitucional no es una facultad, toda vez que el mandato constitucional se refiere a todas las sentencias ejecutoriadas sin distinción alguna.

Dra. Pamela Aguirre Castro

Secretaria Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional del Ecuador

 

R. Umbral 3,2013.

 

 

 

 

 

 

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