El Examen y Contraexamen en la Etapa de Juicio

Jueves, 09 de octubre de 2014

El Examen y Contraexamen en la Etapa de Juicio

 

Autor: Dr. Merck Benavides Benalcázar

 

Principios del Debido Proceso

Para referirnos al examen y contraexa­men es necesario tener presente y claro los principios del debido proceso, ya que éstos juegan un papel fundamental en la sustanciación de los procesos penales, es así que desde el artículo 75 al 82 de la Consti­tución de la República, constan los princi­pios del debido proceso, correspondiendo a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de los sujetos procesales, con una justicia que se la realice sin dilaciones y con oportunidad, donde sean respetados en igualdad de condiciones a los intervinien­tes en el proceso penal, con el objeto de obtener una sentencia conforme a derecho, luego de haber sido sustanciado el proceso ante el juez o tribunal competente, impar­cial, independiente y sobre todo con la sufi­ciente formación ética y profesional.

Dentro del tema de análisis, los princi­pios como el de inmediación, contradic­ción y concentración, son de observancia estricta, ya que el incumplimiento de éstos ocasionaría que no surtan el efecto jurídico que lleva implícito un examen y contraexa­men, razón por la cual es de trascendental importancia que los sujetos procesales es­tén capacitados para practicar e incorporar la prueba y de manera especial cuando uno de ellos presenta un testigo o un perito, tiene la obligación de examinarle acorde al hecho que conoce o a la experticia técnica o científica correspondiente; mientras que a las otras partes les corresponde realizar el contraexamen de manera oral y de una manera técnica.

?La relevancia del examen directo es que constituye la principal oportunidad de que dispone el litigante para probar su teoría del caso al tribunal. El examen directo nos per­mite relatar nuestra teoría del caso desde la prueba concreta y no desde las puras afir­maciones del abogado litigante (como, por ejemplo, en los alegatos de apertura) que hasta el momento han sido solo una prome­sa? (BAYTELMAN Andrés-DUCE Mauri­cio, ?Litigación Penal Juicio Oral y Prueba?, editorial Carrera, Bogotá-Colombia, pág. 96). El examen directo, tiene la obligación de realizarlo el sujeto procesal que presenta a un testigo o perito y para ello debe tener una técnica jurídico-penal, que garantice lo que se quiere probar.


Contradic­ción de la Prueba y la Inmediación de los Jueces

?Una de las apuestas más fundamentales del modelo acusatorio ?particularmente en sus versiones más adversariales? es que la contradictoriedad de la prueba ?unida a la inmediación de los jueces? va a pro­ducir información de mejor calidad para resolver el caso?. (BAYTELMAN Andrés - DUCE Mauricio, ?Litigación Penal Juicio Oral y Prueba?, editorial Carrera, Bogotá-Colombia, pág. 139). Por lo tanto a través del sistema acusatorio oral, la contradic­ción de la prueba y la inmediación de los jueces, dentro de los procesos penales, permite obtener mejor información que le lleva al juzgador a resolver puntualmente un acto humano que viola la ley penal y de igual forma tener resoluciones apegadas a la verdad de los hechos basadas en pruebas que fueron sometidas a un examen y con­traexamen y con la observación directa del juzgador, lo cual las convierte a la pruebas con mayor calidad.

El principio de inmediación tiene su im­portancia dentro de la sustanciación de un proceso penal, por el hecho de que quien juzga debe conocer a ciencia cierta sobre lo que va a decidir, con la suficiente certeza, de que el hecho fáctico  ocurrido se ajusta al tipo penal que se investiga, y que las prue­bas determinan si se llega a establecer o no, tanto la existencia de la infracción, como la responsabilidad del procesado, para que luego los jueces procedan a la deliberación reservada, valorar la prueba en base a las reglas de la sana crítica y dictar la senten­cia que corresponda en Derecho, que debe ser anunciada de manera verbal en la mis­ma audiencia y con la respectiva motivación como establece el art. 76.7.l de la Consti­tución de la República y el art. 563.5 del Código Orgánico Integral Penal.

Principio de Concentración

En lo que respecta al principio de con­centración el artículo 5.12 del Código Orgánico Integral Penal, establece: ?Con­centración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de actos proce­sales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá de manera exclusiva con la información producida en la audien­cia destinada para el efecto?. Lográndose de esta manera procesos penales, coordinados, armónicos y sobre todo realizando la mayor cantidad de actos procesales, en una sola au­diencia cumpliendo fundamentalmente con los principios de celeridad, eficacia y efi­ciencia, aclarando que el proceso penal se desarrolla en base a audiencias, consecuen­temente todas las diligencias se llevaran a cabo en base al principio de oralidad, que es la parte esencial del sistema acusatorio oral.

Principio de Contradicción

El principio de contradicción en el desa­rrollo del examen y contraexamen, resulta ser primordial para que el juzgador adopte su decisión, sobre la base de las fundamenta­ciones o argumentaciones que hagan los su­jetos procesales, quienes aportan las prue­bas necesarias para llegar a la verdad de los hechos, considerando que existen tres clases de pruebas: el documento, el testimonio y la pericia como dispone el art. 498 del Có­digo Orgánico Integral Penal, pudiendo ser éstas de cargo y de descargo, mismas que deben ser solicitadas, ordenadas, practica­das e incorporadas en la etapa del juicio por los sujetos procesales y en especial por el fiscal que tiene la obligación  de hacer una investigación integral, cumpliéndose de esta manera con el principio de objetividad, que es un aspecto relevante del proceso penal, ya que solo al fiscal le corresponde buscar la verdad procesal, mientras que los jueces tienen la obligación de administrar justicia en base a las pruebas aportadas en juicio, mismas que deben ser obtenidas, en base a lo que determina la ley y la Constitución de la República, ya que de no ser así, carecerían de eficacia probatoria como dispone el artí­culo 76.4 de la Carta Magna.


 

 

Examen de las Pruebas y el Perfeccionamiento de la Contradicción y Concentración

Dentro del tema que motiva este estu­dio, que es el examen y contraexamen de las pruebas, es preciso hacer referencia en primer término al examen, mismo que se lo ejecuta frente al órgano jurisdiccional, en el caso concreto ante el tribunal de ga­rantías penales, la Corte Provincial por el recurso de apelación y la Corte Nacional de Justicia, por el recurso de revisión, o en casos de fuero donde los jueces realizan la audiencia de juzgamiento en la forma que establece la ley, donde entran en juego los principios anteriormente anotados, como el de inmediación con el contacto directo entre el juzgador, los sujetos procesales, los peritos y los testigos que van a declarar en una audiencia oral, pública y contradicto­ria (excepto en los casos que establece la ley donde las audiencias son reservadas), para que los juzgadores una vez efectuado el mismo, concedan la palabra a los otros sujetos procesales y procedan al contraexamen para que se cumpla con el debido proceso y en especial con el principio de contradicción.

El principio de contradicción se perfec­ciona cuando el sujeto procesal que presenta un perito o testigo procede al examen y el momento en que los otros sujetos procesales realizan el contraexamen automáticamente se cumple a cabalidad con este principio, ya que en el caso de que el juzgador no per­mita el contraexamen, ocasiona la violación del derecho de defensa establecido en el art. 76.7.a de la Constitución de la República, que hace referencia a que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento.

De igual forma el principio de concen­tración surte su efecto jurídico ya que en una sola audiencia deben concurrir el juez o jueces, el secretario, los sujetos procesales y si se trata de una audiencia de juicio, los testigos y peritos, quienes deben rendir sus declaraciones frente al tribunal juzgador, todo esto, significa cumplir con el princi­pio de concentración, donde se demues­tra por parte de los operadores de justicia eficiencia y destreza, resolviendo la mayor cantidad de aspectos de orden procesal, es decir, que una vez concluida la audiencia de juicio, se decida la situación jurídica del procesado de manera oral y motivada en la misma audiencia y la correspondiente sen­tencia escrita será notificada a los sujetos procesales en el plazo de diez días posterio­res a la finalización de dicha diligencia.

Objeciones que se pueden presentar en una Audiencia

Es necesario tener claro, qué es lo que se puede objetar en el desarrollo de una audiencia de juicio, por parte de los suje­tos procesales, para lo cual se debe tomar en cuenta lo que establece el art. 569 del Código Orgánico Integral Penal, y ésta tie­ne relación con todo lo que tiene que ver con los principios del debido proceso como regla general y entre los casos específicos tenemos: Las pruebas declaradas ilegales e inconstitucionales, presentación de testigos improvisados, comentarios sobre el silencio de la persona procesada o del comporta­miento anterior de la víctima y de manera muy amplia las preguntas autoincrimina­torias, capciosas, compuestas, impertinen­tes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o am­biguas, lo que está fuera de la esfera de percepción del testigo, sugestivas excepto en el contraexamen que si proceden estas últimas. Todas estas objeciones que pueden realizarse por parte de los sujetos procesa­les en una audiencia de juicio, permite un desarrollo adecuado, con respeto de los de­rechos y garantías de los litigantes.


Las pruebas declaradas ilegales o in­constitucionales, por un juez que conoció la etapa intermedia, esto es, en la audien­cia de evaluación y preparatoria de juicio, automáticamente quedan excluidas y no se las podrá tomar en cuenta en ningún otro momento procesal, por el hecho de que en la etapa procesal anterior se las tacho como inconstitucionales e ilegales, siendo nece­sario la objeción del sujeto procesal para que el juzgador califique a esa prueba como contraria a la Constitución y la ley y no pro­duzca el efecto jurídico pertinente; la prue­ba es ilegal cuando se la obtenido al margen de la ley y es inconstitucional cuando se ha violado el debido proceso o ciertos princi­pios, derechos o garantías constitucionales.

Es necesario ejemplificar con objeto de llegar a comprender de mejor manera el examen y contraexamen, así en la instruc­ción fiscal, se toma la versión de un procesa­do sin la presencia de su abogado defensor, por tanto, ese elemento de convicción re­sulta ser ilegal e inconstitucional, es decir, no tendría valor jurídico  en la etapa de jui­cio; lo mismo ocurriría en el caso de que en un parte policial, se hace constar que no le leyeron al sospechoso sus derechos consti­tucionales, en su idioma o se le interrogó sin la presencia de su abogado, por parte de miembros policiales, en este caso todos los elementos de convicción que nazcan del parte policial o de las versiones rendidas por los policías que procedieron a la apre­hensión del sospechoso en delito flagrante, carecerían de eficacia probatoria por haber­se violado el derecho a no ser interrogado sin la presencia de su abogado, aspecto que doctrinariamente significa que se debe apli­car la teoría del fruto del árbol envenado, esto es, que si el parte policial es ilegal e in­constitucional, todo lo que se desprenda del mismo, en el futuro corre la misma suerte, y consecuentemente carece de eficacia pro­batoria; también se puede objetar a testigos improvisados, así, si el fiscal presenta un testigo a la audiencia de juicio que nunca fue mencionado en la investigación previa o instrucción fiscal, no puede aparecer de ma­nera sorpresiva en la etapa de juicio como testigo, excepto en los casos que establece el art 617 del Código Orgánico Integral Pe­nal, esto es: ?1. Que quien solicite, justifi­que no conocer su existencia sino hasta ese momento. 2. Que la prueba solicitada sea relevante para el proceso? ya que se dejaría en indefensión a los otros sujetos procesa­les, por no tener el tiempo necesario para preparar su defensa y hacer en este caso el contraexamen, ya que es necesario conside­rar lo que jurídicamente significa derecho de defensa y para ello es necesario referir­nos a los que dispone el art. 76.7 con todos sus literales de la Constitución de la Repú­blica, para tener una comprensión completa de lo que significa esta institución jurídica, misma que es fundamental en el desarro­llo del proceso penal, en todas sus etapas e impugnación a través de los recursos que franquea la ley y que éstos son apelación, ca­sación, revisión y de hecho, aclarando que lo que hasta hoy conocemos como recurso de nulidad en la nueva legislación penal ya no es considerado como tal, simplemente el juzgador a petición de parte o de oficio tiene la obligación de declarar la nulidad del proceso cuando la sentencia no cumpla los requisitos del art. 622 del Código Orgánico Integral Penal, en el caso de que el juzgador  actúe sin competencia o cuando se ha vio­lado en trámite y éste influye en la decisión de la causa; entonces es imprescindible que el proceso penal sea tramitado cumpliendo toda la normativa legal, constitucional y de los tratados y acuerdos internacionales, ya que solo un proceso saneado garantiza los derechos de los sujetos procesales.


Condiciones para el Examen y Contraexamen

De igual forma el comentario realizado por uno de los sujetos procesales, en lo que respecta al silencio del procesado, ya que de acuerdo a la Constitución de la Repú­blica y la ley, el procesado bien puede aco­gerse al derecho al silencio y no rendir ni su versión, ni su declaración, por tanto, no se puede hacer un comentario negativo ni de ninguna otra naturaleza; es igualmente objetable el referirse al comportamien­to anterior de la víctima, ya que éste, en nada afecta al análisis de un hecho fáctico que luego de la investigación pertinente se llega a determinar de manera precisa el tipo penal y las disposiciones legales que tipifi­can y sancionan ese hecho típico antijurí­dico y culpable, correspondiéndoles a los juzgadores decidir sobre la pena que se le debe imponer al infractor, considerando el principio de proporcionalidad, es decir, el bien jurídico protegido violentado, el daño ocasionado a la víctima y las circunstancias en las que se cometió la infracción, ya que de existir, circunstancias atenuantes a su fa­vor, la pena es la mínima que establece la ley reducida en un tercio, pero si existe una o más agravantes no constitutiva ni modifi­catoria de la infracción según lo que dispo­ne el art. 44 del Código Orgánico Integral Penal, la pena privativa de libertad será la máxima aumentada en un tercio.

Cuando se va hacer un examen y con­traexamen hay que saber a ciencia cierta que preguntas son prohibidas, ya que no se pueden hacer las autoincriminatorias, en­tendiéndose por éstas, cuando a una perso­na se le obliga a que se declare culpable, no existiendo autoincriminación, cuando una persona voluntariamente acepta un hecho fáctico tipificado en la ley penal; no se pue­de hacer preguntas capciosas, aquellas que buscan comprometer o favorecer los inte­reses de quien la formula; compuestas, es decir, que en una sola pregunta se averigüen varios hechos; impertinentes, que no se re­lacionen con el caso; repetitivas, si ya el testigo o perito declaró sobre un hecho, no se le puede preguntar varias veces sobre lo mismo; irrespetuosas que vayan a afectar la dignidad del testigo o de un sujeto procesal; vagas, ambiguas, sugestivas, estas últimas son las que llevan implícita en la pregunta la respuesta, anotándose que en el examen está prohibido hacer preguntas sugestivas, pero en el contraexamen hay una mayor flexibilidad y si permite la ley la formula­ción de las mismas, con el objeto de llegar a descubrir la verdad del hecho histórico llamado delito.

Es necesario anotar que en la audiencia de juicio, es donde los sujetos procesales tienen la oportunidad de hacer valer sus derechos a través de la prueba anunciada oportunamente y que ese momento de la audiencia de juzgamiento deben ser solici­tadas, ordenadas, practicadas e incorpora­das, siendo la única prueba que tiene valor constitucional y legal.

No se puede interrogar a un testigo sobre lo último que vio, tiene que hacer­lo de manera directa y cronológica, como fue observando los hechos desde el inicio hasta el final, para determinar si le consta o no el cometimiento de la infracción, esas preguntas tienen que ser eminentemente abiertas para que el testigo explique cada hecho y lo relacione con el delito materia de la investigación y de esa forma poner en conocimiento de los jueces competentes.

En el examen directo es necesario que el fiscal o el sujeto procesal, presente testigos o peritos idóneos, de conducta intachable, acreditando solvencia profesional, honora­bilidad, que no se encuentren parcializados, para que su declaración permita aseverar hechos, que tienen relación con la infrac­ción que se investiga; mientras que en el contraexamen se harán preguntas eminen­temente cerradas, se interrogarán en base asuntos que todavía no ha declarado el tes­tigo o el perito, o que son aspectos contro­vertidos cuando el testigo o perito no tuvo seguridad en el momento del interrogato­rio directo, entonces lo que se busca con el contraexamen es afectar su credibilidad provocando duda en el juzgador; es decir, el contraexamen es de transcendental impor­tancia para llegar a la verdad de los hechos, y en el caso en que una declaración haya sido falsa, los jueces están en la obligación de oficiar a la Fiscalía General del Estado, para que se inicie la investigación por el supuesto delito de perjurio, en el cual han incurrido los testigos y peritos.

Para finalizar, es necesario el estudio permanente de la Constitución de la Re­pública, la ley, jurisprudencia y la doctrina; realizar prácticas de litigación oral, que nos lleve a obtener el dominio y agilidad men­tal, para escarbar en la mente de quienes se sometan al examen y contraexamen, y así llegar a establecer la verdad, para que el juzgador administre justicia otorgando a cada quien lo que le corresponde.

Es necesario indicar que por disposición del art. 604.4.b del Código Orgánico Inte­gral Penal, en ningún caso el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio, ya que eso significaría la violación del prin­cipio dispositivo y de otros principios que forman parte del debido proceso, como son el de independencia e imparcialidad.

?El abogado que litiga en materia penal, debe tener destrezas y habilida­des para examinar y contraexaminar a testigos y peritos y solo esto le permitirá alcanzar la perfección profesional en un sistema acusatorio oral y garantista?.

 

Dr. Merck Benavides Benalcázar

Juez de la Corte Nacional de Justicia

Artículo publicado en la R. Ensayos Penales Nº 9 de la Corte Nacional de Justicia



 

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