Autor: Abg. Yandry M. Loor Loor & Luis L. Meza Guerrero.

 Recordando lo que establece la doctrina sobre estos principios. Para esto, y referente a la seguridad jurídica, la Corte Constitucional Colombiana ha acertado que: “(…) La seguridad jurídica es un valor jurídico implícito en nuestro orden constitucional y legal vigente en virtud del cual el Estado provee a los individuos del conocimiento de las conductas que son permitidas, y dentro de las cuales las personas pueden actuar. Si no existiera este principio en una sociedad, las personas no podrían establecer un conocimiento certero de las actuaciones permitidas (…).

Tanto es así que, la seguridad jurídica se construye como: “El Principio de Seguridad Jurídica” << El valor de la seguridad jurídica está proclamado, junto con otros principios constitucionales (…), la seguridad jurídica <>. Por consiguiente, el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala:

 “PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. – Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”.

Para Rodrigo Borja Cevallos, en su libro Sociedad, Cultura y Derecho, primera edición, editorial Ariel, Quito-Ecuador, 2007, p. 306, dice: “La seguridad jurídica. Es la certidumbre que las personas tienen sobre los alcances y límites de la autoridad pública y de la aplicación de la ley. En el Estado de Derecho hay referencias precisas respecto de hasta dónde llega el poder público y desde dónde comienza la esfera inviolable de los derechos de las personas. Lo cual torna predecible a la autoridad, elimina las arbitrariedades y las sorpresas en el ejercicio del poder, genera en la sociedad un clima de seguridad jurídica y confiere a los gobernados las necesarias certezas y la tranquilidad de ánimo para que puedan desenvolver su vida sin sobresaltos.”.

Núcleo esencial de los derechos

En todo caso, tanto la doctrina, la Corte Constitucional del Ecuador, Corte Constitucional Colombiana y el Tribunal Federal Alemán, denomina el núcleo esencial de los derechos constitucionales. Es preciso considerar que: A). – “…El núcleo esencial se ha definido como el mínimo de contenido que el legislador debe respetar, es esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo, debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte del derecho fundamental, que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección…”.

Por lo tanto, la carga de demostración sobre la adecuación y eficacia de los procedimientos ordinarios no recae sobre el accionante, sino sobre el juzgador, al momento en que determina si la violación efectivamente se verificó o no en el caso puesto en su conocimiento. Además, cabe indicar que los presupuestos de procedibilidad de la acción de protección contenidos en el artículo 42 tiene un vínculo directo con el objeto de la misma: “…el amparo directo y eficaz de los derechos”. Al respecto, es pertinente remitirnos a lo desarrollado en el artículo 226 de la Constitución de la República, que, en armonía con el principio de legalidad, establece lo siguiente: «… Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley (…)»

Es obligación de los juzgadores u operadores de justicia así como de toda persona natural o jurídica que actúen en calidad de administradores y de donde se emanen resoluciones, o acciones resolutivas el de fundamentar sus decisiones, que deviene en forma general del actual artículo 76, número 7, letra l), de la Constitución de la República del Ecuador, la que ordena que todas las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, añadiendo lo pertinente, “(…) no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho (…)”; en concordancia con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala en el artículo 4 número 9: “La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.”

Lo manifestado, guarda estrecha relación con los principios fundamentales del debido proceso consagrados en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, tales como legalidad, oralidad, inmediación, dispositivo, de contradicción en la presentación de las pruebas, señalados en los artículos 168 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, y los Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, de los que el Ecuador es parte, tales como Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; por ello, el derecho constitucional consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República, dentro del cual se incluye un conjunto de garantías básicas tendientes a tutelar un proceso justo, libre de arbitrariedades, en todas las instancias judiciales.

En sentencia de la Corte Constitucional No. 008-09-SEP-CC, de 19 de mayo del 2009, caso No. 0103-09-EP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 602 de 1 de junio del 2009, pág. 81. “El derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses del accionante se proclamó en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y fue reconocido posteriormente por otros instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocidos como Pacto de San José (Costa Rica), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Declaración de Derechos y Deberes del Hombre. En ellos se señala que:

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones…¨.- En nuestra vigente Constitución se proclama como deber primordial del Estado, el garantizar, sin discrimen, el efectivo goce de los derechos establecidos en ella y en instrumentos internacionales, concordando con este estipulado, el artículo 75 ibídem, que le reconoce a toda persona, el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso quedará en indefensión”

La Corte Constitucional sostiene que: «De esta manera, el debido proceso se constituye en el «axioma madre», el generador del cual se desprenden todos y cada uno de los principios y garantías que el Estado ecuatoriano se encuentra obligado a tutelar», [Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 001-13-SEP-CC, caso No. 1647-11-EP].

También la sentencia de la Corte Constitucional 012-14-SEP-CC Caso No. 0529-12-EP, al referirse sobre el debido proceso en las páginas núm. 10 de 16, señala lo siguiente: ”(…) Al respecto, el debido proceso es un derecho constitucional de suma importancia, por cuanto garantiza la sustanciación de procesos guiados por mínimos constitucionales cuyo objetivo final sea la realización de la justicia, así el artículo 76 de la Constitución de la República determina que:

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso”. En ese sentido es importante distinguir que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe una doble dimensión del debido proceso, así; por un lado, se encuentra el debido proceso constitucional reconocido como derecho transversal de todo el sistema de justicia por nuestra Constitución y por otra parte, se incluye un debido proceso de orden legal, el cual atiende a regulaciones infra constitucionales, cuyo objetivo es el establecimiento de condiciones formales dentro de procedimientos judiciales y administrativos (…)”.

La Corte Constitucional, como ente máximo de interpretación constitucional, ha expedido fallos motivados, en donde se despliega y estructura la importancia de una debida motivación; es así como, la verdadera administración constitucional, es tomar lo siguiente: “…de fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso». Esto ayuda a darle el realce correspondiente sobre la efectivización de los derechos reconocidos en el país.

Por ello, la sentencia 018-17-SEP-CC, dictada dentro del caso Nro. 1608-14-EP, ha señalado: … la motivación es un derecho constitucional que debe permitir a los ciudadanos conocer de manera clara los fundamentos que llevan a determinada autoridad pública a tomar una decisión en el ámbito de sus competencias. Esta garantía, de acuerdo a lo expresado por la Corte Constitucional, para el período de transición, y reafirmado por esta Corte, se encuentra compuesta por tres requisitos para que pueda considerarse adecuada (…). Estos requisitos son la razonabilidad, la lógica y la compresibilidad.

En el ámbito regional, conviene citar el criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la motivación, en tanto aquel es compartido por esta Corte. Así, en la sentencia dictada dentro del caso Chinchilla Sandoval vs. Guatemala, expuso: … una exposición clara de una decisión constituye parte esencial de una correcta motivación de una resolución judicial, entendida como «la justificación razonada que permite llegar a una conclusión». En este sentido, la Corte ha considerado que el deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

 Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos, deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado… De las citas normativas y jurisprudenciales anotadas, se desprende que el objeto de la garantía de la motivación de las decisiones judiciales no únicamente involucra el enunciar hechos, normas y confrontarlos; sino que debe cumplir, además, estándares que permitan evaluar la prolijidad en la utilización de la lógica y la argumentación jurídica, que den cuenta a las partes y al auditorio social en general, de una correcta administración de justicia. Por lo tanto, la obligación constitucional que tienen las autoridades jurisdiccionales de motivar sus decisiones constituye una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, en tanto pone límites a posibles arbitrariedades, permitiendo de esta manera que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a ser juzgados conforme a derecho, lo cual dota de credibilidad a las decisiones judiciales; que en efecto se lo está realizando.

Según la jurista Karla Andrade Quevedo, en su estudio “La Acción de Protección desde la jurisprudencia constitucional, Manual de Justicia Constitucional” Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional (CEDEC) de la Corte Constitucional del Ecuador, pp. 118 y 119, Quito, 2013, manifiesta:

De modo que el máximo órgano de interpretación constitucional de nuestro país ya ha determinado claramente que cuando ocurre una vulneración de un derecho constitucional, la única vía posible es la acción de protección. No existe, por tanto, otra vía idónea o eficaz puesto que la Constitución de la República ha sido clara en determinar que esta garantía opera únicamente para el amparo de derechos reconocidos en la Constitución. Por tanto, si existe otra vía posible que además resulta adecuada o eficaz es probablemente porque no se trata de un derecho de índole constitucional y el ordenamiento jurídico se ha establecido para ella un procedimiento específico […] Por tanto, de acuerdo con lo determinado por la jurisprudencia constitucional, la acción de protección no constituye una acción que se pueda escoger como vía frente a cualquier vulneración de un derecho sino únicamente para aquellos derechos de fuente constitucional (…).

Pues así, el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá proponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación.

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica.

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LA HORA

Autor: Abg. Yandry M. Loor Loor & Luis L. Meza Guerrero.