Delitos de Tránsito: Legalidad de la detención

Viernes, 12 de septiembre de 2014

Delitos de Tránsito:

Legalidad de la detención

 

Autor: Abg. Daniel Andrés Pérez Y.

 

Debido Proceso y Aprehensión

 

El principio básico para declarar la validez de una causa es que se respete el debido proceso consagrado en el artículo 76 de la Constitución. Es decir, que en materia penal, deberán siempre respetarse las normas procesales tanto para la sustanciación de juicios como para las actuaciones de los operadores de justica, miembros de la policía, y demás sujetos intervinientes en el proceso.

 

En materia penal, se establece garantías para respetar el debido proceso, al mismo tiempo que se busca direccionar a los operadores de justicia para que administren justicia enmarcados en las disposiciones legales y en todo momento velando por los derechos de los ciudadanos.

 

Uno de los procedimientos en los que se debe velar por el respeto a los derechos de las personas es el contemplado en el artículo 526 del COIP que hace referencia a la aprehensión; la norma en cuestión establece el principio de que: ?Cualquier persona podrá aprehender a quien sea sorprendido en delito flagrante de  ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional.?

 

En materia de tránsito la aprehensión de presuntos infractores puede realizarse por los Agentes Civiles de tránsito como lo dispone el mismo artículo: ?Las y los servidores de la Policía Nacional, del organismo competente en materia de tránsito o miembros de las Fuerzas Armadas, deberán aprehender a quienes sorprendan en delito flagrante e informarles los motivos de su aprehensión. En este último caso deberán entregarlos de inmediato a la Policía Nacional. Las o los servidoras de la Policía Nacional o de la autoridad competente en materia de tránsito, podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida, para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión de la persona, los bienes u objetos materia del delito flagrante.?. Esta disposición establece claramente las potestades que tienen los diversos agentes ya sea de policía, tránsito o fueras armadas, para detener a presuntos infractores e inmediatamente llevarlos ante la autoridad competente para iniciar el proceso investigativo, en su contra.

 

En este sentido debemos entender que la aprehensión de presuntos infractores de tránsito está influenciada por el régimen de competencias que ejercen los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Agencia Nacional de Tránsito, con relación al control y seguridad en las vías del país, esto se debe a la disposición reformada del artículo 147 de la Ley de Tránsito vigente paralelamente al COIP que dispone: ?Para el control y ejecución de las contravenciones de tránsito establecidos en el Código Orgánico Integral Penal, serán competentes los Gobiernos Autónomos

Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos de la circunscripción territorial donde haya sido cometida la contravención, cuando estos asuman la competencia; y la Comisión de Tránsito del Ecuador en su jurisdicción.  Cuando el Agente de Tránsito del Gobierno Autónomo

Descentralizado vaya a sancionar una contravención que implique privación de libertad, podrá requerir inmediatamente la asistencia de la Policía Nacional o  de la Comisión de Tránsito del Ecuador para la  detención del infractor?

 

Por eso es que no debemos tomar con sorpresa que actualmente en las ciudades que cuentan con Agentes Civiles de Tránsito, como es el caso del Distrito Metropolitano de Quito, existan aprehensiones realizadas por agentes civiles de tránsito, quienes inmediatamente conducen al detenido hacia el juzgado de tránsito para resolver su situación jurídica; sin embargo, es necesario preguntarnos; ¿Es necesario que se aprehenda a todos los presuntos infractores de tránsito?, la respuesta a esta interrogante es no, por ello es que la aprehensión de presuntos infractores de tránsito actualmente se encuentra afrontando una problemática severa, muchos de los casos en los que se aprehende a una persona por el presunto cometimiento de una infracción de tránsito adolecen de ilegalidad y arbitrariedad.

 

Flagrancia

 

Debemos entender que en materia de tránsito, la mayoría de las aprehensiones realizadas obedecen a la flagrancia, contemplada en el artículo 527 del COIP, que manifiesta: ?Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete el delito en presencia de una o más personas o cuando se la descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre que exista una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuesta comisión hasta la aprehensión, asimismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida.?

 

En las infracciones de tránsito, la materialidad del delito se hace evidente por los daños materiales ocasionados ya sea en los vehículos participantes, en propiedad pública o privada, y en las lesiones causadas a las víctimas del accidente; siguiendo esta lógica, si un conductor es sorprendido minutos después de un accidente de tránsito, el agente civil se encuentra legalmente facultado para aprehenderlo y trasladarlo hacia el juzgado de flagrancia de Tránsito para resolver su situación jurídica.

 

Pero en materia de tránsito, existen otras disposiciones que limitan la facultad que tienen los agentes para aprehender a una persona por un accidente de tránsito, ya que a diferencia de las infracciones penales, en materia de tránsito existe una salvedad que impide la detención de una persona, esta salvedad se encuentra tipificada en el inciso segundo del artículo 532 del COIP que manifiesta: ?En materia de tránsito, cuando se trate de delitos donde únicamente existan daños a la propiedad, no se procederá  en ningún caso a la detención de los conductores.?

 

Esto quiere decir que en el supuesto no consentido de que ocurra un accidente de tránsito de cual solo resulten daños materiales, por ejemplo un choque frontal excéntrico entre dos vehículo, cuyos costos de reparación de acuerdo a los avalúos técnico mecánicos asciendan a 11.000 dólares, por ejemplo, los agentes civiles de tránsito no pueden detener a los conductores para llevarlos ante el juez de Tránsito de turno en flagrancia, sin embargo, debido a la disposición del artículo 526 del COIP, se procede a la aprehensión de los involucrados, lo que ocasiona que al momento de la audiencia, el juez declare dicha aprehensión como ilegal, ocasionando molestias a los detenidos a la vez que entorpece la administración de justicia.

 

 

En otro aspecto del procedimiento de flagrancia de tránsito, es necesario mencionar que de acuerdo al artículo 415 del COIP, las lesiones que generen enfermedad o incapacidad de hasta treinta días se consideran delitos de acción privada y deben ser perseguidos  a través de una querella, por consiguiente, si se produce un accidente de tránsito, entiéndase como volcamiento, choque, estrellamiento, o atropello entre otros, que como dé resultado heridos con una incapacidad de 4 a 8 días, o de 9 a 30 días de acuerdo al art. 152 del COIP, debe ser perseguida mediante el ejercicio privado, por lo que Fiscalía no interviene en el proceso, en tal virtud, si una persona es detenido por ser el causante de dicho accidente, se ordena su inmediata libertad, ya que Fiscalía no puede iniciar una investigación previa ni formular cargos en su contra.

 

Conclusión

 

Por consiguiente, la legalidad de la detención o aprehensión en materia de tránsito se da únicamente en delitos cuyo resultado sean lesiones mayores a 30 días o muerte de la víctima, en los demás casos, la persona detenida recupera su libertad de forma inmediata, ya sea porque la infracción debe perseguirse mediante acción privada, o porque ha sido detenida arbitrariamente, en el caso de daños materiales.

 

Los ciudadanos deben conocer que  los agentes de tránsito, ya sean policías nacionales o agentes civiles, no están autorizados para detenerlos siempre, para que una persona pueda ser detenida  como consecuencia de un accidente de tránsito será siempre necesario tomar en cuenta las limitaciones que existen en este sentido, caso contrario, muchos ciudadanos continuarán siendo detenidos sin fundamento legal.

 

 

Abg. Daniel  Andrés Pérez Y.

Amanuense

JUZGADO TERCERO DE TRÁNSITO

TITULAR DE PICHINCHA

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