Autores: Irwin Cotler, Allan Rock y Brandon Silver*.
OTTAWA – Este mes se cumple el 20º aniversario de la primera sesión de la Corte Penal Internacional bajo el Estatuto de Roma, un hito importante en el esfuerzo por acabar con la impunidad de las atrocidades masivas. La primera generación de operaciones de la CPI muestra lo mucho que se necesita – y lo que hay que hacer para maximizar su impacto.
El concepto de justicia internacional surgió como un ave fénix de las cenizas del Holocausto, y se puso en práctica por primera vez en los juicios de Núremberg contra los líderes nazis en 1945. El nuevo enfoque es el individuo -en el civil que merece protección y es el autor que merece castigo- supuso un cambio decisivo respecto a un sistema en el que los jefes de Estado tenían licencia para matar o torturar a cualquiera dentro de sus fronteras. La idea de la responsabilidad penal individual por las atrocidades masivas puso en tela de juicio la vieja noción de la soberanía estatal sin restricciones y su ethos animador de que «la fuerza hace el derecho».
Los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas por atrocidades masivas han continuado de diversas formas, incluso a través de tribunales especiales ad hoc establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero como sede permanente para garantizar la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los infractores, la CPI es la joya de la corona del sistema actual. Sigue representando la mayor esperanza de justicia internacional.
Régimen de Sanciones Internacionales
Como complemento de la CPI está el régimen de sanciones internacionales, que incluye normas jurídicas mundiales (las llamadas leyes Magnitsky) que permiten adoptar medidas punitivas -prohibición de viajar, confiscación de activos, prohibiciones financieras y, en Canadá, reasignación de activos- contra personas concretas responsables de violaciones de derechos humanos.
La CPI y las sanciones selectivas son importantes por sí mismas, pero para alcanzar su máximo potencial deben reforzarse mutuamente. Por ejemplo, el régimen de sanciones debe desplegarse contra cualquiera que eluda una orden de detención de la CPI, o contra los funcionarios extranjeros de los Estados del Estatuto de Roma que no cooperen con la CPI en el cumplimiento de su misión.
Uno de los mayores retos de la CPI ha sido garantizar el cumplimiento de las órdenes de detención. El expresidente sudanés Omar al-Bashir viajó libremente durante años -haciendo más de 100 viajes al extranjero a varios países- mientras era objeto de una orden de detención de la CPI. El hecho de no haber detenido a Bashir erosionó la credibilidad de la CPI y socavó considerablemente su efecto disuasorio. Pero si la imagen de un Bashir en libertad se sustituyera por la de un presidente esposado en el aeropuerto, la historia de la justicia internacional empezaría a ser muy diferente.
Los Estados parte del Estatuto de Roma están obligados a cooperar con la CPI. ¿Pero qué ocurre si se niegan, como en el caso de Bashir? Ahí es donde entran las sanciones. Éstas pueden imponerse a quienes eludan una orden de detención de la CPI, así como a los funcionarios extranjeros que incumplan su obligación de cooperar con la CPI.
Sabemos que las medidas selectivas pueden persuadir a los funcionarios del Estado para que cambien de rumbo, porque hemos visto cómo las «zanahorias» y los «palos» -incentivos y medidas coercitivas- han funcionado juntos para conseguir detenciones en el pasado. Por ejemplo, la promesa de una posible adhesión a la UE convenció al gobierno serbio de entregar a Ratko Mladić para que fuera juzgado en La Haya por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio en la guerra de Bosnia de 1992-95. Del mismo modo, la oferta del gobierno estadounidense de una recompensa de 5 millones de dólares por la captura de fugitivos de la CPI ha dado lugar a que el líder de la milicia Bosco Ntaganda se entregue al tribunal en 2013, y a la detención y captura de varios otros fugitivos de Ruanda y la antigua Yugoslavia.
Los «palos» -como las amenazas de presión económica- también han resultado eficaces. Por ejemplo, la amenaza de Estados Unidos de retener la ayuda llevó al entonces presidente yugoslavo Vojislav Koštunica a «cambiar de opinión» en 2001, lo que dio lugar a la extradición de Slobodan Milošević a La Haya para ser juzgado por un tribunal internacional.
Para ejercer esta influencia de forma más coherente, los Estados con legislación vigente en materia de sanciones deberían modificar sus leyes o reglamentos para incluir las solicitudes del fiscal de la CPI como uno de los factores desencadenantes de la consideración de nuevas designaciones de sanciones. Si todos los Estados miembros de la CPI adoptaran esta política, 123 países quedarían fuera del alcance de los sospechosos huidos.
La aplicación coordinada de sanciones selectivas en estas circunstancias contribuiría a promover los derechos humanos y el orden basado en normas que los salvaguarda. Al entrelazar dos de las tendencias más transformadoras de la justicia internacional -los juicios y las sanciones- podemos garantizar que el esfuerzo para combatir la impunidad se fortalezca, en lugar de debilitarse, con el tiempo. Las víctimas de los peores crímenes del mundo no merecen menos.
Autores:
Irwin Cotler, exministro de Justicia y fiscal general de Canadá; asesor para la creación de la Corte Penal Internacional y presidente de su Foro Parlamentario.
Allan Rock, exembajador de Canadá ante la ONU, miembro del Consejo Mundial para los Refugiados y la Migración.
Brandon Silver, abogado especializado en derechos humanos, Director de Política y Proyectos del Centro Raoul Wallenberg para los DDHH.
LA HORA
©️Project Syndicate, 2022.
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