JUSTICIA PARA TODOS

Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley

E L RETIRO DE LA VISA por parte de Estados Unidos a la esposa del ex ministro de Bienestar Social, Patricio Acosta, ha tenido implicaciones serias en la política interna del país, en la relación del Ecuador con la comunidad internacional y hasta en su economía porque ha incrementado el riesgo país, opinó el presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, Edgar Terán. Esta incómoda situación, fue el tema principal de discusión del programa Justicia para Todos, que se transmite por TC Televisión.

De acuerdo con el jurista, aceptar o no a un extranjero en el territorio de un país es potestad soberana de cada Estado. De manera que, en el caso del ex ministro Acosta, Estados Unidos tiene todo el derecho de rechazar o aceptar a personas que quieren ingresar a ese país y otro Estado no puede reclamar la decisión.

Sin embargo de que no existe obligación de explicar las razones para ello, las consecuencias políticas del acto para Ecuador han sido tan serias que por cortesía internacional y diplomática, debería haber una explicación eficiente, «creo que el pueblo del Ecuador merece un trato cortés», dijo Terán. Además, comentó que la Cancillería ecuatoriana debería pedir las correspondientes explicaciones.

De otro lado, la forma como el vocero de la embajada de Estados Unidos hace el anuncio de que esta persona no ha sido admitida en su país, provocó una serie de suposiciones, lo cual es terrible para el Ecuador, peor aún tratándose de la esposa de un Ministro de Estado. El funcionario de la Embajada dijo acerca del caso que la política del presidente Bush es impedir la entrada de los que estén vinculados con delitos de narcotráfico, de lavado de dinero, de terrorismo o de corrupción.

Mala política en manejo de pasaportes

Terán comentó que de las declaraciones tomadas a la esposa del ex ministro por parte de Migración de Estados Unidos se puede colegir que ha existido un manejo inadecuado de los documentos de viaje, una violación a la ley ecuatoriana. Le preguntaron a la esposa del ministro que en dónde estaba su pasaporte y ella contestó «está en el Ecuador».

El presidente de HLS dijo que es inaudito cómo pudo viajar sin su pasaporte. La explicación probablemente es que ella no tenía su pasaporte ordinario y que talvez estaba viajando con un pasaporte diplomático. Sin embargo, según la ley no corresponde a un familiar de un Ministro de Estado tener pasaporte diplomático. Si el Ministro de Estado viaja, tiene derecho al pasaporte diplomático y si un familiar viaja con él y consta en el pasaporte familiar, entonces pueden viajar juntos usando ese instrumento de viaje, pero no pueden tener pasaporte diplomático individual el Ministro, la mujer, los hijos, etc., explicó Terán

Para el jurista, en Ecuador hay un abuso brutal del pasaporte diplomático, lo cual puede desembocar en abusos aduaneros, en el ingreso de mercancías, es decir de contrabando. De acuerdo a la ley, las únicas personas que pueden conservar el pasaporte diplomático son los diplomáticos de carrera, los diplomáticos en funciones y los que han sido, presidentes de la República, vicepresidentes, presidentes del Congreso, de la Corte Suprema o Cancilleres. Nadie más.

A todos los demás funcionarios, incluidos los ministros de Estado, la Policía de migración tiene que retirarles el pasaporte en el aeropuerto, y enviar ese documento a la Cancillería. En el próximo viaje, la Cancillería debe devolvérselos.

Aseguró Terán que «lamentablemente la ley ecuatoriana de pasaportes admite que tengan pasaporte diplomático los generales en servicio activo y en servicio pasivo de la Policía y del Ejército, lo cual es una exageración. También les dan pasaporte diplomático a las cónyuges de estos militares». En este sentido, Terán recomendó que haya un cuidado mucho mayor de la Cancillería en la emisión de pasaportes diplomáticos.
Clases de pasaporte en el Ecuador

En el Ecuador los pasaportes, que son documentos de viaje, son de varios tipos: diplomáticos, oficiales, especiales y ordinarios.

– Los pasaportes diplomáticos están reservados para determinadas personas, de acuerdo a la función que desempeñan o que han desempeñado (por ejemplo ex presidentes de la República) y para los funcionarios de carrera del servicio exterior.
– Los pasaportes oficiales los utilizan funcionarios de gobierno que no van en misión diplomática, pero que tiene también una tarea administrativa que cumplir, autorizados por un decreto del presidente de la República.

– Los pasaportes especiales sirven para determinados casos más particularizados. Entre esos, por ejemplo, para el servicio doméstico que se contrata en el Ecuador y que los diplomáticos llevan al exterior.

Acosta creó bonos ilegales

Para terminar el tema del ex ministro Acosta, Terán recordó que cuando éste fue secretario de la Administración, aumentó una bonificación a los empleados de la Presidencia y lo hizo contra toda ley. No existe norma que permita incrementar esos gastos. Además, cuando fue ministro, les regaló un aguinaldo navideño a los funcionarios del Ministerio de Bienestar Social. En este caso también inobservó la ley expedida por el propio gobierno que expresamente prohíbe el incremento de la masa salarial: «prohibiese todo aumento de remuneraciones y sueldos en los presupuestos de las entidades del sector público para el ejercicio económico del año 2003». «En este caso la Contraloría debería actuar y reclamar la devolución de los fondos indebidamente percibidos», dijo Terán.


OTROS TEMAS

Controversia
Procuraduría – Contraloría

Hace pocos días se ha presentado una controversia entre la Procuraduría y la Contraloría, sobre un pronunciamiento del procurador acerca de las áreas de competencia de la Contraloría. Acerca del tema, el doctor Edgar Terán comentó que la discusión no es propiamente sobre temas de control, sino sobre el presupuesto de la Contraloría.

De acuerdo con Terán el Procurador tiene razón al indicar que la Contraloría debe controlar los recursos públicos que ingresan o salen de las empresas públicas hacia el Fondo de Solidaridad y al indicar que la Contraloría no tiene que cobrar 0.5 por 1000 de esos presupuestos porque estas empresas ya pagan 1 por 1000 a la Superintendencia de Compañías

En su análisis jurídico, Terán aseguró que la ley orgánica de la Contraloría obliga a esta entidad a vigilar el manejo de los recursos públicos, es decir el dinero y otros bienes confiados por el Estado a determinadas entidades de derecho público. Sin embargo, existen otras entidades que son personas jurídicas del Estado sujetas al derecho privado.

Para Terán, esto es una aberración del sistema legal del Ecuador, porque de esta manera puede haber recursos públicos manejados por entidades que se conforman, se organizan y se administran de acuerdo al derecho privado, como por ejemplo Andinatel o Pacifictel. Para Terán, se necesita reformar las leyes y prohibir que el Estado tenga empresas de cualquier naturaleza. Pero mientras las leyes no se cambien, el Procurador tiene toda la razón en su pronunciamiento, el cual es vinculante, aseguró.

En este sentido, explicó Terán, la Contraloría si tiene función de vigilancia sobre estas empresas como Pacifictel, Andinatel pero no la tiene sobre la totalidad de la acción de estos organismos, sino solamente sobre el sistema de aporte público que está en el Fondo de Solidaridad.

En resumen, la Contraloría sí tiene que controlar los recursos públicos que entran o salen de Andinatel o Pacifictel hacia el Fondo de Solidaridad. Pero hay otros asuntos como la organización misma de una compañía anónima: cómo se nombran gerentes, directores, cómo se hacen las juntas generales, cómo se distribuyen las utilidades, cómo se aumenta el capital, en los cuales ejerce control la Superintendencia de Compañías, por el cual ya cobra un muy alto porcentaje.