Derecho Mercantil - Derecho Ecuador

¿Cuál es el procedimiento para declarar la interdicción provisional y definitiva?

¿La ilegitimidad de personería pasiva es solemnidad sustancial o excepción previa?

Si el cheque no cumple con el requisito de ejecutividad ¿Se podrá tramitar en la vía monitoria de conformidad con el Art.356 del COGEP?

¿Puede la jueza o el juez solicitar como prueba de oficio que el perito incorpore el avalúo real del predio según la plusvalía que haya generado?

¿Se puede demandar en procedimiento monitorio, el pago de una tarjeta de crédito, pidiendo el capital, gastos de cobranza, intereses y adicionales?

¿Si un documento presentado a la parte deudora para su reconocimiento, esta se niega a reconocerlo, se acoge al silencio o simplemente no lo impugna, ello genera el efecto de que se tenga por reconocido a dicho instrumento?

¿Cuál es el término para interponer el recurso extraordinario de casación?

¿Qué sucede cuando existe el abandono por más de 3 años en los juicios de concurso de acreedores por (insolvencia)?

¿Cuál es la fundamentación del Recurso de Casación?

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: El estudio aborda la validez de pactar cláusulas penales acumulativas a la indemnización de daños y perjuicios, examinando las restricciones dogmáticas que históricamente se han aplicado en el país.

Hoy, en Ecuador, el estudio jurídico que liderará la próxima década no será el que tenga el edificio más lujoso, sino aquel cuyos abogados aprendan a dictarle a las máquinas cómo hacer el trabajo pesado, liberando la mente humana para lo que realmente importa: la estrategia, la argumentación y la justicia.

El debido proceso trasciende la categoría de una simple garantía formal para consolidarse como un derecho fundamental sustancial.

La institucionalidad de la administración de justicia y del activismo judicial de nuestros juzgadores, atraviesa tiempos de retos y desafíos; atraviesa un momento de desestabilización proveniente del exacerbado intervencionismo político e intromisión de poderes ajenos al de la función judicial.

La acción de protección se configura como un mecanismo de tutela constitucional cuya finalidad es proteger derechos constitucionales frente a actos u omisiones que generen su vulneración, en consecuencia, su procedencia exige la existencia de una afectación real y directa a un derecho constitucional

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