DERECHOS DE LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD

Jueves, 20 de mayo de 2021

 

Autora: Ab. Kelly Orellana Faz

 

Antecedentes. -

Una persona privada de la libertad es aquella que lleva consigo una sentencia debidamente motivada y ejecutoriada o en su defecto una medida cautelar, cuyo arraigo social es débil o imposible de demostrar para acceder a medidas alternativas.

 

En Ecuador, los centros de privaciones de libertad son relativamente limitados en comparación a la cantidad de personas privadas de libertad que actualmente se encuentran en aquellas instalaciones, solo en el año 2018, existían 3.943 PPL únicamente por delitos de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, entre baja y mediana escala, mientras que en el año 2019, se unieron 3.207 más, de estos datos se puede llegar a tener una pequeña idea del incremento anual de reos, esto sin contar aquellos que han ingresado por otros tipos penales, la violencia que se percibe en las instalaciones se deben a la guerra constante de pretender adquirir el poder dentro de la cárcel, esto liderado por pandillas cuyas redes delictivas se extienden al exterior de su infraestructura, la crisis penitenciaria, empeora con el pasar de los días, no solo basándonos en lo que se percibe por medios informáticos, sino que, además se evidencia en sus datos estadísticos, actualmente existen  53 centros de privación de libertad que figuran en el estado ecuatoriano, según determina el SNAI - Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores – a finales del año 2020 la población de las cárceles acrecentó considerablemente, sumándose  38.804 personas, continuando con el hacinamiento, por ende sino se logra un ambiente pleno de corrección adecuada en las cárceles, reinsertar a una PPL a la sociedad justificando que su conducta fue corregida en el centro carcelario, es algo bastante lejano y poco tangible.

Consecuentemente, las entidades sobre todo públicas, han afrontado retos considerables para lograr sus objetivos con las personas privadas de libertad.

Respeto a los derechos de las personas privadas de libertad

En base a todo lo expuesto y a la práctica social, se ha comprobado que uno de los retos fundamentales que tiene el estado ecuatoriano es conseguir un pleno respeto y aceptación de los derechos de la población carcelaria y post carcelaria, más allá de incrementar reglamentos o leyes para su protección, se debe perfeccionar aquellas políticas públicas que se enfoquen en la rehabilitación y reinserción correcta a la sociedad, políticas que debe tener una efectividad a mediano y largo plazo, sin afectar aquellas medidas urgentes, indispensables para afrontar situaciones de alto riesgo como las ocurridas recientemente en Ecuador, actos que corrompen totalmente aquellos derechos humanos esenciales de las personas privadas de libertad.

El primer reto que se considera más relevante es la excesiva sobrepoblación de las PPL, que se  encuentran en áreas reducidas o diseñadas para una cantidad inferior a la actual y la cual posee carencias estructurales afectando la integridad personal del recluso, evitando así una correcta adaptación, puesto que psicológicamente sería imposible cambiar factores endógenos, bajo condiciones inadecuadas, siendo el elemento clave para que aquel abusador, exprima beneficios que puedan encontrar dentro de los centros, a su favor o volverlos objetos de negocios, para que de esta forma, otro reo que pague lo solicitado, pueda gozar de alguna “comodidad” que por derecho le es otorgada a todos.

Se han visualizado iniciativas coherentes con el suministro de servicios médicos en las cárceles, con la firma de convenios de colaboración con establecimientos educativos; la innovación de propuestas para inculcar la creación de nuevas iniciativas de trabajo para los reclusos; e inclusive se han tenido en consideración iniciativas interesantes sobre apoyo y seguimiento post‐ penitenciario. Todo lo cual nos permite creer que sí es posible formar cambios positivos en este contorno y hacer frente a los transcendentales retos que afronta el Estado.

Políticas de Estado

Conjuntamente, con la política de Estado, de hacer frente a los retos que diseña el escenario de las cárceles, y de las medidas que puedan acogerse en los planos regulados e institucionales, es esencial que se reconozca la importancia de una conveniente asignación de recursos que viabilice la culminación de las políticas penitenciarias. En efecto, la adopción de medidas concretas destinadas a enmendar las insuficiencias estructurales de las cárceles, demanda de una importante determinación de recursos, necesarios para cubrir, desde necesidades tan primordiales como el abastecimiento de alimentos, agua potable y servicios higiénicos; hasta la implementación de programas de inserción laboral y educativa, que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos de la pena y del derecho penal. Además de ser necesario para cubrir apropiadamente el coste operativo de los sistemas penitenciarios.

Otro de los principales retos que debe asumir el Estado ecuatoriano,  es la elaboración  de política públicas enfocadas directamente para prevenir actividades u organizaciones delictivas creadas en las mismas cárceles, tal como se lo indico en acápites anteriores, es fundamental localizar las redes internas y desabastecerlas, es impresionante, que aun existiendo la prohibición de ingreso de ciertos artículos a las cárceles, y donde los visitantes son obligados a pasar una serie de revisiones para corroborar que nada ilícito ingrese, aun pese a esto, recientemente se encontraron decenas de armas de fuego, motosierras y armas blancas, relacionado directamente estos hechos vandálicos con la falta de cuidado de los guías penitenciarios e incluso acogiendo la suposición de que son las mismas autoridades quienes han suministrado a aquellos “jefes” de estas redes vandálicas, es acaso posible que exista un descuido tan grave, que se omita un deber de cuidado, o simplemente la corrupción de algunos a sobrepasado la lealtad a sus cargos públicos, siendo indispensable no solo el seguimiento a las personas privadas de libertad, sino aquellas autoridades y servidores que las dirigen, aquellos que estarían impidiendo la gran anhelada rehabilitación del carcelario.

Se ha planteado en muchas ocasiones determinar, si la represión en cuanto al incremento de penas en contra de los antisociales, ha solucionado el problema y se ha determinado   que no, todo lo contrario, trae graves consecuencias como el hacinamiento de las cárceles que con políticas adecuadas se pueden prevenir, la represión no genera reinserción y se propone que los recursos que se desperdician deben ser invertiendo en políticas eficaces que ataquen el problema de fondo como son la pobreza extrema, el desempleo, entre otros, que son las causas que catapultan a nuestros jóvenes a delinquir.

Implementar retos como programas sociales a las clases más desafortunadas, programas deportivos, programas de capacitación personal a los fines de que estas personas puedan optar por desarrollar un oficio y no caigan tan fácilmente en actos delictivos.

Para aquello se ha tomado en consideración los siguientes factores que inciden en la delincuencia:

Reto de la Inserción laboral

Es evidente que la inserción en el campo laboral incide en cuanto al cometimiento de actos delictivos, debido a que es verdaderamente difícil la inclusión en el sistema laboral luego de haber cumplido una sentencia condenatoria.

Reto de la Educación

La educación es un derecho público fundamental de todas las personas, que se encuentra reconocido en nuestra Constitución dentro del cual todos deberíamos de tener acceso, pero en el día a día no es así. De esto se colige el gran obstáculo que sufren las personas al no tener acceso a la educación, ni siquiera a la básica, recordemos que un delincuente juvenil es un delincuente adulto en gran potencia. Esto no quiere decir que los que están preparados académicamente para afrontar el futuro para optar un determinado oficio, pueden llegar a aplicar y a abusar en algún momento de dichos conocimientos para realizar actividades ilícitas fueras del margen de la ley.

Reto de la Economía

La economía de cada individuo influye en su comportamiento, se puede determinar que este factor mantiene la causa principal para el cometimiento de delitos, pero que mantenemos que es el Estado ecuatoriano quien los debe enfrontar  mediante adecuadas políticas.

Reto de la penitenciaria

  Los centros carcelarios es concebida como un total fracaso en lo que respecta a la rehabilitación y reinserción social de una personal, el sistema penitenciario actual no permite desarrollar una rehabilitación como tal, el hacinamiento y sobrepoblación sumado a la carencia de instituciones que permitan una vida digna de quienes están y han cumplido una sentencia condenatoria que evita mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas privadas de libertad.

Si conocemos las causas que conllevan a una sociedad a cometer hechos delictiva estaremos dando el gran paso hacia la realización de políticas por parte del Estado que vayan de acuerdo con la realidad y necesidad de la sociedad.

En el presente artículo se manifiesta la necesidad de solicitar al poder Ejecutivo, junto con los demás entes encargados de distribuir y aplicar las políticas públicas de la adecuada distribución de la riqueza, así mismo a la igualdad de oportunidades para poder disminuir la pobreza, y a su vez lograr bajar los índices delictivos

Se debe Crear una política preventiva donde se cuente con la colaboración de  la ciudadanía de forma directa al ser beneficiarios directos con la lucha contra la delincuencia para aquello se debería tomar en consideración los siguientes retos a través de diversas entidades estatales.

Iniciar la campaña de la no discriminación a la población que ha cumplido o esté cumpliendo una sentencia condenatoria por un proceso legal.

Inculcar a través de campañas la no discriminación, y que por ende el trato sea más humanitario, pues se considera una misión de alta dificultad, que las iniciativas empiecen por colegios, universidades y empresas públicas y privadas.

 Un Tratamiento psicológico o psiquiátrico de forma continua en un periodo no menor a dos años.  

Se debe brindar el debido apoyo psicológico o psiquiátrico dependiendo de la magnitud del problema de cada individuo, es trascendental para superar la zozobra de quien ha cumplido una sentencia condenatoria, pues se busca superar el rechazo social y en ocasiones de la propia familia.

Tratamiento psicológico para los hijos de quienes hayan o estén cumpliendo una sentencia condenatoria para reducir los impactos intergeneracionales.

Estos impactos en la vida de cada persona pueden ser tanto de aspecto positivo o negativo, ya que cada individuo puede absorber conocimientos negativos que alteren su adecuado y correcto desarrollo dentro de la sociedad.

Que las entidades públicas y privadas consideren el trabajo dentro y fuera de la cárcel a fin de lograr la reinserción social.

Una de las mejores recomendaciones como método de rehabilitación social sería el trabajo dentro y fuera de ellas, pues recordemos que es un derecho reconocido en nuestra Constitución para tener una vida digna.

Inicio y/o culminación de educación estudiantil dentro y fuera de los centros penitenciarios, pues la educación es uno de los componentes que más influyen en el progreso de las sociedades.

 La educación permite alcanzar los mejores niveles de vida y por lo tanto se obtiene como resultado el  crecimiento económico brindando mayores oportunidades en lo que respecta a lo laboral, recordemos que la pobreza está relacionada con los bajos índices de educación que tiene una sociedad debido a que no todas las personas tienen acceso a ellas.

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