ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y VERDAD PROCESAL

Jueves, 22 de septiembre de 2016

 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA Y VERDAD PROCESAL

 

Autor: Aleyda Ulloa Ulloa[i]

 

Introducción

Es indiscutible que los operadores jurídicos encuentren sometida su actuación al riguroso respeto del principio de legalidad, que en el Estado constitucional de derecho debe entenderse como binomio: Constitución-ley. Binomio acorde con el cual el entendimiento de las leyes penales y procesales penales, así como la dogmática penal, se encuentran condicionados a la dogmática de los derechos fundamentales establecida en la Constitución, que opera como marco de su validez. De ahí que se sostenga, que los operadores jurídicos ya no pueden centrar sus actuaciones de forma exclusiva en la ley, acorde con el deber que les asiste de verificar que se ajusten a los fines de la Constitución[ii].

 

En consecuencia, la aplicación jurídica de la norma penal o procesal penal debe ajustarse a la Constitución dogmática, conformada por derechos consagrados como normas de optimización, que pueden colisionar entre sí, para lo cual se ha sostenido como la metodología apropiada para su materialización, la de la ponderación, basada en soluciones tópicas que provienen de la lógica de lo razonable, que exige la justificación explícita de las razones a favor y en contra de la medida adoptada, que hacen que sea o no, razonable y proporcionada,  así como de los criterios que llevaron a escoger los argumentos a favor de la decisión[iii]. Acorde con lo cual, los operadores jurídicos deben fundamentar sus decisiones a través de la argumentación y la exposición de los motivos o razones que conducen a ellas, verificables de forma racional e intersubjetivamente compresibles por otros miembros de la comunidad, bajo el rigor de reglas como la coherencia, la saturación, la claridad conceptual y argumentativa, entre otras[iv], a fin de que las decisiones como entes comunicativos a los ciudadanos cumplan una función de garantía y realización del principio de seguridad jurídica que reafirme sin ambigüedades la prohibición de las conductas punibles, así como de su correlativa consecuencia sancionatoria con respeto del principio de igualdad de trato frente a la ley penal.

 

Flexibilidad del principio de legalidad y verdad como consenso

 

Sin embargo, la interpretación judicial acorde con la supremacía constitucional ha decantado un amplio contraste entre el «deber ser normativo» y el «ser», que ha abierto la puerta a la existencia de un gran margen de discreción y arbitrio, bajo el amparo de la denominada ?ambigüedad? o ?flexibilidad? del principio de legalidad[v] y, (haciendo eco a Muñoz Conde) de  la teoría de la verdad como consenso, en que la verdad forense no siempre coincide con la verdad material propiamente dicha, al verse desdibujada por una falta de «rigor en la vinculación del juez a los hechos» a los cuales aplicar estrictamente la ley[vi], lo que a su vez deriva en que se desvanezca la materialización de la finalidad que el derecho penal cumple a través de la pena. Práctica que suele ocurrir en la aplicación de instituciones procesales insignias del sistema penal acusatorio como el principio de oportunidad y los preacuerdos o negociaciones.

 

Instituciones establecidas en las legislaciones procesales bajo el fundamento del requerimiento eficientista de culminar un alto porcentaje de la conductas punibles por ese camino, ante la demostrada incapacidad de los sistemas judiciales de juzgar la totalidad los comportamientos delictivos objeto de denuncia o de conocimiento oficioso por las autoridades, para por esta vía (en principio de carácter excepcional)  garantizar la sostenibilidad del sistema. Eficientismo, que ha degenerado en prácticas que ?de manera sistemática y reiterada festinan beneficios inmerecidos en asuntos que no comportan complejidad o dificultad para su demostración cabal en juicio?[vii] a fin de permitirle a la Fiscalía desprenderse cómodamente de asuntos de su competencia y mermar su carga laboral, con la simple solicitud de negociar hecha por la defensa. Prácticas que generan sensación de impunidad en los ciudadanos y ponen en entre dicho la administración de justicia[viii].

 

Reto de la sociología jurídica en el neoconstitucionalismo

 

En tal sentido, pese al reconocimiento de estas prácticas, su estudio no ha sido abordado a profundidad y constituye uno de los retos de la sociología jurídica en el neoconstitucionalismo, especialmente en el marco de sistemas penales de orientación teleológica o «derecho penal orientado a las consecuencias», en el que a partir de la concepción del derecho penal como última ratio, su justificación se funda en su necesidad. Necesidad que se analiza a través de los fines que es llamado a cumplir, a través de su mecanismo de coerción: la pena, así como en la garantía de los derechos de las víctimas a la justicia y la verdad.

 

Verdad, justicia y finalidad de la pena, vinculadas íntimamente con ese clamado rigor en la vinculación del fiscal y el juez a los hechos, a los cuales debe aplicar estrictamente la ley, pues pese a que estas instituciones procesales se basan en la admisión de discrecionalidad, la misma no es ilimitada.  Es precisamente en este tipo de decisiones, en las cuales los operadores jurídicos si bien se encuentran amparados por un margen de discrecionalidad, su ejercicio impone con mayor rigidez el cumplimiento de las exigencias propias del «test de razonabilidad y proporcionalidad» de carácter estricto, es decir, con un mayor nivel de exigencia en materia argumentativa en lo concerniente a que la medida no solo tenga un fundamento legal en el margen de la discrecionalidad concedida, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras partes o intervinientes en el proceso penal no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo.

 

Conclusión

 

No basta con la sujeción estricta de los operadores jurídicos a la ley penal, sino además, una sujeción rígida a los hechos. Por tanto, instituciones procesales como el principio de oportunidad  y  acuerdos o negociaciones, imponen la necesidad de realización de un juicio de razonabilidad estricto, en el que la decisión adoptada en virtud de la discrecionalidad legal, no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima[ix], las cuales no pueden examinarse a la luz de criterios subjetivos o arbitrarios y deben remitirse exclusivamente a hechos puntuales que  demuestren violaciones objetivas y evidentes, realizando una imputación jurídica y fáctica circunstanciada, apoyada en un supuesto real.

 

En tal sentido, la aplicación del principio de oportunidad y los preacuerdos de los posibles imputados y la Fiscalía, debe proceder si hay un mínimo de prueba que permita inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad[x], ya que la verdad de lo ocurrido no sólo interesa a quienes participan en el proceso sino también a la sociedad en general. De ahí que, al reconocer situaciones alejadas de la realidad se altera la forma como sucedieron los hechos, y esto vulnera sustancialmente el derecho a la verdad, no sólo de las víctimas sino de la sociedad, por lo que las circunstancias fácticas y jurídicas que emanan del caso restringen el ámbito de discrecionalidad en la adopción de estas instituciones procesales.

 

En tal sentido, resulta imperativa la participación de las víctimas a fin de determinar de mejor manera los hechos, sus circunstancias y la magnitud del daño, para igualmente determinar si la pena propuesta o la renuncia a la persecución penal es aceptable y se adecúa al interés de la sociedad y de la administración de justicia, así como a los fines del derecho penal y de la pena previstos por el legislador,  en el marco de los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad que la rigen[xi]. Impidiendo la emisión  de resoluciones judiciales injustas que no concuerden con la verdad de los hechos y su gravedad, que generen en la comunidad sensaciones de impunidad, desamparo y desigualdad ante la ley, como también inseguridad jurídica al recibir como mensaje que las sanciones penales no guardan correspondencia con las conductas punibles realizadas.

 

 

 

 

 



[i] Abogada, especialista en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Instituciones Jurídico Penales de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia y doctorando en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Email de contacto: aleydaulloa@yahoo.com

[ii] BERNAL CUELLAR, Jaime y otros. El proceso penal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2004. p.  222 a 235.

[iii] BERNAL. Ibíd. p.  222 a 235. ULLOA ULLOA, Aleyda. Motivación de resoluciones públicas y debido proceso. En: Revista Judicial. derechoecuador.com

[iv] ULLOA. Ibíd.

[v] Véase ULLOA ULLOA, Aleyda. Principio de Legalidad y Derecho Penal Contemporáneo. En: Revista Judicial. derechoecuador.com. MUÑOZ CONDE, Francisco. La búsqueda de la verdad en el proceso penal. Argentina: Hammurabi. 2003.

[vi] MUÑOZ CONDE. Ibíd. p. 34.

[vii] Reconocimiento expreso hecho por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. Radicado N° 42184. Bogotá, D.C., quince (15) de octubre de dos mil catorce (2014).

[viii] Ibíd.

[ix] CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1260 de 2005.

[x] Así lo establece la Ley 906 de 2004. artículo 327.

[xi] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Ob. Cit. Salvamento de voto.

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