Aplicabilidad del Principio de Presunción de Inocencia

Martes, 08 de abril de 2014

Aplicabilidad del Principio de Presunción de Inocencia

 

?La libertad. Sancho. Es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos;

con ello no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre:

por la libertad, así como por la honra se puede y debe aventurar la vida;

y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres?. (Miguel de Cervantes).

 

Autor: Dr. José García Falconí

La doctrina señala que el ámbito de aplicación del principio de presunción de inocencia, es el siguiente:

a)    Toda persona es inocente, mientras no se demuestre lo contrario;

b)    La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, la carga de la prueba actualmente la tiene la Fiscalía General del Estado en los delitos de ejercicio de la acción penal pública; mientras que en los delitos de ejercicio de la acción privada, la tiene la víctima;

c)    La persona debe ser tratada como si fuera inocente, mientras está tramitándose el proceso penal;

d)    Sólo mediante sentencia condenatoria en firme o ejecutoriada, se desvanece la presunción de inocencia de una persona;

e)    El debido proceso, va encaminado a demostrar que el procesado o acusado  es culpable, no para que éste demuestre su inocencia, pues la carga de la prueba la tiene la Fiscalía General del Estado en delitos de ejercicio de la acción penal pública; y la víctima en los delitos de ejercicio de la acción penal privada;

f)     Con excepción de la sentencia condenatoria y debidamente ejecutoriada, no existe otra forma de declarar culpable a una persona; y,

g)    Quien ha sido procesado y/o acusado en un delito penal, sino se dicta sentencia condenatoria ejecutoriada o firme conforme la ley, el procesado, sigue siendo inocente.

 

Recordemos que el Art. 51 del COIP, señala que la pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición legal impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada.

 

El Art. 58 del COIP señala de manera textual que las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son privativas, no privativas de libertad y restrictivas de los derechos de propiedad, de conformidad con este Código.

 

Consecuencias de la Presunción de Inocencia

De lo anotado se desprende que son las siguientes:

a)    La carga de la prueba le corresponde al Estado, esto es a la parte que acusa, por lo que el procesado no está obligado a probar que es inocente, sino que esto le corresponde a la parte acusadora,  y en el caso de los delitos de ejercicio de la acción pública a la Fiscalía, sin perjuicio de que los otros sujetos procesales también puedan ejercer su iniciativa probatoria, a fin de buscar el esclarecimiento de los hechos o elementos constitutivos del delito y de la culpabilidad del procesado; aclarando que hoy la búsqueda de la verdad procesal le corresponde también a la jueza o juez, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 130 No. 10, del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el Art. 118, del Código de Procedimiento Civil, pues hay que dejar constancia expresa de que dentro del neoconstitucionalismo que rige a partir de la vigente Constitución de la República, las y los jueces no son meros espectadores, sino que son directores del proceso y por tal tienen una actuación activa en el mismo, ya que el fin del ordenamiento jurídico es que se dicte una sentencia justa, o sea que se dé la razón al sujeto procesal que la tiene, no al que mejor abogada o abogado patrocinador lo asista, he aquí la importancia del papel protagónico de las jueza y jueces en el proceso de cambio de justicia en el país.

Sin embargo el Art. 604.4 letra d) del COIP señala de manera expresa lo contrario al manifestar que en la audiencia preparatoria de juicio: ?(?) b) En ningún caso la o el juzgador podrá decretar la práctica de pruebas de oficio?, lo cual evidentemente es contrario a lo que dispone el Art. 130 NO. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuestión que debe ser aclarada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia.

b)    En nuestra legislación constitucional y penal, se encuentra prohibida la confesión del acusado cuando le puede acarrear responsabilidad penal, más aún, éste tiene el derecho a guardar silencio, sin que ello pueda ser tomado como indicio de su presunta culpabilidad, acorde a lo dispuesto en el Art. 76 No. 4 que dice: ?Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria?; y Art. 77 No. 7, letras b) y c) de la Constitución de la República, que disponen: ?El derecho de toda persona al a defensa incluye:               (?) b) Acogerse al silencio. c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.

Además el No. 8 del Art. 77 señala que nadie puede ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género.

 

Violación al principio constitucional de Presunción de Inocencia: Casos Prácticos

En la tesis doctoral presentada en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, por el Dr.  Vicente Noé Rojas Montero, sobre el tema:  ?La ineficacia del principio de la presunción de inocencia en la norma penal?, cuyo director fue el Dr. Mario Ochoa, y que el suscrito tuvo el honor de calificar, dicho profesional hace un estudio sobre los antecedentes históricos del principio de la presunción de inocencia, señalando que ya existía en las tablas del derecho romano, influido por el cristianismo, pero solamente en la edad moderna con autores como Jobs, Montesquieu y Beccaria, se reafirmó este principio.

Recalca, que la presunción de inocencia, es una garantía procesal del imputado y un derecho fundamental del ciudadano, protegible en vía de amparo; mientras que la regla in dubio pro reo, es una condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria aportada al proceso.

La presunción de Inocencia y la Iglesia

Dicho profesional, en su tesis doctoral, menciona los siguientes casos de la vida real sobre violación al principio constitucional de la presunción de inocencia, especialmente ejecutados por el Santo Oficio, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que cometió las atrocidades más grandes que conoce la historia de violación de derechos humanos, a pretexto de defender el dogma católico sobre la fe cristiana, especialmente en la época de la Inquisición, en la que se cometieron los delitos de lesa humanidad más escandalosos en nombre de Dios; y son los siguientes, que me permito mencionar en resumen:

1.    El caso de Antonio José Da Silva (1705-1739) dramaturgo portugués de origen brasileño, procedente de una familia judía, que se trasladó a Portugal en 1712, estudió derecho en la Universidad de Coímbra, pero su vida sufrió un revés por la intervención de la Inquisición, que le arresto junto con su familia en 1726, y bajo tortura tuvo que renunciar a su fe;

2.    El caso de Bernardino de Siena, acusado de hereje; esto es San Bernardino de Siena fue llamado por el Papa Martín V, para investigar las graves acusaciones contra él dirigidas, por lo que en 1427, tuvo que viajar a Roma para justificarse en presencia del Papa, ante quien se le había acusado de herejía;

3.    El caso de Galileo Galilei (1564-1642), físico y astrónomo italiano, que junto con el alemán Johannes Kleper, comenzó la revolución científica, que culminó con la obra del físico inglés Isaac Newton.

Pero en 1592, no le fue renovado su contrato con la Universidad de Pisa por oponerse a la filosofía aristotélica, más aún en 1595, se inclinó por la teoría de Copérnico, que sostenía que la tierra giraba alrededor del sol, desechando de ese modo el modelo de Aristóteles y Tolomeo, quienes señalaban que los planetas giraban alrededor de la tierra. Galileo fue obligado a abjurar en 1633, y se le condenó a prisión perpetua, condena que le fue conmutada por arresto domiciliario (este es el antecedente a la medida alternativa de arresto domiciliario), que existe actualmente en el COIP en el Art. 522 No. 3 y 525, pero los ejemplares de su obra el Diálogo, fueron quemados y la sentencia fue leída públicamente en todas las universidades y esta sanción se la debe sin duda alguna a la Iglesia Católica de Roma; sin embargo esta misma Iglesia en el año de 1979, en el pontificado de Juan Pablo II, se abrió una investigación sobre la condena eclesiástica de dicho astrónomo para su posible revisión, y en octubre de 1992,  una comisión papal reconoció el error del Vaticano en la condena a Galileo, quien fue reivindicado de este modo después de algunos siglos.

4.    El caso de Giordano Bruno, (1548-1600), filósofo y poeta renacentista italiano, cuya muerte fue dramática, debiendo señalar que ingresó a la orden de predicadores, pero abandonó la orden en 1576, para evitar un juicio en el que se le acusaba de desviaciones doctrinarias, e inició una vida errante hasta el fin de sus días; y, por cuanto Bruno se negó a retractarse fue quemado en una pira levantada en el campo de Fiori el 17 de febrero de 1600.

5.    El caso de José María Morelos y Pavón, (1765-1815) sacerdote e insurgente mexicano, que se convirtió en el caudillo de la emancipación mexicana, luego de la ejecución de Miguel Hidalgo y Costilla en 1811. Tras ser acusado de herejía y despojado de sus hábitos por la Inquisición, fue entregado a las autoridades seculares y fusilado.

6.    El caso de Juana de Arco (llamada la doncella de Orleans 1412-1431), heroína nacional y santa patrona de Francia, quien unió a dicha nación en un momento crítico y dio un giro decisivo a la guerra de los Cien Años a favor de Francia. El tribunal la condenó a muerte, pero al confesar y arrepentirse de sus errores, la sentencia fue conmutada a cadena perpetua, la misma Iglesia Católica revisó su caso y la declaró inocente; siendo canonizada en 1920 por el Papa Benedicto XV, y su fiesta se celebra el 30 de mayo, día de su ejecución;

7.    El caso de Pedro de Trejo (1534-¿) poeta español formado en México y juzgado por la Inquisición acusado de proferir ofensas religiosas, pues el Santo Oficio de la Iglesia Católica, analizó sus versos y lo declaró blasfemo, por lo que fue condenado a cumplir cuatro años de trabajos forzados en galeras y a no escribir coplas durante ese tiempo.

8.    El caso denominado SAMIZDAT, fenómeno iniciado a finales de la década de 1950, en la Unión Soviética, y que perduró hasta que el presidente Mijaíl Gorbachov, comenzó su política de apertura glasnost  a finales de la década de 1980. En 1960, después de haber publicado tres números de Sintaksis, Alexander Ginzburg, fue arrestado y condenado a dos años de prisión y acusado de falsificación; y Galánskov fue hostigado y enviado  a un hospital psiquiátrico, pues el estado soviético no toleraba publicaciones clandestinas, ni si quiera de poesía lírica experimental, por lo que luego de un juicio Andrei Sinavski y Yuli Daniel en 1965, fueron acusados de actividades antisoviéticas, pues habían publicado su obra en el extranjero en revistas de exiliados y sentenciados a siete y cinco años de prisión respectivamente.

9.    El caso de Tomaso Campanella (1568-1639), filósofo italiano, cuyo nombre en la vida real fue de Giovanni Domenico Campanella, quien ingresó al monasterio de la Orden de los Domínicos, pero disintió de las enseñanzas de su tiempo, y por esa razón en 1599, fue apresado tras ser acusado de herejía y de conspiración contra el virrey español de Nápoles, por lo que pasó 27 años en la cárcel de dicha ciudad.

 

 

CIDH.- Jurisprudencia Internacional

Recordemos, que el Considerando del Código Orgánico de la Función Judicial, señala de manera expresa, que forman parte del bloque de constitucionalidad, esto es del ordenamiento jurídico ecuatoriano, los diecisiete tratados internacionales sobre derechos humanos que allí se mencionan; y además ?(?) las declaraciones, resoluciones, sentencias, observaciones e informes de los comités, cortes, comisiones de los sistemas de protección internacional de derechos humanos; y las legislaciones comparadas (?)?.

En el libro ?SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHO PENAL INTERNACIONAL?, publicado por la Fundación Konrad Adenauer Stifung, en el año 2010, el tratadista colombiano Dr. Salvador Herencia Carrasco, en su artículo ?El derecho de defensa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, señala los siguientes casos:

a)    ?En el caso Loaiza Tamayo contra Perú, sentencia de 17 de septiembre de 1997, serie C, No. 33, la Corte IDH determinó que el Estado peruano había violado el Art. 8.2 de la CADH debido a que la recurrente fue procesada por el delito de traición a la patria por un tribunal militar, en el cual la estructura del proceso no respetaba las garantías mínimas de imparcialidad ni reconocimiento de la presunción de inocencia. Sin embargo, cabe destacar que en este fallo la Corte se abstiene de hacer precisión doctrinaria alguna sobre el contenido de este derecho, limitándose a aplicarlo al caso concreto.

De acuerdo con la Corte IDH, el Perú violó esta disposición por la jurisdicción militar ?al atribuir a la señora María Elena Loaiza Tamayo la comisión de un delito diverso a aquel por el que fue acusada y procesada, sin tener competencia para ello, pues en todo caso esa imputación solo correspondía hacerla a la jurisdicción ordinaria competente?;

 

b)    En el caso Suárez Rosero contra Ecuador, sentencia de 12 de noviembre de 1997, serie C, No. 35 ?La Corte IDH desarrolla el postulado mínimo de la presunción de inocencia, vinculándolo al término de la prisión preventiva.

 

?(?) en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada (?)?.

c)    La Corte IDH, en el caso López Álvarez contra Honduras, sentencia del 01 de febrero de 2006, serie C, No. 141, párrafos  141-144 reitera este principio y en el caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez contra Ecuador, sentencia de 21 de noviembre de 2007, serie C, No. 170, párrafo 146 señala además del caso Bayari contra Argentina, sentencia del 30 de octubre de 2008, serie C, No. 187, en el que se amplía este concepto de presunción de inocencia. Igual en el caso Tibi vs. Ecuador

d)    En el caso Cantoral Benavides contra Perú, sentencia del 18 de agosto de 2000, serie C, No. 69 ?La Corte IDH establece que la garantía de presunción de inocencia pone límites al accionar del Estado y de la administración de justicia con el fin de evitar una estigmatización del procesado ante la opinión pública?. En el mismo sentido, el caso Lori Berenson contra Perú, sentencia de 25 de noviembre de 2004, serie C, No. 119,160, se reitera este criterio.

e)    En el caso hermanos Gómez Paquiyauri contra Perú, sentencia del 08 de julio de  2004, serie C, No. 110 ?La Corte hace la relación entre la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso (?)?.

 

f)     En el caso Ricardo Canese contra Paraguay, sentencia del 31 de agosto de 2004, serie C, No. 111 ?La Corte hace un somero análisis de las características de la presunción de inocencia?

La regla establecida por la Corte es que la presunción de inocencia.

 

?(?) es un elemento esencial para la relación efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. Este derecho implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probandi corresponde a quien acusa?.

 

g)    En el caso García Asto y Ramírez Rojas contra Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2005, serie C, No. 137 ??relaciona el control judicial inmediato como un elemento para asegurar la legalidad de las detenciones y de la presunción de inocencia.

 

h)   En el caso Baena Ricardo contra Panamá, sentencia del 02 de febrero de 2001, serie C, No. 72  ?La Corte IDH precisa que las garantías establecidas en el Art. 8 de la CADH, incluida la presunción de inocencia, es aplicable a todos los procesos, sean estos civiles, laborales, fiscales, o cualquier otro establecido en la Ley, dada su vinculación con el derecho al debido proceso?.

 

Pronunciamiento sobre la presunción de inocencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

La tratadista española Alicia Gil, en la obra antes mencionada, señala ?El examen de este derecho (se refiere a la presunción de inocencia) se realiza, según el TEDH ?Mediante el análisis de la valoración de la prueba por las jurisdicciones estatales no ha sido arbitraria o irracional. En concreto, de esta manera podemos relacionar este derecho no previsto especialmente en los convenios de Ginebra, aunque si en el Protocolo Adicional I, con el si previsto derecho al juez imparcial ?el TEDH en su sentencia de 6 de diciembre de 1998 (Caso Barberá, Mesegué y Jarabo contra España), afirmó que la presunción de inocencia exige ?Que los miembros del tribunal no partan de una idea preconcebida de que el procesado ha cometido el acto incriminado, la carga de la prueba pesa sobre la parte acusatoria y la duda beneficia al acusado?. Además, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, este derecho incluye también otras de las garantías que ya vimos, expresamente recogidas en los Convenios de Ginebra, pues a lo anterior añade:

 

?(?) incumbe a la parte acusadora, indicar al acusado que acusaciones le dirigirá  -a fin de darle la ocasión de preparar y de presentar su defensa de modo consecuente-  y de ofrecer pruebas suficientes para fundamentar una declaración de culpabilidad?; así también se pronunció en el mismo sentido dicho tribunal europeo, en las sentencias de 27 de junio de 1968, en el caso NEUMEISTER; y de 17 de enero de 1970, en el caso DELCOURT?.

 

Conclusión

Hay que hacer consciencia, que el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, es la piedra angular del presente artículo, de tal manera que estaré satisfecho cuando en el país y en el mundo, exista un acatamiento cabal al Estado constitucional de derechos y justicia social, y cuando finalmente se haya impuesto entre todos los actores sociales una cultura de tolerancia y de respeto a los derechos humanos, pues solamente de esta manera tendremos una sociedad para beneficio de todos los que vivimos en este país.

De todo lo manifestado en estos dos artículos, se desprende, que existe una tendencia universal, a garantizar que a todo procesado se le presuma su inocencia hasta que judicialmente se establezca su culpabilidad mediante sentencia en firme, esta es una norma rectora del derecho constitucional-penal de todo Estado constitucional de derechos y justicia social; de tal manera que la presunción de inocencia acompaña al procesado desde el inicio de la acción penal hasta cuando haya sentencia ejecutoriada de culpabilidad, así lo señala la Constitución de la República en el Art. 76 No. 2; y el COIP en el Art. 5.4; pero esta es una presunción iuris tantum o legal, es decir no es absoluta, puesto que las pruebas de cargo pueden dar con ella al traste, insistiendo que sólo queda desvirtuada definitivamente, cuando se dicta sentencia condenatoria ejecutoriada.

Debo reiterar que esta presunción se aplica no solo en materia penal, sino también en el derecho administrativo sancionador.

El tratadista Fernando de la Rúa en su obra Teoría General del Proceso señala: ?La paz de una colectividad depende en gran medida de su justicia penal, y se la pone en riesgo cuando esa justicia no convence o deja flotando el sentimiento de arbitrariedad o debilidad en la sanción de sus delitos?.

En el próximo artículo trataré sobre el principio procesal de la duda a favor del reo, que se encuentra regulada en el Art. 5 No. 3 del COIP, y que tiene relación con el principio procesal de inocencia que está regulado en el Art. 5 No. 4 ibídem, tema jurídico que he tratado en estas dos últimas entregas; recordando que la base constitucional de estos dos principios procesales se encuentra en el Art. 76.2 de la Constitución de la República.

Quiero terminar estos artículos nuevamente expresando mi profundo agradecimiento a mis queridos amigos Viviana Pila Avendaño y Patricio Culquicondor Maza, por colaborar y enriquecer mis conocimientos con sus sabias enseñanzas.

Yupachayni amigos del alma

 

Dr. José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia,

Ciencias Políticas y Sociales, Universidad

Central del Ecuador

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

 

 

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