Caso 202-19-jh/21

La sentencia aborda la acción de hábeas corpus interpuesta por una mujer en situación de pobreza extrema contra una orden de acogimiento institucional de sus hijos. La Corte Constitucional en su decisión declaró la vulneración del derecho a la libertad, intimidad familiar integridad física durante la ejecución del allanamiento domiciliario, así como la violación parcial del derecho a un debido cuidado institucional que fortalezca vínculos familiares y se encamine a una adecuada inserción familiar.

Los argumentos principales de la sentencia en mención son los siguientes:

“De la norma constitucional se desprende que el hábeas corpus protege a las personas privadas de libertad, al menos, en dos circunstancias: (1) cuando una persona está privada de libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, hay una violación al derecho a la libertad de movimiento, y lo que procede es disponer su inmediata libertad; (2) cuando una persona está privada de libertad de forma legal y legítima, hay violaciones a derechos que se producen por las condiciones de privación de libertad, y lo que procede es reparar por esas violaciones.  En el primer caso (1), el objeto del hábeas corpus es el derecho a la libertad y la finalidad es recuperarla, como cuando una persona ha sido detenida sin boleta ni en flagrancia, o restringir las limitaciones a la privación de libertad, como cuando una persona ha cumplido todos los requisitos para obtener la prelibertad y arbitrariamente no le conceden.

 El juez o jueza que conoce el hábeas corpus debe i) verificar si la privación de libertad es ilegal, arbitraria o ilegítima y ii) analizar el momento de la privación de libertad. El momento de la privación de libertad es cuando se produce el primer contacto entre los agentes del Estado, o quienes privan de la libertad, y la persona.

Este momento debe ser respetuoso de la dignidad y debe cumplir con los procedimientos legales, tales como la exhibición de la boleta si fuere el caso y con la información sobre los derechos de la persona privada de libertad.  La privación ilegal de la libertad puede ser material y formal. Material cuando no hay “estricto apego a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley”; formal cuando se incumplen los requisitos y procedimientos establecidos en la ley.

La privación arbitraria de la libertad se produce cuando, a pesar de cumplirse las normas legales, “se ha realizado utilizando causas y métodos que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos humanos del individuo.- En el segundo caso (2), que se ha denominado hábeas corpus correctivo , el objeto del hábeas corpus son los derechos en la privación de libertad y la finalidad es garantizar los derechos conexos que se vulneran gravemente durante la privación de libertad, como privar de alimentos a una persona, no brindar atención oportuna de salud a personas enfermas que podrían conllevar al deterioro de salud o a la muerte, disponer la incomunicación. La privación a la libertad conlleva a limitaciones inevitables a otros derechos, tales como a la vida familiar, la privacidad, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía. Esas restricciones y limitaciones serán justiciables mediante la garantía de hábeas corpus cuando no fueren razonables o si producen efectos o daños graves al titular de derechos.

 El juez o jueza que conoce el hábeas corpus debe verificar las vulneraciones a derechos producidas durante la privación o restricción a la libertad y “efectuar un análisis más amplio de todo el proceso de privación de libertad. – En el caso, el juez que dictó la medida de acogimiento institucional afirmó que los niños y niñas “no se hallan PRIVADOS DE LA LIBERTAD…sino que se encuentran bajo protección del Estado” (énfasis en el original). El juez que conoció el hábeas corpus, en primera instancia, sostuvo que “se ha confundido completamente lo que es el hábeas corpus con una medida [de] protección de derechos a los niños…”. Estos criterios fueron ratificados por la Corte Provincial de Justicia. Es decir, por el hecho de que el acogimiento institucional tuvo como fundamento una medida de protección, se consideró que no se trataba de una privación de libertad y que, de plano, no cabía el hábeas corpus.

De los hechos del caso se desprende que los niños y niñas fueron privados de la libertad contra su voluntad, desde el momento del allanamiento al domicilio. Se resistieron y se escondieron. Si bien M. al día siguiente voluntariamente acudió al lugar del acogimiento institucional, fue para cuidar a sus hermanos pequeños. Además, por lo que sostuvieron las profesionales del lugar como lo reiteró M. en la audiencia pública, querían estar con su madre en su casa. Por tanto, estamos frente a una privación de libertad. En suma, en primer lugar, el acogimiento institucional está previsto en la ley como medida transitoria de protección, con carácter excepcional, de última ratio, y debe perseguir un fin legítimo y cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

En segundo lugar, el acogimiento institucional cabe solo mediante orden de juez competente. En tercer lugar, la orden de juez debe estar basada en información suficiente proporcionada por profesionales competentes y especializados en el cuidado y atención a niños, niñas y adolescentes (…..). El allanamiento, en suma, se hizo de forma violenta. No se hizo la distinción necesaria entre medida de protección en un procedimiento de niñez y adolescencia y una medida dentro de un procedimiento penal. Llegar de noche, no identificarse, ejecutar una medida coercitiva sin dar explicaciones, provocar pánico, tomar a la fuerza a los niños y niñas y subirles en el patrullero no es la manera de ejecutar una medida de protección. Cuando se afirma que todo niño y niña tiene el derecho al mejor comienzo de vida posible, de tal forma que pueda desarrollar sus capacidades al máximo de sus potencialidades, no solo debe referirse al hecho de nacer, sino también para cada etapa importante de la vida, como comenzar la escuela o ser beneficiario de una medida de protección. Un mal comienzo, como el allanamiento en la ejecución de la medida de protección acogimiento institucional, podría predisponer a no tener la mejor actitud durante la ejecución de la medida de protección y convertirse en sí mismo un evento traumático. Por lo dicho, en el caso no se trató con respeto y dignidad a los niños y niñas, no hubo información alguna a la persona responsable, Rosa, sobre el allanamiento, ni a los niños y niñas, se utilizó la fuerza sin que exista justificación alguna (uso progresivo). Los hechos narrados en este acápite son objeto de hábeas corpus y constituyen una violación al derecho a la libertad, la intimidad familiar y la integridad física de R. y de sus hijos e hijas. (……) De los hechos del caso se desprenden dos hechos que podían ser objeto del hábeas corpus correctivo: las afectaciones a la integridad física de los niños y niñas y el derecho a la familia que se concreta en el fortalecimiento de los vínculos familiares entre R. y los hijos e hijas (visitas). En consecuencia, por estas razones, cabe plantear la garantía del hábeas corpus”.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

De conformidad con el extracto principal de la sentencia se puede considerar lo siguiente:

a)     Las autoridades y quienes ejecuten los allanamientos tienen la obligación de distinguir sí se trata de un tema de niñez o de un proceso penal, porque no se puede dar el mismo tratamiento en los casos de niños, niñas y adolescentes que en el caso de un proceso penal. Ergo queda proscrito los allanamientos con violencia en caso de niños, niñas y adolescentes.

b)     Es procedente el hábeas corpus correctivo en este caso de niños, niñas y adolescentes por las afectaciones a la integridad de los niños y niñas, y su derecho a la familia.

Dra. Verónica Jaramillo Huilcapi.

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