Acción de Daños y Perjuicios

Viernes, 08 de noviembre de 2013

Acción de Daños y Perjuicios  

Autor: Dr. José García Flaconí

 

Acción de daños y perjuicios en contra del juez de contravenciones

Cuando un operador de justicia no ha cumplido con lo dispuesto por la Constitución de la República, tratados internacionales de derechos humanos y la ley, conforme dispone el Art. 11 No. 9, inciso tercero de la Constitución, y Arts. 15, 32 y 33 del Código Orgánico de la Función Judicial, procede la demanda contra el Estado ecuatoriano por responsabilidad civil extracontractual, luego de lo cual debe ejercer el derecho de repetición en contra del funcionario judicial responsable.

La sanción administrativa, repito es la señalada en el Art. 108 No. 8 del Código Orgánico de la Función Judicial.

En cambio, la acción de daños y perjuicios en contra del juez de contravenciones, se la debe deducir ante el juez de garantías  penales de la jurisdicción respectiva, o sea del lugar donde se dictó la sentencia, y el juez de garantías penales una vez que la califique, pide informe al juez de contravenciones contra el que se la intentó, concediéndole el término de tres días para que la remita, además junto con el informe debe enviar copias de todas las diligencias materia de la demanda, o el mismo expediente original.

Si hubieran hechos que deben justificarse, se concede el plazo de prueba por seis días, aclarando que por ser plazo corren todos los días, después de lo cual se dictará la sentencia debidamente motivada, que según el Art. 405 del Código de Procedimiento Penal, no tiene recurso alguno, lo cual es inconstitucional, porque contraría lo dispuesto en el Art. 76 número 7 letra m) de la Constitución de la República, en concordancia con el Art. 8 Sección Segunda, letra h) de la Convención Americana de Derechos Humanos, como reiteradamente he manifestado.

 

Prescripción de la acción de indemnización de daños y perjuicios

La acción de indemnización de daños y perjuicios en contra del juez que la dictó, de conformidad con lo que dispone el Art. 404 del Código de Procedimiento Penal, prescribe en 15 días, contados desde la fecha de la última notificación de la sentencia.

Tengo un artículo publicado en la Sección Judicial de Diario La Hora de la ciudad de Quito, en el que hago un análisis jurídico sobre la prescripción de la pena en las materias penal y civil.

Procedimiento judicial para denunciar las violaciones de los derechos del consumidor

El juez de contravenciones, en atención a lo dispuesto por el No. 3 del Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene las atribuciones de conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

Recalco que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se encuentra publicada en el Registro Oficial No. 520, del 12 de Septiembre de 1990; actualmente está en segunda discusión en la Asamblea Nacional la nueva Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

En resumen el trámite de esta clase de infracciones, es el siguiente:

PRIMER PASO.- Presentación de la denuncia o acusación particular por parte del ofendido, la misma que debe contener lo siguiente:

1.      Nombres y apellidos, dirección domiciliaria y número de cédula de ciudadanía del denunciante o del acusador si lo hubiere;

2.      El nombre y apellido del acusado, y si fuera del caso su domicilio;

3.      La determinación de la infracción acusada;

4.      La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación de lugar, día, mes y año en que fue cometida;

5.      La justificación de la condición de ofendida;

6.      Los elementos en los que se funda la atribución de la participación de la persona acusada en la infracción; y,

7.      La firma del acusador o su apoderado con poder especial. En este poder se hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y, la relación completa de la infracción que se quiere acusar.

SEGUNDO PASO.- Una vez presentada la denuncia o acusación, se señala día y hora para que reconozca el contenido de la misma, así como el reconocimiento de firma y rúbrica puesta al pie de la denuncia o acusación, de conformidad con lo que disponen los Arts. 53 y 55 del Código de Procedimiento Penal.

TERCER PASO.- Una vez que se cumple con lo solicitado, el juez dicta una providencia, examinando si la denuncia o la acusación reúne los requisitos señalados en la ley; en este caso, si se acepta al trámite  se ordena la citación al denunciado. Si se encuentra incompleta, el juez dispondrá que se la complete en el plazo de tres días, señalando cuál es la omisión, y previniéndole que si no la completa en el plazo señalado, se rechazará la acusación particular y se archivará la causa.

CUARTO PASO.- Una vez aceptada a trámite la acusación particular, se cita al denunciado en el lugar señalado, entregándole la boleta correspondiente en forma personal; en caso de no encontrarse se lo citará mediante tres boletas entregadas en su domicilio en tres días distintos, y dentro de las boletas se hará constar el texto de la acusación y el auto de aceptación.

QUINTO PASO.- Una vez que haya sido citado legalmente, se señalará día y hora para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que se llevará a cabo dentro del plazo de diez días contados a partir de la notificación.

SEXTO PASO.- La audiencia oral de juzgamiento se inicia con la contestación del denunciado, a esta audiencia las partes deben concurrir con todas las pruebas con las cuales justifiquen sus acciones o pretensiones, y una vez evacuadas las mismas, se dictará sentencia en la misma audiencia de ser posible. Caso contrario se lo hará dentro del plazo de tres días.

Si la parte no se presenta a dicha diligencia, se la declarará en rebeldía.

Si para el esclarecimiento de los hechos, fuere necesario a criterio del juez, la intervención de peritos o de informes técnicos, se suspenderá la audiencia solo para este efecto y, se concederá un plazo de quince días para la presentación de los mismos. Al vencimiento de dicho plazo, se reanudará la audiencia, previo señalamiento de día y hora, luego de lo cual se procederá a dictar sentencia.

SÉPTIMO PASO.- La parte que se creyere perjudicada, podrá presentar recurso de apelación dentro del término de tres días contados a partir de la notificación del fallo; en cuyo caso el proceso debe ser remitido a la sala de sorteos mediante oficio, para la designación del juez de segunda instancia.

OCTAVO PASO.- El juez de garantías penales que conozca la causa por sorteo, debe resolver de manera motivada el recurso de apelación, señalando que de esta resolución no existe recurso alguno, esto es causa ejecutoria, y luego el proceso pasa a conocimiento del juez de primer nivel para su cumplimiento.

 

Notas finales sobre el juzgamiento de las contravenciones

Hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones del Código Penal, respecto a las contravenciones:

a)      En todo lo relativo a la punibilidad, responsabilidad y prescripción de las contravenciones, debe estarse a lo dispuesto en el Libro Primero del Código Penal; teniendo en cuenta que sobre la prescripción de la contravención, el Art. 109 de dicho cuerpo de leyes señala, que prescribe en los plazos que indica el Libro Tercero del Código Penal; esto es, de conformidad con el Art. 617 ibídem, la acción de Contravención Policial prescribe en treinta días, y la pena en noventa días, contados ambos como términos desde el día en que se cometió la infracción o desde la fecha en que la sentencia condenatoria quedó ejecutoriada respectivamente; de todos modos hay que tener muy en cuenta que la prescripción puede declararse de oficio o a petición de parte de acuerdo al Art. 620 ibídem;

b)      La prescripción de la pena de comiso especial, prescribe en el plazo señalado para la pena principal, y las condenas según las reglas del Código Civil; debiendo tener en cuenta que en caso de que se hubiera iniciado ya el juzgamiento por una contravención, el tiempo de la prescripción empezará a correr desde la última diligencia judicial;

c)      No rigen para las contravenciones, las reglas de los Arts. 82 y 87 del Código Penal, que se refieren a la suspensión del cumplimiento de la pena y de la libertad condicional, lo cual evidentemente es inconstitucional, porque violenta lo señalado en los Arts.  11, 66, 76, 77, 195, 201, 202, 203 de la Constitución de la República, entre otras disposiciones;

d)     Los condenados a prisión, deben sufrir las penas en cárceles de sus respectivas parroquias o cantones, pero en caso de faltar éstas, la cumplirán en la cárcel de la capital de la provincia;

e)      A los menores (niños, niñas) de catorce años y mayores de siete, que se les encuentre, jugando, fumando o vagando en las calles, plazas o cualquier otro lugar público, la Policía debe remitir inmediatamente al respectivo Tribunal de Menores (hoy Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia), pues hay que recordar que ya no funcionan éstos juzgados, sino los jueces especializados en esta materia, de acuerdo a lo señalado en el Art. 232 del Código Orgánico de la Función Judicial, que trata sobre las juezas y jueces de violencia contra la mujer y la familia; en los Arts. 233 al 236 sobre las juezas y jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia;

f)       El Art. 611 del Código Penal señala, que los perjuicios ocasionados por los mayores de siete años y menores de dieciocho, serán pagados por los padres, guardadores, patronos o personas de quienes dependan los contraventores, de conformidad con las disposiciones delos Arts. 2220 y 2221 del Código Civil. Debiendo recalcar que las políticas públicas sobre niños y adolescentes, tienen varios parámetros, en los que se impulsa la corresponsabilidad; esto es de la familia (acompaña, respeta, exige y defiende); la sociedad (respeta, exige y cumple); y el Estado (define políticas, asigna recursos y vigila)

g)      Cuando una misma acción u omisión constituyan dos o más contravenciones, se aplicará la pena mayor, así lo señala el Art. 612 del Código Penal, pero hay que tener en cuenta el Art. 76 número 6 de la Constitución de la República, que trata sobre el principio constitucional de proporcionalidad;

h)       El Art. 613 Código Penal señala, que la reiteración será circunstancia agravante, pero hay que tener muy en cuenta, que para que exista la reiteración debe existir el cometimiento de la misma contravención, no de una diferente; más aún para el caso de la reincidencia, el Art. 614 del Código Penal dispone que se aplicará el máximo de la pena señalada para la última contravención cometida, lo cual igualmente podría contrariar el principio constitucional de proporcionalidad y de igualdad, este último señalado en el Art. 11 número 2, de la Constitución de la República, que dispone de manera expresa, que no se puede discriminar, entre otras circunstancias, por el pasado judicial;

i)        El Art. 615 del Código Penal señala, los criterios que debe tener el juez para fijar el quantum de la pena, esto es tomar en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes según el caso, y de este modo aplicar el principio de proporcionalidad, que es el equilibrio entre el poder punitivo que tiene el Estado y los derechos y personalidad del acusado;

j)        El Art. 616 del Código Penal señala, que en la duración de una pena de policía por contravención, se debe contar todo el tiempo que hubiese sido detenido el culpado, por causa de la misma;

k)      El Art. 622 del Código Penal señala, que cuando llega a conocimiento de una autoridad que se trata de cometer un delito o una contravención, se deben tomar todas las medidas adecuadas para evitar el mismo;

l)        Respecto a la detención del contraventor, el Art. 623 del Código Penal dispone, que se deben observar las prescripciones que señala dicho cuerpo de leyes;

m)    Hay normas obsoletas en el Código Penal, como las señaladas en los Arts.: 624, 625, 626, 627, 628, 629 y 631, que de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Derogatoria de la Constitución de la República, que dispone ?Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Número uno del día once agosto de 1998, y toda norma contraria a esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución?, lo cual guarda relación con lo señalado en los Arts. 424, 425 ibídem, y 4 y 5 del Código Orgánico de la Función Judicial; de tal modo que dichas disposiciones estarían fuera del ordenamiento jurídico del país; y,

n)      El Art. 630 del Código Penal dispone, que las penas de policía son independientes de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el contraventor.

 

Quiero terminar este artículo, manifestando el pensamiento del tratadista español Alejandro Nieto, en su obra antes mencionada, quien dice: ?Conocer el derecho es indagar como opera lo bueno y lo malo. El jurista como el médico ha de mirar las cosas por dentro y si quiere curar la carne a de palpar la podredumbre. Con hombres buenos, sobran los jueces; con jueces justos sobran los abogados; y con abogados honestos sobran las leyes. Pero el derecho y las leyes están en manos de profesionales de todas clases y con todos ellos hay que contar?.

En las maestrías de Derecho Procesal y de Derecho Constitucional, que cursé en la Universidad Andina Simón Bolívar en los años 2000 a 2004, el primer módulo estuvo a cargo del insigne jurista Dr. Santiago Andrade Ubidia, y el último era ?Cómo piensan los jueces y cómo deben pensar los jueces? enseñanzas que cambio mi modo de pensar como juez en aquella época, más aún como señala el maestro tantas veces citado Alejandro Nieto: ?Un golpe en la cabeza al caerse del caballo cambio los sentimientos y moral de Saulo, convirtiéndole en San Pablo?, pues bien, parafraseando esta frase, es fundamental un cambio de mentalidad de los señores operadores de justicia en nuestro país, pues como he repetido reiteradamente, a raíz de la vigente Constitución de la República de 2008, tenemos un nuevo Estado y un nuevo derecho, completamente diferente al del Estado liberal.

Reconozco, que el juez es un profesional de la justicia, pero también una persona con un sistema de valores y creencias que le permiten comprender, explicar y actuar en el mundo que le rodea, pues como señala Alejandro Nieto: ?Casi todos los jueces aceptan los valores sociales de la vida, la intimidad, la libertad, la vida, la propiedad y tantos otros; pero el peso que les atribuye es diferente y  no siempre coincide con la definición legal. Un juez conservador estará siempre, en principio a favor de la ley y el orden, de la vida y de la propiedad; mientras que uno progresista relativizará la importancia de todos estos valores cuando esté en juego la libertad o la dignidad de la persona?.

 

Conclusiones

a)      El juez no tiene por qué ser un científico, pero si necesita una buena preparación epistemológica  -articulada en función de las características de las distintas áreas del saber científico que entran en juego-  si quiere estar en condiciones de valorar la fiabilidad científica de las pruebas presentadas, dice con razón Michele Taruffo, en su obra La Prueba Científica en el Proceso Civil;

b)      En el siglo XXI, la tarea del juez se presenta sumamente compleja, y con razón dice Jorge Malem , nadie duda de ello y existen varias razones que parecen explicar ese consenso . en primer lugar, constituciones que atribuyen derechos individuales a los ciudadanos y que hacen que el juez sea su garante. La Constitución, además, contiene una serie de principios que hace que el juez deba realizar una tarea interpretativa y de aplicación del derecho diferente así operara solo con reglas.

La existencia de una Constitución obliga por otra parte, a que todo el conjunto de disposiciones jurídicas sean evaluadas a partir de ella.

En segundo lugar, existe una multiplicidad de sistemas jurídicos que operan coetáneamente y que dificultan la tarea de aplicar el derecho, no solo porque rige un ordenamiento continental europeo que el juez tiene la obligación de conocer, sino también porque existe un ordenamiento autonómico e incluso otro local de carácter municipal, lo que produce un entramado normativo cada vez más complicado. Y, en tercer lugar, porque los ciudadanos necesitan del juez como la última autoridad para resolver problemas, aunque algunos no siempre deberían caer bajo su competencia, porque tiene un eminente carácter político.

c)      Como dice Malem Seña, en definitiva, ?Hoy la profesionalidad exigida no se puede limitar al saber jurídico tradicional?, de tal manera que hay que abrir la mente y los ojos al proceso de cambio que vive el país.

d)     El juez no solamente debe tener una sólida formación técnica básica, sino también una sólida formación profesional y, como dice Jorge Malem: ? (?) esto implica que debe reflexionar sobre el papel que desempeña el juez en el Estado y en la sociedad y pensar acerca de cuáles son sus deberes morales y las reglas deontológicas que le rigen. Y además tener conciencia de qué esperan los ciudadanos de él?.

e)      En relación al Art. 130 No. 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, el juez debe ser consciente de sus propios límites, ya que los jueces, al valorar las pruebas, y no únicamente la testifical, se pueden ver influidos por sus propios prejuicios o concepciones filosóficas.

f)       Es fundamental que con todo lo manifestado en líneas  anteriores, se contribuya a generar la confianza del ciudadano con sus jueces, pues como dice Rafael Jiménez Asencio: ?Esta idea de confianza en los tribunales será, sin duda, capital en la configuración del derecho al juez, imparcial, aunque sus potencialidades tampoco han servido para estimar la vulneración del derecho en aquellas ocasiones en que la nota de confianza ha mostrado claros signos de desfallecimiento. Pues tal como se verá de inmediato, esta confianza en los tribunales está imbricada , de forma plena con las apreciaciones y temores  que un ciudadano, en su fuero interno pueda tener en torno a la presunta parcialidad de quien lo juzga, lo cual conduce siempre al difícil punto de considerar en que casos tales temores son fundados,  o por emplear las palabras de la sentencia en el caso Piersack, en qué momento se acredita que existan razones legítimas que deban conducir a la abstención del juzgador; pues al fin a la postre, quien aprecia en primer lugar esas razones no es otro que quien debe juzgar?; de tal modo que la idea de profesión judicial y el propio comportamiento como profesional del derecho del juez, promociona la confianza en la justicia, recordando una vez más, que el juez es un profesional del derecho, no obstante no conviene olvidar que también es importante la moralidad del juez, recalcando eso sí, que un juez intelectualmente mejor preparado es un juez menos proclive a imponer sus prejuicios en las decisiones que tome.

g)      Por tanto, es claro que sin garantías procesales  -que a su vez presuponen las orgánicas- no hay ejercicio del poder judicial constitucionalmente aceptable. Del mismo modo que sin un poder judicial que ocupe el espacio que la Constitución le asigna no podrá haber democracia efectiva, es decir de sujetos con derechos, conforme lo señala el tratadista Perfecto Andrés Ibáñez, en su obra Democracia con Jueces.

 

Dr. José García Falconí

DOCENTE, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com

 

 

 

 

 

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