PROYECTO DE LEY DE PROTECCION A LOS MIGRANTES ECUATORIANOS
Una iniciativa para la protección legal de los derechos humanos de los migrantes

Por Dr. Marco Navas Alvear
Profesor de la PUCE, consultor del ILDIS

S E CONSIDERA QUE EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS cerca del 10% de la población de Ecuador ha salido a otros países para buscar mayores oportunidades de empleo y mejores condiciones de vida. Los destinos más recurridos han sido los Estados Unidos de Norte América y Europa, especialmente España e Italia.

Los impactos de todo orden que esta oleada migratoria han tenido en el conjunto de la sociedad han resultado muy significativos y motivado el interés de muchas organizaciones e instituciones por analizar el tema, y también por proponer soluciones a problemas relativos a la migración y a la situación de los migrantes en el extranjero. Los mismos migrantes, debido a la precariedad en el que tienen que abandonar el país y al desamparo en que viven, se han organizado en varias asociaciones que trabajan por sus derechos.

El Proyecto de Ley de Protección a los Migrantes Ecuatorianos

La semana pasada tuvo lugar en Cuenca una interesante iniciativa del Plan Nacional de Migración, espacio en que trabajan varias instituciones que defienden los derechos de los migrantes, entre otras el ILDIS, la institución italiana ALISEI y el Congreso Nacional, para desarrollar un proyecto de Ley de Protección a los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias y analizar otros instrumentos normativos y de políticas a favor de los derechos de ese sector de ecuatorianos como el Plan Nacional de Migración.

La iniciativa legislativa busca unificar cerca de quince proyectos de Ley para dar un marco adecuado de protección al migrante ecuatoriano. Anteriormente se habían regulado aspectos referentes al tráfico ilegal y otros, pero hasta hoy no existía una propuesta marco de protección de derechos.

En ese contexto, lo destacable es que se esta iniciativa incorpora de forma importante el componente de participación social en la formulación de esas normas, y busca en sentido propositivo, ser un instrumento que consagre la política del Estado ecuatoriano frente al tema.

Disposiciones destacables del proyecto

En ese sentido hay que destacar algunas de las disposiciones del proyecto: se establece una instancia coordinadora y responsables de diversas medidas de promoción, se eleva a fuerza de Ley la obligación de elaborar y ejecutar un Plan Nacional sobre Migraciones, para cuyo escrutinio se contaría con mecanismos de consulta y participación, se establece el Fondo de Ayuda, Ahorro e Inversión del Migrante, se regula el tema del envío de remesas, facilitando el proceso, entre otras. Debe tomarse en cuenta además, que el país ha suscrito la Convención Internacional de Protección a los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, norma vigente del sistema de Naciones Unidas que ya establece numerosos derechos y que, desgraciadamente, la mayor parte de grandes países receptores de migración no han ratificado.
Recomendaciones

Es importante destacar algunas de las recomendaciones formuladas por los participantes en el Taller para la preparación del Proyecto de Ley. Estas se refieren a derechos y garantías de los migrantes y sus familias, dirigidas a distintas funciones y autoridades del Estado:

– Al Congreso Nacional se recomienda la armonización de las leyes ecuatorianas con la citada Convención Internacional de Protección a los Derechos de Trabajadores Migratorios, particularmente en lo que concierne a leyes como las de Extranjería, Migración (esta norma anacrónica es discriminatoria como lo ha subrayado la Relatoría especial de migraciones de la ONU), de Documentos de Viaje, a los Códigos Penal y de Trabajo, entre otros.

– Al Gobierno Nacional, que tome las medidas para la efectiva aplicación de la Convención en el país.

– Al Estado ecuatoriano, que garantice el respeto a los derechos de los nacionales que han migrado a otros países y, para guardar consecuencia lógica, que respete y garantice los derechos de los inmigrantes que se encuentran en el Ecuador.

– Se insta igualmente, al Gobierno Nacional a que ejecute las disposiciones de las normas regionales de la Comunidad Andina, de manera particular los Instrumentos Andinos de Migración Laboral, Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo.

La iniciativa legal comentada está bastante acabada, pero siempre será importante seguirla discutiendo y que más organizaciones ciudadanas interesadas la conozcan. Solo un mayor conocimiento y debate social reduce las posibilidades de la manipulación politiquera de este tipo de temas, en los cuales, de paso, hay que reconocer que muchos «bloques» parlamentarios han puesto sus ojos sobre los potenciales votos de ecuatorianos en el exterior para incorporarlos a su «clientela». Por ello, la sociedad debe estar alerta.

Es necesario instar al Congreso Nacional a tomar seriamente el tema. Como ya muchos legisladores lo han hecho. Es pertinente también reconocer la apertura que ha existido por parte de la Presidencia del Congreso para que las instituciones formulen sus observaciones sobre los distintos proyectos de Ley. Esto debía ser parte de la política legislativa.