Seguridad Jurídica y Debido Proceso

Lunes, 24 de noviembre de 2014

 Seguridad Jurídica y Debido Proceso

Autor: MSc. Pedro Javier Granja

 

La seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho,  con el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes.

 

El concepto de seguridad jurídica es el principio rector de los  postulados que constituyen el debido proceso que, en el caso ecuatoriano, consagra la norma contenida en el Art. 76 de la actual Ley Suprema.

 

Sólo para citar un ejemplo, considero necesario formular la siguiente interrogante ¿Cómo podría existir seguridad jurídica en una sociedad en la que no se respete el principio universalmente aceptado de la presunción de inocencia?

 

En el Ecuador, cuna de connotados trasgresores del marco legal, son innumerables los casos en que se violan palmariamente, no sólo este presupuesto primigenio del Derecho Occidental, sino que se arrasa consuetudinariamente con todos los principios posibles del debido proceso, y en esta nefasta tarea participan diversos operadores jurídicos.

 

Y el virus, en lo que respecta a la inseguridad jurídica, ha alcanzado incluso a la esfera de la constitucionalidad.  Es tal la inseguridad jurídica, que casos análogos, en esencia idénticos, son suscritos por un mismo Juez, siendo en una oportunidad rechazados y en otras aceptado. En unos, como muestra lamentable, se sostiene que no existe inminencia de daño grave porque han transcurrido 6 meses desde que el acto administrativo impugnado fue dictado. Para perplejidad de estudiantes, abogados y otros jueces, en otra resolución se defiende la concesión del amparo pese a que entre acto impugnado y presentación del recurso median 3 o 4 años. (1) 

 

La existencia de un marco serio, bien redactado, claro y sencillo, debe llegar  a la conciencia colectiva para asegurar la previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley.

 

 

¿Qué es la seguridad jurídica?

 

Esencia de la convivencia civilizada, la seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, con el debate público, abierto y eficaz para transformarlas en estricto Derecho,  con el necesario aval moral de la sociedad para expedirlas, y no solamente con la santificación legislativa de las leyes.

 

La seguridad jurídica abarca la irretroactividad de las leyes, el incuestionable principio de legalidad en la actuación de la administración pública, la atribución de facultades a los juzgadores, en fin con las normas primigenias de existencia comunitaria.

 

La seguridad jurídica constituye un supraconcepto, que evidentemente, al menos por cuestión de terminología, está relacionado con las definiciones de ?orden? y la de ?Derecho?, no obstante, el análisis de cada uno de estos términos va mucho más lejos de lo que este breve examen permite.

 

Antecedentes ius-filosóficos

 

La condición social del hombre así como la discusión en torno a los fines propios de la comunidad en la que se integra como ciudadano tiene como precedente la afirmación aristotélica de que el hombre es un animal político por naturaleza. La historia del pensamiento es testigo de la reflexión que a lo largo de los siglos se ha mantenido en torno a esta cuestión.

 

Coincidiendo con el desarrollo de la sistematización de las ciencias, los autores contractualistas analizan, desde diversas perspectivas, las causas por las que para el hombre es insostenible el estado de naturaleza y por tanto ha de integrarse en el Estado político.

 

Thomas Hobbes y John Locke son dentro del paradigma de la epistemología del racionalismo empirista, los pensadores ingleses que más aportes iusfilosóficos han realizado en lo atinente al concepto mismo de seguridad jurídica.

 

Hobbes, al poder que nace de lo que él denomina pacto social, le otorga una especie de ?atribución absoluta? para así, poner fin a la enemistad y a la lucha de intereses innata al hombre en el estado de naturaleza (2) 

 

John Locke, por su parte consideró que el paso del estado de naturaleza al estado civil suponía la garantía y la protección jurídica de los derechos naturales, puesto que el hombre ya poseía estos derechos en el estado de naturaleza (3)

 

 

Los dos autores citados son ejemplo, sin puntillismo en el detalle, de dos concepciones dispares de la seguridad jurídica. Mientras que para Hobbes la seguridad jurídica afianza y fortalece el poder del Estado sin más condición que el mantenimiento del orden y la paz (4), en Locke este poder está limitado por los derechos naturales del hombre (5)  La tesis de Locke, que sirvió de base a la doctrina liberal posterior, encierra tres cuestiones de sumo interés: a) en primer lugar que el poder legislativo no es absoluto, b) en segundo lugar que es un poder compartido por cada miembro de la sociedad y por último c) que los miembros de la sociedad tampoco tienen un poder absoluto en lo que respecta al poder legislativo sino que la potestad legislativa que se delega en el poder legislativo no puede contradecir la ley del estado de naturaleza.

 

Continuemos con el análisis: La seguridad jurídica como realidad social está interpelada por la doctrina y la vida de los pueblos. En la medida en que los ciudadanos tienen conciencia de los derechos humanos, éstos comienzan a exigir a la autoridad pública el respeto y la garantía de los mismos. La confluencia de una serie de factores favoreció que a finales del siglo XVIII se produjera la toma de conciencia y la defensa de los derechos humanos, poniendo en marcha la positivización de los mismos y la consolidación de los derechos fundamentales. Dada la diversidad de perspectivas desde las que se considera a la seguridad jurídica en el ámbito de la política y del derecho, conviene concretar que para el objeto de este trabajo se va a atender a dos concepciones distintas de la seguridad jurídica que en ocasiones pueden confluir y en otras ocasiones quedan enfrentadas. La acepción de seguridad jurídica como garantía del ejercicio del poder institucionalizado en el Estado, adquiere importancia a lo largo del siglo XIX coincidiendo con el proceso de positivización de los derechos humanos, así como con el espiral de crecimiento de la ciencia jurídica y del positivismo en el que la seguridad jurídica se constituye en elemento esencial del Derecho.

 

 

Por otro lado la seguridad jurídica como garantía del ejercicio efectivo de los derechos humanos que legitima la oposición a regímenes totalitarios y cuestiona la soberanía estatal, es su concepción está implícita en la doctrina liberal inicial, queda sofocada por la concepción positivista y comienza a despertar a lo largo del siglo XX.

 

Resulta utópico suponer una sociedad humana que pueda existir y mucho menos desarrollarse sin que todos y cada uno de sus miembros tenga reconocido y garantizado el derecho fundamental a que su dignidad sea respetada en forma íntegra.

 

Examinemos lo precedentemente señalado, iniciando el análisis desde el enfoque estrictamente lógico. La expresión dignidad humana hace referencia al valor intrínseco de todo ser humano, independientemente de su raza, condición social o económica, edad, sexo, ideas políticas o religiosas. La dignidad humana es pues el principio que justifica y proporciona sustento a todos los derechos humanos.

 

Históricamente, en el siglo XVI, filósofos tan importantes como Emmanuel Kant y Federico Hegel, reflexionaron ampliamente sobre el ser humano y conceptuaron que la base esencial para la vigencia de sus garantías partía de este presupuesto.

 

La referencia a la dignidad humana está presente en los instrumentos fundacionales del ordenamiento internacional de los derechos humanos surgido luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.

 

En tal sentido, se destaca ante todo la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que invoca en su Preámbulo la ?dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la familia humana?, para luego afirmar en su primer artículo que ?todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos?.

 

Con posterioridad, el concepto de dignidad humana fue retomado por los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966 y por la mayoría de los instrumentos condenatorios de una serie de prácticas directamente contrarias al valor inherente de la persona, tales como la tortura, la esclavitud, las penas degradantes, las condiciones inhumanas de trabajo, las discriminaciones de todo tipo, etc.

 

Asimismo, un gran número de Constituciones nacionales, sobre todo las adoptadas en la segunda mitad del siglo XX, hicieron referencia explícita al respeto de la dignidad humana como fundamento último de los derechos enumerados y como la finalidad esencial del Estado de Derecho. En tal sentido, se destaca la Constitución alemana de 1949, que como reacción a las atrocidades cometidas durante el régimen nazi, establece en su artículo 1 que:

 

?La dignidad humana es intangible. Los poderes públicos tienen el deber de respetarla y protegerla?.

 

La dignidad humana, contiene elementos subjetivos, que corresponden al convencimiento de que las condiciones particulares de vida permiten alcanzar la felicidad y de elementos objetivos, vinculados con las condiciones de vida que tiene la persona, para obtenerla.

 

La ponderación de estos elementos constituye una parte importante de la evolución del Derecho Constitucional de la mayoría de los países, así como una de sus mayores discusiones, sobre todo a la hora de sopesar la esencia de la valoración dignidad humana con otros derechos fundamentales.

 

La relación entre dignidad humana y seguridad jurídica se encuentra plasmada con notable precisión y minuciosidad en el detalle, en la sentencia identificada con el No. T-556, del 6 de octubre de 1998, dictado por la  Corte Constitucional Colombiana que señaló:

 

"La dignidad de la persona se funda en el hecho incontrovertible de que el ser humano es, en cuanto tal, único en relación con los otros seres vivos, dotado de la racionalidad como elemento propio, diferencial y específico, por lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr finalidades estatales o privadas, pues, como lo ha repetido la jurisprudencia, la persona es "un fin en sí misma. Pero, además, tal concepto, acogido por la Constitución, descarta toda actitud despectiva frente a sus necesidades corporales y espirituales, todas las cuales merecen atención en el Estado Social de Derecho, que reconoce en el ser humano la razón de su existencia y la base y justificación del sistema jurídico? Sin este presupuesto no puede haber  seguridad jurídica"

 

La seguridad jurídica como garantía de los derechos del ciudadano tiene su primigenio antecedente en el "Commom Law".

 

No obstante, es necesario señalar que si damos un vistazo a la Carta Magna de Juan sin tierra, que data de 1215, encontraremos que ésta establecía en el número 39 que: "Ningún hombre libre será detenido ni preso, ni desposeído de sus derechos ni posesiones, ni declarado fuera de la ley ni exiliado..." (5) 

 

El texto constituye en su conjunto un precedente del compromiso por parte de la autoridad política de respetar determinados derechos patrimoniales, hereditarios y de libertad, pero específicamente es una cita inexcusable como precedente del Hábeas Corpus.

 

Indefectiblemente, la historia de la positivización de los derechos humanos en los siglos XVIII y XIX que estimula el proceso de elaboración de las constituciones de los países democráticos, consolida el concepto de seguridad jurídica en la perspectiva de constituirse en garante de un eficaz ejercicio de los derechos fundamentales del ciudadano.

 

Por tanto la garantía y protección de los derechos políticos y de las libertades civiles se integra en el contexto de estado democrático soberano. La soberanía nacional de origen democrático legitima a los órganos legislativos y les otorga plenos poderes como fuente de derecho y por tanto de poder, en ese contexto la importancia de la seguridad jurídica surge como derivación lógica del principio de legalidad.

 

Elementos de la Seguridad Jurídica

 

Recapitulando, ha quedado claro que la dignidad humana no puede existir sin seguridad jurídica para las personas.

 

Ahora bien, resta asimismo evidente que la conceptualización de seguridad jurídica engloba un aspecto fáctico así como jurídico.

 

¿Cuál es la connotación fáctica? Es aquella que está integrada por un conjunto de circunstancias objetivas que dan a cada ser humano la capacidad de actuar libremente, siempre que ésta no atente contra derecho ajeno alguno (6)  

 

Mientras tanto, la seguridad jurídica, en su sentido positivo, se da cuando existen normas reguladoras de la conducta humana, siempre y cuando estas sean públicas, previas, claras, manifiestas, y se apliquen a todos por igual, por instituciones independientes que hagan parte de una estructura democrática.

 

¿Puede existir seguridad jurídica en un Estado de Facto?

 

Los derechos y libertades fundamentales no cesan ante un gobierno de facto, porque son anteriores al Estado y a la Constitución que los reconoce y garantiza, pero que no los crea. Por lo que es erróneo afirmar que un régimen de facto no tiene límites en su potestad anómala o anticonstitucional. (7)   Cierto es que incluso en aquellos Estados que se autoproclaman de Derecho o Constitucionales, existen marcadas violaciones a los principios del debido proceso lo que conlleva a que en esos casos particulares se atenta al mismo tiempo contra la seguridad jurídica, pero eso no implica la supresión absoluta de la misma.

 

Por otro lado, debemos tener en consideración que en sociedades como la nuestra es mucho más fácil que se genere ese marco de inseguridad. Los golpes de Estado, las asonadas, los repartos ignominiosos de cuotas de poder han contribuido a disminuir la confianza popular en sus instituciones. (8) 

 

Indiscutiblemente, entre mayor democracia exista en una sociedad, entre mayor sea el grado de respeto de los propios gobernantes a las reglas de juego que se autoimponen, mayor será la validez de este principio, tan reiterado pero ignorado en el imaginario andino.

 

 

 

A manera de conclusión:

 

1ª.) La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido del Derecho que se entiende como certeza práctica del Derecho, y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno.

 

2ª.) La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del adjetivo securus (de secura) que, significa estar seguros de algo y libre de cuidados.

 

3ª.) El Estado, como ente del poder público de las relaciones en sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de establecer "seguridad jurídica" al ejercer su "poder" político, jurídico y legislativo.

 

4ª.) La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo, por el Estado, de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto llegará a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protección y reparación.

 

5ª.)  Son principios derivados de la seguridad jurídica la irretroactividad de la ley, la tipificación de los delitos, las garantías constitucionales, la cosa juzgada y la prescripción.

 

6ª.) El ordenamiento jurídico está integrado por leyes- constitucionales primero y ordinarias después- sentencias, contratos, principios consuetudinarios, interrelacionadas en una totalidad determinada por cierto sentido teleológico unificador. Con prescindencia de sus diversas modalidades, ubicación jerárquica, extensión y efectos, todos estos elementos componentes del ordenamiento jurídico reconocen como común denominador una estructura intelectual específica y peculiar: la norma jurídica.

 

 

 

 

 

 





 

1. Para empezar los juicios de garantías son imprescriptibles. En el Ecuador, quienes presentan una acción de amparo, ad essempio, deben rogar que sus causas no lleguen a conocimiento de operadores constitucionales que lejos de analizar en concreto el proceso, se limitan a realizar un censurable y vergonzoso ?copy and paste?, un copia y pega, que consiste en negar todas las peticiones de protección constitucional, con el mismo formato que han almacenado en sus computadores. Y así, mientras ciertos funcionarios se evitan la fatiga, centenares de ciudadanos ven conculcarse sus derechos sin tener ninguna institución a la que acudir.

 

2."La pugna de riquezas, placeres, honores y otras formas de poder inclinan a la lucha, a la enemistad y a la guerra. El afán de tranquilidad y de placeres sensuales disponen a los hombres a obedecer a un poder común, porque tales deseos los hace renunciar a la protección que cabe esperar de su propio esfuerzo". Hobbes, T.: Leviatan, cap. XI, traducción M. Sánchez Sarto, Fondo de cultura económica, México, 1940.


3 . "El poder de la sociedad o legislación constituida no puede suponerse que vaya más allá de lo que pide el bien común, sino que ha de obligarse a asegurar la propiedad de cada uno, protegiéndolos a todos contra las deficiencias del estado de naturaleza". Locke, J.: Segundo tratado sobre el Gobierno Civil, cap. 9, n. 131, traducción C. Melllizo, Alianza editorial, Madrid, 1990.

 

4. Hobbes, T.: El Ciudadano, cap. VI., ed. bilingue, Debate, Madrid, 1993.


5. Locke, J.: Segundo tratado sobre el gobierno civil, o. c. cap. 11, No. 135.  "El poder legislativo no puede ser ejercido absoluta y arbitrariamente sobre las fortunas y las vidas del pueblo, pues al tratarse de un poder compartido por cada miembro de la sociedad y entregado a la persona o asamblea legislativa no puede llegar a ser mayor que el que esas personas tenían en el estado de naturaleza".

5. Sanchez Agesta L. y VVAA. Documentos constitucionales y textos políticos, Editora Nacional, Madrid, 1982, p. 23.

 

6. Sobre los condicionamientos fácticos, es preciso revisar la Ponencia de Michael Frühling, Director de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Foro Seguridad, Derechos Humanos y Paz  organizado por la Unión Europea y el Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos el 26 de febrero del 2003.

 

7.  (Meneses Reyes c/Chile, Dictamen de la Comisión del 15 de octubre de 1996).

 

8. Todos en el Ecuador conocen que para poder tener un mínimo de probabilidades de éxito en los concursos de merecimientos para designar jueces y fiscales, era requisito ineludible estar afiliado a los partidos políticos que tradicionalmente se repartían el poder. El PSC en la Costa y  la ID y la DP en la Sierra y Oriente. La seguridad jurídica en el marco de ese sainete era mera utopía. La cosa no ha variado mayormente en estos días, salvo en lo que respecta a la filiación.