Principio de Congruencia y la Reformulación de Cargos

Viernes, 12 de septiembre de 2014

Derecho Penal Ecuatoriano

 

Principio de Congruencia y la Reformulación de Cargos

 

Autor: Andrés Cervantes Valarezo*                                     

                                      

 

1. El principio de congruencia en materia penal

Dentro la teoría general del proceso, el principio de congruencia constituye un límite a la jurisdicción de las autoridades judiciales puesto que un juez solo puede resolver sobre lo solicitado y probado por las partes procesales (BOVINO, 2006)i. En este sentido, un Juez no puede sentenciar sobre algo que no ha sido solicitado ?extra petita- ni más de lo pedido conocido como ultra petitaii. 

El principio de congruencia, en materia procesal penal, consiste en la coherencia entre la acusación fiscal y la sentencia, esto implica que la sentencia puede versar únicamente sobre hechos o circunstancias contemplados en la acusacióniii. Este principio se encuentra íntimamente ligado al derecho de defensa, puesto que una de las partes ?el procesado- ha iniciado y mantenido su defensa a lo largo de la etapa pre procesal y procesal penal en base a una teoría del caso encaminado a la defensa de un acto u omisión determinados. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fermín Rámirez c. Guatemala, reafirmo el criterio expuesto en líneas anteriores:

Al determinar el alcance de las garantías contenidas en el artículo 8.2 de la Convención, la Corte debe considerar el papel de la ?acusación? en el debido proceso penal vis-à-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia. De ahí que el imputado tenga derecho a conocer, a través de una descripción clara, detallada y precisa, los hechos que se le imputaniv. 

2. Estándares de admisibilidad a nivel internacional

El derecho penal internacional establece varios estándares para que el cambio de nomen iuris o de infracción acusada no violente el principio de congruencia, entre estos se encuentran: (i) que la parte acusadora o el juzgador mantengan sin variación alguna los hechos en los que basa su imputación, pudiendo variar únicamente la calificación jurídica del delito; (ii) que el procesado cuente con tiempo suficiente para preparar su defensa sobre el nuevo tipo penal acusado. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el estándar de la invariabilidad de los hechos materia de juicio, así lo señalo en el caso Fermín Rámirez c. Guatemala manifestando que:

La calificación jurídica de éstos ?el tipo penal que la fiscalía imputa al procesado - puede ser modificada durante el proceso por el órgano acusador o por el juzgador, sin que ello atente contra el derecho de defensa, cuando se mantengan sin variación los hechos mismos y se observen las garantías procesales previstas en la ley para llevar a cabo la nueva calificación. 

La Corte Constitucional de Colombia ha seguido la misma línea de pensamiento al manifestar en una sentencia que:

?[E]n materia de aplicación del principio de congruencia en el contexto de un sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre la formulación de la acusación y la sentencia; (ii) su aplicación se extiende al vínculo existente entre la audiencia de imputación de cargos y aquella de formulación de la acusación; (iii) de allí que esta última no pueda incorporar hechos nuevos, es decir, no imputados previamente al procesado?

 

Además, el Juez tiene prohibido sentenciar al procesado por un acto que pudiendo ser típico, antijurídico, culpable, punible y que se desprenda claramente del proceso, no haya sido materia de acusación fiscal; así lo ha establecido la Corte Suprema de Argentina al señalar que:

[L]a sentencia condenatoria afectó reglas del debido proceso y defensa en juicio si no se limitó a modificar la calificación legal asignada al hecho, sino que responsabilizó al imputado por una conducta respecto de la cual no se había formulado acusación, violando de ese modo el principio de congruenciav.

Nuestra legislación penal, en respeto al principio de congruencia, prohíbe al juzgador sentenciar un acto típico antijurídico culpable y punible que no ha sido materia de acusación ni materia de juicio, así lo dispone el Art.626 del COIP:

Artículo 626.- Infracción diversa.- Si en la causa ante el tribunal, aparecen datos relevantes que permitan presumir la participación de la persona procesada en otro delito, la o el presidente dispondrá que dichos datos se remitan a la o al fiscal para que inicie la investigación correspondiente.

Por otro lado, Tribunal Europeo de Derechos Humanos consagró el estándar de adecuadas condiciones para la defensa en el caso Pélissier y Sassi c. Francia; en este caso el Tribunal

encontró al estado francés responsable de la violación del derecho de los procesados pues no se les informo de forma detallada sobre la acusación por la cual serían procesados ni tampoco se aplazo la audiencia de juicio pese a que se cambio la calificación jurídica del delito, lo que privo a los peticionarios del derecho a la defensavi. Más precisamente, el Tribunal señalo que:

[A]l hacer uso del derecho que incuestionablemente tenía para recalificar hechos sobre los cuales tenía jurisdicción propiamente, la Corte de Apelaciones? debió haber provisto a los peticionarios de la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa... En el presente caso, la Corte no encuentra algún elemento capaz de explicar los motivos por los cuales, por ejemplo, la audiencia no fue aplazada para recibir ulterior argumentación o, alternativamente, los peticionarios no fueron requeridos para presentar observaciones escritas mientras la Corte de Apelaciones deliberaba. Por el contrario, del expediente del caso ante la Corte surge que los peticionarios no tuvieron oportunidad para preparar su defensa respecto de la nueva calificación, ya que fue sólo a través de la sentencia de la Corte de Apelaciones que conocieron del cambio de calificación de los hechos. 

 

Como puede observarse, la Corte Interamericana defiende en sus fallos una congruencia que se limita al ámbito fáctico, admitiendo una eventual variación en la calificación jurídica de acuerdo a la información arrojada en la etapa probatoria.

3. El caso ecuatoriano: principios de congruencia y  iura novit curia en materia penal

El principio de congruencia limita al juzgador a resolver en base a los hechos alegados y probados por las partes (Rubinzal Culzoni, 2007). Por otro lado, el principio iura novit curia cuyo significado en castellano es ?el Juez conoce el derecho?vii (MEROI, 2006) tiene como objeto facultar al Juez para que con prescindencia del derecho invocado por las partes, invoque la norma jurídica correcta cuando las partes, por desconocimiento u error, no lo han hecho; y, responde básicamente a una razón de justicia, así lo ha señalado la Corte Constitucional de Colombia:

El principio iura novit curia, es aquel por el cual, corresponde al juez la aplicación del derecho con prescindencia del invocado por las partes, constituyendo tal prerrogativa, un deber para el juzgador, a quien incumbe la determinación correcta del derecho, debiendo discernir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando autónomamente, la realidad del hecho y subsumiéndolo en las normas jurídicas que lo rigenviii.

 

El principio antes mencionado se materializó como norma positiva en el código orgánico de la función judicial, específicamente en el Art.140 que dispone que el Juez ?debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente?.  Sin embargo, en la misma norma se encuentra consagrado el principio de congruencia, al disponer que el Juez ?no podrá ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes?. En materia constitucional, el principio en cuestión se encuentra normado en el Art.4, numeral decimo tercero, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

La tensión obvia entre estos dos principios surte de una hipótesis común: ¿puede un Juez de garantías penales cambiar la calificación jurídica del delito acusado por el Fiscal sin apartarse de los hechos materia de la acusación? ¿Puede un Tribunal Penal sentenciar al procesado por un delito distinto al contenido en la acusación fiscal?

 

4. La tesis a favor

Ciertos autores ecuatorianos sostienen esta tesis, su postura se encuentra sostenida en una sentencia de la Corte Constitucional ecuatoriana, el caso que motiva la sentencia ya mencionada es el que sigue:

La Corte Constitucional del Ecuador, mediante fallo de fecha 24 de junio de 2013ix, resolvió negar una acción extraordinaria de protección que impugnaba una sentencia de Corte Provincial que confirmaba un auto de llamamiento a juicio dictado por un Juez de garantías penales.

En el caso en cuestión, el Agente Fiscal expresó no poder demostrar la existencia del delito contenido en el dictamen fiscal (delito genérico tipificado en el Art. 82 de la Ley de Aduanas); por otro lado, el Juez de garantías penales, en lugar de dictar sobreseimiento, dictó auto de llamamiento a juicio en base a un tipo penal distinto (Art.83 literal J de la Ley de Aduanas). La Corte Constitucional sostuvo que ?el juez de garantías penales tiene plena facultad para especificar el tipo penal acusado de forma general por el fiscal"x.

 

 

 

Además, la Corte Constitucional señalo que:

?tiene sentido que el fiscal haya acusado por una conducta de tipo general, por cuanto una vez concluida la investigación procesal penal, el juez de garantías penales al actuar como un tercero imparcial que ostenta jurisdicción en materia penal?determina cuál es el tipo penal en que se enmarca la conducta de los procesadosxi.

 

Por otro lado, la defensa de los procesados alegó que el Juez en lugar de dictar el sobreseimiento definitivo, por no haber podido sustentarse con evidencias la conducta imputada por el Fiscal al iniciar la instrucción fiscal, se apartó de su obligada imparcialidad al no acoger los hechos relatados en el dictamen fiscal, convirtiéndose en parte acusadora y afirmando la comisión de otro delito totalmente distinto al acusado por la parte acusadora.

 

(ZAMBRANO PASQUEL, 2013) afirma en relación a este caso que:

?[L]os jueces de garantías penales que sin apartarse de los hechos materia de la acusación, pueden cambiar la adecuación típica al momento de resolver, aplicando el principio iura novit curia que se encuentra previsto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por otra parte, se descarta la tesis de que se entienda la aplicación del principio de congruencia como exigencia para el juez de estar vinculado al dictamen acusatorio del fiscal, tanto en los hechos como en el derecho o adecuación típica en que ubique la fiscalía, a los hechos probados.

5. La tesis en contra

5.1 La defensa de la lógica

Todo se resume en una cuestión de lógica, si un Tribunal Penal altera en su sentencia el nomen iuris de la infracción penal acusada por el fiscal; o contempla hechos no acusados por el fiscal; o agrega agravantes, se arroga para sí las funciones más básicas tanto de acusación y juzgamientoxii (TOBÓN PERILLA,2011) rompiendo de manera flagrante con el principio de imparcialidad judicial violando el derecho constitucional a ser ?ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente?xiii .

 

No bastando con lo dicho, se vulnerarían los principios de igualdad entre las partes, puesto que el procesado estaría litigando simultáneamente contra el fiscal y contra el juzgador; y, la violación al principio de contradicción y dispositivo puesto que es potestad exclusiva de

las partes trabar la litisxiv. Así mismo, es potestad exclusiva de la Fiscalía acusar y solicitar el juzgamiento y la condena de un delito. Finalmente, la función de un Juez dentro de un sistema de garantías constitucionales, no es ser aliado de la Fiscalía y enmendar su torpeza en perjuicio de la persona procesada. 

 

5.2. La defensa en el derecho comparado

La Corte Suprema de Justicia de Colombia, acogió la tesis descrita en líneas anteriores al señalar que:

?[L]os jueces no pueden derivar consecuencias adversas  para el imputado o acusado, según sea el caso, ni de los elementos que no se derivan expresamente de los hechos planteados por la Fiscalía ni de los aspectos jurídicos que no hayan sido señalados de manera detallada y específica por el acusador so pena de incurrir en grave irregularidad que deslegitima e ilegaliza su proceder? Juez solamente puede declarar la responsabilidad del acusado atendiendo los limitados y precisos términos que de factum y de iure le formula la Fiscalía, con lo cual le queda vedado ir más allá de los temas sobre los cuales gira la acusación.

 

La literalidad de la normas, adoptadas en el derecho comparado son indubitables; el Artículo 448 del código de procedimiento penal de Colombia manda que ?el acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena?xv.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en el caso Sircovich, reconoció que ?el cambio operado en la subsunción legal afectó las garantías judiciales de los acusadores, tanto por un defecto del conocimiento cabal de la imputación, como por una afectación a su estrategia defensista?xvi. En ambos casos, es verificable que el juzgador estaría introduciendo de oficio un nuevo objeto procesal, una acusación jurisdiccional que pone en jaque el principio de imparcialidad (Asencio Mellado, 1991)xvii.

 

5.3. La defensa jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

El Art. 595 del Código Orgánico Integral Penal manda que la formulación de cargos contendrá ?la relación circunstanciada de los hechos relevantes, así como la infracción o infracciones penales que se le imputen? a la persona procesada; posteriormente esta infracción será sostenida por el Fiscal en un dictamen acusatorio (Art.600 COIP); el auto de llamamiento a juicio dictado por un Juez de garantías penales contendrá ?la determinación del o los hechos y el delito acusado por la o el Fiscal? (Art.608). Además, el juicio que es la etapa principal del proceso penal  ?se sustancia sobre la base de la acusación fiscal? (Art.609) y no sobre el auto de llamamiento a juicio dictado por el Juez de garantías penales.

6. La reformulación de cargos como única oportunidad de variar la calificación jurídica de la infracción investigada

La etapa de instrucción tiene como objeto recabar elementos de convicción para que el Fiscal formule o no una acusación contra la persona procesada. En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal se encuentra obligado a determinar la infracción penal que se le imputa al procesado. Posterior a la conclusión de la instrucción, el Fiscal deberá solicitar al Juez día y hora para la realización de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el Fiscal emitirá su dictamen acusatorio o abstentivo. 

El auto de llamamiento a juicio dictado por un Juez de garantías penales en esta audiencia contendrá ?el delito acusado por la o el fiscal? (Art.608 COIP). Además, cabe recalcar que el juicio, etapa principal del proceso penal, ?se sustancia sobre la base de la acusación fiscal? (Art.609 COIP). En mérito de lo expuesto, el único momento procesal pertinente para reformular la calificación jurídica de los hechos es durante la etapa de instrucción, así lo dispone el Código Orgánico Integral Penal:

Art. 596.- Reformulación de cargos.- Si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar a la o al juzgador, audiencia para motivar la reformulación de cargos. Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en treinta días improrrogables, sin que la o el fiscal pueda solicitar una nueva reformulación.

Esto conlleva que el Juez de garantías penales, así como el Tribunal que conozca la etapa de juicio se encuentran limitados a decidir dentro de la litis, trabada por la acusación fiscal y la defensa del procesado, puesto que la oportunidad procesal de cambiar la calificación jurídica de los hechos ha precluido. Una interpretación contraria, implicaría una desigualdad manifiesta entre las partes puesto que la calificación jurídica podría variar en el auto de llamamiento a juicio y finalmente en la sentencia, privando al procesado de su derecho a la defensa. 

7. Conclusiones

El Pacto de San José de Costa Rica, cuyo nombre oficial es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece como una garantía judicial la ?comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada?xviii. Además, la autoridad judicial que dicte sentencia puede fallar únicamente sobre hechos alegados y probados por las partesxix. La calificación jurídica ?a nivel internacional- de los hechos puede variar siempre que no se introduzcan hechos o pruebas que no se desprendan de la acusación fiscal o que no hayan podido ser controvertidos por las partes. 

La persona procesada debe contar con tiempo suficiente, desde que se le notifique con la variación de tipo penal, para la preparación de su defensa técnica, en el caso de la legislación ecuatoriana este precepto se cumple, pues se extiende el tiempo de la instrucción durante treinta días más. En este periodo de tiempo el procesado tiene el tiempo suficiente para solicitar al fiscal la práctica de pericias que sean necesarias para obtener elementos de convicción que ad posteriori, en etapa de juicio, serán pruebaxx. 

Tanto el Juez de garantías penales así como el Tribunal Penal se encuentran vinculados estrictamente al dictamen fiscal, no pudiendo cambiar la calificación jurídica de los hechos imputados al procesado; en virtud del principio de imparcialidad, igualdad, preclusión y oportunidad procesal, puesto que, la ley establece que el auto de llamamiento a juicio debe contener el delito acusado por el agente Fiscal; y, que la base del juicio es la acusación fiscal.

La posibilidad de reformar la calificación jurídica de los hechos es limitada, la oportunidad procesal es la etapa de instrucción por una sola vez; este procedimiento se lleva a cabo en audiencia pública y contradictoria donde el procesado conoce de la intención del Fiscal de cambiar la calificación jurídica de los hechos; se inicia un debate y culmina con la resolución judicial respectiva. En caso de que se apruebe la reformulación de cargos, se ampliará por treinta días el plazo de la instrucción con el objeto de que el procesado pueda ejercer su derecho a la defensa.  

Con la entrada en vigencia de la nueva legislación penal en el Ecuador, la sentencia de la Corte Constitucional No. 036-13- SEP-CC, caso No. 1640-10- EP, del 24 de julio de 2013 es por decir lo menos obsoleta, debiendo dicha Corte emitir un nuevo criterio.

 

 


i Alberto Bovino, Principio de Congruencia, Derecho de Defensa y Calificación Jurídica. Doctrina de la Corte Interamericana, Revista de Derecho Procesal Penal, Buenos Aires, editorial Rubinzal-Culzoni, 2006, p. 521. 

ii Así lo  ha manifestado la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia dentro de la acción por inconstitucionalidad de norma, expediente D-7858. 

iiiCaso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia de 20 de junio de 2005.

iv Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, sentencia de 20 de junio de 2005.

v Citada por ENDERLE, Guillermo Jorge, La Congruencia Procesal, Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2007, pág.347.

vi Caso Pélissier and Sassi v. France, 25.3.1999, resuelto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

vii IURA NOVIT CURIA Y DECISIÓN IMPARCIAL: Andrea Meroi, 2006, pag.382.

viii Sentencia T-851/10, Corte Constitucional de Colombia.

ix Corte Constitucional Ecuador, sentencia No. 036-13- SEP-CC, caso No. 1640-10- EP, del 24 de julio de 2013.

x Corte Constitucional Ecuador, sentencia No. 036-13- SEP-CC, caso No. 1640-10- EP, del 24 de julio de 2013.

xi Corte Constitucional Ecuador, sentencia No. 036-13- SEP-CC, caso No. 1640-10- EP, del 24 de julio de 2013. 

xii PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL SISTEMA PENAL DE TENDENCIA ACUSATORIA. DERECHO DE DEFENSA VS. OBJETO LITIGIOSO PROVISIONAL, VLADIMIR TOBÓN PERILLA, 2011. 

xiii Art.76, literal K, Constitución de la República del Ecuador, 2008.

xiv Principios procesales consagrados en el Art.5 del Código Orgánico Integral Penal.

xv 

xvi CSJN, Sircovich, Jorge Oscar s/ defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, S. 1798. 

XXXIX, del 31 de octubre del 2006.

xvii Principio acusatorio y derecho de defensa en el proceso penal, José María Asencio Mellado, 1991. Trívium, pág. 46.

xviii Art.8, literal b. Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

xix [Magariños, Mario, La prueba producida durante el debate como único sustento de la acusación y la condena, publicado en la obra Estudios en Homenaje al Dr. Francisco J. D´Albora, D´Albora, Nicolás F. (coordinador), Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005, págs. 361/362.

xx (COIP) Artículo 598.- Facultad de ordenar pericias y diligencias.- En la instrucción, cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar a la o al fiscal que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción. 

 

Andrés Cervantes Valarezo

Mediador y secretario de los tribunales arbitrales del centro de arbitraje y mediación de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

 

andrescervantes@uees.edu.ec

              

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