Mujeres con Discapacidad víctimas de Violencia de Género: Acceso a la justicia

Jueves, 09 de octubre de 2014

Mujeres con Discapacidad víctimas de Violencia de Género:

Acceso a la justicia


Autor: Dra. Lucy Elena Blacio Pereira


Las múltiples condiciones de vulnerabilidad, una asignatura pendiente hacia la consolidación de los Derechos de las personas con discapacidad

Introducción:

En Latinoamérica y en general en el mundo entero, con preocupación, es posible ver cómo mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad ven disminuidos sus derechos humanos y libertades, al momento de denunciar un acto de violencia de géne­ro; es posible, además evidenciar cómo su condición, muchas veces, se revierte en su contra al momento de acceder a la adminis­tración de justicia, la cual por obligación es aquella que debe precautelar sus derechos y realizar justicia.

Es que las mujeres con discapacidad, vi­ven una situación especialmente difícil ya que, llevan consigo múltiples condiciones de vulnerabilidad, es decir, ser mujer y te­ner una discapacidad, ya conlleva dos, pero aquellas que además son niñas o adolescen­tes y fueron víctimas de violencia, tienen va­rias condiciones de vulnerabilidad, las cua­les las hacen sujeto de una mayor protección por parte del Estado y sus agentes, quienes son los principales garantes de sus derechos.

Personas con Discapacidad

Más, en este ensayo demostraré, con un caso en concreto, cómo una mujer víctima de violencia sexual, quien debido a su discapa­cidad mental tenía el coeficiente intelectual de una niña de doce años de edad, la cual fue victimizada al enfrentarse a su agresor en los tribunales ecuatorianos y se detallará cómo el Estado y sus agentes permitieron la invi­sibilización de sus múltiples condiciones de vulnerabilidad, en vez de garantizar su pro­tección. Para poder llegar a este cometido se confrontarán estos hechos con los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran derechos de protec­ción, específicos, para las personas con dis­capacidad, lo cual probará la tesis planteada.

Caso a analizarse:

Se conoce en la causa 918-2010[i], el caso de la violación de una mujer, quien padece una discapacidad mental, de la cual se com­probó que su edad mental era la de una niña de 12 años de edad, la cual fue violentada sexualmente, por varias ocasiones, por su compañero de trabajo.

Los juzgadores del Tribunal de Apelación Ecuatoriano, quienes se encontraron a car­go del conocimiento del caso ratificaron el estado de inocencia del agresor basando su decisión en las siguientes consideraciones:

La víctima trabajaba en el Municipio de su localidad, como auxiliar de servicios, el agresor era su compañero de trabajo con quien mantuvo contactos sexuales en va­rias ocasiones, una de ellas en la cama de la guardianía, hecho que el agresor negó. Los juzgadores de apelación, en este punto, con­sideraron que no se encontraron pruebas de los actos concomitantes o simultáneos a una violación como son: la intimidación o la amenaza que alegaba la víctima, por lo que, no se habrían justificado vestigios materia­les que configuren una violación.

Uno de los argumentos del Tribunal de Apelación era que el perito acreditado por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano, quien realizó el examen psicológico de la víctima determinó que la misma tenía un


retardo mental, con un coeficiente intelec­tual de 69 CI, equivalente a una niña de 12 años de edad, que es afectuosa por su con­dición, y que es manipulable, pero que pue­de trabajar y socializar. Además, que tiene conciencia donde está, que no tiene una en­fermedad mental sino orgánica, que puede discernir lo que es bueno y lo que es malo, que su vida sexual es normal y que puede hacer uso de sus funciones físicas, y por lo que, su testimonio es irrelevante para de­mostrar el hecho de la violación, ya que, la discapacidad no le impide, aunque tuviere una edad mental de doce años, repeler un ataque u ofrecer resistencia.

Se estableció además, que el testimo­nio de la víctima, por sí solo, no constituye prueba alguna que aporte, de manera sufi­ciente, para demostrar que el hecho físico de la violación se produjo.

El juzgador de apelación se basó además en el testimonio del perito acreditado por la Fiscalía General del Estado Ecuatoriano, el cual estableció que la víctima, era una mujer mayor de 33 años, y que no era virgen, que tenía cabezas de espermatozoides al tiempo del examen, es decir, que mantuvo una rela­ción sexual reciente y que se encuentra em­barazada, lo que no determina que existen huellas de violencia. Con lo que se quiere establecer que al ser una mujer adulta y al haber mantenido contacto sexual reciente no existe violación, ya que, no se han encon­trado golpes o lesiones, todo esto sin tomar en cuenta la edad mental de la víctima.

El Tribunal consideró que lo menciona­do por la víctima, en el sentido de que ha­bía sido violada por cuatro personas más, es irrelevante puesto que eso configura una referencia y la víctima no puede ser a la vez perito y testigo referencial.

Se señaló que es innato en el ser humano el instinto sexual, y que no existe ninguna objeción para que la víctima satisfaga sus necesidades de carácter sexual y que pensar en lo contrario sería impedirla vivir y que la ley no ha considerado que una relación sexual con una persona con discapacidad mental leve, constituya delito, pese a haber determinado que era una niña.

La Corte Nacional de Justicia Ecuatoria­na enmendando los errores cometidos por los jueces de apelación encontró al agresor autor responsable del delito de violación y le impuso una pena de veinticinco años de reclusión mayor especial, ya que, se consi­deraron las circunstancias agravantes conte­nidas en los numerales 2, 3 y 9 del artículo 30A del Código Penal, estos son: Encon­trarse la víctima, al momento del delito, en establecimientos públicos o privados; aprovecharse de que la víctima atraviesa una condición de vulnerabilidad, pues la víctima es una niña que tiene discapacidad y conocer a la víctima con anterioridad al co­metimiento del delito, pues la víctima y el agresor eran compañeros de trabajo. En la resolución también se establece el derecho de la víctima a la reparación integral.


Con los antecedentes expuestos, quiero centrar mi investigación y análisis en cua­tro grandes ejes: La violencia de género a la que fue expuesta la víctima, las acciones discriminatorias por parte del Estado y sus agentes y la obligación de protección, El ac­ceso a la Justicia: estándares de protección en materia de violencia contra las mujeres y niñas víctimas de violencia y el análisis de las múltiples condiciones de vulnerabilidad.


Violencia de género

El caso expuesto resume en pocas pala­bras la realidad a la que se ven expuestas las mujeres, niñas o adolescentes en toda Latinoamérica, con respecto a la violen­cia y la discriminación a la que son obje­to, adicionado a la invisibilización de la real dimensión del daño tanto físico, psicológi­co, sexual, económico, patrimonial, entre otras del que son objeto, más aún cuando padecen de una discapacidad.

En el caso en concreto, la violencia a que fue objeto la víctima, no solo provino del agresor, sino que también la emanó el Esta­do y sus agentes, en este caso, de la admi­nistración de justicia, en específico el Tri­bunal de Apelación que tuvo  conocimiento de la causa.

Esta violencia, sistemática según María López Gonzalez[ii], es un tabú dentro de un tabú, ya que, a más de ser una violencia de géne­ro, la cual es invisibilizada, el abuso contra niñas y mujeres con discapacidad es aún más desvalorizado, la autora señala que existen varios factores que favorecen esta situación como:

·         Dependencia de otros, en cuidados de  larga duración.

·         Negación de los derechos humanos, relacionada con una percepción de ausencia de capacidades o poder.

·         Menor riesgo de descubrir al perpetrador.

·         Dificultad de algunas sobrevivientes para ser creídas

·         Bajo nivel de educación acerca de la sexualidad.

·         Necesidad de ayuda física.

·         Mayor aislamiento social y desconocimiento o no acceso a recursos de apoyo.

Todos estos aspectos, muchos de ellos cercanos a la realidad de la víctima, pese a ser factores que evidencian la necesidad de pro­tección, más bien se han revertido en contra de las mujeres con discapacidad, generando ciertos estereotipos tales como: que las mu­jeres con discapacidad no tienen derecho a vivir una vida sexual placentera, porque no tienen conciencia de su sexualidad y por lo tanto es disponible, que no tienen capacidad de discernir entre un hecho violento y un acto consentido por lo que tienen poca cre­dibilidad ante sus familiares y las autorida­des, que son fácilmente manipulables, entre otros, los cuales fomentan la impunidad.

Estos estereotipos, tal como estable­cen Rebecca J. Cook y Simone Cusack ?...se refieren a la construcción social y cultural de hombres y mujeres, en razón de sus diferentes fun­ciones físicas, biológicas, sexuales y sociales... la es­tereotipación de género per sé no es necesariamente problemática, sino cuando opera para ignorar las características, habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales, de forma tal que se le niegan a las personas sus derechos y libertades fun­damentales y se crean jerarquías de género.? [iii]



En el caso de la víctima, el juzgador de apelación fundamentó su decisión en base a estos estereotipos con el fin de anular la condición de discapacidad y de vulnerabili­dad de la víctima, de quien consideró que al ser una mujer adulta, que padecía de una enfermedad orgánica, no había sido violen­tada sexualmente sino que con los contac­tos sexuales que mantuvo con el agresor es­taba disfrutando de su sexualidad, todo esto con el fin de invisibilizar la real condición de la víctima, es decir, ser una niña con dis­capacidad mental.

En respuesta a esta realidad, es necesario tomar en cuenta lo que establece el artículo 16 de la Convención Internacional de Dere­chos de las Personas con Discapacidad, sus­crita en el seno Organización Naciones Uni­das, suscrita el 13 de diciembre de 2006[iv] y que entró en vigencia con fecha tres de mayo de 2008 determina que  los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter le­gislativo, administrativo, social, educativo, etc.; que sean necesarias para proteger a las personas con discapacidad, tanto en su hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género.

Menciona además, que los Estados Par­tes también deberán adoptar todas las me­didas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso garantizando que existan mecanismos de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad de las personas con disca­pacidad, de sus familiares y cuidadores.[v]

Es necesario anotar que esta convención también prevé la obligación de garantizar la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víc­timas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso.

Finalmente, este instrumento interna­cional prescribe que es deber de los Estados Partes adoptar legislación y políticas efecti­vas, para asegurar que los casos de explota­ción, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

El Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mu­jer define a la violencia contra las mujeres como ?la violencia dirigida contra una mujer por el solo hecho de ser mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada?.[vi]



La violencia de género está prohibida por varios instrumentos internacionales prin­cipalmente por la Convención Interameri­cana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ?Convención de Belem do Para?, en la cual se establece que:

?debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito públi­co como en el privado.? [vii]

Menciona además que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violen­cia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad domés­tica o en cualquier otra relación interper­sonal, ya sea, que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, viola­ción, maltrato y abuso sexual; b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secues­tro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, estableci­mientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.? [viii]

Actualmente, consta en la Constitución de la República del Ecuador[ix] vigente a la época en la que sucedieron y fueron juz­gados los hechos, como un derecho de li­bertad, en el cual se desarrolla que la in­tegridad personal incluye: a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado y la obligación que tiene el Estado de adoptar las medidas necesarias para pre­venir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial, la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, per­sonas adultas mayores, personas con disca­pacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

En el mismo cuerpo legal, se incorpo­ra la protección especial de las víctimas de infracciones penales, garantizándoles su no revictimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas y la protección de cualquier amenaza u otras formas de intimidación. Señalándose que se adoptarán mecanismos para una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el co­nocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado.

La debida diligencia, es uno de los prin­cipios rectores en la administración de jus­ticia, la cual  debe ser aplicada por las servi­doras y servidores judiciales, que incluye a juezas y jueces, fiscales y defensores públi­cos, a lo que se les atribuye responsabilidad por el perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

Conclusión

Es obligación del Estado investigar en forma exhaustiva, seria e imparcial; brin­dando a las víctimas seguridad, informa­ción clara y completa en todo el proceso, protección, especialización, reparación,  y restitución de derechos. Estas garantías y principios constitucionales se encuentra en armonía con instrumentos internacio­nales como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Dis­criminación contra la Mujer), así como la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer ?Convención De Belem Do Para? y que son máximas rectoras de la actividad e inclusive la actitud que tanto la Jueza o Juez, así como todo el sistema de justicia, las mismas que deben observar al momento de encontrarse en frente a un caso de vio­lencia de género; más estos, en muchas oca­siones, se han convertido en prerrogativas ya que, muchas mujeres deben pasar ver­daderos viacrucis al momento de acceder al sistema de justicia y afrontar el proceso judicial de sanción para el agresor.


En el caso en específico, en primer mo­mento, al haber absuelto al agresor, por lo tanto al haber establecido la inexistencia de la violentación sexual, se le privó a la víctima del reconocimiento del episodio de violen­cia sufrido y por lo tanto, de la recuperación integral que merecía. El Estado Ecuatoriano incurrió así en una violación tanto la con­vención como a los derechos de la víctima.

Dra. Lucy Elena Blacio Pereira

Jueza de la Corte Nacional de Justicia

 

Artículo publicado en la R. Ensayos Penales Nº 9 de la Corte Nacional de Justicia

 

 


 



[i] Número de causa asignado por la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana, Sentencia No. 918-2010, disponi­ble en la página web de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana.  www.cortenacional.gob.ec/cnj/index. php/consulta-de-causas/resoluciones.

[ii] María López González, Discapacidad y Género. Estudio etnográfico sobre mujeres discapacitadas, en EDUCA­CIÓN Y DIVERSIDAD, 150 - 151 (Facultad de Educación, Universidad de Zaragoza, Mira editores, Prime­ra edición, 2007)

 

[iii] REBECCA J. COOK Y SIMONE CUSACK, ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, PERSPECTIVAS LEGALES TRANSNACIONALES, 23,(Universidad de Pensilvania, Primera Edición, 2009).

[iv] Agustina Palacios, El derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y la obligación de realizar ajustes razona­bles. Una mirada desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con discapacidad, en IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EL RETO DE LA DIVERSIDAD, 390, (Ministerio de Justicia y Derechos Hu­manos y Cultos, Danilo Caicedo Tapias y Angélica Porras Velasco Editores 2010).

[iv] Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Organización de las Naciones Unidas, 13 de diciembre de 2006, art. 16, inciso segundo.

 

[vi]  Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra  la mujer, Organización de Naciones Unidas, artículo 1.

[vii] Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer ?Convención

[viii] Ibídem.

[ix] Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449, 20 de octubre de 2008.

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