EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

Miércoles, 22 de febrero de 2017

 

EL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO DISCIPLINARIO

 

Autor: Aleyda Ulloa Ulloa

 

El  debido proceso y el derecho de defensa, en el Estado de Derecho contemporáneo, son pilares del ius puniendi, tanto en su ejercicio judicial como administrativo. Estos derechos al ser bases de carácter constitucional[1], poseen valor prevalente respecto a las demás normas del ordenamiento jurídico y asignan al funcionario administrativo (que por la naturaleza de sus funciones y por exigencia legal tienen rango profesional de abogado) el deber de intensificar o extremar la  rigurosidad de su guarda y respeto cuando el servidor público no abogado, facultado por la ley disciplinaria, ejerce directamente su derecho de defensa2[2].

 

 

En estos casos, la facultad legal de comparecer al proceso sin mediar un defensor técnico (abogado con los conocimientos técnicos y la experiencia para controvertir los cargos del Estado y participar en el desarrollo del proceso) hacen que en  el proceso disciplinario, como parte del ius puniendi del Estado, la autoridad administrativa investida del deber de respetar y cumplir las normas constitucionales deba extremar la garantía del derecho al debido proceso y derecho de defensa  bajo el deber de ser exhaustiva y vigilante en sus actuaciones en la guarda y respeto del derecho que le asiste a todo ciudadano a ser oída, a hacer valer las propias razones y argumentos, a controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y a solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como a ejercitar los recursos que la ley le otorgue[3], con privilegio del derecho sustancial frente al mero formalismo o ritualismo vacío y bajo un ejercicio leal del derecho que impone la motivación jurídica de sus decisiones con una carga «enorme» de claridad y saturación argumentativa que le permita al no instruido en derecho ejercer correctamente su derecho constitucional de defensa en cada etapa del proceso disciplinario, de acuerdo a las exigencias y finalidades específicas de cada una de ellas.

 

El proceso disciplinario corresponde a un método  dialéctico o ?técnica de la conversación?, en el que a fin de verificar la existencia y verdad de los hechos objeto de conocimiento, en cada etapa procesal se debe confrontar los argumentos y las pruebas de quien investiga y formula los cargos con los presentados por el servidor público investigado[4], estos últimos que siempre deben ser valorados en la toma de decisión que corresponda a cada etapa -en garantía de los derechos de defensa y contradicción - y por tanto deben hacer parte de la motivación de la correspondiente resolución al fundamentar el distinto grado de conocimiento y prueba exigido -cada vez en aumento[5]- para sustentar cada decisión del proceso disciplinario[6]. 

 

 

 

En este sentido, cuando el investigador disciplinario, advierta que no se superó el nivel de exigencia de conocimiento y prueba requerido debe privilegiar el principio de presunción de inocencia, que por su carácter de principio rector del derecho disciplinario posee fuerza normativa prevalente[7] e impone que la inocencia, al ser la única que se presume cierta en el proceso disciplinario[8], conlleve el deber de aplicar en toda actuación y etapa de valoración probatoria el principio de favorabilidad, que establece que toda duda se resuelve a  favor del procesado[9] (Gráfica 1).

 

 

 

En consecuencia, para poder avanzar en el proceso la autoridad disciplinaria tiene el deber de motivar con claridad y suficiencia[10], en cada etapa del proceso, que ha superado el nivel de exigencia probatoria de la etapa procesal, con explícita respuesta a los argumentos del investigado y exposición de la valoración que hizo de las pruebas que le favorecen, con el análisis integral como parte del conjunto probatorio, con explicación diáfana y juiciosa de las razones para desecharlos, a fin que el procesado pueda en la siguiente etapa ejercer su derecho de contradicción probatoria y argumentativa[11]. Acorde con esta exigencia de emitir siempre pronunciamiento sobre todos los asuntos objeto de controversia, en caso de abstenerse de tratar alguno de los puntos sometidos a su consideración corresponde a la autoridad administrativa  aducir la razón jurídica de su omisión[12]. 

 

 

 

 

 

De ahí que,  la argumentación defectuosa o abiertamente insuficiente (bajo consideraciones retóricas o vacuas, frases cliché, razones que no son del caso y conjeturas carentes de sustento probatorio o jurídico alguno, así como las sustentadas en hechos nuevos, ambiguos, confusos, imprecisos o no debatidos en el proceso) al igual que la argumentación inexistente (al no dar cuenta  de los hechos y los argumentos traídos por los sujetos vinculados al proceso, particularmente cuando resultan esenciales para el sentido de la decisión sin justificar el motivo por el cual se abstiene de pronunciarse), vician el debido proceso[13] por impedir al sujeto procesal el ejercicio de contradicción en la etapa siguiente.

 

El no considerar y valorar las pruebas solicitadas o aportadas por el servidor público encartado, no dar respuesta a sus argumentos o responder de forma incomprensible o incoherente, con argumentos sin conexión o relación a lo refutado, hace que la conversación procesal se rompa y se esté en presencia de un monologo arbitrario que excluye del proceso al sujeto investigado, lo que constituye una  irregularidad procesal de magnitud que impide la continuación del trámite procesal y lo vicia  de nulidad por resultar insubsanable siempre que acorde con la prelación que se debe dar a la presunción de inocencia en cada etapa procesal, de haberse valorado las pruebas y argumentos correctamente, se habría llegado a una conclusión diametralmente diferente, por lo cual el vicio es medular respecto a las garantías propias del debido proceso.

 

A modo de conclusión presento 6 claves o elementos básicos que deben existir en la motivación de las distintas actuaciones disciplinarias: 

 

1-      Lenguaje claro, sencillo y comprensible para sujetos no técnicos en derecho.

2-      Conexión  entre Hechos ? Normas ? Pruebas ? Argumentos.

3-      Conversación explícita entre los sujetos procesales (investigador e investigado).

4-      Argumentación suficiente o saturada. No es correcto al contestar un argumento del otro sujeto procesal  utilizar afirmaciones vacías o retóricas que no resuelvan el punto de controversia, por ejemplo acudir a afirmaciones como: ?es evidente?, ?resulta obvio?, ?salta a la vista?, ?es claro?, sin dar más explicación, puesto que si fuera claro, evidente o saltara a la vista no existiría litigio, que por naturaleza es una disputa o contienda. Cada hecho y cada violación a la norma debe probarse, así como cada prueba y cada argumento debe ser oído y valorado explícitamente, para que se pueda ejercer la contradicción, para que el dialogo procesal pueda avanzar.

5-      Argumentación que explique -de ser el caso- por qué se omite valorar algún hecho, prueba o argumento. Lo contrario quebranta el derecho de contradicción al dejar al otro sujeto procesal sin la posibilidad de aportar argumentos y pruebas nuevas que soporten su postura procesal.

6-      Argumentación clara y determinada sobre la superación del nivel de conocimiento y prueba exigido para avanzar en el proceso.

 

 

 

 

 

 



[1] Constitución Política de Colombia. art. 29. 

[2]Ley 734/02 art. 165 (Código Disciplinario Único de Colombia).   

[3] Sentencia C-025/09

[4] CLAVIJO RAMÍREZ, Soraya Nulidades en Derecho Disciplinario Congruencia entre el Auto de Cargos y el Fallo. Cuaderno de derecho disciplinario. Líneas doctrinales No 8. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2012. Pág. 5 y 6.

[5] Posibilidad y probabilidad  corresponden a un estado de duda sobre la ocurrencia de los hechos, en el primero, los hechos pudieron ser u ocurrir, mientras que en el segundo los hechos son verosímiles con fundamento en la razón prudente que se puede probar, y  certeza cuando se posee conocimiento seguro y claro bajo una firme convicción sin temor de errar.

[6] SANCHEZ HERRERA, Esiquio Manuel. Las nulidades en materia disciplinaria. Lecciones de derecho disciplinario. Volumen I. Procuraduría General de la Nación. 2006. p. 224.

[7] Ley 734/02 art. 9.

[8] Mejía Ossman, Jaime. Derecho disciplinario sustancial, especial y formal. Tomo I. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley. 2015. p. 271.

[9] Ibíd. p. 274

[10] Ley 734/02 art. 19.

[11] Sentencias T-461/03, T-544/15, C-315/12, T-709/10.

[12] Sentencia T-709/10.

[13] Ibíd.